Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023
Se restringió indebidamente el derecho a la libertad de expresión, de reunión y de asociación, especialmente durante las protestas multitudinarias celebradas en enero. Las fuerzas de seguridad hicieron uso excesivo de la fuerza contra personas que se manifestaban pacíficamente, y causaron lesiones y mataron a decenas de ellas. Se detuvo arbitrariamente y se sometió a tortura bajo custodia a manifestantes. Por lo general, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley gozaron de impunidad para atacar y maltratar a manifestantes. Se atacó y en algunos casos se detuvo a periodistas que informaban sobre las protestas. Kazajistán abolió la pena de muerte para todos los delitos.
Información general
En enero estallaron protestas en todo el país a raíz de la eliminación de los subsidios a los combustibles. Más de 200 civiles murieron a consecuencia de los enfrentamientos y del uso de medios letales por las autoridades.
El 5 de enero, el presidente Tokayev disolvió el gobierno y destituyó a varios altos cargos que, se creía, eran cercanos al expresidente Nursultán Nazarbáyev, quien fue destituido a su vez de la presidencia del Consejo de Seguridad y del partido gobernante, Nur Otan.
Se promulgaron dos conjuntos de reformas constitucionales, una el 8 de junio y la otra el 17 de septiembre. Dichas reformas restringían los poderes presidenciales, limitaban el mandato presidencial a siete años, creaban una entidad para la defensa de los derechos humanos, cambiaban la estructura del gobierno y recuperaban el nombre de Astaná para la capital, en lugar de Nursultán.
El 20 de noviembre, el presidente Tokayev afirmó contar con el 81% de los votos en las elecciones presidenciales anticipadas. Los observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa las criticaron por la “falta de competencia” y señalaron que las restricciones del derecho a la libertad de expresión y al acceso a información “limitaron la capacidad del electorado de tomar una decisión con conocimiento de causa”.
El 2 de enero se desataron protestas multitudinarias a raíz del fuerte aumento del precio de los combustibles, y las reivindicaciones económicas se extendieron pronto a las políticas y contra la corrupción. En particular, muchas de las personas que se manifestaban exigían la salida del poder del expresidente Nursultán Nazarbáyev, que mantenía una influencia política y económica significativa a pesar de haber dimitido formalmente en 2019.
La mayoría de las personas que participaban en manifestaciones eran pacíficas, pero muchas cometieron actos de violencia en varias ciudades, como Almaty. Las autoridades respondieron con detenciones arbitrarias en masa y con el uso excesivo de la fuerza, incluidas balas de goma y munición real. El 5 de enero, el presidente Tokayev declaró el estado de emergencia y un toque de queda nocturno en todo el país, llamó “terroristas” a las personas que se manifestaban y desplegó al ejército para dispersarlas. Se detuvo a más de 10.000 manifestantes y muchas de estas personas fueron golpeadas, sometidas a otros malos tratos y recluidas en condiciones inhumanas. Más de 3.000 fueron objeto de hasta 15 días de detención administrativa. En torno a 1.600 hicieron frente a procesamientos penales, principalmente por “participación en disturbios masivos, acompañados de violencia” y otros delitos violentos.
El 27 de octubre, el Parlamento aprobó una ley de amnistía para las personas procesadas en relación con las protestas de enero. Según las autoridades, la amnistía había beneficiado a 1.071 personas y había excluido a las que fueron acusadas de terrorismo, extremismo, organización de disturbios masivos, corrupción y tortura.
La legislación relativa a las reuniones pacíficas continuaba siendo indebidamente restrictiva. Permitía a las autoridades prohibir arbitrariamente protestas no deseadas con pretextos imprecisos o técnicos, lo que hacían de manera habitual. Según grupos kazajos de derechos humanos, las autoridades negaron el permiso para al menos 154 protestas pacíficas en 2022. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley realizaban con frecuencia lo que se denominaban “detenciones preventivas” de posibles manifestantes, que a menudo eran arbitrarias.
En enero, las fuerzas de seguridad usaron balas de goma y armas de fuego de manera indiscriminada e ilegítima contra personas que se manifestaban pacíficamente y contra muchedumbres violentas, saqueadores y transeúntes. El 7 de enero, el presidente Tokayev respaldó de hecho esta práctica al afirmar públicamente que había ordenado a los organismos encargados de hacer cumplir la ley y al ejército disparar sin previo aviso.1 Según las cifras oficiales, al menos 219 civiles y 19 agentes encargados de hacer cumplir la ley perdieron la vida de manera violenta durante estos sucesos.
Se desplegó al ejército para controlar las protestas a pesar de que éste no disponía de formación ni equipos adecuados. Se recibieron múltiples informes de disparos realizados por hombres armados contra transeúntes y automóviles durante el toque de queda. Al menos algunos de los ataques habrían sido cometidos por fuerzas gubernamentales. La mayoría de estos incidentes seguían sin investigarse al terminar el año. La amnistía decretada el 27 de octubre podría permitir a los agentes que cometieron esos homicidios evitar el procesamiento penal.
Muchas de las personas arrestadas por participar en las protestas de enero sufrieron tortura u otros malos tratos a manos de personal encargado de hacer cumplir la ley. A menudo, las personas detenidas eran recluidas en lugares de detención irregulares, como pabellones deportivos, o en celdas masificadas; se las obligaba a permanecer en posturas incómodas y a dormir en el suelo; recibían poca comida y agua o ninguna; y se les negaba la atención médica, entre otras violaciones de sus derechos. Los agentes, que con frecuencia vestían uniforme negro sin distintivo alguno, golpeaban con asiduidad a las personas detenidas a su llegada a los centros de detención y durante todo el periodo de reclusión.
Grupos locales de derechos humanos denunciaron que cientos de personas detenidas eran objeto de tortura y otros malos tratos para obtener “confesiones” o castigar a personas concretas. Entre tales prácticas figuraban palizas, descargas eléctricas, quemaduras con planchas de vapor, cubrir la cabeza de la persona con bolsas de plástico y clavarle agujas debajo de las uñas. Algunos funcionarios admitieron que seis personas habían muerto bajo custodia en enero a consecuencia del uso de “métodos de interrogatorio ilegales”.
Las autoridades no realizaron investigaciones efectivas, imparciales y exhaustivas sobre las denuncias de tortura y otros malos tratos, ni siquiera sobre las que habían causado la muerte. Incluso cuando supuestamente había comenzado una investigación, rara vez desembocaba ésta en enjuiciamiento. Según las autoridades, se estaban investigando más de 300 casos de tortura, pero sólo 49 agentes encargados de hacer cumplir la ley habían sido procesados hasta octubre por cargos diversos relacionados con lo acontecido en enero. Una excepción poco frecuente fue el enjuiciamiento de 5 agentes de policía en la ciudad de Taldykorgan por torturar a 24 personas detenidas, entre ellas 2 niños.
El 12 de enero, las autoridades arrestaron a Raigul Sadyrbaeva, defensora de los derechos humanos que había estado observando el desarrollo de las protestas en la ciudad de Semey, y la acusaron falsamente de participar en un disturbio multitudinario. La recluyeron en régimen de incomunicación durante dos semanas, la sometieron a malos tratos y a un simulacro de ejecución, la amenazaron con violarla y le negaron atención médica para presionarla a fin de que se autoincriminara. Permaneció en prisión preventiva hasta el 14 de marzo, cuando fue sometida a arresto domiciliario. Quedó en libertad en septiembre, pero se le prohibió viajar; al terminar el año continuaba su procesamiento. Según informes, en octubre, las autoridades se negaron a investigar sus denuncias de tortura alegando ausencia de indicios de delito.
Agentes encargados de hacer cumplir la ley detuvieron arbitrariamente a periodistas que cubrían las protestas de enero. Algunas de estas personas fueron objeto de detención administrativa por “participar en reuniones pacíficas ilegales”.
Las restricciones impuestas a los medios de comunicación continuaron durante todo el año. El 3 de julio, agentes encargados de hacer cumplir la ley arrestaron al periodista independiente Makhambet Abzhan acusándolo de extorsionar a un empresario local. Preocupaba la posibilidad de que hubiera sido arrestado por sus críticas a las autoridades. Al terminar el año continuaba detenido.
En virtud del artículo 405 del Código Penal, la participación en organizaciones designadas arbitrariamente como “extremistas” continuaba siendo un delito punible con penas de hasta 6 años de prisión. Un total de 16 personas fueron procesadas por este delito entre enero y octubre, frente a las 66 del mismo periodo de 2021.
El 25 de febrero, la policía arrestó a Zhanbolat Mamay, líder del opositor Partido Democrático. Inicialmente fue sometido a “detención administrativa” por organizar una vigilia pacífica por las personas que habían muerto de manera violenta en los sucesos de enero. El 14 de marzo pasó a estar recluido en espera de juicio por cargos penales y, el 2 de noviembre, fue sometido a arresto domiciliario, situación en la que continuaba al terminar el año. Zhanbolat Mamay estaba acusado de “difundir información falsa a sabiendas”, “insultar a un funcionario público” y “violar las normas sobre reuniones pacíficas”, acusaciones todas ellas relacionadas con el ejercicio de sus derechos humanos.
Tras el inicio de la invasión en gran escala de Ucrania por Rusia el 24 de febrero, miles de personas rusas huyeron a Kazajistán, que les permitía entrar y permanecer en el país hasta 90 días con el pasaporte interno ruso. Unas 20.000 personas de nacionalidad rusa llegaron a Kazajistán antes del 21 de septiembre, cuando comenzó la movilización en Rusia, y hasta 200.000 posteriormente, aunque muchas regresaron después o se trasladaron a otros países.
Las autoridades de Kazajistán prometieron brindar ayuda y, por lo general, trataron de dar alojamiento a quienes llegaban de Rusia, por ejemplo, abriendo instalaciones adicionales para el registro de ciudadanos extranjeros y creando albergues temporales. En octubre, las autoridades propusieron que las personas de nacionalidad rusa tuvieran que exhibir su pasaporte internacional —documento emitido por las autoridades rusas para la ciudadanía que viajaba al extranjero y que sólo tenía una minoría de ciudadanos— para inscribirse en el registro de residentes. De ser aprobada, esa reforma podría obligar a muchas personas a regresar a Rusia o a solicitar asilo mediante procedimientos que seguían siendo largos e ineficaces.
El 8 de enero, tras su adopción el mes anterior, entraron en vigor las reformas del Código Penal que eliminaban toda referencia a la pena de muerte.
El 8 de junio, entró en vigor una reforma constitucional que consagraba la abolición de la pena de muerte en la Constitución.
El 24 de junio, entró en vigor la ratificación de Kazajistán del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte.
El sector energético de Kazajistán continuaba dependiendo casi totalmente de los combustibles fósiles. El gobierno no había actualizado desde 2016 su contribución determinada a nivel nacional para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
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