Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2026.

Persistía el control del gobierno sobre todos los aspectos de la vida, y la libertad de expresión y circulación estaban estrictamente limitadas. Continuaron las prácticas de vigilancia y se castigó la distribución de medios de comunicación extranjeros. Se mantuvieron las detenciones arbitrarias, los campos para presas y presos políticos y la tortura, así como falta de transparencia en la aplicación de la pena de muerte. Las personas huidas corrían peligro de ser detenidas y sufrir malos tratos en caso de devolución. Se notificaron casos de inseguridad alimentaria, asistencia sanitaria inadecuada y acceso restringido a la educación, mientras las autoridades seguían imponiendo duras restricciones a la ayuda humanitaria internacional. Las personas con discapacidad sufrían discriminación, violencia y abuso sistémicos.

Información general

Bajo el régimen de Kim Jong-un, las autoridades buscaron estrechar los vínculos militares y económicos con Rusia y China, como demostró el apoyo militar a Rusia en la guerra en Ucrania. Aunque se incrementó la visibilidad diplomática de las autoridades norcoreanas —por ejemplo, con su participación en eventos conmemorativos en el extranjero, como el desfile del Día de la Victoria en China—, la población del país seguía aislada, pues tanto la libertad de circulación como la posibilidad de relacionarse de forma independiente con actores e instituciones internacionales continuaban restringidas. Persistían graves necesidades humanitarias, pero en general se negó el acceso a organismos de la ONU y organizaciones humanitarias, en particular a su personal internacional.

Libertad de expresión

Seguía habiendo fuertes restricciones a la libertad de expresión. Las autoridades utilizaban la legislación, la vigilancia y las campañas ideológicas para suprimir cualquier contacto con el mundo exterior. La censura siguió apoyándose en la Ley de Rechazo de Ideologías y Culturas Reaccionarias y la Ley para la Protección del Idioma Cultural de Pyongyang.¹

Prácticamente no existía posibilidad de acceso a la información del exterior: se interferían las emisiones de radio y la población que vivía junto a la frontera con China estaba sometida a un fuerte control policial. Siguieron realizándose inspecciones casa por casa, sin orden judicial ni aviso previo, en busca de teléfonos móviles, dispositivos de almacenamiento y material impreso, con el objetivo de encontrar material “antisocialista”.² Las autoridades continuaron vigilando estrechamente escuelas y universidades. Se confiscaban los dispositivos del alumnado en los que hubiera contenidos de medios de comunicación extranjeros prohibidos —sobre todo de Corea del Sur—, y si se descubría a un alumno o alumna con contenidos extranjeros, se procedía a su expulsión o a su reclusión en un centro de menores. Se ordenó al personal docente que diera conferencias de carácter político en las que el interés por la cultura extranjera se equiparaba a traición. En otros lugares de trabajo, la dirección debía vigilar al personal e informar sobre presuntas violaciones. Continuaba la vigilancia digital, especialmente de jóvenes que trataban de eludir las restricciones.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos informó de que las autoridades habían intensificado la vigilancia de las comunicaciones y la vida cultural de la población y castigaban duramente la distribución de medios de comunicación extranjeros. Las personas acusadas de distribuir películas surcoreanas o extranjeras se enfrentaban a penas graves. Según informes, un hombre fue ejecutado por distribuir música y películas extranjeras. También se castigaba al personal militar descubierto con material extranjero en su poder.

Detención y reclusión arbitrarias

La detención arbitraria seguía siendo un aspecto fundamental del sistema de control de las autoridades. Las personas que huían (tanto de la detención como del país) informaron de leves mejoras en las condiciones de detención y los procedimientos de denuncia, aunque continuaba existiendo temor por las represalias y, en general, las condiciones seguían siendo duras. Se mantuvo recluidas sin juicio ni garantías jurídicas a personas acusadas de delitos políticos, como acceder a medios de comunicación extranjeros o tratar de abandonar el país. A las familias se les negaba información sobre la suerte y el paradero de las personas detenidas, de manera que esas detenciones equivalían a desapariciones forzadas.

Según informes, continuaban en funcionamiento campos de presas y presos políticos. Las personas recluidas en los campos eran sometidas a trabajos forzados, mala alimentación y duros castigos en condiciones que equivalían a trato cruel, inhumano o degradante.

La ONU documentó el uso de tortura y otros malos tratos durante los interrogatorios para conseguir confesiones, incluidas palizas y privación de sueño. Las personas huidas describían “confesiones” forzadas y malos tratos que les habían causado daños físicos y psicológicos persistentes. No se permitía el acceso de observadores independientes a los centros de detención, de modo que no podían comprobarse las condiciones de reclusión.

Pena de muerte

Durante el año hubo informes según los cuales continuaba imponiéndose la pena capital por actos que no cumplían el criterio establecido por el derecho internacional de ser “los crímenes más graves”. Persistía la falta de transparencia de los procedimientos judiciales y, según informes, a las personas acusadas se les negaban las garantías de un juicio justo. Siguieron siendo habituales las ejecuciones públicas. Se obligaba a la población (incluidos menores) a asistir a las ejecuciones, o se les informaba posteriormente sobre ellas en reuniones vecinales de asistencia obligatoria.

Libertad de circulación

Las autoridades mantuvieron duras restricciones sobre la libertad de circulación, tanto dentro como fuera del país. Era necesario un permiso de viaje para desplazarse entre provincias y había puestos de control con fuertes medidas de vigilancia. El refuerzo de los controles fronterizos restringió aún más la movilidad y limitó el acceso de la ayuda humanitaria. Las personas que habían huido a China y después habían sido devueltas se exponían a sufrir detención, tortura y otros malos tratos.

Derechos económicos, sociales y culturales

Según informó UNICEF, en 2025, más de dos millones de niños y niñas se beneficiaron de las campañas de vacunación de febrero y junio, con cobertura total para los nacidos hasta 2024. Se esperaba que los programas de tratamiento de aguas, saneamiento e higiene que apoyaba UNICEF llegaran a 48.000 personas en tres provincias, incluido el suministro de kits de higiene para situaciones de emergencia. Continuó prohibiéndose la entrada al personal internacional, lo cual limitaba la supervisión.

Los servicios de salud seguían careciendo de recursos suficientes. En los hospitales faltaban con frecuencia medicamentos y material básicos y su personal tenía que trabajar con suministros mínimos. A menudo se pedía a las familias que llevaran medicinas y ropa de cama para el paciente.

La inseguridad alimentaria crónica seguía siendo generalizada. Aunque las condiciones meteorológicas de principio de temporada fueron favorables para la siembra, la escasez de fertilizantes, las limitaciones de combustible y la antigüedad de la maquinaria frenaron la producción agrícola, que, además, se vio afectada por las alteraciones climáticas recurrentes. La población de las zonas rurales sufrió grandes privaciones debido al fracaso de la distribución de alimentos por el gobierno, que no permitió que se realizaran tareas de observación independiente. Según UNICEF, entre enero y junio, el número de niños y niñas con desnutrición que habían recibido tratamiento en programas de base comunitaria ascendió a 18.444, de los que 7.728 eran casos graves, aunque las necesidades superaban con creces los recursos disponibles.

El acceso a la educación se vio obstaculizado por la escasez de combustible para calefacción y libros de texto en las escuelas rurales, dos circunstancias que limitaban la asistencia y el aprendizaje.

Derechos de las personas con discapacidad

Las personas con discapacidad seguían enfrentándose a discriminación y barreras de carácter sistémico en el acceso a la educación, la atención médica y el empleo. Continuaban sufriendo una estigmatización generalizada y no existían políticas que garantizaran ajustes razonables.

En su examen periódico, el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad señaló que los niños y las niñas con discapacidad eran excluidos del sistema escolar ordinario y ubicados en entornos segregados y con recursos inadecuados. Su acceso a los servicios de salud, incluidos medicamentos y dispositivos de asistencia, era limitado, sobre todo fuera de la capital, Pyongyang. También eran limitadas sus oportunidades de empleo y no existía legislación contra la discriminación.

Los informes indicaban que las personas con discapacidad psicosocial o intelectual eran sometidas a institucionalización forzada sin consentimiento en condiciones que se caracterizaban por el abandono y la falta de supervisión. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad instó a Corea del Norte a promulgar una legislación integral, garantizar la inclusividad en la educación y la atención médica y prohibir la institucionalización forzada.

1. Oral statement. Item 4. Interactive Dialogue with the Special Rapporteur on the Democratic People’s Republic of Korea. UN Human Rights Council, 58th session, 24 February – 4 April 2025, 19 de marzo ↑
2. Oral statement. Item 4. Enhanced Interactive Dialogue on High Commissioner report on Democratic People’s Republic of Korea. UN Human Rights Council, 60^th session, 8 September – 8 October 2025, 23 de septiembre ↑