Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
Las autoridades detuvieron arbitrariamente a figuras de la oposición y de la sociedad civil, interrumpieron el acceso a Internet y cerraron emisoras de televisión. Las fuerzas de seguridad dispararon contra manifestantes. En el contexto de la pandemia de COVID-19 se vulneró el derecho a la salud. Continuaron los desalojos forzosos.
En enero, Boubacar Seye, presidente de la ONG Horizontes Sin Fronteras, fue detenido arbitrariamente a su llegada al aeropuerto de Dakar. Fue acusado formalmente de “difusión de noticias falsas” por una entrevista concedida en octubre de 2020 en la que denunciaba la falta de transparencia en el uso que el gobierno había dado a los fondos suministrados por programas de la Unión Europea (UE) para el empleo juvenil y la lucha contra la migración irregular a Europa. Quedó en libertad provisional al cabo de 20 días.
En febrero, el gobierno detuvo arbitrariamente a varias figuras de la oposición y de la sociedad civil que mantenían posturas críticas respecto al papel desempeñado por el gobierno en un asunto penal relacionado con una acusación de violación que afectaba al líder opositor Ousmane Sonko, presidente del partido Pastef (nombre completo, Pastef-Los Patriotas). Entre las personas detenidas había miembros de ese partido, entre ellos Birame Souleye Diop y Abbas Fall, acusados de “asociación criminal y complicidad en difusión de contenidos contrarios a las buenas costumbres, amenaza de agresión y violencia”. Un total de 17 mujeres militantes de Pastef, entre ellas su dirigente Maimouna Dieye, también fueron detenidas y recluidas en la prisión de Rebeuss pese a no haber sido acusadas ni inculpadas de ningún delito. El activista Guy-Marius Sagna también fue detenido y acusado de “conspiración criminal”, “participación en un movimiento insurreccional” y “amenazas de alteración del orden público” tras haber acusado a la policía de tortura y otros malos tratos contra simpatizantes de Pastef detenidos en febrero. Todas estas personas quedaron en libertad en abril. Ousmane Sonko también fue detenido arbitrariamente en marzo, acusado de alteración del orden público, cuando, en compañía de activistas de su partido, se dirigía al tribunal en respuesta a una citación judicial por las denuncias de violación. Fue liberado seis días después.
Un total de 14 personas, entre ellas 3 niños, murieron en marzo al usar las fuerzas de seguridad munición real para dispersar protestas nacionales —algunas de las cuales cobraron un carácter violento— en Dakar, Bignona, Kaolack y Diaobé, tras la detención y reclusión de Ousmane Sonko. Al menos 400 personas resultaron heridas.
Durante las protestas en Dakar se vio a personas armadas actuando en apoyo de la policía y atacando a manifestantes en varios barrios. El gobierno senegalés sostuvo que estos individuos eran agentes de policía vestidos de civil.
La comisión independiente anunciada por las autoridades en abril para investigar los incidentes violentos durante las protestas no se había creado. El presidente anunció en diciembre que se había abierto una investigación judicial.
En marzo, la autoridad nacional reguladora de medios de comunicación audiovisuales suspendió durante 72 horas las emisoras Walf TV y Sen TV por sus retransmisiones en directo de las protestas, que este organismo calificó de “incitación a la violencia” y “cobertura irresponsable”. Las personas que se manifestaron también protagonizaron actos de vandalismo contra bienes pertenecientes a la sociedad de medios de comunicación Groupe Futurs Media y al periódico Le Soleil por su supuesta conexión con el gobierno.
Ese mismo mes, las autoridades interrumpieron el acceso a Internet y a las redes sociales antes de una protesta prevista en Dakar.
En junio, la Asamblea Nacional enmendó los capítulos del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal relacionados con el terrorismo, una medida que entrañaba severas restricciones del derecho a la libertad de expresión y a la reunión pacífica. El terrorismo, cuya definición es demasiado amplia, abarcaba actos relacionados con la alteración del orden público, asociación criminal, infracciones vinculadas a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, e “incitación a actos terroristas”. Las protestas que adquiriesen un carácter violento podrían quedar incluidas en esta definición y dar lugar a la formulación de cargos penales contra los organizadores.
A partir de marzo, Senegal puso en marcha su campaña de vacunación contra la COVID-19, con el apoyo de COVAX. La escasez de vacunas en julio coincidió con una nueva ola de contagios de COVID-19 y un aumento del 44% de los casos.
En diciembre se habían administrado 1,9 millones de vacunas contra la COVID-19, y 593.000 personas —que representaban el 5,6% de la población—habían recibido la pauta de vacunación completa.
La salud de las personas detenidas corría un grave riesgo debido al hacinamiento en las prisiones. El sistema aplicado por las autoridades penitenciarias para hacer el seguimiento de los casos de COVID-19 dio lugar a hacinamiento en la prisión de Cap Manuel (Dakar), donde las personas detenidas ni siquiera podían tumbarse. De hecho, las autoridades eligieron esta prisión para recibir a todas las personas recién detenidas, como centro de triaje y cuarentena, antes de enviarlas finalmente a otros centros de detención.
Las comunidades rurales siguieron impugnando sus desalojos forzosos, que se llevaban a cabo con el propósito de dejar espacio para intereses comerciales. En la ciudad de Dougar, al este de Dakar, 21 personas fueron detenidas en mayo en el marco de las protestas contra la asignación de 72 hectáreas de terreno a una empresa privada. Según las comunidades afectadas, la indemnización ofrecida —100 millones de francos CFA (178.000 dólares estadounidenses)—, basada en una escala de indemnizaciones de 1973, no reflejaba un costo de la vida actualizado.
En agosto, las autoridades advirtieron a empleadores privados contra la suspensión y el despido de trabajadores que no estuvieran vacunados contra la COVID-19, aduciendo que esas medidas serían discriminatorias.
Durante el año hubo varios ataques físicos en público contra personas LGBTI en Dakar y Ziguinchor, muchos de los cuales fueron grabados en vídeo por los agresores. En mayo, varios grupos conservadores organizaron una gran protesta en Dakar para pedir la inclusión de la homosexualidad como delito en el Código Penal senegalés.
Senegal no cumplió con su obligación de proteger a los niños y niñas frente a los malos tratos. Cientos de miles de estudiantes coránicos seguían siendo obligados a mendigar para ganarse el sustento, pese a la existencia de una ley de 2005 contra la mendicidad forzada y el tráfico de niños y niñas, y de un proyecto de ley de 2018 para modernizar las enseñanzas coránicas.
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