Tailàndia

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2025.

El Parlamento aprobó una ley para legalizar el matrimonio igualitario para las personas LGBTI. Las autoridades siguieron reprimiendo las libertades de expresión, reunión pacífica y asociación. Se procesó a manifestantes y personas críticas con el gobierno que no habían recurrido a la violencia, y se ilegalizó un destacado partido favorable a la democracia. Se sometía a las mujeres y las personas LGBTI defensoras de los derechos humanos a vigilancia selectiva y a violencia de género facilitada por la tecnología. La impunidad se vio aún más afianzada al prescribir el emblemático caso de los homicidios ilícitos del distrito de Tak Bai, ocurrido en 2004. Un proyecto de ley sobre el cambio climático amenazaba los derechos de los pueblos indígenas.

Información general

En agosto, el Tribunal Constitucional ordenó la destitución del primer ministro, Srettha Thavisin, y de su Consejo de Ministros por “violación o incumplimiento grave del código ético”. El primer ministro había asignado una cartera ministerial a un hombre que había estado encarcelado tras haber sido acusado de soborno.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

El 18 de junio, el Parlamento aprobó la Ley de Matrimonio Igualitario, con lo que Tailandia se convirtió en el primer país del sudeste asiático en legalizar el matrimonio entre personas LGBTI.¹

Libertad de expresión, asociación y reunión

Las autoridades continuaron reprimiendo a manifestantes y personas críticas con el gobierno que no recurrían a la violencia. Prosiguieron los juicios de personas acusadas en relación con las protestas a favor de la democracia —en su inmensa mayoría, pacíficas— que habían tenido lugar entre 2020 y 2023. A lo largo del año se presentaron cargos contra al menos 22 personas por su activismo político tanto dentro como fuera de Internet. Al concluir el año continuaban los juicios de 1.256 personas. La mayoría de ellas habían sido acusadas de lesa majestad (difamar, insultar o amenazar al monarca) o de sedición de conformidad con el Código Penal, o bien se habían presentado cargos en su contra en aplicación de las disposiciones de la Ley de Delitos Informáticos y de un decreto de emergencia que prohibía las reuniones públicas durante la pandemia de COVID-19, y que había permanecido en vigor hasta finales de 2022.

Al menos 33 personas seguían detenidas al acabar el año, una de ellas en un centro de menores. Habían sido declaradas culpables —o estaban en espera de ser juzgadas— de cargos relacionados con las protestas o con el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión.

Según la ONG local Abogados Tailandeses por los Derechos Humanos, desde 2020 se habían presentado cargos contra al menos 1.960 personas por participar en actos de protesta o criticar al gobierno.

En enero, un tribunal de apelación condenó al activista político Mongkol Thirakhot a 22 años de prisión por lesa majestad. Esta pena se sumaba a otra de 28 años de prisión que un tribunal inferior le había impuesto por el mismo delito en 2023. En marzo, un relator, una relatora y un grupo de trabajo de la ONU escribieron al gobierno para transmitirle su preocupación por la larga pena de prisión impuesta a Mongkol Thirakhot —la más larga jamás dictada por lesa majestad—, que parecía ser un castigo por su activismo político y sus críticas a la monarquía. Sin embargo, en septiembre, el Tribunal de Apelación lo condenó a otros cuatro años y seis meses de prisión, también por lesa majestad.

El 14 de mayo, la activista a favor de la democracia Netiporn “Bung” Sanesangkhom , de 28 años, murió en un hospital penitenciario tras permanecer 110 días en huelga de hambre en protesta por su reclusión arbitraria y la de otras personas. En 2022 había sido acusada de lesa majestad y sedición por haber realizado una encuesta de opinión sobre los controles del tráfico por carretera que se imponían cuando viajaban comitivas reales. En el momento de su muerte estaba siendo juzgada.²

A lo largo del año, el Tribunal de lo Penal de Bangkok declaró al destacado abogado de derechos humanos Arnon Nampa culpable de lesa majestad en cinco juicios diferentes. Fue condenado a 14 años y ocho meses de cárcel, que se añadían a los cuatro años y dos meses que cumplía por anteriores sentencias por lesa majestad. Arnon Nampa se enfrentaba a otros 37 cargos de lesa majestad y de otra índole relacionados con su actividad política.

El 7 de agosto, el Tribunal Constitucional ordenó la disolución del Partido Avanzar, favorable a la democracia, e inhabilitó a 11 de sus dirigentes para el ejercicio de cargos políticos. El tribunal había concluido que la campaña del partido por la reforma de la ley de lesa majestad representaba una amenaza para la monarquía constitucional tailandesa.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Se sometía a intimidación y vigilancia ilícita a defensores y defensoras de los derechos humanos. Las investigaciones de Amnistía Internacional pusieron en evidencia cómo agentes tanto estatales como no estatales ejercían reiteradamente violencia de género facilitada por la tecnología contra mujeres y personas LGBTI defensoras de los derechos humanos, que eran sometidas —entre otras cosas— a vigilancia digital selectiva y ciberacoso.³

En junio, cinco expertas de la ONU escribieron al gobierno para expresar su preocupación por la vigilancia a la que agentes del Mando de Operaciones de Seguridad Interna sometían a las defensoras de los derechos humanos Angkhana Neelapaijit y Pranom Somwong en relación con un acto celebrado en marzo en recuerdo de las víctimas de desaparición forzada.

En noviembre, el Tribunal Civil de Bangkok desestimó una demanda interpuesta por el activista en favor de la democracia Jatupat Boonpattararaksa contra la empresa NSO Group Technologies por no haber impedido que se utilizara el programa espía Pegasus para piratear su teléfono móvil.⁴ El tribunal resolvió que no había suficientes pruebas para demostrar que el teléfono móvil de Jatupat Boonpattararaksa estaba infectado con el programa espía, lo que contradecía las conclusiones de las investigaciones periciales realizadas por el instituto de investigación Citizen Lab y por Amnistía Internacional.⁵

Homicidios ilícitos

El 25 de junio, dos hombres no identificados abatieron a tiros a Roning Dolah en el distrito de Yarang de la provincia meridional de Pattani. Roning Dolah trabajaba para una ONG que ayudaba a víctimas de tortura.⁶ Al acabar el año no habían avanzado nada las investigaciones sobre el homicidio.

Impunidad

Las autoridades no llevaron a juicio a ninguna persona sospechosa en el caso de Tak Bai antes de que prescribiera el 25 de octubre. En 2004, 85 personas habían muerto en el distrito de Tak Bai de la provincia de Narathiwat durante y después de unos actos de protesta. Unos días antes de la prescripción se había dictado orden de arresto contra 15 funcionarios públicos del ejército, la policía y la administración. Al no someter este caso a juicio se corría el peligro de afianzar aún más la impunidad.⁷

Tortura y otros malos tratos

El noviembre, el Comité de la ONU contra la Tortura publicó sus observaciones finales sobre el segundo informe periódico de Tailandia, en las que manifestaba su preocupación por la falta de armonización de algunas disposiciones de la Ley de Prevención y Supresión de la Tortura y las Desapariciones Forzadas de 2022 con las normas internacionales. Asimismo, el Comité se mostraba preocupado por el uso excesivo de la fuerza contra personas que se manifestaban pacíficamente, y por la violencia física y digital de la que eran víctimas los defensores y defensoras de los derechos humanos.

En febrero, ocho mecanismos expertos de la ONU escribieron al gobierno para expresar su malestar por las condiciones de reclusión que soportaban 43 solicitantes de asilo de etnia uigur en el centro de detención para inmigrantes de Suan Phlu, que podían ser constitutivas de trato cruel, inhumano o degradante o, posiblemente, de tortura. Estos 43 hombres formaban parte de un grupo de personas uigures procedentes de la Región Autónoma Uigur de Xinjiang (China) que habían permanecido detenidas desde su llegada a Tailandia en 2014. Según informes, desde entonces al menos cinco personas de ese grupo habían muerto, dos de ellas menores de edad.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Preocupaba el papel de las autoridades tailandesas en la identificación de personas montagnards refugiadas y su repatriación forzosa a Vietnam, donde corrían peligro de sufrir tortura y otros malos tratos. El 11 de junio, la policía tailandesa detuvo al defensor montagnard de los derechos humanos Y Quynh Bdap —reconocido como refugiado por el ACNUR— en su domicilio de la capital, Bangkok, en cumplimiento de una solicitud de extradición presentada por las autoridades vietnamitas. En enero, un tribunal de Vietnam lo había declarado culpable de terrorismo in absentia.⁸ Al concluir el año, continuaba detenido en Tailandia.

Derechos de los pueblos indígenas

En febrero, el gobierno abrió una consulta pública en torno a un proyecto sobre el cambio climático que preveía medidas jurídicamente vinculantes para alcanzar los objetivos climáticos de Tailandia de conformidad con el Acuerdo de París. Los grupos de la sociedad civil se oponían al proyecto de ley, entre otras razones porque permitía a empresas contaminantes comprar créditos de carbono en proyectos de reforestación o conservación. Se temía que esto pudiera facilitar el desalojo forzoso de las comunidades —indígenas o no— residentes en las zonas designadas para dichos proyectos. Al concluir el año, aún no se había aprobado la ley.