Somàlia

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2025.

La población civil seguía sufriendo las peores consecuencias del conflicto que devastaba el país. Todas las partes en el conflicto seguían cometiendo violaciones graves del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos. Las inundaciones, las lluvias erráticas, las enfermedades y los conflictos persistentes provocaron desplazamientos internos masivos y una acuciante crisis humanitaria, caracterizada especialmente por la inseguridad alimentaria aguda. Las poblaciones internamente desplazadas hacían frente a abusos y violaciones de derechos humanos, y las mujeres y las niñas estaban especialmente expuestas a sufrir violencia de género y violencia sexual relacionada con los conflictos. El derecho a la libertad de expresión era objeto de graves restricciones y dos periodistas fueron víctimas de homicidio. El Parlamento aprobó una ley para prohibir la discriminación de las personas con discapacidad. En Somalilandia, las autoridades restringieron el derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa antes de las elecciones presidenciales, que habían sido aplazadas.

Información general

Las tensiones con Etiopía se intensificaron a raíz de un memorándum de entendimiento firmado en enero entre Etiopía y Somalilandia, por el que al parecer Somalilandia arrendaba terrenos a Etiopía para ubicar una instalación naval en su costa a cambio de que Etiopía reconociera la condición de Estado de Somalilandia. Somalia, que consideraba Somalilandia parte de su territorio, acusó a Etiopía de usurpar su soberanía.

En marzo, el presidente Hassan Sheikh Mohamud firmó enmiendas a la Constitución provisional.

La retirada progresiva de las tropas de la Misión de Transición de la Unión Africana en Somalia (ATMIS) suscitó preocupación en cuanto a la protección de la población civil. El 1 de agosto, el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana (UA) adoptó una estrategia para poner en marcha una nueva misión encabezada por la Misión de Apoyo y Estabilización de la UA en Somalia, en sustitución de la ATMIS. El Consejo de Seguridad de la ONU la refrendó el 27 de diciembre.

En junio, Somalia fue elegida miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para un periodo de dos años, a partir de enero de 2025.

Tras las elecciones de noviembre, Abdirahman Mohamed Abdullahi sustituyó a Muse Bihi Abdi como presidente de Somalilandia.

Homicidios y ataques ilícitos

La población civil seguía siendo la más afectada por el conflicto armado en curso entre el gobierno somalí, apoyado por sus aliados internacionales, y el grupo armado Al Shabaab. Aunque se notificaron números elevados de bajas civiles, nadie rindió cuentas por las violaciones del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos.

La Misión de Asistencia de la ONU en Somalia comunicó 854 víctimas civiles (295 muertes y 559 casos de lesiones) entre enero y septiembre. Al Shabaab fue responsable del 65% (560) de todas las víctimas civiles registradas, mientras que las demás se atribuyeron a las fuerzas de seguridad del Estado, milicias de clanes y fuerzas internacionales y regionales.

El 18 de marzo, dos ataques con drones de fabricación turca que apoyaban las operaciones militares somalíes mataron a 14 niños y niñas, cinco mujeres y cuatro hombres —todos civiles— e hirieron a 11 niños y niñas, dos mujeres y cuatro hombres en la finca de Jaffey, cerca del pueblo de Bagdad, en la región del Bajo Shabelle. Todas las víctimas pertenecían al clan marginado de Gorgaarte. Al analizar las fotografías de los restos de las municiones, quedó de manifiesto que los ataques se habían efectuado con bombas planeadoras MAM-L lanzadas con drones TB-2. Ni el gobierno de Somalia ni el de Turquía investigaron el incidente, y la población civil afectada no obtuvo verdad, justicia ni reparación.¹

El 14 de marzo, Al Shabaab atacó el hotel SYL en la capital, Mogadiscio, con dos dispositivos explosivos improvisados (bombas caseras) instalados en vehículos. Murieron cuatro personas y otras 20 resultaron heridas.

El 2 de agosto, otro atentado complejo reivindicado por Al Shabaab, que incluyó un atentado suicida, acabó con la vida de más de 30 personas cerca de la playa de Lido, en Mogadiscio. Resultaron heridas cerca de 250 personas civiles, entre ellas dos miembros del personal nacional de la ONU.

Derecho a la alimentación

Las inundaciones, las lluvias erráticas, las enfermedades y el conflicto en curso provocaron una acuciante crisis humanitaria. El Plan de Necesidades Humanitarias y Respuesta 2024 de la ONU para Somalia indicó que necesitaban ayuda humanitaria 6,9 millones de personas. Persistía la inseguridad alimentaria aguda y, según el análisis de la Clasificación Integrada en Fases de la Seguridad Alimentaria, al menos cuatro millones de personas se enfrentaban a una inseguridad alimentaria de crisis o de emergencia, y se estimaba que 1,6 millones de niños y niñas de entre seis y 59 meses sufrían malnutrición aguda. La ONU clasificó a Somalia entre los países menos adelantados. Al Shabaab seguía restringiendo el acceso a la ayuda humanitaria en las zonas bajo su control, lo que agravó la crisis.

Derechos de las personas internamente desplazadas

Las poblaciones internamente desplazadas seguían sufriendo graves abusos y violaciones de derechos humanos. Más de 552.000 personas se vieron obligadas a desplazarse internamente debido a las inundaciones, la sequía, los conflictos y la inseguridad alimentaria. Según la ONU, en todo el país hubo casi 200.000 personas desalojadas por la fuerza entre enero y diciembre; la mayoría de ellas ya estaban en situación de desplazamiento interno. Las mujeres, los niños y las niñas, que corrían peligro de sufrir de violencia de género, explotación sexual y desalojos, constituían más del 80% de la población desplazada.

Violencia sexual y de género

Persistía la violencia por motivos de género, incluida la violencia sexual relacionada con los conflictos, cometida contra mujeres y niñas. Entre enero y septiembre, la ONU notificó 13 incidentes de violencia sexual relacionada con los conflictos, que habían afectado a 32 mujeres y niñas. Según informes, el 26 de febrero dos miembros del Ejército Nacional Somalí que prestaban servicio en la unidad de policía militar violaron a dos hermanas de 15 y 16 años en un mismo incidente. Hubo dos incidentes relativos a presuntos matrimonios forzados, uno perpetrado por un miembro de Al Shabaab y el otro por un soldado, ambos en el estado de Jubalandia. De las 32 personas sobrevivientes, 16 eran mujeres internamente desplazadas.

El Parlamento Federal no aprobó los proyectos de ley sobre los delitos sexuales y la mutilación genital femenina.

Libertad de expresión

Se restringió el derecho a la libertad de expresión, incluida la libertad de prensa. Dos periodistas fueron víctimas de homicidio; uno de ellos, Amun Abdullahi Mohamed, murió a manos de hombres armados a los que se creía vinculados con Al Shabaab. Las fuerzas de seguridad atacaron a otros periodistas, que sufrieron amenazas, hostigamiento, intimidación, palizas, detenciones arbitrarias y enjuiciamientos.

Las organizaciones de defensa de los medios de comunicación y de la libertad de prensa se opusieron al nombramiento de nueve personas para el Consejo Nacional de Medios de Comunicación —entidad de nueva creación— por considerar que ni el proceso de selección ni su composición se ajustaban a la Ley de Medios de Comunicación de 2020 y que tampoco era independiente del gobierno. El gabinete federal aprobó el nombramiento de estas personas, propuestas por el Ministerio de Información, el 14 de marzo. La creación del Consejo, encargado de supervisar el cumplimiento de la Ley, entre otras cosas, llevaba pendiente desde 2016.

El 22 de julio, unos agentes de policía detuvieron a AliNur Salad, fundador y director ejecutivo de Dawan Media, empresa de titularidad privada. AliNur Salad pasó una noche recluido en la comisaría del distrito de Waberi, en Mogadiscio, y después fue trasladado a la Prisión Central de la ciudad. Su detención estaba relacionada con publicaciones en las redes sociales, en las que sugería que las fuerzas de seguridad eran vulnerables a los ataques de Al Shabaab debido a su consumo de una droga llamada khat. El 23 de julio, AliNur Salad fue acusado ante el Tribunal Regional de Banadir, sin la presencia de un abogado. Se le concedió la libertad bajo fianza el 27 de julio, pero se enfrentaba a cargos recogidos en el Código Penal como “ofender el honor o el prestigio del jefe del Estado”, “cometer actos obscenos”, “distribuir publicaciones y espectáculos obscenos”, “ofensas” y “difamación criminal”, así como a restricciones para viajar y para hablar con los medios de comunicación.

Derechos de las personas con discapacidad

El 31 de julio, el Parlamento Federal aprobó una ley que prohibía la discriminación de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida pública y privada y eliminaba las barreras para el pleno disfrute de sus derechos y su inclusión en la sociedad.

Somalilandia

Libertad de expresión

Las autoridades de Somalilandia siguieron restringiendo la libertad de expresión, sobre todo en la antesala de las elecciones presidenciales, que habían sido aplazadas. Se detuvo y procesó a periodistas, políticos y otras personas críticas con el gobierno.

El 6 de enero, agentes de los servicios de inteligencia somalíes entraron violentamente en las oficinas del medio de comunicación MM Somali TV en Hargeisa, la capital de Somalilandia, e interrumpieron un debate en directo sobre el controvertido memorando de entendimiento entre Etiopía y Somalilandia (véase, supra, “Información general”). Detuvieron a Mohamed Abdi Sheikh (presidente de MM Somali TV, también conocido como “Ilig”), Ilyas Abdinasir (técnico) y Mohamed Abdi Abdullahi (periodista). Además, confiscaron material como computadoras, cámaras y equipos de emisión en directo. Mohamed Abdi Abdullahi e Ilyas Abdinasir quedaron en libertad sin cargos el 9 de enero, pero Mohamed Abdi Sheikh permaneció retenido hasta el 20 de febrero, cuando el Tribunal Regional de Maroodi Jeh, en Hargeisa, decretó su libertad.

El 2 de septiembre, la policía de Somalilandia detuvo a Mohamed Abiib, destacado diputado opositor, y lo recluyó en la prisión de Mandera. Antes de su detención, la Fiscalía General de Somalilandia había solicitado a la Cámara de Representantes de Somalilandia que despojara a Mohamed Abiib de su inmunidad parlamentaria, solicitud que el Parlamento rechazó en votación. La Fiscalía General lo acusaba de reunirse con autoridades de Somalia y Yibuti y de criticar la participación de Somalilandia en el conflicto de 2023 en Las Anod (ciudad de la región de Sool, en Somalilandia). Mohamed Abiib quedó en libertad el 29 de septiembre, tras una sentencia del Tribunal Supremo Constitucional de Somalilandia que consideraba ilegal su detención.