Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023
En agosto, grupos armados palestinos de Gaza cometieron presuntos crímenes de guerra durante tres días de combates con Israel, en los que utilizaron cohetes no guiados en zonas habitadas por población civil y mataron al menos a siete civiles palestinos. Las autoridades palestinas de Cisjordania y la Franja de Gaza siguieron restringiendo enormemente la libertad de expresión, de asociación y de reunión. También recluyeron arbitrariamente a decenas de personas e infligieron a muchas tortura y otros malos tratos. La justicia por violaciones graves de derechos humanos seguía siendo un objetivo difícil de alcanzar. Las autoridades de facto de Hamás en Gaza llevaron a cabo las primeras ejecuciones en cinco años.
Información general
La población palestina de Cisjordania y la Franja de Gaza seguía sufriendo la opresión, dominación, fragmentación y segregación de Israel bajo su brutal ocupación y apartheid (véase el apartado sobre Israel y los Territorios Palestinos Ocupados).
Las autoridades palestinas no organizaron las elecciones parlamentarias y presidenciales que el presidente Abbas había aplazado de nuevo en 2021. Las últimas elecciones al Consejo Legislativo palestino se habían celebrado en 2006. El presidente Abbas siguió gobernando por decreto en un clima de descontento popular.
En agosto, Israel lanzó una ofensiva militar de tres días en la Franja de Gaza ocupada contra la Yihad Islámica Palestina y su brazo armado. Khaled Mansour y Taysir al Yabari, dos altos mandos de la Yihad Islámica Palestina murieron en ataques israelíes, al igual que otros 10 combatientes del mismo movimiento. En total, 31 personas civiles palestinas murieron durante la ofensiva, 17 de ellas en ataques israelíes, que incluyeron presuntos crímenes de guerra.
Los grupos armados palestinos de la Franja de Gaza cometieron presuntos crímenes de guerra durante tres días de enfrentamientos militares con Israel en agosto, en los que utilizaron cohetes no guiados en zonas habitadas por población civil. El 6 de agosto, un cohete al parecer lanzado contra Israel por la Yihad Islámica Palestina no alcanzó su objetivo e impactó en una calle del campo de refugiados de Yabalia, con el resultado de 7 civiles muertos, entre ellos 4 niños, y al menos otros 15 heridos. Otros 7 civiles palestinos, entre ellos 5 menores, murieron en otros cuatro ataques en los campos de refugiados de Izbat Beit Hanoun, Al Bureij y Yabalia y en Beit Hanoun, tras los cuales se retiraron inmediatamente los restos de las armas. La retirada de los restos de las armas utilizadas en los ataques es una práctica habitual tras el lanzamiento fallido de cohetes palestinos. Las autoridades de Hamás declararon que investigarían todos los ataques mortales, pero no publicaron ningún informe.
Entre marzo y abril, los ataques de individuos palestinos armados causaron la muerte de 18 personas en ciudades y pueblos de todo Israel. Aunque sus autores no parecían tener relación directa con grupos armados palestinos, las autoridades de facto de Gaza elogiaron sus actos, lo que podía equivaler a incitación a la violencia. El llamamiento a la población palestina efectuado por Yahya Sinwar, líder de Hamás en Gaza, con el propósito de que se utilizara cualquier medio disponible para atacar a personas israelíes supuestamente contribuyó a que se perpetraran atentados posteriormente.
Las autoridades de Cisjordania y la Franja de Gaza continuaron restringiendo indebidamente la libertad de expresión, de asociación y de reunión, y en ocasiones emplearon fuerza excesiva para dispersar concentraciones pacíficas. En la Franja de Gaza, tras la brutal represión de las protestas pacíficas contra el aumento del coste de la vida en 2019, se había instaurado un clima general de represión que disuadía eficazmente la disidencia, lo que a menudo se traducía en autocensura.
En Cisjordania, las autoridades palestinas controladas por Fatah siguieron reprimiendo los actos públicos en los que se rendía homenaje a figuras de la oposición o se ondeaban sus banderas. En junio, fuerzas de seguridad de Hebrón dispersaron una protesta pacífica contra el aumento del coste de la vida y detuvieron a quienes la habían organizado. El 4 de agosto, las fuerzas de seguridad dispararon gas lacrimógeno para dispersar una concentración pacífica en la ciudad de Tubas, en el norte de Cisjordania, con la que se celebraba la puesta en libertad de un miembro de una facción disidente de Al Fatah que llevaba 20 años detenido por Israel.
El 23 de octubre, el presidente Abbas disolvió mediante decreto el Sindicato de Médicos Palestino, que estaba dominado por representantes vinculados a facciones opuestas, y nombró un “consejo constitutivo” no elegido, pero se retractó de su decisión después de que profesionales de la medicina de toda Cisjordania se declararan en huelga.
El 4 de noviembre, las fuerzas de seguridad prohibieron que el Congreso Popular Palestino, agrupación de activistas y figuras políticas que pedían reformas en la Organización para la Liberación de Palestina, se reuniera en Ramala (Cisjordania). El 8 de noviembre, agentes de policía irrumpieron sin orden judicial en una conferencia de prensa que celebraba este mismo grupo en su sede de Ramala y obligaron a participantes y periodistas a dispersarse amenazándolos con porras.
Según la Comisión Independiente por los Derechos Humanos (ICHR, por sus siglas en inglés), más de 200 personas palestinas fueron detenidas arbitrariamente en Cisjordania y, unas 105, en la Franja de Gaza.
La tortura y otros malos tratos seguían siendo habituales en los centros de detención e interrogatorio de Cisjordania y la Franja de Gaza, y las denuncias eran especialmente frecuentes en el centro de detención de Jericó (Cisjordania), administrado por el Ministerio del Interior. Los detenidos en ese centro denunciaron que los golpeaban con porras y bastones, los azotaban en las plantas de los pies y los obligaban a estar en posturas dolorosas durante horas. La ICHR recibió al menos 130 denuncias de tortura y otros malos tratos contra las autoridades de Cisjordania encargadas de la detención y al menos 160 contra la policía y los servicios de seguridad interna de la Franja de Gaza.
Según la ICHR y la ONG palestina de derechos humanos Abogados por la Justicia, las autoridades no adoptaron medidas efectivas para investigar las denuncias de tortura. En junio, fuerzas de seguridad de Cisjordania detuvieron sin orden judicial a seis hombres en relación con una explosión que se había producido en un taller de carpintería de Ramala y los torturaron y sometieron a otros malos tratos, según las denuncias presentadas ante la Comisión.1 Cinco de ellos fueron recluidos en régimen de aislamiento, se les negaron las visitas familiares y volvieron a ser maltratados por declararse en huelga de hambre en septiembre.
El 16 de octubre, Nasser Abu Obeid, general retirado de las Fuerzas de Seguridad Nacional, murió en el hospital tras ser trasladado desde un centro de detención de la policía militar gestionado por Hamás en Gaza, donde estaba siendo interrogado. La ICHR pidió a las autoridades de Gaza que investigaran las denuncias de tortura y la falta de atención médica durante su detención. Al parecer, las autoridades no atendieron la petición.
Veinte años después de su desaparición forzada a manos de las autoridades palestinas en un centro de detención de la ciudad cisjordana de Salfit, seguía sin conocerse la suerte que habían corrido seis hombres. Por otro lado, las autoridades de facto de Gaza publicaron nuevas imágenes de Hisham al Sayed, ciudadano palestino de Israel con discapacidad mental que había desaparecido tras entrar en Gaza en 2015, con el fin de presionar a Israel para que firmara un acuerdo de intercambio de prisioneros. La suerte y el paradero de Avera Mengistu, ciudadano israelí con discapacidad mental que entró en Gaza sin autorización en 2014, también seguían sin conocerse.
Según el Centro de Mujeres para Ayuda Jurídica y Asesoramiento (WCLAC, por sus siglas en inglés), 29 mujeres fueron asesinadas por sus familiares en Cisjordania y en la Franja de Gaza en presuntos casos de violencia de género en el ámbito familiar. En septiembre, las autoridades de Gaza no permitieron que las hermanas Wissam y Fatimah al Assi, de 24 y 20 años, respectivamente, presentaran ante los tribunales denuncias por violencia de género en el ámbito familiar, ya que les impidieron acceder a la fiscalía para testificar.
Las autoridades no impidieron ni investigaron las amenazas y agresiones homófobas y tránsfobas.
El 9 de julio, las fuerzas de seguridad presenciaron sin hacer nada cómo una turba golpeaba a jóvenes, niños y niñas que participaban en un desfile con banderas arco iris organizado por el Teatro Ashtar en Ramala. La agresión se produjo en medio de una oleada de incitaciones a la violencia y discursos de odio contra personas LGBTI y feministas que las autoridades no investigaron.
En Cisjordania, el juicio de 14 agentes de seguridad de bajo rango acusados de la muerte de Nizar Banat —destacado disidente asesinado en junio de 2021, poco después de ser detenido violentamente— siguió su curso ante un tribunal militar en medio de retrasos y difamaciones contra testigos. Ningún alto cargo fue interrogado ni investigado como parte del procedimiento judicial.2
Las autoridades de Cisjordania y la Franja de Gaza no investigaron los homicidios ilegítimos ni los ataques, incluidos los perpetrados contra la población civil israelí, entre otras violaciones graves. Y eso a pesar de que habían renovado públicamente su compromiso de cooperar con las investigaciones independientes —entre ellas las de la Corte Penal Internacional— sobre posibles crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2014, así como con la investigación de la Corte Internacional de Justicia sobre la ilegalidad de la ocupación israelí de Cisjordania y Gaza.
El 28 de octubre, el presidente Abbas creó mediante decreto el Consejo Supremo de Órganos y Autoridades Judiciales y se nombró a sí mismo máximo responsable. El Consejo, con plenos poderes sobre el sistema judicial, reforzó aún más el férreo control del presidente sobre el poder judicial, obstaculizó su independencia y aumentó su subordinación al poder ejecutivo.
Según el Centro Palestino de Derechos Humanos, los tribunales de la Franja de Gaza impusieron 27 nuevas penas de muerte en 2022, 11 más que en 2021. Como novedad, los tribunales de apelación de Gaza elevaron de cadena perpetua a pena de muerte 5 condenas impuestas por tribunales inferiores. Esto se produjo después de que el Ministerio de Justicia de Gaza creara el Comité Penal Supremo, que fomentaba el endurecimiento de las penas, supuestamente para disuadir de la comisión de delitos violentos.
El 4 de septiembre, las autoridades de Hamás llevaron a cabo las primeras ejecuciones en Gaza en cinco años. Una de las personas ejecutadas, condenada por asesinato, había sido sometida a un juicio manifiestamente injusto.
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