Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
El derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica continuó seriamente limitado y las organizaciones de derechos humanos y los sindicatos hacían frente a restricciones. Seguía estando muy extendida la práctica de la tortura y otros malos tratos. Las personas con discapacidad seguían encontrando dificultades a la hora de reclamar sus derechos humanos básicos. Las personas LGBTI sufrían altos niveles de discriminación y abusos. Las personas solicitantes de asilo que huían de los abusos contra los derechos humanos en China afrontaban encarcelamiento y discriminación.
En las elecciones parlamentarias celebradas el 10 de enero, el partido gobernante, Nur Otan, obtuvo el 71% de los votos. La misión de observación electoral de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) concluyó que las opciones del electorado estuvieron limitadas por “restricciones indebidas de las libertades fundamentales de asociación, reunión pacífica y expresión”.
El 10 de junio, el presidente Tokayev publicó un plan de medidas prioritarias en materia de derechos humanos que mencionaba de manera específica los derechos de las personas con discapacidad, la eliminación de la discriminación contra las mujeres, y el derecho a la libertad de asociación y de expresión, pero que omitía el derecho a la libertad de reunión pacífica.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta diciembre se habían confirmado 1.060.125 casos de COVID-19 y 17.972 muertes, y se habían administrado 16.813.018 dosis de vacunas. El 6 de septiembre se introdujo la vacunación obligatoria para los trabajadores y trabajadoras del comercio minorista, el deporte, la cultura, la salud y las organizaciones gubernamentales. A las personas no vacunadas se les exigía someterse a pruebas semanales.
El 14 de octubre, Kazajistán fue elegido miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El 29 de diciembre, el presidente Tokayev aprobó una ley que establecía la abolición de la pena de muerte y por tanto suponía el cumplimiento de los requisitos para la ratificación del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Las autoridades trataron de acallar las críticas contra el gobierno empleando legislación restrictiva. Aunque la difamación se había despenalizado en 2020, el Código Penal mantenía artículos que tipificaban como delito “los insultos públicos y otros ataques al honor y la dignidad del primer presidente” (artículo 373) y “los ataques al honor y la dignidad del presidente” (artículo 375).
El 10 de agosto, un tribunal de Taldykorgan falló, en un litigio civil, que Serik Kulmyrza y otras ocho personas debían eliminar publicaciones en redes sociales porque insultaban al “primer presidente de Kazajistán” (Nursultán Nazarbáyev) y “creaban una imagen negativa de la situación de los derechos humanos en el país”. El tribunal recomendó a la fiscalía abrir una causa penal en aplicación de los artículos 373 y 375 del Código Penal. Sólo una de las personas acusadas participó en la vista a través de WhatsApp, y las demás conocieron el fallo en octubre a través de los medios de comunicación.
El 15 de septiembre, el Parlamento aprobó modificaciones a leyes destinadas a proteger del ciberacoso a niños y niñas. Las modificaciones requerían a las plataformas de Internet y las aplicaciones de mensajería extranjeras inscribirse en un registro y contar con representantes en Kazajistán; de lo contrario, se las bloquearía. Los defensores y defensoras de los derechos humanos criticaron estas medidas legislativas por considerarlas un medio para restringir indebidamente el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información.
El 7 de octubre, la policía detuvo e interrogó al conductor de ambulancia Kenzhebulat Esimseitov en aplicación del artículo 274 del Código Penal por “difusión, a sabiendas, de información falsa”. Kenzhebulat Esimseitov era uno de los 24 conductores de ambulancia que habían firmado una carta dirigida a las autoridades en la que se quejaban de las condiciones del servicio de ambulancias, entre otras cosas del impago a los conductores del complemento salarial que se les debía a causa de la pandemia de COVID-19. Al final del año el caso continuaba abierto, pero no se estaba investigando activamente.
Hubo un aumento del número de personas declaradas culpables de pertenencia a una organización “extremista” en virtud del artículo 405 del Código Penal. Hasta octubre se habían dictado 47 sentencias condenatorias, frente a las 14 de 2020. Todas las personas condenadas simplemente habían criticado al gobierno o respaldado a los movimientos de oposición Opción Democrática de Kazajistán y Partido de la Calle (Koshe Partyasi), que habían sido arbitrariamente declarados “extremistas” en sesiones judiciales celebradas a puerta cerrada en 2018 y 2020, respectivamente.
El 11 de octubre, Askhat Zheksebaev fue condenado a cinco años de prisión por pertenecer a un “partido extremista”. Zheksebaev, uno de los fundadores del Partido de la Calle, llevaba detenido desde agosto de 2020 y era una de las 13 personas activistas de la oposición declaradas culpables en un juicio de motivación política.
El 4 de febrero, el preso de conciencia Maks Bokaev quedó en libertad tras cumplir una pena de cinco años de cárcel, aunque siguió sometido a “supervisión administrativa” durante tres años, lo que restringía su derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica.1
Los dispositivos móviles de al menos cuatro activistas de Kazajistán fueron atacados e infectados con el software espía Pegasus de NSO Group desde junio. Estas cuatro personas pertenecían al movimiento juvenil Despierta, Kazajistán (Oyan, Qazaqstan).2
Con frecuencia se denegaban las peticiones para celebrar manifestaciones en aplicación de una legislación excesivamente restrictiva. Según observadores de la situación de los derechos humanos, entre julio de 2020 y octubre de 2021 las autoridades locales habían rechazado arbitrariamente 133 solicitudes en 22 ciudades, 103 de las cuales fueron rechazadas en 2021. Los agentes encargados de hacer cumplir la ley sometieron a manifestantes pacíficos a malos tratos y “encapsulamiento”, lo que constituía detención arbitraria.
El 10 de enero, un grupo de unas 12 personas que se manifestaban pacíficamente fueron rodeadas por agentes de policía y obligadas a permanecer a la intemperie a temperaturas bajo cero durante más de nueve horas antes de ser liberadas. No se les proporcionó acceso a un retrete, comida ni bebida. Una mujer fue trasladada al hospital con hipotermia.
En enero, tres ONG —la Oficina Internacional de Kazajistán para los Derechos Humanos, Iniciativa Jurídica Internacional y Echo, un grupo de observación electoral— fueron suspendidas arbitrariamente durante tres meses, y a la ONG Alas de Libertad se le impuso una multa en aplicación de normativas fiscales restrictivas. A todas ellas se les había notificado en noviembre de 2020 que supuestamente habían violado el artículo 460-1 del Código de Infracciones Administrativas por no haber informado adecuadamente sobre los fondos extranjeros que habían recibido, en algunos casos desde 2018.
Pese a las reformas de 2020 que facilitaron a los sindicatos la inscripción registral, algunos de ellos seguían haciendo frente a obstáculos burocráticos desproporcionados. El 5 de febrero, el Tribunal Económico Especial Interdistrital de Shymkent suspendió durante seis meses al Sindicato Industrial de Trabajadores del Sector del Combustible y la Energía, que era independiente, por no inscribirse en el registro de conformidad con la restrictiva Ley de Sindicatos.
Según un informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la tortura publicado en 2021, en 2020 se habían registrado 63 denuncias de tortura y 13 personas habían sido declaradas culpables. El Mecanismo Nacional de Prevención también señaló las deficientes condiciones en los centros de detención, muchos de los cuales no contaban con calefacción adecuada en invierno, no proporcionaban alimentación apropiada y tenían un grave déficit de personal médico, que seguía empleado por las autoridades penitenciarias.
El 15 de octubre, un tribunal de Öskemen condenó a siete guardias penitenciarios a entre cinco y diez años de cárcel por torturar a Andrei Kondratenko, de 25 años, que murió en prisión el 18 de julio de 2019 a consecuencia de las torturas. Un testigo declaró que unos guardias le habían mantenido la cabeza bajo el agua e impedido dormir; también declaró que, después, los guardias obligaron a otros reclusos a trasladar su cadáver a una celda de castigo y hacer que pareciera que se había ahorcado.
Los tribunales continuaron privando de capacidad jurídica y, por lo tanto, de sus derechos humanos —incluido el derecho a la educación, a la vida privada, al voto y a presentarse a cargos públicos— a las personas con discapacidad mental. En julio, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa recomendó que se levantaran todas las restricciones al derecho al voto y a presentarse a cargos públicos, y que Kazajistán introdujera leyes y políticas que permitieran a las personas con discapacidad acceder a apoyo para ejercer su capacidad legal, en lugar de privarlas de ella.
Las personas LGBTI sufrían discriminación, marginación y agresiones físicas por parte de agentes tanto estatales como no estatales.
En mayo, Zhanar Sekerbayeva y Gulzada Serzhan, fundadoras del colectivo feminista queer Feminita, sufrieron agresiones físicas y abusos a manos de una multitud enfurecida cuando trataban de celebrar una conferencia sobre derechos humanos en un hotel de Shymkent. Los agentes de policía no protegieron su derecho de reunión pacífica y las detuvieron, afirmando posteriormente que lo habían hecho para protegerlas. Después de que el hotel cancelara su reserva, se trasladaron a una cafetería cercana donde una turba enfurecida de hombres las atacó y Zhanar Sekerbayeva recibió puñetazos en la cara. Entre la multitud había agentes de policía y en unas grabaciones de vídeo se les podía ver obligando a las dos activistas a entrar en automóviles policiales. En Karaganda, el 28 de julio, ambas volvieron a ser atacadas por una turba enfurecida cuando trataban de celebrar una conferencia sobre los derechos de las mujeres. Al concluir el año, la policía no había investigado ninguno de los incidentes.
Las personas de etnia kazaja que huían de Xinjiang, en China, se enfrentaban a procesamiento penal y encarcelamiento por cruzar la frontera de manera irregular, así como a discriminación, protección inadecuada y obstáculos administrativos, como tener que renovar su documentación anualmente y no tener derecho a viajar al extranjero. En abril, a tres hombres de etnia kazaja que habían huido de Xinjiang se les negó la nacionalidad aduciendo que habían cruzado la frontera de manera irregular.
A continuació pots veure continguts relacionats amb aquest país.
Anàlisi, opinió, històries personals i d'altres
