Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2026.

Persistió el ataque a los derechos de los pueblos indígenas. Hubo propuestas legislativas que amenazaban con limitar significativamente la libertad de expresión, reunión y asociación. El Parlamento inició una investigación sobre el daño que provocaba el uso de Internet en las personas jóvenes. Las políticas gubernamentales fueron insuficientes para cumplir los objetivos en materia de emisiones. Las políticas de inmigración no abordaron adecuadamente las necesidades de comunidades desplazadas por el cambio climático en el Pacífico y empeoró el disfrute del derecho a la vivienda.

Derechos de los pueblos indígenas

Continuaron los graves ataques contra los derechos de la población maorí. En octubre, el gobierno aprobó la Ley de 2025 de Enmienda de la Ley de Áreas Marinas y Costeras (Takutai Moana) (Título Marino Consuetudinario), que imponía criterios mucho más restrictivos para que la población maorí viera reconocidos sus derechos consuetudinarios sobre la zona intermareal y los fondos marinos. Los títulos marinos consuetudinarios reconocen la relación entre las comunidades maoríes y partes del área marina y costera común. Proporcionan ciertos derechos, como el de decidir sobre el uso de los recursos marinos de esa zona. Estos cambios del marco legislativo generaron gran preocupación por el menoscabo de los derechos sobre la tierra y consuetudinarios maoríes y la perspectiva de que se incrementaran los proyectos mineros y extractivos en los fondos marinos.

Libertad de expresión, de asociación y de reunión

Se presentaron propuestas que podían restringir significativamente el derecho de reunión pacífica. En febrero, la Autoridad Independiente para la Conducta de la Policía publicó un informe en el que se recomendaba adoptar nueva legislación que aumentaría las competencias policiales en las manifestaciones. Esto podía suponer que organizar una manifestación entrañara un costo de miles de dólares neozelandeses, que la capacidad de celebrar protestas espontáneas se viera limitada y que se introdujeran nuevos delitos específicamente relacionados con las protestas.

El Ministerio de Justicia analizó propuestas para ampliar el ámbito de aplicación de la Ley de Supresión del Terrorismo, lo cual podría limitar significativamente los derechos a la libertad de asociación y de expresión.

El gobierno hizo un uso preocupante de “procedimientos de urgencia” para saltarse las etapas reglamentarias en la elaboración de leyes a fin de conseguir su aprobación en el Parlamento, incluidos proyectos de ley con una importante repercusión sobre los derechos humanos.

Rendición de cuentas de las empresas

La organización independiente de seguridad online Netsafe documentó un aumento de las denuncias de contenidos que alcanzaban el umbral de comunicación digital dañina. En junio, el Parlamento inició una investigación sobre el daño que provocaba el uso de Internet en la juventud de Nueva Zelanda y cómo abordarlo. Las leyes de Aotearoa Nueva Zelanda no exigieron adecuadamente a las empresas que rindieran cuentas por el daño causado a través de Internet.¹

Derecho a un medioambiente saludable

En julio, la Comisión sobre el Cambio Climático advirtió de que las políticas que estaban en curso eran insuficientes para cumplir los compromisos del gobierno respecto a la reducción de emisiones. En septiembre, el gobierno reabrió el proceso de solicitudes en todo el país para realizar prospecciones de petróleo y de gas por primera vez desde la prohibición de 2018, e introdujo un nuevo sistema de concesión de permisos conforme al principio de “mercado abierto”.

En octubre, el gobierno anunció una importante disminución de su objetivo de reducción de emisiones biogénicas de metano para 2050. También afirmó que reduciría el número de empresas que debían informar sobre riesgos relacionados con el clima y su impacto.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

El marco de políticas de inmigración de Aotearoa Nueva Zelanda no respondió a las necesidades de las poblaciones del Pacífico afectadas por el cambio climático. Por el contrario, ofreció unas vías migratorias limitadas y arbitrarias que discriminaban a las personas con discapacidades y problemas médicos, separaban a las familias y no tenían en cuenta los derechos de niños y niñas.²

Derecho a la vivienda

El Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano informó de que, según los datos y las observaciones recopilados en todo el país, el número de personas que carecían de alojamiento había aumentado desde el censo de 2023.

1. Submission to the Education and Workforce Committee on the Inquiry into the harm young New Zealanders encounter online and the roles that Government, business, and society should play in addressing those harms, 30 de julio ↑
2. Navigating injustice: Climate displacement from the Pacific Islands of Tuvalu and Kiribati to Aotearoa New Zealand, 8 de octubre ↑