Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
Las milicias, los grupos armados y las fuerzas de seguridad continuaban sometiendo a detención arbitraria a miles de personas, algunas desde hacía más de un decenio, sin permitirles impugnar la legalidad de su detención. Decenas de periodistas, figuras políticas, personas empleadas del gobierno y activistas de la sociedad civil fueron objeto de secuestro, desaparición forzada y tortura u otros malos tratos por su filiación política, regional o tribal real o supuesta y/o su activismo relacionado con las elecciones previstas. Las milicias y los grupos armados mataron o hirieron a civiles y destruyeron bienes civiles en enfrentamientos esporádicos localizados. Los ataques de los grupos armados contra infraestructuras hidráulicas menoscabaron el acceso a agua potable de millones de personas. Las autoridades siguieron integrando en las instituciones estatales y financiando a milicias y grupos armados responsables de crímenes de guerra y violaciones graves de derechos humanos, y no protegieron a las mujeres, las niñas y las personas LGBTI de la violencia sexual y de género ni abordaron la discriminación. Las minorías étnicas y las personas internamente desplazadas encontraban obstáculos para acceder a la educación y la atención de la salud. Las milicias y las fuerzas de seguridad hicieron uso de medios letales y otras formas de violencia para detener arbitrariamente a miles de personas migrantes y refugiadas, y los guardacostas libios respaldados por la Unión Europea interceptaron en el mar a miles de personas y las devolvieron a Libia para proceder a su detención. Las personas migrantes y refugiadas detenidas sufrieron tortura, homicidios ilegítimos, violencia sexual y trabajo forzoso. Los tribunales militares declararon culpables a decenas de civiles en juicios manifiestamente injustos.
El proceso iniciado con la mediación de la ONU dio lugar a la toma de posesión del Gobierno de Unidad Nacional en marzo, encargado de preparar las elecciones presidenciales y parlamentarias. Las divisiones políticas persistieron y el grupo armado Fuerzas Armadas Árabes Libias mantuvo el control efectivo de extensas zonas del este y el sur del país.
Las elecciones presidenciales, cuyo inicio estaba previsto el 24 de diciembre, se aplazaron el 22 de ese mes después de que las autoridades no confirmaran una lista de personas candidatas idóneas. Los desacuerdos sobre la idoneidad de las candidaturas y los fundamentos constitucionales y jurídicos de las elecciones persistieron, y distintas partes interesadas del ámbito político rechazaron la legislación electoral anunciada por el portavoz del Parlamento al considerarla inválida debido a la ausencia de votación parlamentaria, a irregularidades de procedimiento y a incumplimientos de la hoja de ruta respaldada por la ONU. En diciembre, después de que Abdel Hamid al Dbeibeh anunciara su candidatura en las elecciones, el viceprimer ministro Ramadan Abu Janah asumió durante un tiempo la función de primer ministro.
A pesar del acuerdo alcanzado en agosto por representantes del Gobierno de Unidad Nacional y de las Fuerzas Armadas Árabes Libias sobre la retirada gradual de combatientes extranjeros, miles de ellos continuaban en el país.
La economía de Libia mostró signos de recuperación, en parte debido a la reanudación de la producción de petróleo. Sin embargo, al no haberse aprobado un presupuesto nacional ni unificado el Banco Central, la población vio limitado el ejercicio de los derechos socioeconómicos y quienes trabajaban en el sector público sufrieron reiteradas demoras en el cobro de salarios.
En octubre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU prorrogó el mandato de la misión de determinación de los hechos encargada de investigar los crímenes de derecho internacional cometidos en Libia desde 2016.
El Gobierno de Unidad Nacional y las Fuerzas Armadas Árabes Libias anunciaron la liberación de decenas personas presas, entre ellas Al Saadi al Gadafi, hijo del anterior gobernante Muamar al Gadafi. Sin embargo, las milicias, los grupos armados y las fuerzas de seguridad continuaron sometiendo a detención arbitraria a miles de personas, algunas de las cuales llevaban más de 10 años recluidas sin cargos ni juicio.
Durante todo el año se detuvo a hombres y mujeres por su filiación política o tribal real o supuesta o su activismo en relación con las elecciones, y se los sometió a desaparición forzada o reclusión en régimen de incomunicación durante periodos de hasta siete meses1
La Agencia de Seguridad Interna, un grupo armado afín a las Fuerzas Armadas Árabes Libias, secuestró en marzo a Haneen al Abduli en una calle de Bengasi y la tuvo recluida en la prisión de Al Kouwifyia hasta el 28 de junio a raíz de que ésta reclamara públicamente rendición de cuentas por el asesinato de su madre, la abogada Hanan al Barassi, que había sido abatida a tiros en 2020.2
Los tribunales militares de las zonas controladas por las Fuerzas Armadas Árabes Libias condenaron a decenas de civiles en juicios manifiestamente injustos.3 Se vulneró de forma habitual el derecho a una defensa adecuada, a un fallo debidamente motivado y a una revisión auténtica.
En septiembre, las Fuerzas Armadas Árabes Libias liberaron al periodista Ismail al Zway, que cumplía una pena de 15 años de prisión impuesta por un tribunal militar debido a su trabajo en medios de comunicación.
Las milicias y los grupos armados torturaron e infligieron otros malos tratos sistemáticamente y con impunidad a personas detenidas en lugares de detención oficiales y no oficiales. Hubo denuncias de palizas, descargas eléctricas, simulacros de ejecución, flagelaciones, simulacros de ahogamiento, suspensión en posturas forzadas y actos de violencia sexual sufridos por personas presas bajo custodia de las milicias de las Fuerzas Especiales de Disuasión, el Aparato de Apoyo a la Estabilidad, la Brigada 444, la Agencia de Seguridad Pública y la Fuerza de Apoyo de la Dirección de Seguridad, y de grupos armados como la Agencia de Seguridad Interna, Tareq Ibn Zeyad y las brigadas 128 y 106.
Los funcionarios de prisiones, las milicias y los grupos armados recluían a las personas detenidas en condiciones crueles e inhumanas caracterizadas por el hacinamiento, la negación de atención de la salud y la falta de higiene, ejercicio y alimentación suficientes. Al menos dos hombres murieron bajo custodia tras habérseles negado atención médica adecuada.
La legislación libia conservaba castigos corporales tales como la flagelación y la amputación.
En junio, un tribunal militar de Trípoli condenó a un soldado a 80 latigazos por beber alcohol. La policía militar llevó a cabo la flagelación.
Se encontraron los cuerpos sin vida de al menos 20 personas que habían sido secuestradas por milicias y grupos armados. Algunos tenían señales de tortura o heridas de bala.
En agosto se encontró en Bengasi el cuerpo de Abdelaziz al Ogali, de 56 años, secuestrado en noviembre de 2020 por hombres armados que se creía eran afines a las Fuerzas Armadas Árabes Libias.
Durante todo el año, las milicias y los grupos armados presentes en las zonas controladas por el Gobierno de Unidad Nacional y las Fuerzas Armadas Árabes Libias amenazaron a decenas de activistas y figuras políticas, a quienes ordenaron que cesaran en su activismo y su implicación política en las elecciones, y detuvieron al menos a 20 hombres.
Después de que el organismo estatal Liga Nacional de la Juventud convocara protestas contra el aplazamiento de las elecciones, unos hombres armados secuestraron a su director, Imad al Harati, en su oficina de Trípoli en septiembre y lo tuvieron recluido en régimen de incomunicación durante nueve días.
En octubre, el Parlamento aprobó una ley sobre ciberdelincuencia que limitaba gravemente la libertad de expresión en Internet, contemplaba la vigilancia y la censura del gobierno y castigaba con penas de prisión la difusión de contenidos que se considerasen “inmorales”.
Las milicias y los grupos armados siguieron llevando a cabo ataques selectivos contra periodistas y personas usuarias de redes sociales, a quienes sometían a detención arbitraria y amenazas sólo por haber expresado opiniones críticas o llevar a cabo su trabajo.
En octubre, unos hombres armados no identificados vestidos con uniformes militares secuestraron al periodista Saddam al Saket mientras cubría una sentada de personas refugiadas en Trípoli. Su paradero seguía sin conocerse.
La inscripción en registro, la financiación y las actividades de las ONG estaban sujetas a procedimientos opacos y prolongados. Una causa contra las restricciones indebidas del derecho a la libertad de asociación incluidas en el Decreto núm. 286/2019, que regulaba las ONG, continuaba pendiente en un tribunal administrativo de Trípoli.
Los actores humanitarios informaron de un aumento de las restricciones para el acceso a Libia y a comunidades necesitadas.
Aunque seguía en pie el alto el fuego de ámbito nacional que había entrado en vigor en octubre de 2020, las milicias y los grupos armados violaron el derecho internacional humanitario en enfrentamientos armados esporádicos y localizados que incluyeron ataques indiscriminados y la destrucción de infraestructuras civiles y propiedades privadas.
En junio, unos enfrentamientos entre la milicia Unidad de Investigaciones Criminales (radicada en la ciudad de Al Zawiya) y una milicia liderada por Mohamed al Shalfoh (con base en la vecina ciudad de Al Agiliat), en los que se usaron ametralladoras, se saldaron con la muerte de dos mujeres y un hombre y daños a bienes civiles.
En octubre, un niño murió en la ciudad de Sebha, en el sur del país, durante enfrentamientos entre la Brigada 116 —un grupo armado afín a las Fuerzas Armadas Árabes Libias pero teóricamente bajo el mando del Gobierno de Unidad Nacional— y un grupo armado local.
Las minas terrestres colocadas por actores no estatales asociados a las Fuerzas Armadas Árabes Libias antes de su retirada de Trípoli en 2020 causaron la muerte o heridas a un mínimo de 24 personas civiles, algunas de ellas menores de edad. En marzo, un hombre y un niño murieron en sendas explosiones de minas terrestres a las afueras del sur de Trípoli.
Los grupos armados atacaron en repetidas ocasiones las infraestructuras del Gran Río Artificial, una red de tuberías que transportaba el agua desde acuíferos del sur del país hasta las zonas costeras, lo que limitó el acceso al agua de millones de personas. En agosto, unos hombres armados afines a la tribu magarha obligaron a la administración del Gran Río Artificial a cortar el suministro de agua a la parte occidental de Libia durante una semana para exigir la liberación de su líder tribal Abdallah al Senussi, ex jefe de inteligencia que había sido condenado a muerte en 2015.
En junio, el grupo armado Estado Islámico reivindicó la autoría de un atentado suicida contra un puesto de control policial en Sebha, en el que murieron seis civiles.
Varios países, entre ellos Rusia, Turquía y Emiratos Árabes Unidos, violaron el embargo de armas establecido por la ONU en 2011 al mantener combatientes extranjeros y material militar en Libia. Unos vídeos verificados mostraron a milicias usando vehículos blindados fabricados y exportados por Emiratos Árabes Unidos —probablemente capturados por las milicias afines al anterior Gobierno de Acuerdo Nacional durante las hostilidades de 2020 en Trípoli— en una operación contra personas migrantes y refugiadas que tuvo lugar en Trípoli en octubre.
Las autoridades y los miembros de milicias y grupos armados responsables de crímenes de derecho internacional gozaban de una impunidad casi total. Las autoridades siguieron financiando sin depuración previa e integrando en instituciones del Estado a grupos armados y milicias que cometían abusos.
En enero, Abdel Ghani al Kikli, jefe de la milicia Fuerzas de Seguridad Central de Abu Salim, fue nombrado director de la recién creada Autoridad de Apoyo a la Estabilidad —encargada de las funciones de aplicación de la ley y de inteligencia—, pese a la existencia de informes creíbles sobre la implicación de su milicia en crímenes de guerra desde 2011.
Las autoridades libias y quienes ejercían el control de facto del territorio hicieron caso omiso de las órdenes de detención de la Corte Penal Internacional, mientras Saif al Islam al Gadafi —contra quien la Corte había dictado acta de acusación formal por cargos de crímenes de lesa humanidad— aspiraba a la presidencia del país.
En febrero, Al Tuhamy Khaled, reclamado por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, murió en libertad en Egipto. En marzo, Mahmoud al Werfalli, reclamado por la Corte Penal Internacional por el asesinato de 33 hombres en Bengasi y zonas circundantes, fue asesinado en Bengasi.
En abril, el Gobierno de Unidad Nacional puso en libertad a Abdelrahman Milad, también conocido como Bidja, en aplicación de una decisión de la fiscalía en la que se aducía falta de pruebas. Abdelrahman Milad continuaba sometido a las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU en junio de 2018 por su implicación en trata de personas, e igualmente volvió a asumir su función de jefe de la Guardia Costera Libia-Sector Occidental en Al Zawiya. Osama al Kuni siguió siendo director del centro de detención de Al Nasr, en Al Zawiya, pese a la incorporación en octubre de su nombre a la lista de sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU por su participación en la comisión de delitos contra personas migrantes y refugiadas detenidas.
En junio, las Fuerzas Armadas Árabes Libias afirmaron que unos miembros del grupo armado Tareq Ibn Zeyad habían matado a Mohamed al Kani, jefe del grupo armado Al Kaniat, cuando se resistía a ser detenido. Tras la retirada de Al Kaniat de Tarshouna en junio de 2020, se habían descubierto en esa ciudad cientos de fosas comunes que contenían cuerpos de hombres, mujeres, niños y niñas que se creía eran víctimas de homicidios ilegítimos perpetrados por Al Kaniat. Aunque las autoridades anunciaron la apertura de investigaciones, ninguno de los presuntos autores compareció ante la justicia.
En octubre, la misión de determinación de los hechos de la ONU concluyó que todas las partes en el conflicto habían violado el derecho internacional, y que los abusos contra las personas refugiadas y migrantes podían ser constitutivos de crímenes de lesa humanidad.
Las autoridades libias no protegieron a las mujeres, niñas y personas LGBTI de la violencia sexual y de género ni de homicidios, tortura y privación ilegítima de la libertad a manos de milicias, grupos armados y otros actores no estatales. Las mujeres y las niñas también encontraban obstáculos para pedir justicia en caso de violación y otros actos de violencia sexual, como el riesgo de ser procesadas por mantener relaciones sexuales extramatrimoniales —tipificadas como delito en Libia— y de sufrir la venganza de los autores. Las activistas y políticas, como Najla al Mangoush (ministra de Asuntos Exteriores del Gobierno de Unidad Nacional) y las candidatas presidenciales Laila Ben Khalifa y Huneida al Mahdi, hicieron frente a abusos y amenazas online por motivos de género.
En febrero, tras una disputa familiar, la estudiante Widad al Sheriqi fue secuestrada por unos hombres armados dirigidos por su padre, torturada y recluida en cautividad en un lugar privado de Al Zawiya hasta que escapó en marzo.
En julio, las Fuerzas Especiales de Disuasión capturaron y devolvieron por la fuerza a su familia a una niña sobreviviente de violencia intrafamiliar parental.
Los grupos armados y las milicias continuaron atacando, hostigando y deteniendo a personas LGBTI. Las relaciones homosexuales consentidas seguían estando penalizadas.
En septiembre, un hombre transgénero huyó de Libia cuando un grupo armado afín a las Fuerzas Armadas Árabes Libias los amenazó de muerte a él y a su amigo en Bengasi.
Algunas personas de etnia tubu y tuareg, especialmente las que no poseían documentos de identidad nacional, sufrieron discriminación en el sur de Libia para acceder a servicios esenciales, como la atención de la salud y la educación, así como a clubes deportivos. En Al Kufra, los estudiantes de etnia tubu no pudieron acceder a la única universidad de esta ciudad del sureste del país por estar situada en una zona controlada por grupos armados rivales. En septiembre, el primer ministro anunció el establecimiento de un comité para revisar las solicitudes de nacionalidad rechazadas, principalmente de minorías étnicas.
Casi 200.000 personas continuaban en situación de desplazamiento interno, algunas desde hacía 10 años. Miles de personas internamente desplazadas del este de Libia no pudieron regresar a sus lugares de origen por temor a represalias de los grupos armados y por haberse destruido sus propiedades. Miles de residentes de la ciudad de Tawergha, que estaban en situación de desplazamiento forzado desde 2011, no pudieron regresar a sus hogares por falta de seguridad y de servicios esenciales.
Las personas internamente desplazadas encontraban obstáculos que restringían su acceso a la educación, la atención de la salud, la vivienda y el empleo porque los sucesivos gobiernos no habían dado prioridad a sus derechos —ni siquiera en los presupuestos nacionales— ni las habían protegido frente a la reclusión arbitraria, las amenazas de desalojo y otros ataques de grupos armados y milicias.
Las personas refugiadas y migrantes eran sometidas de manera sistemática y generalizada, y con impunidad, a abusos y violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades estatales, las milicias y los grupos armados.
Los guardacostas libios respaldados por la Unión Europea pusieron en peligro la vida de personas refugiadas y migrantes que cruzaban el mar Mediterráneo al disparar contra sus embarcaciones o causarles deliberadamente otros daños, lo que provocó la pérdida de vidas (véase el apartado sobre Italia). Los buques libios interceptaron y devolvieron a 32.425 personas refugiadas y migrantes a Libia, donde miles de ellas fueron detenidas indefinidamente en duras condiciones en dependencias supervisadas por el Departamento de Lucha contra la Migración Irregular.4 Otros miles de personas refugiadas y migrantes fueron objeto de desaparición forzada tras su desembarco.
También se detuvo arbitrariamente a personas refugiadas y migrantes en sus casas, en la calle y en puestos de control. En octubre, las fuerzas de seguridad libias y las milicias radicadas en Trípoli usaron medios letales ilegítimos y otras formas de violencia para detener a más de 5.000 hombres, mujeres, niños y niñas procedentes del África subsahariana.5
En el centro de detención del Departamento de Lucha contra la Migración Irregular de Al Mabani (abierto en enero en Trípoli), entre otros lugares, los guardias y las milicias sometieron a quienes estaban bajo su custodia a tortura y otros malos tratos, como violencia sexual y de género, trabajo forzoso y otras formas de explotación. Los guardias del centro del Departamento de Lucha contra la Migración Irregular de Shara al Zawiya, en Trípoli, violaban a mujeres y niñas migrantes y las obligaban a mantener relaciones sexuales a cambio de alimentos.
Las autoridades del Departamento de Lucha contra la Migración Irregular del este de Libia expulsaron a un mínimo de 2.839 personas refugiadas y migrantes a Chad, Egipto y Sudán sin el debido proceso
Las autoridades libias impidieron la salida del país de varios vuelos de reasentamiento y evacuación para personas refugiadas y solicitantes de asilo.
Guardias, hombres vestidos con uniformes militares y milicias dispararon ilegítimamente contra personas refugiadas y migrantes que estaban en los centros del Departamento de Lucha contra la Migración Irregular o durante los intentos de fuga, y mataron como un mínimo a 10 e hirieron a decenas de ellas en el centro de detención de Al Mabani y en centros de detención controlados por la milicia de Abu Salim en distintos incidentes ocurridos en febrero, abril, julio y octubre.
La campaña de vacunación contra la COVID-19 comenzó en abril, pero estuvo marcada por demoras, la exclusión inicial de personas indocumentadas y la no priorización del personal sanitario y otros grupos de riesgo. Las autoridades libias no facilitaron suficientes vacunas, ni sensibilizaron ni garantizaron la accesibilidad a los grupos de riesgo. Las personas migrantes, refugiadas e internamente desplazadas encontraron obstáculos para acceder a la vacuna debido al nepotismo y la discriminación, y las milicias y los grupos armados no vacunaron a quienes estaban bajo su custodia. Al terminar el año, sólo el 12% de la ciudadanía libia y menos del 1% de las personas extranjeras estaban vacunadas con la pauta completa.
El sector de la salud tenía problemas debido a la escasez y el mal estado de las infraestructuras y los materiales, que dieron lugar al cierre de varios centros de aislamiento para la COVID-19. Hombres armados secuestraron y atacaron violentamente a personal sanitario y humanitario.
La legislación libia mantenía la pena de muerte para un gran abanico de delitos no circunscritos al homicidio intencional y siguieron dictándose condenas a muerte. No se llevaron a cabo ejecuciones.
En mayo, el Tribunal Supremo anuló la sentencia condenatoria y la condena a muerte dictadas contra Saif al Islam al Gadafi y otros ocho encausados invocando motivos de preocupación relacionados con la imparcialidad procesal, y ordenó que se celebrara un nuevo juicio.
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