Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2025.

Se restringían los derechos a la libertad de expresión, de asociación, de reunión pacífica y de circulación. Quienes criticaban al gobierno o ejercían el activismo se exponían a sufrir desaparición forzada, detención y reclusión arbitrarias, y tortura y otros malos tratos. El Servicio de Seguridad Nacional (NSS, por sus siglas en inglés) actuaba con impunidad, e incumplió una orden judicial de poner en libertad a un crítico del gobierno que estaba detenido. La ONU informó de numerosas violaciones de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual y violencia de género relacionadas con los conflictos, y reclutamiento y uso de niñas y niños por grupos armados. El Parlamento aprobó dos proyectos de ley de justicia transicional con el fin de promover la reconciliación y proporcionar reparación a las víctimas del conflicto que había comenzado en 2013. La inseguridad alimentaria aumentó a causa del conflicto en curso, las inundaciones, el desplazamiento y el aumento del costo de la vida. Tres cuartas partes de la población necesitaba asistencia humanitaria y protección. El gobierno no introdujo políticas adecuadas de preparación y mitigación para abordar los riesgos graves derivados del cambio climático.

Información general

En septiembre, las partes en el Acuerdo Revitalizado sobre la Solución del Conflicto en la República de Sudán del Sur acordaron prorrogar el periodo de transición desde febrero de 2025 hasta febrero de 2027 y aplazar a diciembre de 2026 las elecciones previstas para 2024.

En abril, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU renovó el mandato de la Comisión sobre los Derechos Humanos en Sudán del Sur.

En mayo, el Consejo de Seguridad de la ONU prorrogó el embargo de armas a Sudán del Sur hasta el 30 de mayo de 2025.

En octubre, Akol Koor Kuc fue destituido del cargo de director general del NSS, que desempeñaba desde la independencia de Sudán del Sur en 2011. Mientras estaba bajo su mando, el NSS había sido acusado de cometer numeras violaciones graves de derechos humanos y otros crímenes de derecho internacional.

La guerra en el vecino Sudán afectó gravemente a la economía al verse detenidas las exportaciones de petróleo de Sudán del Sur a través de Puerto Sudán —que aportaban más del 85% de los ingresos públicos— por los daños causados a los oleoductos en marzo.

Según el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, aproximadamente dos millones de personas continuaban en situación de desplazamiento interno. Sudán del Sur acogía a más de 500.000 personas refugiadas, principalmente de Sudán. Al mismo tiempo, aproximadamente 2,3 millones de personas sursudanesas se habían refugiado en países vecinos desde que comenzara el conflicto en 2013.

Libertad de expresión, asociación y reunión

El 3 de julio, la Asamblea Legislativa Nacional de Transición aprobó el Proyecto de Ley de Reforma de la Ley del Servicio de Seguridad Nacional de 2014, de 2024. El proyecto se convirtió en ley por omisión el 12 de agosto, al no refrendar el presidente Salva Kiir Mayardit con su firma la entrada en vigor del texto ni devolverlo al Parlamento para debatir enmiendas. Esta ley reforzaba las ya amplias competencias del NSS, que le permitían restringir el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica, entre otros. Según medios de comunicación locales, en septiembre este organismo ordenó a profesionales médicos que pusieran fin a su asamblea general en la capital, Yuba, sin dar explicaciones y pese a que la organización de la asamblea había obtenido las autorizaciones de seguridad y seguido el protocolo necesario. Según informes, era la primera reunión de esa índole que se celebraba en ocho años.

En enero, el Ministerio de Información y Comunicación del estado de Jonglei emitió una circular que disponía que todas las instituciones gubernamentales, ONG y actores del sector privado debían obtener la aprobación ministerial antes de hacer anuncios públicos a través de medios audiovisuales, sistemas de anuncios públicos (micrófonos) o carteles. El ministerio anuló la circular unos días más tarde tras unas enérgicas objeciones procedentes de la sección de Jonglei del Sindicato de Periodistas de Sudán del Sur y de activistas de la sociedad civil.

En junio, las fuerzas de seguridad reprimieron dos protestas pacíficas convocadas como respuesta a la crisis del costo de la vida, dispersaron a quienes se manifestaban y detuvieron al menos a dos personas en Bor, capital del estado de Jonglei.

Desapariciones forzadas

El exalcalde de Yuba, Kalisto Lado, fue detenido arbitrariamente la noche del 30 de marzo en su domicilio de Yuba por agentes que se creía adscritos al NSS y estuvo sometido a desaparición forzada durante tres meses. En junio, el gobierno admitió que Kalisto Lado estaba recluido por acusaciones relacionadas con “conspiración”, “subversión del gobierno constitucional”, “suministro de armas a insurgentes, bandidos y saboteadores”, “posesión de armas peligrosas” y “publicación o comunicación de afirmaciones falsas perjudiciales para la República de Sudán del Sur”. El político quedó en libertad sin cargos el 6 de septiembre. Mientras estuvo bajo custodia, sufrió tortura y otros malos tratos.

Detención y reclusión arbitrarias

El 2 de enero, Raphael Juma Zacharia, activista estudiantil detenido arbitrariamente en diciembre de 2023 y recluido en un dentro de detención del NSS conocido como la “Casa Azul”, en Yuba, fue puesto en libertad después de escribir una carta de disculpa a este organismo. El activista había sido detenido en relación con un discurso pronunciado en una concentración estudiantil en la Universidad del Alto Nilo en noviembre de 2023 en el que había hecho referencia a acusaciones de corrupción e impunidad del NSS y sus dirigentes.

El 24 de marzo, hacia las ocho de la tarde, el activista de derechos humanos Michael Wetnhialic fue detenido arbitrariamente por agentes del NSS que viajaban en vehículos sin placas de matrícula, cuando se dirigía a una reunión en el hotel Nile Fortune de Yuba. Según informes, fue detenido como presunto titular de cuentas en Facebook y WhatsApp con nombres falsos para filtrar información confidencial en la que se criticaba al NSS y al gobierno. El activista quedó en libertad sin cargos el 7 de noviembre.

Morris Mabior Awikjok Bak, ciudadano sursudanés crítico con el gobierno, quedó en libertad el 8 de noviembre, tres meses después de que el Tribunal Superior de Yuba le concediera la libertad bajo fianza. Había sido detenido arbitrariamente en febrero de 2023 en Nairobi (Kenia) y devuelto a Yuba, donde había pasado más de 14 meses recluido en la Casa Azul, sin investigación, juicio ni acceso a su abogado. El 16 de abril había comparecido por primera vez ante el tribunal, escoltado por agentes del NSS, y lo habían acusado formalmente de difamación en una demanda presentada por el entonces director general de este organismo.

Raphael Juma Zacharia, Michael Wetnhialic y Morris Mabior Awikjok Bak fueron sometidos a tortura y otros malos tratos mientras estuvieron bajo custodia del NSS.

Libertad de circulación

Algunos miembros del Movimiento de Liberación Popular de Sudán del Sur en la Oposición (SPLM-IO) afirmaron que su líder, el vicepresidente primero Riek Machar, continuaba sometido a restricciones que le impedían salir de Yuba. El gobierno rechazó la responsabilidad en las presuntas restricciones que le atribuían estas personas. En 2019, el Consejo de Ministros de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (organismo regional) había aprobado una resolución que recomendaba levantar las restricciones de viaje impuestas al político.

El 25 de septiembre, según información publicada en los medios de comunicación, el NSS impidió que Oyet Nathaniel Pierino, vicepresidente primero del Parlamento y vicepresidente del SPLM-IO, tomara un vuelo con destino a Uganda en el Aeropuerto Internacional de Yuba. Esta medida lo impulsó a criticar públicamente la falta de libertad de circulación en el país.

Ejecuciones extrajudiciales

Según la Misión de la ONU en Sudán del Sur (UNMISS), hasta octubre, al menos 54 personas —una de ellas menor de edad— fueron ejecutadas extrajudicialmente por las autoridades gubernamentales, incluidos miembros de los servicios de seguridad.

Abusos cometidos por grupos armados

Los enfrentamientos entre actores armados en algunas zonas del país se saldaron con miles de muertos, en su mayoría civiles, según la UNMISS, que documentó 1.069 homicidios derivados de la violencia política y entre comunidades.

Violencia sexual y de género

El Plan de Acción Conjunto para las Fuerzas Armadas sobre la Lucha contra la Violencia Sexual Relacionada con el Conflicto en Sudán del Sur fue renovado por tres años (2024-2026) tras haber expirado el 31 de diciembre de 2023.

La UNMISS documentó 157 incidentes de violencia sexual relacionada con el conflicto, que habían afectado a 183 sobrevivientes (113 mujeres, 66 niñas y cuatro hombres) de entre nueve y 65 años.

Derechos de la infancia

Según la UNMISS, en el contexto del conflicto armado se cometieron 84 violaciones graves de derechos humanos contra 68 menores de edad (53 niños, nueve niñas y seis cuyo sexo se desconocía), incluidos 12 homicidios y dos casos de mutilación (de siete niños, una niña y seis menores cuyo sexo se desconocía). De entre ellos, 41 niños y tres niñas fueron reclutados y utilizados por grupos armados y cinco niñas fueron violadas. Al menos nueve niños sufrieron múltiples violaciones de derechos humanos derivadas de su reclutamiento, utilización y secuestro por grupos armados.

Derechos económicos y sociales

La situación económica se caracterizaba por el exorbitante costo de la vida, la inflación elevada y la depreciación de la moneda nacional. El pago de los salarios en el sector público se retrasó durante más de nueve meses, lo que llevó a funcionarias y funcionarios de Bor y a personal empleado de las universidades de Bahr el Ghazal, Alto Nilo y Rumbek, entre otras, a organizar protestas.

Según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), la situación de seguridad alimentaria se deterioró a causa de las inundaciones, el conflicto en curso, los desplazamientos y el elevado costo de la vida. El conflicto en Sudán seguía agravando la ya terrible situación humanitaria. A finales de diciembre, más de 900.000 personas, especialmente retornadas, refugiadas y solicitantes de asilo, habían huido de Sudán y cruzado a Sudán del Sur.

Nueve millones de personas (el 75% de la población) necesitaban asistencia humanitaria y protección. Se preveía que aproximadamente 7,1 millones de personas (el 56,3%) estarían expuestas a una inseguridad alimentaria en fase de crisis o superior durante el año. Las tasas de malnutrición seguían siendo altas; más de 2,5 millones de niños, niñas y mujeres padecían malnutrición aguda. El Plan de Respuesta Humanitaria de la ONU de 2024 había recibido únicamente el 68,5% de los 1.800 millones de dólares estadounidenses necesarios para proporcionar servicios vitales de asistencia y protección a seis millones de personas.

La insuficiencia en la generación de ingresos dio lugar a una reducción del gasto en servicios públicos, incluidas la salud y la educación, y a un aumento de la deuda. El 70% de los niños y niñas estaban temporalmente sin escolarizar a causa de la situación económica.

Derecho a verdad, justicia y reparación

El 9 de mayo comenzaron en Nairobi (Kenia) las conversaciones de paz de la Mediación de Alto Nivel para Sudán del Sur —también conocidas como Iniciativa Tumaini— entre el gobierno y grupos armados que no habían firmado el Acuerdo Revitalizado sobre la Solución del Conflicto en la República de Sudán del Sur. La Iniciativa Tumaini (“esperanza”) ponía el énfasis en acelerar las disposiciones del acuerdo de 2018 y establecer un entorno propicio para su implementación.

El 11 de noviembre, el presidente Kiir refrendó con su firma la entrada en vigor de dos proyectos de ley sobre justicia transicional para abordar el legado del conflicto que comenzara en 2013 y proporcionar reparaciones a las víctimas: la Ley de la Comisión de la Verdad, la Reconciliación y la Recuperación, de 2024, tenía por objeto establecer una comisión para promover la paz, la reconciliación nacional y la recuperación; y la Ley de la Autoridad de Indemnización y Reparación, de 2024, identificar a las personas con derecho a indemnizaciones y establecer un fondo con este fin.

Derecho a un medioambiente saludable

Sudán del Sur seguía haciendo frente a graves riesgos derivados del cambio climático, para los cuales el gobierno no introdujo políticas adecuadas de preparación y mitigación. Según el Centro de Conocimiento sobre Gestión del Riesgo de Desastres, Sudán del Sur era el segundo país del mundo más vulnerable a los peligros naturales.

En octubre, el Consejo de Ministros aprobó la declaración del estado de emergencia en las zonas afectadas por las inundaciones, que habían destruido medios de vida, anegado infraestructuras fundamentales y desplazado a las poblaciones a terrenos situados a mayor altitud. Según la OCHA, más de 1,4 millones de personas se vieron afectadas en todo el país, y unas 379.000 tuvieron que desplazarse a causa de las inundaciones en 22 condados.