Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2025.

Defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y personas detenidas por motivos políticos se enfrentaban a tortura y a condiciones de reclusión inhumanas. El gobierno utilizó leyes antiterroristas contra activistas y montagnards de la región de Dak Lak, lo que dio lugar a detenciones y reclusiones arbitrarias. Se adoptó legislación para controlar las redes sociales y silenciar aún más a la disidencia. Los niveles de contaminación continuaron siendo elevados. Se siguieron imponiendo penas de muerte y aumentó la preocupación ante la creciente represión del espacio de la sociedad civil.

Información general

La sucesión de cuatro presidentes a lo largo del año fue un reflejo de la agitación interna que reinaba en el Partido Comunista. En paralelo, se llevó a cabo una campaña anticorrupción dirigida contra figuras políticas y empresariales. La ONU examinó el historial de derechos humanos de Vietnam. El ataque mortífero contra dos comisarías de policía de la región de Dak Lak perpetrado en junio de 2023 provocó una respuesta contundente del gobierno en marzo. Continuó la represión y la discriminación sistémicas que sufrían desde hacía décadas los pueblos indígenas montagnards como consecuencia de un complejo historial de marginación y falta de protección de sus derechos a sus tierras ancestrales y a la libertad religiosa.

Tortura y otros malos tratos

Defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y otros activistas encarcelados siguieron siendo objeto de tortura y otros malos tratos, incluida la negación de atención médica adecuada.

En octubre, los defensores de los derechos humanos Trịnh Bá Tư y Bùi Văn Thuận, que cumplían sendas condenas de ocho años de prisión por “propaganda contra el Estado”, iniciaron una huelga de hambre en la prisión núm. 6 de Nghe An. Tư, defensor de los derechos a la tierra, había denunciado las condiciones de su detención anteriormente. Su madre y su hermano estaban recluidos en otras prisiones y sometidos a condiciones similares. Thuận, exprofesor y miembro del grupo étnico muong de la provincia de Hoa Binh, había protestado contra las violaciones de derechos humanos y las cuestiones ambientales.

Después de 21 días, Tư y Thuận pusieron fin a su huelga de hambre cuando las autoridades accedieron a introducir mejoras en las condiciones de reclusión, como abrir la “jaula de tigre”, dispositivo de tortura de barrotes de hierro y apenas un metro de ancho utilizado para recluir a activistas en régimen de aislamiento en la provincia de Nghe An. Según informes, a las personas presas se las mantenía encerradas en estas jaulas durante meses.

Periodistas

En noviembre, la familia del periodista Lê Hữu Minh Tuấn indicó que su estado de salud se estaba deteriorando rápidamente, lo que hacía temer la existencia de un cáncer no tratado. Tuấn, miembro de la Asociación de Periodistas Independientes de Vietnam, cumplía una condena de 11 años de prisión, dictada en virtud del artículo 117 del Código Penal, por elaborar, almacenar y difundir información “con el fin de oponerse al Estado de la República Socialista de Vietnam”. Otros dos miembros de esa asociación, Phạm Chí Dũng y Nguyễn Tường Thụy, que cumplían sendas penas de prisión de 15 y 11 años, también denunciaron un deterioro de su salud bajo custodia.

En octubre, el bloguero y youtuber Đường Văn Thái fue condenado a 12 años de prisión por el Tribunal Popular de Hanói tras ser acusado de elaborar y difundir información para oponerse a la República Socialista de Vietnam. Đường Văn Thái, a quien Tailandia había concedido la condición de refugiado en 2019, había desaparecido el 13 de abril de 2023 en Bangkok. Las circunstancias de su desaparición indicaban la posibilidad de que agentes estatales vietnamitas hubieran participado en su captura y traslado a Vietnam, según declaraciones de testigos y grabaciones de audio en poder de Amnistía Internacional.

Libertad de expresión

En septiembre, Vietnam se negó a adoptar numerosas recomendaciones relativas a la libertad de expresión formuladas en el proceso de Examen Periódico Universal de la ONU. Según los registros de Amnistía Internacional, desde abril de 2023 se había detenido como mínimo a 45 personas —entre periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y simples ciudadanos y ciudadanas—, con frecuencia por cargos falsos. La situación de la sociedad civil empeoró en un contexto de endurecimiento político generalizado. Civicus, ONG que vigila el espacio de la sociedad civil en el mundo, calificó el de Vietnam de “cerrado”, la clasificación más baja posible.

Vigilancia digital

El 9 de noviembre, el gobierno promulgó un decreto dirigido a los operadores de redes sociales —incluidos Facebook (Meta) y Google (Alphabet)— por el que se exigía a las personas usuarias de Vietnam que autentificaran sus cuentas mediante un número de teléfono móvil o de identificación personal. Los operadores debían proporcionar los datos de usuario al Ministerio de Información y Comunicaciones y al Ministerio de Seguridad Pública, y eliminar contenidos a petición ministerial.

Este decreto continuaba la línea de estricto control policial de la libertad de expresión en Internet que ejercía el Ministerio de Seguridad Pública.

Derechos de los pueblos indígenas

En enero, se declaró culpables de cargos de terrorismo a más de un centenar de montagnards en relación con el ataque de 2023 contra las comisarías de policía. En agosto, varios relatores y relatoras de ONU condenaron el uso de la legislación antiterrorista contra esa población y acusaron al gobierno de incitar a brigadas parapoliciales de un grupo étnico mayoritario a perseguir tras el ataque a personas sospechosas consideradas indígenas montagnards. Asimismo, denunciaron la muerte bajo custodia el 8 de marzo del montagnard Būm Byă. Otros dos montagnards dijeron a Amnistía Internacional que las autoridades los habían torturado para obligarlos a confesar tras someterlos a detención arbitraria después del ataque.

Derecho a un medioambiente saludable

En junio, representantes de la OMS, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y UNICEF pidieron medidas más enérgicas para contrarrestar el problema de la contaminación en Vietnam. Previamente, en marzo se había publicado la encuesta anual de IQAir, que situaba a Vietnam como el segundo país más contaminado de la región de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y le otorgaba el puesto 22 en la clasificación mundial de países con peor calidad del aire. Según Ember, grupo asesor global sobre energía, Vietnam generaba el 42% de su electricidad a partir de fuentes no fósiles, cifra superior a la media global del 39%. Sin embargo, el uso del carbón, las importaciones y las emisiones de las centrales térmicas de carbón alcanzaron niveles récord.

El activista ambiental detenido Đặng Đình Bách, líder del movimiento contra el cambio climático en Vietnam que había reclamado una transición justa para abandonar los combustibles fósiles, inició una tercera huelga de hambre a principios de año. Protestaba contra sus condiciones de reclusión, que la ONU calificó en febrero de “deplorables”. Tras su detención inicial el 24 de junio de 2021, había sido condenado a cinco años de prisión por “evasión fiscal” y recluido en un ala de la prisión reservada a activistas privados de libertad en la provincia de Nghe An. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria consideraba arbitraria su detención.

Pena de muerte

El gobierno no hizo avances perceptibles para poner fin al uso de la pena de muerte, ni siquiera para los delitos económicos o relacionados con drogas. La imposición de este castigo estaba rodeada de secretismo.

En abril, Trương Mỹ Lan, conocida figura empresarial y presidenta del gigante inmobiliario Vạn Thịnh Phát, fue declarada culpable de fraude y de malversar miles de millones de dólares del Saigon Commercial Bank. Lan fue condenada a muerte, aunque si reponía parte de las cantidades malversadas podía evitar la ejecución. Su caso se consideraba el más destacado de la campaña anticorrupción “Horno ardiente”.