Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023
Las autoridades persiguieron a personas por ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión y de asociación. El Tribunal Penal Especializado impuso largas penas de prisión a varias personas por expresarse o asociarse pacíficamente, o por constituir organizaciones comunitarias, tras juicios manifiestamente injustos. Varios defensores y defensoras de los derechos humanos sufrieron hostigamiento en prisión y fueron sometidos a prohibiciones arbitrarias de viajar tras ser puestos en libertad condicional. Los tribunales aplicaron la pena de muerte tras juicios manifiestamente injustos, incluso en casos de personas que eran menores de edad en el momento de cometerse el presunto delito, y se llevaron a cabo ejecuciones por una gran variedad de delitos. Miles de personas fueron sometidas a desalojos forzosos en la ciudad costera de Yeda. Los trabajadores y trabajadoras migrantes continuaban sufriendo abusos y explotación bajo el sistema de patrocinio, y miles de personas fueron detenidas arbitrariamente en condiciones inhumanas, sometidas a tortura y otros malos tratos y devueltas a su país de origen en el marco de la represión ejercida contra las personas migrantes indocumentadas en todo el país. Entró en vigor la primera ley sobre la condición jurídica de la persona, que codificaba la tutela masculina y la discriminación de las mujeres.
Información general
El 27 de septiembre, el rey Salman nombró al príncipe heredero Mohammed bin Salman primer ministro, cargo que antes ocupaba el rey, haciendo una excepción con respecto a la Ley Fundamental de Gobernanza.
En marzo, destacados miembros del Parlamento Europeo emitieron una declaración sobre la situación de los derechos humanos en Arabia Saudí, en la que condenaban la ejecución colectiva llevada a cabo el 12 de marzo en el país e instaban a sus autoridades a establecer una moratoria inmediata de las ejecuciones.
En julio, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitó Arabia Saudí. Ese mismo mes, Arabia Saudí publicó el Comunicado de Yeda, donde se describía la asociación estratégica entre ambos países, que no incluía ningún compromiso en materia de derechos humanos.
El 6 de noviembre, Arabia Saudí y la Unión Europea mantuvieron en la capital, Riad, su segundo diálogo sobre derechos humanos. La Unión Europea planteó su preocupación por el fuerte incremento de las ejecuciones y por cuestiones relativas a la libertad de reunión y de asociación y al uso de la prohibición de viajar.
La coalición dirigida por Arabia Saudí en el largo conflicto armado de Yemen siguió implicada en crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional (véase el apartado sobre Yemen).
El Tribunal Penal Especializado declaró culpables y condenó al menos a 15 personas, tanto saudíes como extranjeras, a penas de entre 15 y 45 años de prisión, tras juicios manifiestamente injustos, por ejercer su derecho a la libertad de expresión o asociación pacífica, por ejemplo, publicando contenido pacífico en Twitter. El Tribunal Penal Especializado condenó al menos a 2 mujeres que defendían los derechos de las mujeres a penas de prisión excepcionalmente largas.
Además, el Tribunal Penal Especializado y otros tribunales siguieron imponiendo condiciones restrictivas —como prohibiciones de viajar o el cierre de sus cuentas en las redes sociales— a personas excarceladas durante el año tras haber cumplido su condena.
El 9 de agosto, en una vista de apelación, el Tribunal Penal Especializado condenó a Salma al Shehab, estudiante de doctorado y activista, a 34 años de prisión, seguidos de la prohibición de viajar durante 34 años más, por sus escritos y su actividad pacífica en Twitter en apoyo de los derechos de las mujeres en Arabia Saudí. La fiscalía pidió un castigo más severo después de que Salma fuera condenada inicialmente a 6 años de prisión. El endurecimiento de la condena se basó en la discrecionalidad del juez para castigarla por “alterar el orden púbico, desestabilizar la seguridad y socavar la estabilidad del Estado” mediante la publicación de tuits, invocando los artículos 34, 38, 43 y 44 de la ley antiterrorista y el artículo 6 de la ley de delitos informáticos.1
Tras un juicio manifiestamente injusto, el 11 de octubre el Tribunal Penal Especializado condenó a 10 egipcios de etnia nubia a penas de entre 10 y 18 años de prisión por organizar un acto conmemorativo pacífico.2 Estos hombres llevaban más de 2 años detenidos arbitrariamente en espera de juicio.
Las organizaciones de derechos humanos siguieron prohibidas en virtud de la Ley de Asociaciones. Continuaron las detenciones arbitrarias, el hostigamiento durante la detención y las prohibiciones arbitrarias de viajar que restringían la libertad de circulación de activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos. Decenas de personas continuaron cumpliendo penas de prisión por su labor en favor de los derechos humanos.
En marzo, Raif Badawi, bloguero y activista, fue puesto en libertad condicional tras cumplir 10 años de prisión por crear un foro de debate público online por el que fue acusado de insultar al islam. Su condena incluía una prohibición de viajar de 10 años que empezó a aplicarse tras la excarcelación.3
A Mohammad al Qahtani, defensor de los derechos humanos y miembro fundador de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos, le negaron el contacto familiar desde octubre hasta terminar el año. En mayo había sido agredido por otro preso recluido con él en el mismo pabellón de la prisión y que tenía problemas de salud mental.
Las autoridades condenaron a muerte y ejecutaron, tras juicios manifiestamente injustos, a personas que habían sido declaradas culpables de asesinato, robo, violación, contrabando de drogas y delitos relacionados con el terrorismo. En febrero, la Comisión de Derechos Humanos de Arabia Saudí comunicó a Amnistía Internacional que el país ya no llevaba a cabo ejecuciones “por delitos cometidos por menores de edad” y que había conmutado todas las condenas de ese tipo que estaban pendientes. Sin embargo, de junio a octubre, el Tribunal Penal Especializado y otro tribunal penal ratificaron las condenas a muerte de tres jóvenes que eran menores de 18 años en el momento de cometerse los delitos punibles con la pena capital.4
En la mayor ejecución colectiva en decenios, 81 hombres —saudís y extranjeros— fueron ejecutados el 12 de marzo. Según el Ministerio del Interior, los ejecutados habían sido condenados por una diversidad de cargos, entre ellos delitos relacionados con el terrorismo, asesinato, robo a mano armada y contrabando de armas. Algunos de los ejecutados también habían sido declarados culpables de “desestabilizar el tejido social y la cohesión nacional” y de “promover y participar en sentadas y protestas”, cargos que incluían actos amparados por el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. De los ejecutados, 41 pertenecían a la minoría chií de Arabia Saudí.5
En noviembre, las autoridades ejecutaron a 20 personas por delitos de drogas; se trataba de las primeras ejecuciones de este tipo llevadas a cabo desde que la Comisión de Derechos Humanos de Arabia Saudí anunciara la suspensión de la aplicación de la pena de muerte por delitos de drogas en enero de 2021.
En abril, el Tribunal Supremo confirmó las condenas a muerte impuestas a dos chiíes de Bahréin por “terrorismo” y cargos relacionados con protestas. Los dos habían sido detenidos el 8 de mayo de 2015 y habían permanecido recluidos incomunicados y en régimen de aislamiento durante tres meses y medio. En octubre de 2021, el Tribunal Penal Especializado los había condenado a muerte tras un juicio manifiestamente injusto. Si el rey ratificara sus condenas, correrían peligro de ejecución inminente.6
En marzo, Abdullah al Huwaiti, detenido cuando tenía 14 años, fue condenado de nuevo a muerte por el tribunal penal de la ciudad de Tabuk, después de que el Tribunal Supremo anulara en noviembre de 2021 una condena a muerte dictada anteriormente contra él en octubre de 2019. En junio, un tribunal de apelaciones de Tabuk ratificó la condena a muerte. Durante su reclusión, Abdullah al Huwaiti estuvo en régimen de aislamiento, vio negado el acceso a asistencia letrada y fue obligado a “confesar” bajo coacción. Había sido juzgado por robo a mano armada y asesinato de un agente de seguridad.7
De enero a octubre, las autoridades sometieron a desalojos forzosos a miles de personas en Yeda, muchas de ellas de nacionalidad extranjera, en el marco de un plan de desalojo y demolición a gran escala para urbanizar la ciudad. Un medio de comunicación afín al Estado anunció el 31 de enero un plan de indemnizaciones para la población afectada de nacionalidad saudí, del que quedaba excluida la población extranjera, que representaba el 47% del total. Se avisó a las personas afectadas con una antelación de entre un día y seis semanas. Pese a que los planes del proyecto se habían ultimado casi tres años antes, las autoridades no consultaron debidamente a la población, no la avisaron con suficiente antelación, no anunciaron el importe de la indemnización ni se la pagaron antes de las demoliciones.8
En julio, en el marco de una reforma limitada del sistema de patrocinio denominado kafala, el Ministerio de Recursos Humanos y Desarrollo Social anunció dos nuevas condiciones que permitía cambiar de empleo al personal del sector doméstico sin el permiso del empleador para el que trabajaban: la rescisión del contrato por el empleado o empleada durante el periodo de prueba, y la evidencia de que sus servicios ya habían sido transferidos a otra entidad empleadora sin el conocimiento ni el consentimiento de la entidad anterior. Sin embargo, las nuevas condiciones no protegían a las personas migrantes empleadas en el sector doméstico de otros abusos a los que seguían enfrentándose, como abusos verbales y físicos, confiscación del pasaporte y pago irregular o impago de salarios.
Los trabajadores y trabajadoras domésticos migrantes seguían sin gozar de la protección que brindaba la legislación laboral del país.
Las autoridades continuaron reprimiendo, mediante detenciones arbitrarias, a personas acusadas de infringir la normativa sobre residencia, fronteras y trabajo, y sometieron a devolución a decenas de miles de personas migrantes etíopes basándose únicamente en su condición de inmigrantes irregulares (véase infra, “Tortura y otros malos tratos”).
Según el Ministerio del Interior, entre enero y noviembre fueron devueltas a su país de origen al menos 479.000 personas extranjeras de las 678.000 detenidas por infringir la normativa sobre “seguridad laboral, de residencia y de fronteras”. Durante ese mismo periodo, 14.511 personas extranjeras, en su mayoría procedentes de Etiopía y Yemen, fueron arrestadas por cruzar la frontera de Yemen a Arabia Saudí de forma irregular.
Las autoridades saudíes detuvieron arbitrariamente a hombres, mujeres, niños y niñas etíopes, a quienes recluyeron hasta 18 meses en condiciones inhumanas, sometiéndolos a torturas y otros malos tratos antes de devolverlos a Etiopía, principalmente entre abril y mayo, exclusivamente por su condición de inmigrantes irregulares. Antes de su expulsión, estas personas estuvieron recluidas en celdas masificadas con acceso inadecuado a alimentos, agua, servicios de saneamiento y atención médica en dos centros de detención. Al menos 12 hombres murieron.9
En marzo, el Consejo de Ministros aprobó una nueva ley sobre la condición jurídica de la persona que entró en vigor en junio. La ley, que no estaba codificada anteriormente, permitía la discriminación de las mujeres, por ejemplo mediante la tutela masculina. En virtud de ella sólo los hombres podían ser tutores legales; las mujeres debían tener el permiso de un tutor varón para casarse y, una vez casadas, estaban obligadas a obedecer a su marido. Además, en caso de separación, la ley no otorgaba a hombres y mujeres los mismos derechos en relación con los hijos e hijas. Aunque a la madre se le otorgaba automáticamente la custodia, el padre era designado tutor legal del hijo o hija sin tener debidamente en cuenta el interés superior del menor.10
El gobierno aún no había anunciado una nueva contribución determinada a nivel nacional.
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