Ucraïna

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2025.

El número de víctimas civiles, incluidos niños y niñas y personas mayores, iba en aumento a medida que las fuerzas rusas hacían uso de armas de efectos indiscriminados, dañaban infraestructuras civiles esenciales y parecían atacar deliberadamente a civiles. Se ejecutó y sometió a tortura y otros malos tratos a civiles que estaban bajo custodia y a personas que eran prisioneras de guerra en los territorios ocupados por Rusia, donde persistió la represión de las identidades no rusas. Bajo la ley marcial, las autoridades ucranianas restringieron el derecho a la libertad de expresión y de religión. Continuaron los enjuiciamientos de objetores de conciencia al servicio militar obligatorio. Los avances de Ucrania en materia de violencia de género y derechos de las personas LGBTI seguían siendo limitados.

Información general

Rusia continuó su guerra de agresión contra Ucrania, a pesar de sufrir pérdidas considerables, e hizo conquistas territoriales, principalmente en febrero, al ocupar la localidad de Avdiivka, bastión ucraniano desde 2014. Las fuerzas ucranianas frenaron en gran medida los avances rusos en la región de Járkov. En agosto, Ucrania lanzó una ofensiva por sorpresa en la región rusa de Kursk y ocupó varios cientos de kilómetros cuadrados de territorio. Ante el problema de la escasez de personal militar, Ucrania aprobó en abril una legislación que adelantaba la edad de movilización de los 27 a los 25 años.

Persistió la ayuda económica y militar exterior a Ucrania, aunque se expresó preocupación por su continuidad en el futuro, sobre todo tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. La economía de Ucrania creció a lo largo de 2024, a pesar de estar gravemente afectada por la escasez de mano de obra y por los cortes recurrentes de suministro eléctrico provocados en todo el país por los ataques deliberados de Rusia contra infraestructuras energéticas.

En abril, Ucrania notificó al Consejo de Europa su decisión de reducir el número de artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) cuya aplicación declaraba suspendida y retirar las excepciones formuladas en relación con el trabajo obligatorio o forzoso; la libertad de pensamiento, conciencia o religión; el derecho a un recurso efectivo, y la prohibición de la discriminación.

Violaciones del derecho internacional humanitario

Ataques ilícitos

El número de víctimas civiles fue mayor que en 2023, y con frecuencia se produjeron lejos de los frentes de batalla activos, ya que Rusia continuó atacando centros de población con misiles y drones. Uno de esos ataques —un crimen de guerra manifiesto— fue el efectuado contra el hospital pediátrico de Ohmatdyt de la capital, Kiev, que sufrió graves destrozos al ser alcanzado por un misil de crucero el 8 de julio.¹ En el momento del ataque había allí menores de toda Ucrania en tratamiento médico, como quimioterapia y cirugía reconstructiva. Dos personas murieron y más de 100 resultaron heridas, incluidos niños y niñas. Como tantos otros ataques efectuados en 2024, el de Ohmatdyt formaba parte de una ofensiva más amplia y coordinada de Rusia que causó en un solo día la muerte de al menos 43 civiles en las ciudades de Kiev, Dnipró y Krivói Rog.

Continuaron los ataques sistemáticos de Rusia contra infraestructuras energéticas. Según la Agencia Internacional de la Energía, el 70% de la capacidad de producción de energía térmica de Ucrania había sido ocupada o destruida a fecha de mayo de 2024. El déficit de producción eléctrica obligó a imponer periódicamente cortes de electricidad por zonas, sobre todo en los calurosos meses de verano y en invierno, cuando se hacía sentir especialmente el efecto acumulado de los daños y la demanda alcanzaba su punto máximo.

Prisioneros y prisioneras de guerra

Aparecieron cada vez más indicios de ejecución sumaria de personas retenidas por las fuerzas rusas como prisioneras de guerra ucranianas. En las redes sociales circularon numerosos vídeos que mostraban supuestos ejemplos de ello, y la Fiscalía General de Ucrania afirmó que desde 2022 se había ejecutado al menos a 147 prisioneros y prisioneras ucranianos, 127 de ellos —casi el 90%— en 2024. Aunque Rusia ignoraba o rechazaba normalmente estas denuncias, dos destacadas figuras políticas rusas pidieron la ejecución de las personas prisioneras de guerra. En julio, Dimitri Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, pidió “ejecuciones totales” en su canal de Telegram y, en octubre, el líder checheno, Ramzán Kadírov, afirmó públicamente que había ordenado no capturar a soldados ucranianos vivos, aunque tres días más tarde manifestó en Telegram que había revocado la orden.

Cientos de prisioneros y prisioneras de guerra ucranianos fueron juzgados en territorio ruso y en zonas de Ucrania ocupadas por Rusia, a menudo sólo por participar en las hostilidades. La ausencia del debido proceso en estos juicios también constituía un crimen de guerra.

Derecho a verdad, justicia y reparación

El 21 de agosto, el Parlamento ucraniano votó a favor de ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), pero formulando la declaración, conforme al artículo 124, de que, durante un periodo de siete años, Ucrania no “aceptar[ía] la competencia” de la CPI respecto de los crímenes de guerra “cuando se denunci[ara] la comisión de uno de esos crímenes por sus nacionales”. La ambigüedad generada por esta declaración podía obstaculizar las investigaciones efectivas de la CPI sobre crímenes de derecho internacional cometidos en Ucrania.²

La CPI dictó órdenes de detención contra tres altos mandos militares rusos y contra el entonces ministro ruso de Defensa Sergei Shoigu. Los cuatro estaban acusados de crímenes de guerra cometidos en Ucrania —entre ellos, dirigir ataques contra la población civil y causar en exceso de manera incidental lesiones a civiles o daños a bienes de carácter civil— y del crimen de lesa humanidad de cometer actos inhumanos.

Derechos de las personas mayores

La agresión de Rusia contra el país seguía afectando de manera desproporcionada a las personas de edad avanzada. Según HelpAge International, entre el 20 y el 50% de la población residente a menos de 25 kilómetros del frente estaba formada por personas mayores o con discapacidad. Este grupo poblacional, que a menudo no podía acudir a los refugios cuando sonaban las sirenas antiaéreas por resultarle físicamente inaccesibles, era uno de los que mayores riesgos corrían.

Además, a las personas de edad avanzada, el 80% de las cuales vivía por debajo del umbral de la pobreza por ser sus pensiones sumamente bajas, les resultaba muy difícil acceder a una vivienda si se veían desplazadas por el conflicto. Al carecer de ingresos suficientes para pagar un alquiler u otro alojamiento, representaban una parte desproporcionada de las personas desplazadas residentes en centros de acogida. Estos centros no eran accesibles físicamente para las personas mayores con discapacidad, por lo que miles de ellas habían sido ingresadas en residencias desde que comenzó la invasión plena de Ucrania por Rusia. En septiembre cayó en una residencia de mayores —un lugar protegido según el derecho internacional humanitario— de Sumy una bomba rusa y mató a una persona e hirió al menos a 12.

Libertad de expresión

En abril, Ucrania redujo las excepciones a la aplicación del CEDH que había formulado, pero mantuvo la del artículo 10, relativo al derecho a la libertad de expresión. Diversas organizaciones destacadas de medios de comunicación denunciaron presiones de las autoridades ucranianas. En enero, periodistas de bihus.info informaron de que estaban siendo objeto de vigilancia por medios como intervenirles los teléfonos. El Servicio de Seguridad de Ucrania abrió una investigación sobre estas denuncias a pesar de que su personal era sospechoso de esta práctica. Ante la preocupación de que hubiera un conflicto de intereses, la Oficina Estatal de Investigaciones se hizo cargo de la investigación, que seguía abierta al final del año. En octubre, el consejo de redacción del destacado periódico Ukrainska Pravda afirmó que la Oficina de la Presidencia pretendía obligarle a cambiar su línea editorial valiéndose para ello de medidas como presionar a empresas para que no se anunciaran en el periódico. Las autoridades negaron las acusaciones, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró que presionar a periodistas era “inaceptable”.

Continuaron los enjuiciamientos en aplicación del artículo 436.2 del Código Penal, relativo a la “justificación de la agresión rusa contra Ucrania”, aunque, a fecha de noviembre de 2024, el número de causas penales abiertas había descendido un 29% con respecto a 2023.

Libertad de religión o de creencias

En agosto entró en vigor una ley que prohibía las “organizaciones religiosas vinculadas a centros de influencia” si su sede central estaba “en un país responsable de una agresión armada contra Ucrania”.

La ley se refería a la iglesia ortodoxa ucraniana, que mantenía su controvertida subordinación eclesiástica a la iglesia ortodoxa rusa, y le exigía romper esa vinculación en el plazo de nueve meses. Las autoridades ucranianas la acusaban de trabajar en estrecha colaboración con la inteligencia rusa, y presentaron cargos contra sus sacerdotes y feligreses por justificación de la agresión rusa.

Discriminación

Cuando las autoridades intensificaron la campaña de reclutamiento, algunos de sus métodos causaron el rechazo de la opinión pública, pues le parecían desproporcionados, arbitrarios o discriminatorios. Por ejemplo, para hacer frente al elevado número de prórrogas para el alistamiento que se concedían a hombres por ser estudiantes de doctorado, las autoridades educativas suspendieron la presentación de solicitudes para cursar estudios de postgrado autofinanciados a tiempo completo tanto para hombres como para mujeres, a pesar de que éstas estaban exentas del alistamiento obligatorio.

Derechos de objetores de conciencia

Forum18, organismo de vigilancia de la libertad religiosa, informó de un fuerte aumento del número de causas penales abiertas contra objetores de conciencia desde mediados de año, hasta alcanzar un total de alrededor de 300, a las que se sumaban más de 80 que habían llegado ya a la fase de juicio. La causa contra el objetor de conciencia Dmytro Zelinsky se llevó al Tribunal Constitucional en octubre, tras haber rechazado el Tribunal Supremo su último recurso. En diciembre, el Constitucional seguía deliberando sobre si la ley marcial permitía negar el derecho constitucional a la objeción de conciencia. Desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania por Rusia en 2022 no se permitía el servicio civil alternativo.

Violencia por motivos de género

La Fiscalía General informó de un aumento del 80% en el número de casos registrados de violencia de género en el ámbito familiar con respecto a 2023, y el número de sobrevivientes de ellos, en su mayoría mujeres, niños y niñas, ascendía a más de 5.000. Según un documento de política publicado por el Instituto de Política Pública Global, entre las causas principales de la violencia de género figuraban los delitos sexuales cometidos por miembros de las fuerzas rusas, las precarias condiciones de vida de las personas internamente desplazadas, la inestabilidad económica, los rígidos roles de género y el estrés y el trauma asociados a la guerra.

El Parlamento aprobó en mayo una ley que tenía por objeto armonizar el Código Penal ucraniano con el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), ratificado por Ucrania en 2022. Entre otras cosas, esta ley tipificaba como delitos diversos actos de violencia por motivos de género que incluían la intimidación y el acoso sexual dentro y fuera de Internet.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

En junio tuvo lugar en Kiev la Marcha del Orgullo por la Igualdad, que no se celebraba desde 2021. Sin embargo, no hubo avances significativos en materia de protección y reconocimiento jurídico de los derechos de las parejas del mismo sexo. El anteproyecto de ley correspondiente, registrado inicialmente en marzo de 2023, aún no había sido objeto de consideración por el Parlamento. Tampoco se sometió a examen un anteproyecto de ley de 2021 que proponía incluir la orientación sexual y la identidad de género como circunstancias agravantes del delito de odio en el Código Penal.

Derecho a un medioambiente saludable

Varias ONG locales informaron de extensos y duraderos daños ambientales que estaba causando la guerra de agresión rusa, como la contaminación del suelo, el agua y el aire en Ucrania continental y en el mar Negro. Autoridades y ecologistas denunciaron la contaminación de los ríos Seim y Desna en agosto y septiembre, que procedía de sus cursos altos en Rusia y causaba la muerte masiva de peces.

En junio, el gobierno aprobó el Plan Nacional de Energía y Clima, con el que se pretendía armonizar las políticas ucranianas en esta materia con las de la UE, lo que incluía la eliminación progresiva de la producción de electricidad basada en el carbón antes de 2035.

Territorios bajo ocupación rusa (gobierno de Rusia)

Derecho a la educación

Persistió la violación del derecho a la educación en todos los territorios ocupados, con adoctrinamiento infantil y coacciones de las autoridades de ocupación al profesorado que, en algunos casos, constituían trabajo forzoso.³

Supresión de las identidades no rusas

Rusia continuó con su política de “rusificación” de los territorios ocupados, incluida Crimea.⁴ En enero, la Corte Internacional de Justicia resolvió que las restricciones de la enseñanza en lengua ucraniana constituían una violación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.

Persistieron los ataques contra minorías religiosas y contra la cultura y los medios de comunicación no rusos. Las autoridades de facto de las regiones ocupadas de Donetsk y Luhansk informaron a sus habitantes de que los “pasaportes” que habían empezado a expedir en 2016 no tendrían validez a partir del 1 de diciembre de 2024 y había que cambiarlos por pasaportes rusos oficiales. Las personas sin pasaporte ruso serían consideradas “extranjeras”, no tendrían acceso a algunos servicios básicos y correrían peligro de expulsión.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió en junio que el gobierno ruso de Crimea había violado numerosos derechos humanos al imponer a sus habitantes la nacionalidad rusa, trasladar a personas detenidas a Rusia o someterlas a desaparición forzada y reprimir la libertad de prensa y de religión. Declaró igualmente que la población tártara de Crimea recibía un trato discriminatorio, que incluía cierre forzoso de centros políticos y culturales, persecución de dirigentes comunitarios y ataques a bienes privados. Persistía la represión de las minorías en Crimea, que se ejerció, por ejemplo, contra tártaros sospechosos de pertenecer a Hizb ut Tahrir y contra los Testigos de Jehová, dos de cuyos miembros fueron encarcelados en octubre.

Tortura y otros malos tratos

Continuaron las denuncias verosímiles de tortura y otros malos tratos, así como de desapariciones forzadas de civiles y militares ucranianos. Alrededor del 97% de las personas prisioneras de guerra ucranianas entrevistadas por la Misión de Observación de los Derechos Humanos en Ucrania de la ONU tras su liberación afirmaron que, durante el tiempo que las fuerzas rusas las mantuvieron en cautividad, habían sufrido tortura y otros malos tratos en forma de fuertes palizas, descargas eléctricas, violencia sexual, privación del sueño y simulacros de ejecución. La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania concluyó en octubre que las autoridades rusas habían aplicado una política oficial coordinada de torturas a personas civiles y prisioneras de guerra ucranianas que constituía crímenes de lesa humanidad.

Maksym Butkevych, defensor de los derechos humanos y prisionero de guerra desde junio de 2022, fue liberado en un canje de prisioneros en octubre. Había sido declarado culpable de un presunto crimen de guerra por un tribunal de facto en la ciudad ocupada de Luhansk, sobre la base de una “confesión” forzada grabada en vídeo.⁵

La periodista Victoria Roshchyna, sometida a desaparición forzada en la ciudad ocupada de Melitópol en agosto de 2023, murió en el centro ruso de detención previa al juicio de Taganrog —tristemente conocido por las presuntas torturas practicadas allí— tras confirmarse en abril que estaba bajo custodia rusa.

Negación de acceso

Rusia no autorizó el acceso de personal de observación de la ONU a lugares de detención donde había personas civiles y prisioneras de guerra ucranianas. Otras organizaciones internacionales, incluidas las humanitarias, tenían acceso limitado o nulo a los lugares de detención bajo control ruso, o a los territorios ocupados en general. Estas restricciones, junto con las impuestas a la circulación de civiles en esos territorios, impedían el acceso de la población a servicios esenciales.

Las acusaciones de Rusia sobre violaciones del derecho internacional cometidas por las fuerzas ucranianas, como un ataque mortal efectuado presuntamente contra un mercado de Donetsk en enero, no se pudieron documentar de manera imparcial debido a la falta de acceso de organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación independientes.

Derechos de las personas internamente desplazadas

En marzo, las autoridades de facto de la región ocupada de Donetsk adoptaron una medida que permitía expropiar bienes abandonados por personas desplazadas. Publicaron listas de propiedades “sin dueño” en Internet y dieron 30 días a quienes las reclamaran para comparecer con un “pasaporte” expedido localmente o ruso si querían recuperarlas. Esta medida era equivalente a expropiación de bienes dirigida específicamente contra las personas desplazadas.