Croàcia

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2026.

Las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés) y la presión política ponían en peligro la libertad de expresión. Se seguía restringiendo el acceso al aborto. Las víctimas de violencia de género en el ámbito familiar carecían de acceso adecuado a servicios de apoyo. La pobreza aumentó debido al alza del coste de la vida. Se trataba de manera violenta a las personas refugiadas y migrantes interceptadas en la frontera. La población romaní, serbia y LGBTIQ+ seguía sufriendo discriminación. Croacia seguía dependiendo de los combustibles fósiles.

Libertad de expresión

Las demandas estratégicas contra la participación pública seguían poniendo en peligro la libertad de expresión. Según la Asociación de Periodistas de Croacia, a mitad de año había al menos 700 pleitos pendientes contra periodistas. Croacia no hizo avances notables en incorporar a su legislación nacional la Directiva de la UE relativa a las SLAPP.

La difamación seguía siendo delito y se utilizaba para emprender acciones judiciales contra periodistas tanto por la vía civil como por la penal, lo que restringía significativamente la libertad de expresión. La amplia mayoría de todos los litigios judiciales contra periodistas eran demandas civiles por difamación que interponían figuras políticas, empresas e incluso miembros de la judicatura, entre otros agentes.

Quienes informaban sobre corrupción, medioambiente y asuntos gubernamentales en medios de comunicación sufrían agresiones físicas, así como hostigamiento y amenazas en Internet, incluso por parte de altos cargos del gobierno. Según la ONG Respuesta Rápida para la Libertad de Prensa, la libertad de prensa y el derecho a la información habían sufrido un importante menoscabo por la combinación de un entorno hostil, protección insuficiente, precariedad laboral e importantes presiones económicas y políticas sobre los medios de comunicación.

Derechos sexuales y reproductivos

El acceso a los servicios de aborto continuaba estando sumamente restringido, ya que las autoridades no lo garantizaban en el contexto de la negativa generalizada del personal y los centros médicos a prestar dicha atención alegando motivos de conciencia. Además, el elevado coste de la intervención, que el seguro médico nacional no sufragaba, y la inaccesibilidad de los servicios de aborto en las zonas rurales y económicamente deprimidas constituían importantes obstáculos adicionales para las mujeres empobrecidas o con discapacidad y para las minorías. Ante la falta de acceso a los servicios de aborto, las mujeres se veían obligadas a viajar al extranjero para someterse a un aborto seguro y oportuno.¹ El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (CESCR) instó a Croacia a facilitar y garantizar el acceso igualitario y efectivo a los servicios de aborto para todas las personas.

Violencia contra mujeres y niñas

En diciembre, el gobierno aprobó el Plan de Acción para la Protección frente a la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica 2025-2027, que incluía nuevas medidas que aceleraban las actuaciones judiciales. Las organizaciones de mujeres advirtieron, no obstante, de que el texto no contemplaba medidas concretas para abordar algunas de las principales dificultades con que se encontraban, incluida la falta de albergues y de otros servicios de apoyo.

Las mujeres y las niñas que sufrían violencia seguían enfrentándose a obstáculos para acceder a ayuda, entre ellos la falta de reconocimiento institucional de la violencia económica, psicológica y emocional; la práctica persistente de la doble detención (la detención de la víctima junto a su maltratador); procedimientos retraumatizantes en los servicios sociales y los tribunales, y la falta de servicios de ayuda centrados en las víctimas, según señalaban las organizaciones de derechos de las mujeres.

Varias organizaciones locales denunciaron un aumento de la violencia contra las mujeres y las niñas en Internet, y apuntaron a la falta de protección institucional de las mujeres en la esfera digital. Croacia no armonizó su legislación con la Directiva de la UE sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, de 2024.

Derechos económicos, sociales y culturales

La Defensoría del Pueblo advirtió sobre el aumento de la pobreza como consecuencia de la creciente inflación y el alza del coste de la vida. Las familias monoparentales, así como la población romaní, la de edad avanzada y la que vivía en zonas rurales, estaban especialmente expuestas a sufrirla. En su segundo Examen Periódico Universal, el CESCR instó a las autoridades a redoblar sus esfuerzos para abordar la pobreza con medidas como hacer transferencias directas de efectivo a las familias y las personas afectadas.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

El número de personas que atravesaban Croacia descendió considerablemente. Varias organizaciones locales denunciaron que, con frecuencia, las personas refugiadas y migrantes interceptadas en la frontera sufrían violencia.

Discriminación

La población romaní seguía sufriendo una exclusión social importante y trabas para acceder a la educación, el empleo, la vivienda y la atención de la salud. En torno al 70% de las familias romaníes vivían en la pobreza extrema y el 46% residía en asentamientos aislados que carecían de los servicios esenciales.

La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) señaló que, en el discurso político, los espacios públicos y la esfera digital, las expresiones de odio contra la población romaní, serbia y LGBTIQ+ eran generalizadas e instó a las autoridades a distanciarse del discurso racista y LGBTIQ+fóbico y a impugnarlo.

La minoría nacional serbia fue objeto de un discurso de odio y una retórica negativa que alentaban la discriminación y repercutían negativamente en la realización de sus derechos. En una serie de incidentes ocurridos en noviembre, grupos de enmascarados que exhibían símbolos fascistas atacaron a personas y actos culturales serbios. La Defensoría del Pueblo calificó los incidentes de “sumamente peligrosos”.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

Pese a los cambios legales positivos que se habían producido en los años anteriores, la población LGBTIQ+ seguía enfrentándose a perjuicios y discriminación. El gobierno no tomó medidas para garantizar la igualdad de las personas LGBTIQ+. El procedimiento de reconocimiento legal de la identidad de género seguía siendo largo y complejo y exigía la opinión médica de sendos especialistas en psiquiatría y psicología, entre otras áreas.

La ECRI instó a las autoridades a aprobar legislación que prohibiera expresamente las prácticas de conversión para modificar la orientación sexual a las que se sometía a las personas LGBTIQ+.

Derecho a un medioambiente saludable

El CESCR señaló que la persistente dependencia de Croacia de los combustibles fósiles y las insuficientes medidas de fomento de las energías renovables no permitían al país cumplir las obligaciones contraídas en virtud del Acuerdo de París, e instó a las autoridades a incrementar la inversión en energías renovables.