Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2025.

Cuatro personas que mantenían una actitud crítica hacia el gobierno fueron sometidas a desaparición forzada y otra fue víctima de homicidio. La policía impidió que miembros de la oposición celebraran reuniones y otras concentraciones de carácter político y los sometió a detención colectiva, reclusión arbitraria y uso de fuerza ilícita. Se negó a periodistas y otras personas su derecho a la libertad de expresión. El gobierno seguía violando los derechos del pueblo indígena masái, entre otras cosas mediante desalojos forzosos. Una sentencia judicial suspendió planes que negaban al pueblo masái el derecho a la participación y la representación políticas. Las autoridades no protegían a las personas LGBTI de la violencia. La puesta en marcha del segundo plan de acción nacional para poner fin a la violencia contra las mujeres y la infancia brindaba la oportunidad de mejorar la protección de las mujeres y las niñas. El proyecto del Oleoducto de Crudo de África Oriental contravenía los compromisos de Tanzania de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Información general

El 24 de enero, el Partido por la Democracia y el Progreso (Chadema), principal partido opositor, organizó una protesta en la capital, Dar es Salaam, la primera en casi ocho años. A ella asistieron cientos de simpatizantes y miembros para demandar reformas constitucionales y electorales. En 2023, la presidenta Samia Suluhu Hassan había levantado la prohibición general de las concentraciones de carácter político, impuesta por su predecesor en 2016.

La Ley de la Comisión Electoral Independiente núm. 2 de 2024 fue uno de los cuatro proyectos de ley relacionados con las elecciones cuya entrada en vigor firmó la presidenta el 2 de abril. Se respondía así a las peticiones de dirigentes de la oposición de introducir mejoras en cuanto a eficacia y transparencia de los procesos electorales y otras reformas electorales.

Desapariciones forzadas

Seguía sin conocerse la suerte de cuatro personas críticas con el gobierno sometidas a desaparición forzada por presuntos agentes del Estado. Dioniz Kipanya, dirigente del partido Chadema, desapareció el 26 de julio tras salir de su domicilio después de haber mantenido una conversación telefónica con una persona no identificada. Deusdedith Soka y Jacob Godwin Mlay, activistas juveniles de Chadema, y Frank Mbise, conductor de mototaxi, fueron secuestrados el 18 de agosto por un grupo de hombres de los que se creía que eran agentes de policía.

Homicidios ilícitos

El 8 de septiembre se encontró el cuerpo sin vida de Ali Mohamed Kibao. Este miembro destacado de Chadema había sido secuestrado en un autobús por presuntos agentes de seguridad el 6 de septiembre cuando viajaba a su domicilio, en la ciudad de Tanga, desde Dar es Salaam. Según la autopsia, su cuerpo había sido rociado con ácido y presentaba señales de haber recibido una paliza.

Libertad de reunión pacífica

El 11 de agosto, la policía detuvo a miembros del partido Chadema —entre ellos Tundu Lissu, vicepresidente del partido y excandidato presidencial; John Mnyika, secretario general, y Joseph Mbilinyi, miembro del comité central—, más de 500 simpatizantes juveniles y cinco periodistas. Las detenciones tuvieron lugar en una reunión convocada en la oficina de Chadema Nyasa en Mbeya, en el suroeste del país, la víspera del 12 de agosto —Día Internacional de la Juventud—, o cuando la gente se dirigía a ella. Los detenidos fueron acusados de violar la prohibición de una conferencia juvenil y de planear una manifestación violenta. Al día siguiente, la policía detuvo a los dirigentes del partido Freeman Mbowe y John Pambalu, que habían acudido a Mbeya en respuesta a las detenciones. Todos los dirigentes del partido quedaron en libertad bajo fianza el 13 de agosto, y las otras personas en los días siguientes.

La policía anunció el 13 de septiembre la prohibición de todas las protestas de Chadema, y el 23 del mismo mes detuvo a Freeman Mbowe, Tundu Lissu y otros seis dirigentes del partido en Dar es Salaam antes de las protestas previstas contra los homicidios y secuestros de personas críticas con el gobierno. Los detenidos quedaron en libertad bajo fianza ese mismo día. Tres periodistas de Mwananchi Communications Ltd. y de East Africa TV fueron detenidos cuando informaban sobre las protestas y quedaron en libertad incondicional el mismo día.

Libertad de expresión

El 28 de septiembre, el organismo oficial Consejo Nacional de las Artes (Basata) interrogó al músico Emmanuel Elibariki (también conocido como Nay Wa Mitego), a quien acusó de publicar un disco titulado “Nitasema” (“Hablaré”) sin licencia de Basata, incitar a la violencia al cantar sobre secuestros llevados a cabo por el Estado, inducir a error a la población al afirmar que la presidenta había incumplido su programa sobre el desarrollo y difamar a otros países al manifestar en la canción que no había paz en Ruanda ni en República Democrática del Congo.

El 3 de octubre, la Autoridad Reguladora de las Comunicaciones de Tanzania suspendió por 30 días las plataformas digitales de Mwananchi, incluido el periódico The Citizen. La Autoridad Reguladora afirmó que las plataformas habían publicado material que ponía en peligro “la unidad nacional y la paz social” en relación con un vídeo que expresaba la preocupación de familiares de personas desaparecidas o asesinadas.

El 6 de octubre, el viceministro de Minerales advirtió a las ONG internacionales que no “entr[ara]n subrepticiamente” en Tanzania para realizar entrevistas sobre derechos humanos. El viceministro respondía a una declaración de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos relacionada con un informe de Human Rights Watch que afirmaba que la policía había matado a seis personas en enfrentamientos en la mina de North Mara entre febrero y junio. La advertencia se hizo durante una reunión con el presidente y director ejecutivo de la empresa minera Barrick.

El 9 de octubre, la Autoridad Reguladora de las Comunicaciones de Tanzania presentó una demanda contra Jambo Online TV en la que afirmaba que este medio había violado la normativa de comunicaciones al emitir declaraciones de Tundu Lissu y del periodista Erick Kabendera que sostenían que autoridades gubernamentales, con la ayuda del operador de telefonía móvil Tigo Tanzania, habían estado implicadas en una conspiración para asesinar a Tundu Lissu en 2017.

Desalojos forzosos

Ocho miembros del pueblo indígena masái continuaron su batalla legal contra el desalojo forzoso de que habían sido objeto en junio de 2022: habían sido desalojados de 1.500 kilómetros cuadrados (de un total de 4.000) de tierras en la división de Loliondo, distrito de Ngorongoro. La vista de su causa ante el Tribunal Superior estaba programada para octubre, tras haberse aplazado en agosto por incomparecencia del abogado del gobierno. Los demandantes impugnaban la Notificación del Gobierno núm. 604 de 2022, emitida por la presidenta, en la que se declaraba que su poblado estaba dentro de la zona de caza controlada de Pololeti y se utilizaba esta circunstancia para justificar los desalojos forzosos.

A su vez, en la división de Ngorongoro, en el mismo distrito, la Autoridad del Área de Conservación del Ngorongoro seguía incumpliendo una orden judicial del Tribunal Superior de 2023 que le ordenaba que permitiera el acceso del pueblo masái a una zona en litigio del Área de Conservación del Ngorongoro en espera de que se dictara la decisión final. Entre otras cosas, las autoridades se incautaron de ganado propiedad de la comunidad masái que había entrado en el área de conservación. El pueblo masái acusó a la Autoridad de hacer uso de leyes inaplicables a la zona en cuestión y de confiscar ganado como medio de presión para que se reubicaran fuera del Área de Conservación. La incautación por las autoridades del ganado de la comunidad masái negaba a sus integrantes el derecho a participar plenamente en la vida económica, social, política y cultural.

En mayo, Ngotieti Kokoyo, del pueblo de Endulen, distrito de Ngorongoro, interpuso una demanda ante el Tribunal Superior en la que impugnaba la incautación ilegal de su ganado. La Autoridad del Área de Conservación del Ngorongoro liberó el ganado que le había confiscado, previo pago de una multa. El ganado había sido incautado porque había cruzado la puerta de Eyasi/Endamaga, pese a que la normativa del Área de Conservación y la sentencia de 2023 del Tribunal Superior (véase supra) permitían que los animales pastaran en ese lugar.

En julio, el gobierno se incautó de más de 130 animales de una familia masái en Endulen.

Discriminación

Pueblos indígenas

En septiembre se revocó la decisión del gobierno de disolver varias zonas administrativas, algunas de ellas en el distrito de Ngorongoro, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior que ordenaba suspender los planes existentes al respecto. De haberse implementado, la decisión habría impedido la participación y la representación políticas de más de 100.000 masáis en las elecciones de noviembre de 2024 y octubre de 2025.

Personas LGBTI

Continuaron la violencia, la discriminación y la represión contra las personas LGBTI. El 7 de junio, la activista transgénero Mauzinde (también conocida como Hussein Abdala) fue hallada abandonada en un bosque de Zanzíbar. Le habían cortado las orejas y propinado una paliza. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos afirmó que Mauzinde había sido torturada y agredida sexualmente por 12 hombres y pidió que se adoptaran medidas enérgicas para combatir la discriminación contra la población LGBTIQ+ y otras minorías.

Los sitios web LGBTI eran bloqueados con frecuencia, medida que guardaba relación con los crecientes niveles de discriminación y represión ejercidas contra las personas LGBTI, según el Observatorio Abierto de Interferencias en la Red.

Personas con albinismo

El 24 de abril, el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad expresó preocupación por la falta de disposición del gobierno para atender tres peticiones presentadas al Comité en relación con la mutilación de personas con albinismo y la falta de rendición de cuentas por tales abusos.

Mujeres y niñas

En mayo, Tanzania puso en marcha su segundo plan de acción nacional para poner fin a la violencia contra las mujeres y la infancia (2024/2025-2028/2029), que brindaba al gobierno la oportunidad de renovar su compromiso con la protección de las mujeres y los niños y niñas.

Derecho a un medioambiente saludable

En febrero se vio ante el Tribunal de Justicia de África Oriental un recurso presentado por cuatro ONG de esa región relativo a la construcción del proyecto de oleoducto subterráneo para combustibles fósiles, de 1.443 kilómetros de longitud, de la empresa East African Crude Oil Pipeline (EACOP) Ltd. El recurso estaba motivado por un fallo anterior de este tribunal según el cual la demanda de las ONG era inadmisible.

EACOP Ltd., financiada por la empresa francesa Total Energies —una de las “grandes del carbono”—, suscribió un acuerdo de arrendamiento de tierras con Tanzania Petroleum Development Corporation tras finalizar un proceso de adquisición de tierras e indemnizaciones a las comunidades locales afectadas. El oleoducto, que podía causar una grave degradación ambiental, iba a transportar petróleo desde Uganda hasta el puerto de Tanga, en Tanzania, para su venta a mercados internacionales (véase el apartado sobre Uganda). Su construcción había dado lugar a desplazamientos de población. El proyecto de oleoducto era contrario a los compromisos contraídos por Tanzania en relación con su contribución determinada a nivel nacional y a su estrategia de desarrollo con bajas emisiones a largo plazo, que estaba en fase de elaboración.