Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024
En la República Srpska se promulgó nueva legislación que amenazaba aún más la libertad de expresión y de reunión pacífica. Miles de personas migrantes continuaban atrapadas en el país. Las personas LGBTI sufrían agresiones físicas y discursos discriminatorios en Internet. El asesinato de una mujer a manos de su pareja emitido en directo en las redes sociales desató protestas en todo el país. Los procesamientos por crímenes de guerra avanzaron con lentitud. La gran dependencia de los combustibles fósiles causó niveles de contaminación alarmantes.
Información general
Bosnia y Herzegovina continuaba sumida en una crisis política. Las autoridades de la República Srpska promulgaron leyes que amenazaban el orden constitucional de Bosnia y Herzegovina; una de ellas suspendía las sentencias del Tribunal Constitucional bosnio en la República Srpska y otra suspendía la publicación de las decisiones del alto representante para Bosnia y Herzegovina en el boletín oficial, lo que impedía su entrada en vigor. La Unión Europea advirtió de que dicha legislación carecía de toda base jurídica y socavaba el proceso de adhesión de Bosnia y Herzegovina.
Libertad de expresión y de asociación
La Asociación de Periodistas de Bosnia y Herzegovina registró un aumento de los ataques contra periodistas, con más de 70 casos en 2023, de los que se investigaron menos de una cuarta parte.
En julio, la Asamblea Nacional de la República Srpska aprobó reformas del Código Penal que tipificaban como delito la difamación y preveían multas de hasta 3.000 marcos convertibles de Bosnia y Herzegovina (unos 1.500 euros). La ONU, el Consejo de Europa y la Unión Europea condenaron esa medida declarando que vulneraba los compromisos internacionales de Bosnia y Herzegovina en materia de derechos humanos. El proyecto Media Freedom Rapid Response dijo que dicha legislación suponía una “amenaza existencial” para el periodismo independiente. En septiembre, la Asociación de Periodistas de Bania Luka presentó una solicitud para impugnar formalmente la ley ante el Tribunal Constitucional de la República Srpska.
En septiembre, la Asamblea Nacional de la República Srpska aprobó en primera lectura la Ley sobre la Inscripción Especial y la Publicidad del Trabajo de las ONG, que establecía un registro de las ONG que recibían fondos del extranjero, las clasificaba como “agentes de influencia extranjera”, incluía amplios requisitos sobre la presentación de informes e imponía sanciones severas en caso de incumplimiento. La comisionada de Derechos Humanos del Consejo de Europa advirtió de que esa ley limitaría aún más los derechos de las ONG y de los defensores y defensoras de los derechos humanos, y la Unión Europea pidió que se derogara.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
Las autoridades registraron la llegada de casi 35.000 personas en 2023, en su mayoría procedentes de Afganistán, Marruecos y Siria. Al concluir el año había más de 2.500 personas refugiadas y migrantes atrapadas en Bosnia y Herzegovina, la mayoría de ellas en el cantón de Una-Sana.
En junio, las autoridades detuvieron la construcción de una unidad de detención financiada por la Unión Europea en el centro de acogida de Lipa, cerca de Bihac, concebida para alojar a personas cuyas solicitudes de asilo hubieran sido rechazadas por un Estado miembro de la Unión Europea. Las autoridades negaron tener conocimiento del plan, y el ministro de Derechos Humanos y Personas Refugiadas de Bosnia y Herzegovina describió la unidad como una “prisión clásica” no adecuada para estar en un centro de acogida que también albergaba a mujeres y menores.
Aunque la velocidad de la tramitación de las solicitudes de asilo mejoró considerablemente, el sistema de asilo seguía siendo en gran medida ineficaz. El planteamiento demasiado restrictivo de la evaluación de las solicitudes dio lugar a que, en noviembre, sólo cuatro personas hubieran obtenido la condición de refugiadas.
Discriminación
En agosto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió en la causa Kovačević v. Bosnia y Herzegovina que el sistema constitucional del país, y en particular las normas electorales, discriminaba a las personas que no se identificaban como pertenecientes a uno de los pueblos constituyentes (bosniaco, croata y serbio) y les negaba su adecuada representación en cargos legislativos y ejecutivos. Bosnia y Herzegovina no había ejecutado cinco sentencias anteriores del Tribunal Europeo de Derechos Humanos según las cuales las disposiciones sobre el ejercicio compartido del poder en el país eran discriminatorias.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)
Una encuesta mundial de Gallup realizada en 123 países situaba a Bosnia y Herzegovina entre los más hostiles del mundo para las personas LGBTI.
En marzo, la policía de la República Srpska prohibió la proyección de una película organizada por grupos LGBTI en Bania Luka alegando que había amenazas de grupos violentos. El equipo organizador, que había buscado refugio en otro lugar, fue atacado por un grupo de hombres. Los y las activistas dijeron que los agentes de policía que se encontraban cerca no les habían brindado protección. La comisionada de Derechos Humanos del Consejo de Europa declaró que las autoridades tenían la obligación de proteger el derecho a la libertad de reunión pacífica de las personas LGBTI.
En otro incidente, las participantes en la manifestación del 8 de marzo en favor de los derechos de las mujeres fueron atacadas física y verbalmente porque una de ellas llevaba una bandera arcoíris. La comisionada de Derechos Humanos del Consejo de Europa condenó esos actos de violencia e instó a la policía a investigar los hechos.
Durante el mes previo a la celebración de la marcha anual del Orgullo en Sarajevo en junio, activistas LGBTI se enfrentaron a discursos discriminatorios generalizados en las redes sociales, incluso por parte de cargos públicos.
Violencia contra mujeres y niñas
En agosto, en los días posteriores al asesinato de una mujer a manos de su pareja, acto que ésta retransmitió en directo en las redes sociales, miles de personas celebraron manifestaciones contra la violencia de género intrafamiliar en todo el país exigiendo la tipificación del feminicidio como delito, penas más duras para la violencia de género en el ámbito familiar y más refugios para las víctimas.
Las autoridades no llevaban un registro oficial de casos de feminicidio.
Derecho a verdad, justicia y reparación
El ritmo de los procesamientos por crímenes de guerra continuó siendo lento. En noviembre, el Consejo de Ministros amplió hasta 2025 el plazo original que finalizaba en diciembre de 2023 para tramitar los restantes casos de crímenes de guerra complejos.
En mayo, el Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales confirmó las sentencias condenatorias iniciales de los ex agentes de la seguridad del Estado de Serbia Jovica Stanišić y Franko Simatović, y aumentó sus penas de prisión de 12 a 15 años por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en 6 municipios de Bosnia y Herzegovina.1 Más de 7.500 personas continuaban en paradero desconocido como consecuencia del conflicto armado.
Derecho a un medioambiente saludable
La gran dependencia de la quema de carbón y madera provocaba unos niveles alarmantemente elevados de contaminación atmosférica, y algunas ciudades del país figuraban entre las más contaminadas del mundo durante los meses de invierno.
Pese a los compromisos adquiridos en virtud de la Declaración de Sofía de 2020 sobre la Agenda Verde para los Balcanes Occidentales, las autoridades avanzaron poco en materia de reducción de las emisiones de carbono.
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