Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
Continuaron los ataques mortales de grupos armados contra civiles, incluidos niños y niñas. El derecho a la educación y el derecho a la salud estaban amenazados, y se informó de casos de violencia sexual en el contexto del conflicto. La impunidad por abusos y violaciones graves de derechos humanos seguía siendo generalizada. Las autoridades amenazaban la libertad de prensa.
El presidente Kaboré, reelegido para un segundo mandato a finales de 2020, adoptó una política de diálogo y relación con algunos grupos armados de la región septentrional del país. Sin embargo, el conflicto armado continuó. Tras la matanza de civiles ocurrida en la localidad de Solhan en junio hubo manifestaciones generalizadas que provocaron la destitución del ministro de Defensa. En diciembre, tras un ataque contra un puesto de la gendarmería de Inata que dio lugar a protestas por la situación de seguridad, el gobierno dimitió y se designó un nuevo primer ministro.
La situación humanitaria seguía siendo precaria. El número de personas internamente desplazadas pasó de aproximadamente un millón en enero a 1.368.000 en julio, según el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados.
El conflicto en el norte y el este de Burkina Faso siguió afectando a la población civil, incidiendo en su vida y dificultando sus actividades. Algunos ataques de grupos armados se llevaron a cabo de forma indiscriminada y, por tanto, podrían constituir crímenes de guerra.
La localidad de Mansila (provincia de Yagha) continuó sometida durante todo el año al bloqueo del Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes, lo que dio lugar a desplazamientos masivos y a inseguridad alimentaria entre la población.
En abril, un convoy civil-militar que documentaba la caza furtiva en la reserva de Pama (provincia de Kompienga) sufrió una emboscada de un grupo armado. Según fuentes gubernamentales, perdieron la vida tres periodistas extranjeros y un ciudadano burkinés.
En mayo, un grupo armado mató a 30 personas en un ataque en la localidad de Kodyel (provincia de Komondyari).
En junio, un grupo armado no identificado atacó posiciones de los Voluntarios para la Defensa de la Patria, un cuerpo auxiliar de las fuerzas armadas, a la entrada de Solhan (provincia de Yagha), y luego invadió la localidad y mató indiscriminadamente a residentes. En el ataque murieron al menos 132 personas, otras 40 resultaron heridas y 707 familias se vieron obligadas a desplazarse.1
En agosto, un convoy militar que viajaba entre las localidades de Arbinda y Dori, y que iba acompañado por civiles, sufrió una emboscada de un grupo armado. El ataque causó la muerte de 65 personas, 59 de ellas civiles, según fuentes gubernamentales.
En junio, la ONG Médicos Sin Fronteras informó de un aumento de la violencia sexual en las regiones afectadas por el conflicto.
Los medios de comunicación documentaron presuntos casos de intercambio de sexo por ayuda alimentaria por parte de ONG locales que facilitaban el acceso de personas internamente desplazadas a ayuda humanitaria en Kaya, una ciudad situada en Sanmatenga, la provincia que albergaba el mayor número de personas internamente desplazadas en Burkina Faso.
Decenas de niños y niñas murieron en ataques de grupos armados contra pueblos y ciudades. UNICEF informó de la muerte de al menos 20 de ellos en el ataque contra la localidad de Solhan que tuvo lugar en junio, así como del desplazamiento de otros centenares con sus familias.
Los grupos armados, entre ellos el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes y el Estado Islámico en el Gran Sáhara, siguieron reclutando y utilizando niños y niñas para participar en las hostilidades, lo que vulneraba el derecho internacional humanitario.
Los grupos armados, entre ellos el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes y el Estado Islámico en el Gran Sáhara, siguieron prohibiendo la denominada educación “occidental” en Burkina Faso, en tanto que las amenazas y la violencia seguían disuadiendo al personal docente de permanecer en sus destinos oficiales. En marzo, 323 estudiantes tuvieron que huir de su escuela tras los ataques de grupos armados en la región de Boucle du Mouhoun. Entre el 21 y el 28 de junio, ocho escuelas sufrieron ataques de grupos armados en el departamento de Manni (provincia de Gnagna). Los atacantes robaron materiales escolares y destruyeron bienes.
Desde el comienzo del conflicto se habían cerrado más de 2.682 centros escolares. En mayo, 304.564 estudiantes estaban afectados por estos cierres (148.046 de los cuales eran niñas), junto a 12.480 docentes (4.568 de ellos mujeres). El gobierno, con el apoyo de UNICEF, desarrolló modelos educativos alternativos como la enseñanza a través de la radio, de los que se beneficiaron 647.081 escolares durante el año.
En mayo, el gobierno estableció una nueva unidad militar, las Fuerzas Especiales, cuyo mandato incluía las “operaciones antiterroristas”, entre otros cometidos. Sin embargo, un estatuto aprobado en junio que regulaba su situación jurídica afirmaba que esas fuerzas no podían ser demandadas ante los tribunales por ninguna acción realizada durante sus operaciones. Dicha cláusula de inmunidad violaba el derecho de las víctimas a justicia y reparación.
En julio, el Consejo de Estado francés accedió a la extradición de François Compaoré —hermano del expresidente del país Blaise Compaoré— a Burkina Faso, donde era reclamado por incitación al asesinato en relación con la muerte del periodista de investigación Norbert Zongo en 1998. La decisión fue suspendida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en agosto, en espera del examen de su impugnación presentada por François Compaoré.
En agosto se celebraron ante el Tribunal Superior de Uagadugú los primeros juicios por delitos relacionados con terrorismo. Dos miembros del grupo armado Ansarul Islam fueron condenados a sendas penas de 20 años de prisión por “asociación criminal vinculada a una empresa terrorista”, “posesión ilegal de armas y munición de guerra”, “complicidad en terrorismo” y “destrucción voluntaria de bienes” por el ataque y la destrucción de una escuela de enseñanza primaria en Bafina (provincia de Sanmatenga) en 2018. También fueron condenados a pagar cuatro millones de francos CFA (7.240 dólares estadounidenses) cada uno en concepto de daños y perjuicios.
Al terminar el año no se habían registrado avances dignos de mención en la investigación sobre el homicidio ilegítimo de 50 personas y la desaparición forzada de otras 66, presuntamente a manos del grupo armado Koglweogo, que habían tenido lugar en la localidad de Yirgou (provincia de Sanmatenga) en enero de 2019.
Las autoridades vulneraron la libertad de los medios de comunicación en varias ocasiones y no protegieron a periodistas. En marzo, Ladji Bama, redactor jefe del periódico Courrier confidentiel, fue condenado a pagar dos millones de francos CFA (3.620 dólares estadounidenses) en concepto de daños y perjuicios tras presentar el partido gobernante en Burkina Faso una denuncia contra él por “difamación”. En noviembre de 2020, el automóvil de Ladji Bama había sido incendiado a las afueras de Dori. En una publicación posterior en Facebook, el periodista había acusado al partido gobernante de estar implicado en el ataque, y a continuación había presentado una denuncia por “tentativa de asesinato” contra personas no identificadas. Al terminar el año no se tenía noticia de novedades judiciales a resultas de la denuncia.
Tras el ataque contra la localidad de Solhan en junio, el Consejo Superior de la Comunicación suspendió durante cinco días los programas de radio y televisión del grupo de medios de comunicación Omega por difundir “informaciones erróneas” en relación con el ataque, al afirmar que personas internamente desplazadas de Solhan habían sufrido una emboscada en la carretera de Dori. En una carta, el Consejo también amenazó de suspensión a Radio France Internationale por su información sobre el ataque y la ulterior respuesta del gobierno.
Burkina Faso lanzó una campaña nacional de vacunación contra la COVID-19 en junio, pero no cumplió su objetivo de vacunar al 70% de la población y, en diciembre, la cobertura era de sólo el 1,6%. El acceso a las vacunas en las regiones remotas y los asentamientos de personas internamente desplazadas era limitado a causa del conflicto.
Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, el acceso a la salud en las regiones afectadas por el conflicto se veía obstaculizado por la salida del personal sanitario de esas zonas a causa de la violencia.
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