Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024

Persistían las restricciones indebidas de la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación. Continuó el enjuiciamiento de miembros de las fuerzas de seguridad por homicidios ilegítimos y por tortura y otros malos tratos durante las manifestaciones multitudinarias de enero de 2022, aunque las condenas resultantes a menudo no eran proporcionadas a la gravedad del delito. La policía disolvió o impidió regularmente protestas políticas callejeras de carácter pacífico. Seguía prohibido practicar la religión al margen de las organizaciones religiosas registradas. La violencia contra mujeres y niñas seguía estando muy extendida. Las políticas enfocadas a la acción climática aún eran insuficientes.

Información general

La promesa formulada en 2022 por el presidente Kassym-Jomart Tokayev de “renovar y reactivar todas las instituciones políticas clave” antes de mediados de 2023 sólo se cumplió nominalmente. Las elecciones parlamentarias anticipadas, celebradas en marzo, se vieron empañadas por numerosas acusaciones de irregularidades favorables al partido gobernante Amanat, que logró la mayoría.

A pesar de haber recibido una visita oficial del presidente ruso Vladimir Putin al país en noviembre, Kazajistán rechazó las acusaciones de que, al buscar la cooperación de Rusia, estaba subvirtiendo las sanciones económicas occidentales impuestas a este país.

Continuaron las violaciones de derechos humanos a raíz de las manifestaciones de enero de 2022, en las que las fuerzas de seguridad habían usado balas de goma y armas de fuego de forma indiscriminada e ilegal contra personas que protestaban pacíficamente y contra turbas violentas, saqueadores y transeúntes, y al menos 219 civiles y 19 agentes encargados de hacer cumplir la ley habían perdido la vida.

Libertad de reunión pacífica

La legislación y la práctica relativas a las reuniones pacíficas seguían siendo indebidamente restrictivas. Era obligatorio pedir permiso previo incluso para las protestas de una sola persona, y celebrar o simplemente planificar un piquete o reunión “sin autorización” se castigaba con hasta 15 días de prisión. El plazo de 12 meses para la prescripción de este “delito” permitía a las autoridades encarcelar a manifestantes mucho tiempo después de su comisión, casi siempre para impedirles participar en más protestas. Por ejemplo, 13 activistas afines al partido político no registrado Alga, Kazakhstan! fueron objeto de arresto antes de las anunciadas —aunque “no autorizadas”— protestas pacíficas del 25 de octubre, Día de la República, y permanecieron 15 días bajo custodia por su asistencia a concentraciones “no autorizadas” en el pasado.

Algunas personas que protestaban recibieron sanciones penales mucho más duras. En julio, cinco personas que habían protestado pacíficamente en enero de 2022 fueron condenadas a cumplir hasta ocho años de prisión tras un juicio injusto empañado por acusaciones de tortura y de intimidación de testigos.¹

Únicamente podían celebrarse reuniones pacíficas en lugares designados al efecto —sólo tres o cuatro en cada localidad— sin correr el riesgo de recibir una multa o ir a la cárcel. Una marcha feminista planeada el 8 de marzo en la ciudad de Almaty se prohibió con el pretexto de que otro grupo ya había reservado la única calle donde estaban permitidas las marchas. La concentración feminista se hizo en una plaza estrecha designada para ello, y la marcha del otro grupo ni siquiera se celebró.

Uso excesivo de la fuerza

En el año sólo llegaron a los tribunales tres causas contra agentes de policía o soldados por uso ilegítimo de arma de fuego durante los incidentes de enero de 2022. Entre ellas estaba la de un soldado profesional que fue absuelto en noviembre por el Tribunal Militar de la Guarnición de Almaty. Había sido acusado de abuso de autoridad por disparar y matar a una niña de cuatro años que viajaba en un automóvil junto a un hermano y una hermana cuando iban a hacer la compra.

Tortura y otros malos tratos

La impunidad por torturas y otros malos tratos seguía siendo generalizada. En enero se aprobaron reformas al Código Penal que separaban la tortura de otros malos tratos y establecían que los casos de tortura debían ser investigados por una fiscalía especial.

Las causas penales por tortura y otros malos tratos a raíz de los incidentes de enero de 2022 se archivaron en su mayoría por supuesta falta de pruebas. Algunas se recalificaron como abuso de autoridad u otros delitos menores, y otras se archivaron debido a acuerdos de declaración de culpabilidad. De los seis casos de muerte por tortura oficialmente reconocidos, cinco llegaron a los tribunales antes de concluir el año. En uno de ellos se impuso a dos agentes de policía una condena condicional no privativa de libertad de cuatro años de prisión en la ciudad de Semey por el cargo de tortura causante de la muerte de Zhandos Zhotabayev. En la misma causa se impuso una condena condicional de un año de prisión a una enfermera por incumplimiento de sus obligaciones.

Otras causas judiciales por tortura y otros malos tratos se vieron empañadas por múltiples infracciones de procedimiento. Pocas víctimas de tortura recibieron una indemnización —hasta una cantidad equivalente a 245 euros— del Fondo de Indemnización de Víctimas, de carácter estatal.

Libertad de expresión

La comunidad de derechos humanos de Kazajistán documentó 23 casos de personas encarceladas por motivos políticos en el año, entre ellas defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas, blogueros y blogueras, y periodistas.

En julio entró en vigor la Ley sobre Plataformas de Internet y Publicidad Digital, que establecía multas a personas usuarias, propietarias e influencers por la publicación o difusión no intencionada de información falsa en redes sociales y cualquier otra plataforma de Internet. En noviembre, tras una denuncia presentada por un particular, un tribunal impuso a la redacción de Radio Free Europe/Radio Liberty en Kazajistán (Radio Azattyq) una multa equivalente a 200 euros por una publicación que afirmaba que la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva estaba “dirigida por Rusia”.

Libertad de asociación

Una decena de personas fueron condenadas y encarceladas tras juicios injustos por simpatizar con partidos políticos pacíficos de oposición no registrados o con movimientos presuntamente vinculados al movimiento Opción Democrática de Kazajistán, calificado de “extremista” por un tribunal de la capital, Astaná, en 2018. El 30 de noviembre, Marat Zhylanbayev fue condenado a siete años de prisión por financiar y apoyar presuntamente “actividades extremistas”. La participación en organizaciones calificadas de “extremistas” seguía siendo punible con hasta seis años de cárcel. Cinco personas más estaban siendo investigadas al final del año.

La inscripción en registro de un partido político opositor era prácticamente imposible, y operar sin estar registrado podía dar lugar a un procesamiento. En abril, Zhanbolat Mamay, líder del Partido Democrático de Kazajistán —al que se había denegado el registro arbitrariamente—, fue declarado culpable de organizar disturbios multitudinarios durante los incidentes de enero de 2022. Se le impuso una condena condicional de seis años y se le prohibió participar en cualquier acto público, incluso en redes sociales.

En septiembre, el Comité de Ingresos del Estado publicó por primera vez una lista de entidades físicas y jurídicas que habían recibido fondos del extranjero en el primer semestre de 2023. En ella figuraban 240 personas y organizaciones, incluidas ONG de derechos humanos tan importantes como la Oficina Kazajo-Internacional para los Derechos Humanos y el Imperio de la Ley, y la Fundación Internacional Ädil Söz para la Protección de la Libertad de Expresión. El requisito de comunicar la financiación extranjera se extendía a los honorarios percibidos por realizar encuestas y sondeos, prestar asistencia letrada gratuita o recopilar y difundir información.

Libertad de religión o de creencias

Seguía estando prohibida la práctica de una religión al margen de alguna de las organizaciones religiosas registradas. Toda actividad misionera continuaba sujeta a la preceptiva acreditación oficial, que sólo podían solicitar los miembros de una organización religiosa registrada. Para poder inscribirse en el registro, las organizaciones debían tener al menos 50 miembros fundadores en el caso de organizaciones locales, 500 si eran regionales y 5.000 si eran de ámbito nacional. Estaba prohibido distribuir materiales religiosos sin la autorización previa de especialistas religiosos aprobados por el Estado.

En agosto, el Ministerio de Educación reforzó la prohibición de llevar cualquier símbolo religioso en el uniforme escolar, lo que desató un intenso debate público. Defensores y defensoras locales de los derechos humanos calculaban que, debido a que la prohibición incluía el hiyab, al menos 2.000 escolares musulmanas habían sido apartadas de la escuela por sus progenitores sólo en el periodo comprendido de septiembre a noviembre.

Violencia contra mujeres y niñas

La violencia contra mujeres y niñas seguía siendo generalizada en todo el país. En la mayoría o, posiblemente, la totalidad de los 64 casos de homicidio por violencia doméstica registrados oficialmente entre enero y agosto, la víctima era una mujer. Cuando se cometía por primera vez lo que oficialmente se consideraba una agresión física menor en el entorno familiar, la sanción se reducía a una amonestación formal de la policía.

Derecho a un medioambiente saludable

En su clasificación de 2023, el Índice de Desempeño frente al Cambio Climático revelaba un modesto avance de Kazajistán en comparación con otros países, pero criticaba sus políticas y acciones sobre el clima porque llevaban al aumento y no al descenso de las emisiones y, por tanto, no contribuían al objetivo de mantener el aumento global de la temperatura en 1,5 °C. Kazajistán continuaba estando entre los 30 países más contaminantes del mundo por sus emisiones de gases de efecto invernadero.

Mientras tanto, el país sufría catástrofes ambientales agravadas por el cambio climático, como los incendios forestales de la región oriental de Abai en los que 14 bomberos perdieron la vida. Se calculaba que la contaminación del aire, debida principalmente a la quema de combustibles fósiles —sobre todo carbón—, causaba más de 10.000 muertes prematuras al año.

1. Kazakhstan: Release peaceful protesters, 31 de julio