Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
Continuaron las restricciones del derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión. El Tribunal Penal Especializado impuso duras penas de prisión a personas por su trabajo de derechos humanos y por expresar opiniones disidentes. Entre las personas detenidas arbitrariamente, enjuiciadas o condenadas había defensores y defensoras de los derechos humanos, personas críticas con el gobierno y otras que realizaban activismo político. A las defensoras de los derechos humanos que salían de prisión en libertad condicional se les imponía la prohibición judicial de viajar. Los tribunales recurrieron ampliamente a la pena de muerte, y hubo ejecuciones por una gran variedad de delitos. Los trabajadores y trabajadoras migrantes seguían siendo vulnerables a los abusos y la explotación en virtud del sistema de patrocino laboral del país, y miles de ellos fueron recluidos arbitrariamente y posteriormente deportados. Las autoridades penitenciarias violaron el derecho a la salud de defensores y defensoras de los derechos humanos y otras personas encarceladas tras juicios manifiestamente injustos.
En enero, el ministro de Asuntos Exteriores anunció el fin de la crisis que había enfrentado a Arabia Saudí, Bahréin y otros Estados contra Qatar desde 2017, así como el restablecimiento de los lazos comerciales con este país.
En julio, el Parlamento Europeo condenó con firmeza el recurso a la pena de muerte en las causas de personas condenadas por delitos cometidos cuando eran menores de edad y pidió la libertad inmediata y sin condiciones de los defensores y defensoras de los derechos humanos. El 27 de septiembre, Arabia Saudí y la Unión Europea celebraron en Bruselas (Bélgica) su primer diálogo sobre derechos humanos. La Unión Europea expresó preocupación por la libertad de expresión en Arabia Saudí y expuso los casos de varias personas saudíes defensoras de los derechos humanos.
La coalición dirigida por Arabia Saudí en el largo conflicto armado de Yemen siguió estando implicada en crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional (véase el apartado sobre Yemen).
Tras interrumpir brevemente los juicios de defensores y defensoras de los derechos humanos y disidentes durante la presidencia de Arabia Saudí de la cumbre del G20 en noviembre de 2020, las autoridades reanudaron los juicios punitivos, especialmente ante el Tribunal Penal Especializado, de cualquier persona que expresase opiniones críticas hacia el gobierno o contrarias a las de éste sobre la situación socioeconómica o política del país. El Tribunal Penal Especializado dictó duras condenas de prisión contra varios hombres por su trabajo de derechos humanos y la expresión de opiniones disidentes en medios como Twitter. También impuso condiciones restrictivas —como prohibiciones de viajar o el cierre de cuentas de las redes sociales— a personas que ya habían quedado en libertad tras haber cumplido su condena.
En marzo, el Tribunal Penal Especializado aumentó en 3 años la pena de 14 años de prisión que cumplía Mohammad al Otaibi, miembro fundador de la Unión por los Derechos Humanos (una organización independiente de derechos humanos). Su condena se basaba únicamente en su trabajo en el ámbito de estos derechos, incluida la creación de una organización para su defensa.
En abril, el Tribunal Penal Especializado condenó a Abdulrahman al Sadhan —un trabajador de la Media Luna Roja de Arabia Saudí en Riad, la capital del país— a 20 años de prisión, seguidos de la prohibición de viajar durante un periodo de la misma duración. Las pruebas presentadas contra él eran unos tuits satíricos y críticos sobre las políticas económicas del gobierno y su forma de gobernar por los que fue acusado, entre otros cargos, de “preparar, almacenar y enviar [material] con fines que podrían perjudicar el orden público y los valores religiosos” y “ofender a las instituciones del Estado y los funcionarios públicos a través de la difusión de falsos rumores sobre ellos”.
Continuaron las detenciones arbitrarias de defensores y defensoras de los derechos humanos, su procesamiento en juicios manifiestamente injustos y su silenciamiento una vez quedaban en libertad condicional.
En febrero, la prominente defensora de los derechos de las mujeres Loujain al Hathloul quedó en libertad condicional tras cumplir su pena de prisión.1 En junio, las defensoras de los derechos humanos y los derechos de las mujeres Nassima al Sada y Samar Badawi también quedaron en libertad condicional. Entre las condiciones que se les impusieron judicialmente figuraban la prohibición viajar, hablar en público, reanudar su labor de derechos humanos y utilizar las redes sociales, lo que vulneraba sus derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica en el país, así como su derecho a la libertad de circulación fuera de éste.
Entre enero y julio, el Tribunal Penal Especializado condenó injustamente a 5 personas defensoras de los derechos humanos a penas de entre 6 y 20 años de prisión. Algunas de ellas acababan de cumplir prolongadas penas de prisión impuestas en causas judiciales anteriores por cargos similares, también relacionados con el ejercicio pacífico de los derechos humanos.2 Por ejemplo, en abril, el Tribunal Penal Especializado condenó a Mohammad al Rabiah —defensor de los derechos humanos, escritor y destacado defensor de los derechos de las mujeres— a 6 años de cárcel, seguidos de la prohibición de viajar durante otros 6, cuando ya había cumplido casi 3 años de cárcel tras su detención en mayo de 2018 en el marco de la oleada de represión contra quienes defendían los derechos de las mujeres.
En enero, las autoridades anunciaron reformas de calado en relación con la pena de muerte, incluida la suspensión de las ejecuciones por delitos de drogas, pero no tomaron medidas formales para modificar la Ley de Control de Drogas ni aclararon cómo se aplicaría la suspensión.
En febrero se produjo un avance positivo en las causas de Ali al Nimr, Abdullah al Zaher y Dawood al Marhoun, 3 jóvenes detenidos cuando eran menores de edad, y el Tribunal Penal Especializado conmutó sus condenas a muerte por sendas penas de 10 años de prisión en las que se incluía el tiempo ya cumplido.3 La nueva determinación de la pena se produjo después de que, en agosto de 2020, la Fiscalía General ordenase la revisión de sus condenas a muerte. Ali al Nimr y Abdullah al Zaher quedaron en libertad en octubre y noviembre, respectivamente, tras cumplir la pena de 10 años.
La magistratura reanudó la imposición discrecional (tazir) de la pena de muerte a personas declaradas culpables de delitos para los que la sharia (ley islámica) no la prescribía. El 15 de junio, las autoridades ejecutaron a Mustafa al Darwish, un joven saudí de la minoría chií que había sido declarado culpable de cargos relacionados con su presunta participación en unas protestas violentas contra el gobierno.4
En marzo, el Ministerio de Trabajo realizó reformas limitadas a su sistema de patrocinio laboral (kafala) que en ciertas condiciones suavizaban las restricciones impuestas a algunos trabajadores y trabajadoras migrantes para cambiar de empleo sin el permiso de la entidad empleadora. Esas condiciones incluían el impago del salario durante tres meses consecutivos, el vencimiento del permiso de trabajo y la ausencia de la entidad empleadora en dos vistas del litigio en caso de disputa laboral. Las reformas facultaban también a los trabajadores y trabajadoras migrantes para solicitar un permiso de salida sin la autorización de su entidad empleadora, pero no abolían el permiso. En estas condiciones, la población trabajadora migrante seguía estando vinculada a las entidades empleadoras, que mantenían un control considerable sobre sus derechos y su libertad de circulación. Los trabajadores y trabajadoras domésticos migrantes seguían sin gozar de la protección que brindaba la legislación laboral del país.
A lo largo del año, las autoridades continuaron reprimiendo mediante detenciones arbitrarias en masa a personas migrantes acusadas de infringir normativa y legislación en materia de trabajo, residencia y seguridad fronteriza. El Ministerio del Interior anunció que, sólo entre noviembre y diciembre, se había detenido al menos a 117.000 hombres y mujeres por vulnerar estas normas, y que más de 2.400 personas —la mayoría migrantes etíopes y yemeníes— habían sido detenidas por cruzar la frontera de Arabia Saudí sin un visado válido. Posteriormente se deportó a cerca de 73.000 hombres y mujeres a su país de origen.
En abril, Amnistía Internacional documentó la reclusión de hasta 18 meses de al menos 41 srilankesas (todas ellas trabajadoras domésticas migrantes) en el Centro de Detención y Deportación Salida 18 de Riad, en espera de ser repatriadas. Muchas de ellas habían sido detenidas a causa de su condición migratoria en virtud del sistema de kafala por motivos tales como el vencimiento del permiso de trabajo, la negativa de la entidad empleadora a procurar un permiso de salida o su inacción para procurarlo, y el intento de huir de una entidad empleadora abusiva para retornar a su país sin permiso de salida. A raíz de la atención nacional e internacional recibida, todas fueron repatriadas antes de finalizar mayo.5
En julio, un medio informativo afín al Estado anunció que Qiwa, la plataforma gestionada por el Ministerio de Recursos Humanos, había establecido una cuota máxima para la contratación de personas de nacionalidad india, bangladeshí, yemení y etíope. Aunque la decisión recogía que la cuota sólo era aplicable al personal de nueva contratación o al que cambiase su permiso de trabajo a una entidad nueva, Reuters y Human Rights Watch denunciaron que, en la práctica, las autoridades saudíes habían rescindido efectivamente los contratos de decenas de yemeníes que ya trabajaban en instituciones del país o habían paralizado su renovación.
El 8 de febrero, el príncipe heredero Mohammad bin Salmán anunció, a través de la agencia de prensa oficial de Arabia Saudí, cambios legislativos de calado que incluían una nueva ley sobre la condición jurídica de la persona. Las autoridades no hicieron nuevos anuncios relativos a esta reforma legislativa, y no estaba claro cuándo iba a entrar en vigor la nueva ley. Las mujeres continuaban estando gravemente discriminadas en relación con el matrimonio, el divorcio, la herencia y la custodia de los hijos e hijas.
En mayo, un medio de comunicación afín al Estado informó de que la Asamblea Consultiva había reanudado el debate para reformar la Ley de Nacionalidad a fin de conceder la residencia permanente, sin necesidad de pagar ninguna tasa ni de realizar largos trámites, a los hijos e hijas de mujeres saudíes casadas con extranjeros.
Según el Ministerio de Salud, en septiembre ya se habían administrado al menos 42 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19. Según Reuters, suponiendo que cada persona hubiera recibido 2 dosis, la cifra representaba aproximadamente al 61% de la población del país.
Un medio de comunicación afín al Estado informó de que en abril ya se había vacunado contra la COVID-19 al 68% de las personas recluidas en las prisiones de los servicios de seguridad del Estado, y que había dado comienzo la vacunación del resto de la población penitenciaria que había accedido a recibirla. Las autoridades penitenciarias aislaban en celdas individuales a los presos y presas que daban positivo en la prueba de COVID-19. No obstante, también les negaban el contacto con sus familias durante el periodo de aislamiento. Mohammad al Qahtani, un defensor de los derechos humanos y miembro fundador de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos, fue recluido en régimen de incomunicación y privado de hablar con su familia durante 14 días después de dar positivo en la prueba de COVID-19 en abril.6
Se seguía encarcelando sin proporcionar la atención ni el tratamiento médico adecuados a personas que necesitaban asistencia médica urgente.
Mohammad al Khudari —un cirujano retirado, político y escritor palestino de 83 años cuya salud se deterioraba en prisión— fue privado del tratamiento médico adecuado para sus múltiples problemas de salud, incluidos cáncer, incontinencia, hernias discales, fragilidad ósea y debilidad general. El Tribunal Penal Especializado lo condenó el 8 de agosto a 15 años de prisión (con una suspensión de la mitad de la pena en razón de su edad) en un juicio colectivo que incluyó a su hijo. La condena se redujo a 6 años de prisión (con una suspensión de 3 años) en una sesión de apelación celebrada el 28 de diciembre. El juicio estuvo plagado de graves violaciones del debido proceso.7
El clérigo Salman Alodah permanecía recluido en régimen de aislamiento desde su arresto en septiembre de 2017. Según su hijo, su salud se había deteriorado bajo custodia y debido a ello había perdido parcialmente la vista y el oído. Salman Alodah, que se enfrentaba a cargos punibles con la muerte, había comparecido en más 10 sesiones de su juicio —3 de ellas sólo en 2021— desde que éste se iniciara en agosto de 2018. Todas fueron aplazadas durante meses sin que se diera ninguna explicación clara al respecto, lo que tuvo un enorme coste mental y emocional para él y sus seres queridos.
En octubre, el clérigo Musa al Qarni fue atacado y asesinado por otro preso en su celda de la prisión de Dhahban, cerca de Yeda. Según algunas fuentes, tenía el rostro, el cráneo y las costillas aplastados y fracturados, y una hemorragia cerebral. Las autoridades no investigaron su muerte.8
En julio, la investigación del Proyecto Pegasus reveló la filtración de 50.000 números de teléfono de posibles objetivos de vigilancia del software espía Pegasus de la empresa NSO Group en todo el mundo, entre los que había periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y familiares de disidentes saudíes. Las pruebas periciales aportadas por Amnistía Internacional confirmaron que, antes y después del asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi en Turquía el 2 de octubre de 2018 a manos de agentes saudíes, y pese a que NSO Group lo hubiera negado en repetidas ocasiones, algunos miembros de su familia habían sido atacados con el software Pegasus. El software espía se había instalado en el teléfono de Hatice Cengiz, la prometida de Khashoggi, cuatro días después del asesinato de éste. La esposa del periodista, Hanan Elatr, había recibido reiterados ataques con este software entre septiembre de 2017 y abril de 2018, y su hijo Abdullah también había sido seleccionado como potencial objetivo.9
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