Suècia

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2025.

Hubo propuestas legislativas que imponían restricciones desproporcionadas a la libertad de reunión pacífica. Organismos internacionales criticaron la insuficiente protección de los derechos de los pueblos indígenas. El gobierno continuó adoptando medidas de justicia penal que podían fomentar la discriminación racial sistémica. Una propuesta del gobierno exigía al funcionariado denunciar a toda persona —incluidos niños y niñas— que no tuviera permiso de residencia. La nueva ley de reconocimiento del género no se ajustaba al principio de autodeterminación de género. Persistían los motivos de preocupación por el acceso efectivo de las víctimas y sobrevivientes de violación a la justicia.

Libertad de expresión y de reunión

Se presentaron propuestas de reforma de la Ley de Orden Público que podían restringir desproporcionadamente la libertad de expresión y de reunión pacífica. Otorgaban a la policía mayores facultades para cancelar anticipadamente manifestaciones previstas y para controlar su forma y contenido si se consideraba que suponían una amenaza para la seguridad nacional.

Participantes en manifestaciones solidarias con el pueblo palestino sufrieron hostigamiento, violencia y procesamiento. Se seguía reprimiendo a activistas contra el cambio climático por actos de desobediencia civil.

Derechos de los pueblos indígenas

En febrero y marzo, respectivamente, el Consejo de Europa y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) de la ONU criticaron las insuficientes garantías de protección de Suecia a los derechos de la población sami. El Consejo Nacional Sueco para la Prevención de la Delincuencia señaló que los delitos de odio contra samis tenían lugar en distintos contextos, como matanzas de renos.

El Tribunal Administrativo Supremo resolvió que la decisión del gobierno de otorgar una concesión minera para la extracción de mineral de hierro en Gállok en 2022 no contravenía la legislación nacional, pese a las fuertes críticas formuladas anteriormente por los relatores especiales de la ONU sobre los pueblos indígenas y sobre los derechos humanos y el medio ambiente y por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.

Discriminación

Pese a las críticas expresadas por el CESCR, el gobierno continuó tomando medidas —en abril adoptó legislación sobre las denominadas “zonas de seguridad”— que podían dar lugar a actuaciones policiales racialmente discriminatorias y a discriminación racial sistémica. La relatora especial de la ONU sobre la libertad de religión o de creencias recomendó encarecidamente que Suecia hiciera frente al discurso discriminatorio y racista contra las personas migrantes que estaba enturbiando la política y los medios de comunicación.

Una investigación sobre la elaboración de perfiles de riesgo en el sistema automatizado de bienestar social concluyó que había prácticas discriminatorias.¹

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Preocupaba que varias propuestas legislativas presentadas por el gobierno para reducir los derechos de las personas solicitantes de asilo, refugiadas y migrantes pudieran dar lugar a violaciones de diversos derechos humanos, entre ellos el derecho a no sufrir discriminación, el derecho a un procedimiento justo y seguro de concesión de asilo, y el derecho a la reagrupación familiar.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

La Ley de Reconocimiento de Género, aprobada en abril y que debía entrar en vigor en 2025, no permitía el reconocimiento legal de la identidad de género basado en la autodeterminación. Pese a que ya no se requería obtener la aprobación de la Junta Nacional de Sanidad y Asistencia Social para acceder a cirugía genital de afirmación de género, se seguía exigiendo un certificado médico para cambiar legalmente de género.

Violencia sexual y de género

Persistían los motivos de preocupación por el acceso efectivo a la justicia de las víctimas y sobrevivientes de violación, quienes también seguían afrontando dificultades para acceder a asesoramiento psicológico, atención del trauma y apoyo social.