Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
Muchas personas solicitantes de asilo y migrantes vivían en condiciones inhumanas. Periodistas y medios de comunicación independientes sufrieron ataques de figuras políticas. La violencia por motivos de género aumentó durante la pandemia. La comunidad LGBTI seguía sufriendo discriminación. Se aplazó nuevamente el enjuiciamiento de crímenes de guerra.
Bosnia y Herzegovina sufrió la crisis política más grave de su historia desde el fin de la guerra en 1995. La decisión de tipificar como delito la negación pública del genocidio, adoptada en julio por el alto representante para Bosnia y Herzegovina, provocó boicots generalizados de las instituciones del Estado por los dirigentes de la República Srpska y la intensificación de la retórica nacionalista durante meses. En diciembre, la Asamblea Nacional de la República Srpska aprobó una resolución para iniciar su proceso de retirada de las instituciones oficiales de Bosnia y Herzegovina, lo que podía llevar a la desintegración del Estado y hacer peligrar la paz y la estabilidad.
Cerca de 16.000 personas que intentaban llegar a países de la Unión Europea transitaron por Bosnia y Herzegovina en 2021 y varios miles quedaron atrapadas en el país, principalmente en el cantón de Una-Sana. El número de llegadas disminuyó considerablemente en la segunda mitad del año.
De enero a abril, alrededor de 900 migrantes y solicitantes de asilo vivieron en condiciones inhumanas y sin acceso a comida, agua ni electricidad en el campo provisional de acogida de Lipa, en el cantón de Una-Sana, después de que las autoridades no aceptaran su reubicación en instalaciones más adecuadas en otras zonas del país.1 El vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, criticó a las autoridades por crear una “grave situación humanitaria”.
De mayo a octubre, unas 2.000 personas, entre las que había familias y menores de edad, dormían en precarias condiciones en casas abandonadas, naves industriales y bosques del cantón de Una-Sana, donde en ese momento los centros de acogida eran insuficientes o inaccesibles. En noviembre, con ayuda de la Unión Europea, las autoridades abrieron un nuevo centro de acogida para 1.500 personas en Lipa.
Las autoridades cantonales restringieron la provisión de ayuda humanitaria y asistencia médica a quienes vivían fuera de los centros de acogida, y se hostigó, amenazó e impidió prestar ayuda tanto a particulares como a organizaciones de ayuda humanitaria.2 Continuaron en vigor las medidas que estas autoridades habían adoptado en 2020 respecto a solicitantes de asilo y migrantes, que incluían restricciones ilegales de su libertad de circulación y la prohibición de reunirse en lugares públicos y de usar el transporte público.
El sistema de asilo seguía siendo en gran medida ineficaz debido a las persistentes carencias institucionales y a unas tasas de reconocimiento sumamente bajas: sólo tres personas vieron reconocida su condición de refugiadas en 2021.
Periodistas y medios de comunicación que informaban sobre corrupción, crímenes de guerra y migración continuaron trabajando en un entorno hostil y se enfrentaron a graves amenazas e intimidación, incluso por parte de cargos públicos.
En mayo, Milorad Dodik, presidente rotatorio de Bosnia y Herzegovina, calificó de “colaboracionista probada” y “agente de la inteligencia alemana” a Tanja Topić, una periodista de Banja Luka, a raíz de sus comentarios críticos sobre él y su partido político. Más periodistas, como Borka Rudić, presidenta de la Asociación de Periodistas de Bosnia y Herzegovina, sufrieron una campaña difamatoria en Internet emprendida por personas cercanas al Partido de Acción Democrática. Nidžara Ahmetašević, periodista y activista de los derechos de las personas migrantes, fue detenida y estuvo varias horas bajo custodia policial por presunta “alteración de la paz y el orden públicos” después de haber pedido a dos agentes de policía que se pusieran mascarilla.
En septiembre, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) condenó la “campaña de odio” contra quienes trabajaban para los medios de comunicación, y pidió a las autoridades que investigaran y procesaran sin demora a los responsables.
La Asociación de Periodistas de Bosnia y Herzegovina documentó cerca de 300 demandas por difamación pendientes ante diversos tribunales del país, relacionadas con denuncias contra periodistas —el 80% presentadas por figuras políticas— por daños económicos desproporcionados.
A pesar de que Bosnia y Herzegovina presentaba la tasa de muertes de COVID-19 por millón de habitantes más alta de los Balcanes, las autoridades no tomaron medidas para reservar vacunas una vez que estuvieron disponibles. No se puso en marcha un programa nacional de vacunación hasta abril, cuando el país recibió una modesta cantidad de dosis vacunales a través del mecanismo COVAX y otras donaciones. Las tasas de vacunación eran inferiores al 20% al final del año debido a la reticencia general a la vacunación y a la ausencia de campañas efectivas para combatir la desinformación.
La violencia de género aumentó debido a la COVID-19 y las medidas restrictivas adoptadas hasta mayo, que dificultaban gravemente el acceso de las víctimas a refugios, asistencia jurídica y asesoramiento psicológico.
Apenas hubo avances en la armonización de la legislación nacional con el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), ratificado por Bosnia y Herzegovina en 2013.
En agosto se celebró en Sarajevo el segundo acto del Orgullo de la historia del país. Se adoptaron fuertes medidas de seguridad y no hubo ningún incidente.
La comunidad LGBTI seguía sufriendo discriminación en todos los ámbitos de la vida, entre ellos la educación, el trabajo y la vivienda.
No hubo ningún avance para legalizar las uniones entre personas del mismo sexo.
En septiembre, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura informó de malos tratos físicos y psicológicos generalizados a las personas detenidas bajo la custodia de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en la Federación de Bosnia y Herzegovina, y pidió que se tomaran medidas enérgicas para cambiar la cultura de las fuerzas policiales.
En junio, el Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales, con sede en La Haya, confirmó la sentencia inicial de 2017 y condenó a Ratko Mladić, comandante del Ejército de los Serbios de Bosnia, a cadena perpetua por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.3
Las deficiencias sistémicas de la fiscalía y la falta de disponibilidad de las personas acusadas que habían huido a otros países continuaron retrasando el enjuiciamiento de casos de crímenes de guerra. Al final del año había cerca de 600 casos pendientes ante diversos tribunales de Bosnia y Herzegovina.
En julio, el alto representante para Bosnia y Herzegovina impuso reformas del Código Penal del país para tipificar como delitos punibles con prisión la negación o la glorificación del genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra. Los dirigentes políticos de la República Srpska protestaron iniciando un boicot de las instituciones del Estado.
En septiembre, las autoridades establecieron un grupo de trabajo encargado de elaborar un plan para aplicar la decisión del Comité contra la Tortura de la ONU de 2019, que concluyó que Bosnia y Herzegovina no había proporcionado una reparación adecuada a la víctima de un caso de violación en tiempo de guerra y pidió a las autoridades que garantizaran apoyo inmediato y completo a todas las sobrevivientes de violencia sexual en tiempo de guerra. El plan no se había aprobado al acabar el año.
Más de 7.200 personas continuaban en paradero desconocido a raíz del conflicto armado. La presión política y la falta de recursos siguieron obstaculizando la labor del Instituto de Personas Desaparecidas de Bosnia y Herzegovina.
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