Taiwan

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2025.

Una sentencia del Tribunal Constitucional limitó el uso de la pena de muerte, pero confirmó su mantenimiento. Se publicó un proyecto de ley contra la discriminación, pero no se aprobó. Las reformas jurídicas otorgaron un mayor reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, pero persistían las restricciones. Las víctimas de un derrame de residuos químicos tóxicos de una empresa taiwanesa siguieron sin recibir compensación.

Información general

En mayo, a pesar de las protestas masivas, el Parlamento aprobó un proyecto de ley para ampliar los poderes del órgano legislativo. En octubre, el Tribunal Constitucional determinó que muchos de sus artículos eran inconstitucionales.

Pena de muerte

En septiembre, una sentencia del Tribunal Constitucional limitó el uso de la pena de muerte, si bien ratificó su constitucionalidad. El fallo introdujo nuevas salvaguardias de procedimiento y exigió un cumplimiento más estricto de las salvaguardias existentes en las causas de pena de muerte, especialmente cuando involucraban a personas con discapacidad mental.¹

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

A pesar de los compromisos asumidos en el marco del Plan Nacional de Derechos Humanos 2022-2024, el gobierno no avanzó en la legislación para establecer un sistema de asilo.

Durante el año, las autoridades deportaron a terceros países a varias personas solicitantes de asilo de nacionalidad china que estaban de tránsito en Taiwán. Esas personas corrían el riesgo de ser transferidas posteriormente a la República Popular China, donde podían sufrir violaciones de derechos humanos.

Se denunciaron incidentes de trata de personas y persistió la preocupación por las malas condiciones laborales y de vida de la población trabajadora migrantes en los buques pesqueros. En agosto, la Agencia de Pesca intervino en el caso de nueve pescadores indonesios que habían estado trabajando en un pesquero durante 15 meses sin sueldo ni acceso a Internet para poder comunicarse con el mundo exterior.²

Discriminación

En mayo, el gobierno publicó un proyecto de ley contra la discriminación a raíz de las recomendaciones emitidas por el Comité de Revisión Internacional —organismo responsable de revisar la aplicación por parte de Taiwán de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial—, que lo instaba a tomar medidas para abordar la discriminación sistémica consagrando protecciones jurídicas. Al concluir el año, el proyecto de ley no había sido aprobado aún.

Seis decisiones judiciales de tribunales administrativos distintos confirmaron el derecho de las personas transgénero a cambiar legalmente de género sin someterse a cirugía. En septiembre, el gobierno anunció que Taiwán reconocería los matrimonios entre personas del mismo sexo de parejas de Taiwán y la República Popular China que tuvieran lugar en un tercer país.

Derechos de los pueblos indígenas

En marzo, el Tribunal Supremo anuló la condena dictada en 2015 contra un hombre indígena, Wang Guanglu, por caza ilegal. No obstante, la legislación seguía limitando los derechos de caza de los pueblos indígenas. En mayo, una modificación de la Ley de Nombres eliminó el requisito que obligaba a las personas indígenas a usar también nombres en mandarín, lo que a partir de ese momento les permitiría usar sólo sus nombres indígenas en los documentos oficiales.

Responsabilidad de las empresas

El gobierno publicó un proyecto de directrices para el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas en las cadenas de suministro, así como un borrador actualizado del Plan de Acción Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos. Ninguno de los dos documentos incluía medidas adecuadas para abordar los impactos negativos de las empresas sobre los derechos humanos. En mayo, ocho mecanismos expertos de la ONU se dirigieron por escrito a representantes de Formosa Plastic Corporation para manifestar su preocupación por el hecho de que su subsidiaria, Formosa Ha Tinh Steel Corporation, no hubiera indemnizado a las víctimas de un derrame de residuos químicos tóxicos frente a la costa de Vietnam en 2016 que había destruido los medios de subsistencia de las comunidades pesqueras locales.