Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
La libertad de expresión seguía gravemente restringida por leyes draconianas. Las autoridades cometieron violaciones graves de los derechos humanos, incluidas desapariciones forzadas, detenciones ilegítimas, torturas y ejecuciones extrajudiciales. Asimismo, impidieron y reprimieron —utilizando a veces fuerza excesiva— protestas pacíficas de partidos políticos de oposición y de estudiantes. La violencia contra las mujeres aumentó durante la pandemia de COVID-19. Los pueblos indígenas sufrieron una merma de recursos debido a la intensificación de la deforestación y la apropiación de tierras. La población refugiada y las minorías religiosas fueron víctimas de ataques violentos.
Bangladesh fue clasificado en séptimo lugar entre los países del mundo que se habían visto más afectados por condiciones climáticas extremas a lo largo de los dos decenios anteriores. Decenas de millones de personas corrían peligro a causa de los devastadores efectos de los frecuentes ciclones e inundaciones, de la erosión y del aumento del nivel del mar, que seguían provocando desplazamientos. Los medios de vida de quienes se dedicaban a la agricultura se veían amenazados a causa de las inundaciones y de los elevados niveles de salinidad, que destruían las cosechas. El periodo de marzo a mayo, previo a la temporada de monzones, estuvo marcado por al menos cuatro fuertes olas de calor. Continuó cambiando el clima en el país, con veranos más calurosos y largos, inviernos más templados y temporadas de monzones más largas, desde febrero hasta octubre. Según las predicciones, antes de 2050, la temperatura media de Bangladesh aumentaría en 1,4 grados centígrados. Las iniciativas de adaptación de la población a estas condiciones no proporcionaban la protección adecuada, y voces expertas advirtieron de que la inversión gubernamental en proyectos relacionados con el cambio climático seguía siendo demasiado escasa. Seguían sin reemplazarse la Estrategia y el Plan de Acción de Bangladesh contra el Cambio Climático, que, tras 10 años en vigor, habían expirado en 2019.
Las autoridades reprimieron con dureza las protestas pacíficas y la disidencia. Las críticas a la respuesta del gobierno a la pandemia de COVID-19 y a otros asuntos dieron lugar a detenciones y malos tratos contra periodistas, caricaturistas, escritores y familiares de quienes las expresaban. La muerte en prisión de un escritor, torturado y recluido durante 10 meses en aplicación de la draconiana Ley de Seguridad Digital de Bangladesh, provocó protestas en todo el país pidiendo la revocación de la norma.
Invocando la Ley de Seguridad Digital, las autoridades encarcelaron a 433 personas, la mayoría de ellas acusadas de publicar “información falsa u ofensiva” conforme a lo dispuesto en su artículo 25.1 La cifra suponía un incremento del 21% de personas recluidas en aplicación de esta ley con respecto al año anterior. A fecha de 11 de julio, la persona que más tiempo llevaba en prisión en virtud de la Ley de Seguridad Digital había ingresado en la cárcel el 24 de diciembre de 2018. Los artículos 25 (publicación de información falsa u ofensiva), 29 (publicación de información difamatoria) y 31 (delito y sanción por alteración del orden público) de la Ley se utilizaban de manera sistemática para atacar y hostigar a las voces disidentes, incluidas las de periodistas, activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos. Esta línea de acción contravenía los compromisos asumidos por Bangladesh en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y era contraria a la propia Constitución del país.
En mayo, las autoridades detuvieron al defensor de los derechos humanos Shahnewaz Chowdhury y lo acusaron de haber intentado “alterar el orden público” por compartir una opinión personal en una publicación de Facebook. Quedó en libertad bajo fianza el 16 de agosto, pero, de ser declarado culpable, podía ser condenado a hasta 10 años de cárcel.
El 17 de mayo, las autoridades detuvieron a la experimentada periodista de investigación Rozina Islam, que fue acusada de robo de documentos confidenciales y espionaje.2 No se presentaron pruebas concretas de ningún delito común reconocible.
El gobierno cerró también sitios web, entre ellos cinco portales de noticias sobre derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas, incluido el portal de noticias online Hill Voice, dedicado a los derechos de los pueblos indígenas de Bangladesh, que se publicaba en Canadá.
En octubre, el Batallón de Acción Rápida de Bangladesh detuvo a Nusrat Shahrin Raka —hermana del periodista exiliado Kanak Sarwar— cuatro días después de que denunciara ante la policía una cuenta falsa de Facebook, creada con sus datos, en la que se criticaba al gobierno. En lugar de investigar la denuncia, las autoridades la detuvieron en aplicación de la Ley de Seguridad Digital y la Ley de Control de Drogas. Su hermano afirmó que la habían atacado en represalia por las críticas que él había vertido contra el gobierno.
En octubre, al menos 40 pandals —estructuras provisionales construidas para la ceremonia religiosa hindú de adoración a la diosa Durga— y 25 casas y propiedades pertenecientes a la comunidad hindú fueron dañadas o incendiadas en el transcurso y después del festival en honor a Durga, el mayor festival hindú del país. Las autoridades presentaron al menos 71 denuncias en todo el país, detuvieron a más de 450 personas y acusaron a 10.000 individuos no identificados en relación con los actos de violencia que estallaron tras haberse denunciado en las redes sociales que en una pandal habían profanado un ejemplar del Corán (libro sagrado del islam). Como mínimo 7 personas perdieron la vida y cientos resultaron heridas en los violentos enfrentamientos que se produjeron en todo el país.
La falta de investigaciones adecuadas sobre casos previos de violencia entre comunidades había creado un clima de impunidad.
Según el grupo local de derechos humanos Ain o Salish Kendra, a lo largo del año murieron 157 personas y 10.833 resultaron heridas en 932 actos de violencia política y enfrentamientos con la policía o entre simpatizantes de los partidos del gobierno y la oposición.
A lo largo del año se detuvo a líderes de la oposición o se evitó por otros medios que celebraran actos de protesta.
El 25 de marzo resultaron heridas al menos 14 personas —entre ellas un periodista— en una manifestación contra la visita del primer ministro indio, Narendra Modi, a Bangladesh.
El 26 de octubre, la policía impidió a simpatizantes y activistas del Partido Nacionalista de Bangladesh —principal partido de la oposición— realizar una “concentración por la paz” para protestar contra la violencia entre comunidades en el país. La policía adujo que el partido carecía de permiso para llevar a cabo la concentración; sin embargo, el mismo hecho de tener que pedir permiso contravenía el derecho de reunión pacífica. Durante los enfrentamientos con la policía fueron detenidos, como mínimo, 44 miembros y simpatizantes del partido.
El 10 de marzo, el caricaturista político Ahmed Kabir Kishore presentó una denuncia ante el Tribunal Penal Metropolitano de Dacca (capital del país), en aplicación de la Ley de Prevención de la Tortura y las Muertes bajo Custodia de 2013, acusando a organismos de seguridad del Estado de haberlo torturado bajo custodia.3 El periodista había sido detenido en mayo de 2020 junto al escritor Mushtaq Ahmed, en aplicación de la Ley de Seguridad Digital, por haber publicado en Facebook caricaturas y comentarios satíricos que criticaban la respuesta del gobierno a la pandemia de COVID-19. Mushtaq Ahmed murió tras pasar 10 meses en la cárcel sin juicio. El comité de investigación del gobierno concluyó que había muerto por causas naturales. Le habían denegado en al menos seis ocasiones la libertad bajo fianza. Ahmed Kabir Kishore explicó a Amnistía Internacional que al menos tres días antes de la fecha que aparecía en el registro oficial de su detención había sido sometido a desaparición forzada en su residencia, en Dacca. Además, añadió que tanto él como Mushtaq Ahmed habían sido torturados por agentes de seguridad del Estado mientras se encontraban bajo custodia. El caricaturista había perdido la audición en el oído derecho y necesitaba utilizar audífono.
Según el grupo de derechos humanos Ain o Salish Kendra, al menos 80 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente a lo largo del año. Al parecer, 73 habían muerto en “tiroteos” o “fuego cruzado”, y las siete restantes, tras haber sido torturadas. Odhikar, otra organización local de derechos humanos, comunicó que durante los 9 primeros meses del año 18 personas habían sido presuntamente sometidas a desaparición forzada.
Aunque los medios de comunicación informaron de cientos de denuncias de desaparición forzada, el gobierno continuó negándolas y, en algunos casos, justificó las ejecuciones extrajudiciales como actos de las fuerzas de seguridad “en defensa propia”.
La policía atribuyó con frecuencia la muerte de sospechosos a “peleas con arma de fuego”, “tiroteos” o “fuego cruzado”. En numerosos casos, el hecho de que estas personas murieran tras haber quedado bajo custodia policial hizo sospechar que habían sido ejecutadas extrajudicialmente por las autoridades. El 13 de noviembre, el viceministro estatal de Industria Kamal Ahmed Majumder declaró ante estudiantes de enseñanza secundaria: “Estoy a favor del fuego cruzado, porque cientos de miles de personas pasan noches y noches sin dormir por culpa de los delincuentes. Esos criminales no tienen derecho a la vida”. Sus palabras sugerían que las autoridades utilizaban el término “fuego cruzado” para referirse a ejecuciones extrajudiciales, y no a respuestas en defensa propia.
A lo largo del año y según informes, al menos 1.321 mujeres fueron violadas, aunque probablemente la cifra real fuera superior. Los informes indicaban un aumento en el número de casos de acoso sexual y violencia contra mujeres con respecto a años anteriores. Según el grupo de derechos humanos Ain o Salish Kendra, 224 mujeres fueron asesinadas por sus esposos, y a ello se sumaban otros actos de violencia, tales como agresiones físicas a manos de sus parejas o familiares varones. El apartado 155.4 de la Ley sobre Pruebas de 1872 permitía a la defensa cuestionar la personalidad de las mujeres que denunciaban casos de violencia sexual. Durante el año no se atendieron las reivindicaciones de activistas en favor de los derechos, que pedían reformas en la legislación y el sistema judicial.
El 28 de octubre, el secretario del Gabinete, Khandker Anwarul Islam, anunció que la población que vivía en los bosques iba a ser trasladada a otros lugares con el fin de mantener los bosques “intactos”. Activistas en favor de los derechos de los pueblos indígenas expresaron preocupación ante el peligro de que esa decisión implicara el desalojo forzoso de los pueblos indígenas. Algunas comunidades indígenas llevaban siglos viviendo en el bosque, y grupos indígenas denunciaron constantes violaciones de sus derechos, incluidas apropiaciones de tierras y actos de deforestación. El 30 de mayo, agentes no estatales talaron un millar de árboles de betel pertenecientes a 48 familias indígenas khasis del caserío (punji) de Agar en el distrito de Moulvibazar. Los árboles habían sido la fuente principal de sustento de la comunidad. El problema de la escasez de agua entre los pueblos de las colinas se vio agravado por la constante deforestación y la retirada de piedras y arena de las masas de agua de superficie en los distritos de Rangamati, Khagrachhari y Bandarban, pertenecientes a la región de Chittagong Hill Tracts.
Durante el primer trimestre del año aumentó la violencia en los campos de refugiados de Cox’s Bazar, y hubo incendios que causaron daños en sus viviendas. En los incendios perdieron la vida al menos 15 personas, mientras que cientos resultaron heridas y miles se vieron obligadas a desplazarse. El 29 de septiembre, hombres armados mataron a tiros a Mohib Ullah, destacado líder rohinyá de la sociedad civil, en el campo de Kutupalong.4En el campo de Balukhali, grupos violentos mataron al menos a siete personas más el 22 de octubre. Algunos refugiados rohinyás afirmaron sentirse inseguros en los campos, tras haber recibido amenazas de muerte por teléfono. La población refugiada refirió cómo grupos armados que dirigían cárteles de droga y practicaban la extorsión perpetraban homicidios en su lucha por hacerse con el control de los campos.
Bangladesh reubicó a más de 19.000 personas refugiadas rohinyás en Bhashan Char —remota isla de la bahía de Bengala— pese a la preocupación que suscitaban las condiciones de ese lugar, y no permitió abandonar la isla a las que tenían amistades y familiares en campos del territorio continental. Los medios de comunicación informaron de la detención o reclusión de más de 200 personas refugiadas por haber “escapado” de la isla, que seguía sin ser accesible a periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y personal de ayuda humanitaria, salvo que solicitaran permiso con anterioridad. El 9 de octubre, el gobierno bangladeshí y la ONU firmaron un memorándum de entendimiento por el que se establecía un marco común de protección y política para dar una respuesta humanitaria a la situación de la población refugiada rohinyá. Aunque el memorándum allanaba el camino para que estas personas pudieran acceder a servicios como la educación y ejercer su derecho a la reubicación voluntaria, continuaba restringiendo la libertad de circulación.
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