Suïssa

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2025.

Entró en vigor una nueva definición de la violación incorporada al Código Penal. Se entregó al gobierno federal una iniciativa popular en la que se pedía reforzar las garantías constitucionales de protección de las personas con discapacidad. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó sentencias históricas sobre el uso de perfiles raciales y sobre justicia climática. El derecho a la libertad de reunión pacífica peligraba debido a nuevas leyes cantonales y a restricciones impuestas en universidades.

Violencia sexual y de género

El 1 de julio entró en vigor una reforma del Código Penal que reconocía que “las relaciones sexuales contra la voluntad de otra persona” constituían violación, lo que marcó el fin de una definición obsoleta de la violación que hacía necesario para su reconocimiento como tal el uso de fuerza física, amenazas o coacción y que sólo consideraba como víctimas a las mujeres.¹

En junio, el Parlamento reformó la Ley de Extranjería e Integración para proteger mejor a las víctimas de violencia de género en el ámbito familiar extranjeras.

Discriminación

En una sentencia histórica sobre la causa Wa Baile v. Switzerland, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que Suiza era culpable de aplicar criterios raciales al haber registrado y multado a un ciudadano suizo negro.²

El Parlamento encargó al gobierno un plan de acción para combatir el racismo y el antisemitismo.

En septiembre, la cámara baja del Parlamento aprobó no destinar ya nunca fondos al Organismo de Obras Públicas y Socorro de la ONU para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA) y pidió al gobierno que tomara medidas en el seno de la ONU enfocadas a la sustitución completa del organismo, lo que reflejaba el sentimiento antipalestino presente en el Parlamento. La cámara alta aplazó la decisión sobre el asunto hasta 2025.

Derechos de las personas con discapacidad

En septiembre, 108.000 ciudadanos y ciudadanas de Suiza firmaron la “Iniciativa de inclusión” para proclamar la igualdad de las personas con discapacidad en la Constitución. Según las previsiones, se sometería a votación popular en el plazo de tres años.

Libertad de expresión y de reunión

El derecho de protesta estaba restringido en varios cantones. En marzo, la ciudadanía del cantón de Zúrich —rechazando una propuesta aún más extrema— votó a favor de una ley que exigía autorización previa para celebrar manifestaciones públicas y ordenaba a la policía cobrar los gastos de la actuación policial durante las protestas a quienes las hubieran organizado. En abril se presentó un anteproyecto de ley que prohibía las manifestaciones en varias zonas del centro de Ginebra.

En mayo se impusieron restricciones en instituciones académicas a las protestas estudiantiles en favor del pueblo palestino, con medidas como prohibirlas, recurrir a la policía para disolverlas y amenazar con entablar acciones judiciales contra estudiantes. Hubo figuras políticas que pidieron aplicar leyes más restrictivas para prevenir futuras protestas en las universidades y procesar a manifestantes. Al inicio del curso académico hubo nuevos intentos de celebrar manifestaciones y actos de apoyo a las víctimas palestinas y libanesas de los ataques israelíes.

Derecho a un medioambiente saludable

En abril, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó, en la causa histórica KlimaSeniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland, que se habían violado los artículos 6 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Según la sentencia, Suiza no había tenido en cuenta los mejores conocimientos científicos disponibles para limitar el calentamiento global a 1,5 °C ni había elaborado y aplicado eficazmente medidas de mitigación.³ El Parlamento y el gobierno criticaron la sentencia, afirmando que Suiza ya había adoptado medidas suficientes y que el Tribunal se había extralimitado en su mandato.⁴ Se rechazaron mociones presentadas al Parlamento en favor de la salida del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Pese a sus objeciones, Suiza presentó al Consejo de Europa un plan de acción nacional para aplicar la sentencia del Tribunal.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Salieron a la luz nuevos casos de abusos a menores —incluida violencia física— en centros federales de asilo en 2023.⁵ El gobierno presentó propuestas para reformar la legislación sobre reagrupación familiar, y seguía pendiente en el Parlamento una nueva ley que permitía la detención de menores en los centros federales de asilo sin las debidas garantías.