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Actuem pels drets humans a tot el món

Puerto Rico

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2025.

Las clínicas de aborto estuvieron sometidas a excesivas regulaciones e investigaciones por parte del gobierno. El Senado aprobó restringir el acceso de las menores de edad al aborto. Se efectuaron modificaciones legislativas que discriminaban a la población LGBTI. Aumentaron los feminicidios. Empeoró la desigualdad salarial; las mujeres recibían una remuneración significativamente inferior a la de los hombres. Las plantas termoeléctricas no cumplían las normas sobre calidad del aire y ponían en peligro vidas humanas. El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio carecía de mecanismos jurídicos para sancionar a las empresas que no cumplían la legislación medioambiental. Las interrupciones del suministro eléctrico ponían en peligro a las personas cuya vida dependía de aparatos eléctricos. La libertad de expresión se vio amenazada por las medidas intimidatorias que la policía adoptaba contra quienes se manifestaban.

Derechos sexuales y reproductivos

En marzo, el Departamento de Justicia publicó los resultados de una investigación sobre las clínicas que ofrecían servicios de aborto, efectuada en respuesta a las denuncias de que éstas no informaban de los casos de abuso sexual de menores de edad. La investigación concluyó que las clínicas no habían notificado a los departamentos de la Familia y de Justicia los casos de dos niñas menores de 15 años que se habían sometido a un aborto tras haber sufrido posiblemente abuso sexual. Las organizaciones que reivindicaban el derecho al aborto criticaron al gobierno, afirmando que la investigación no había tomado en cuenta a otras menores de edad cuyo embarazo podía ser consecuencia de agresión sexual o incesto, como las menores de 16 años que daban a luz en los hospitales o recibían atención prenatal en las clínicas o instituciones médicas. En la indagación sólo se habían examinado las clínicas que ofrecían servicios de aborto y no se habían tomado en consideración los hospitales ni las instituciones médicas que habían atendido a menores de 16 años embarazadas.

En junio se aprobó el Proyecto del Senado 495, que imponía restricciones al aborto para menores de edad y exigía la autorización de un progenitor o tutor legal para llevar a cabo ese procedimiento.

En septiembre, el Departamento de Salud aprobó unas enmiendas a la normativa que regulaba la concesión de licencias y el funcionamiento de los centros que ofrecían servicios de aborto. Las nuevas medidas suponían cargas procedimentales excesivas para ese tipo de clínicas como, por ejemplo, llevar más registros estadísticos de su trabajo. Las modificaciones no afectaban a los demás establecimientos sanitarios que atendían embarazos de menores de 16 años.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

Las personas LGBTI seguían sufriendo discriminación por las medidas legislativas impulsadas por los grupos conservadores en el poder. En enero se aprobó el Proyecto de la Cámara 1821, que penalizaba las actividades artísticas y de entretenimiento familiar o infantil realizadas por drags.

En abril, el gobernador de Puerto Rico propuso una enmienda al Proyecto del Senado 427, que prohibía la discriminación basada en la orientación sexual e identidad de género respecto al acceso a la vivienda de las personas mayores. El proyecto de ley establecía que ninguna entidad podía negarse a ofrecer servicios por motivos discriminatorios y era aplicable a todas las viviendas y los establecimientos de cuidado de personas mayores que contaran con licencia del Departamento de la Familia. La enmienda, que añadía una exclusión para que la normativa no se aplicara a las entidades religiosas, quedó sin firmar por la falta de consenso entre el gobernador y el órgano legislativo.

En mayo se presentó el Proyecto de la Cámara 1740, que prohibía los aseos unisex en las oficinas de los organismos gubernamentales y proponía que todos los baños se clasificaran como masculinos o femeninos. Este proyecto de ley seguía pendiente de aprobación al concluir el año.

El Negociado de la Policía de Puerto Rico denunció el asesinato de una mujer transgénero, que estaba siendo investigado como posible crimen de odio.

Derechos de las mujeres y de las niñas

El Observatorio de Equidad de Género registró 82 feminicidios hasta el 14 de diciembre, 10 más que en 2023. Una investigación publicada en febrero por la organización Kilómetro 0, con datos de 2018 a 2023, puso de manifiesto que los policías puertorriqueños cometían cuatro veces más feminicidios que la población en general. La investigación hacía referencia a los agentes que habían perpetrado ese delito contra sus parejas o exparejas. El informe también destacaba que la policía no había demostrado que hubiera proporcionado a sus agentes formación sobre el manejo de los casos de violencia de género en el ámbito familiar.

Según un estudio del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, las mujeres ganaban 0,83 dólares estadounidenses por cada dólar que ganaban los hombres. El análisis también indicaba que la brecha salarial de género había aumentado a lo largo de los últimos años, haciendo hincapié en la persistencia de la desigualdad en la remuneración.

Derecho a un medioambiente saludable

Según información publicada en la prensa en relación con unos hallazgos de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, en dos zonas de Puerto Rico —la capital, San Juan, y la parte meridional de la isla— no se cumplían las normas de calidad del aire fijadas por el gobierno en 2014. La información señalaba que esa situación ponía en peligro la salud de miles de personas que vivían o trabajaban en las proximidades.

En julio, el gobierno demandó a varias empresas multinacionales petroquímicas y de energía por los daños y perjuicios que al parecer habían causado sus prácticas comerciales ilegales. El resultado de la demanda seguía pendiente al concluir el año. Una investigación periodística constató que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio no disponía de mecanismos jurídicos para multar a las empresas que incumplían la legislación medioambiental ni para revocar sus concesiones; según la misma fuente, cuatro empresas dedicadas a la esterilización de dispositivos médicos habían sido incluidas en un aviso de riesgo elevado de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos por emitir una sustancia tóxica que podía causar cáncer en los seres humanos.

Derecho a la salud

El déficit de suministro eléctrico hacía peligrar la salud y la vida de las personas vulnerables. El gobierno no reguló la actividad de las entidades proveedoras de energía eléctrica pese a que los apagones y las fluctuaciones de tensión ponían en peligro a ese grupo de población.

Transcurridos siete años desde el paso del huracán María, el gobierno seguía careciendo de un sistema integrado que permitiera la identificación de personas con necesidades médicas especiales —como aquellas cuya vida dependía de aparatos eléctricos— en caso de catástrofe. Según la Administración de Información sobre Energía de Estados Unidos, Puerto Rico figuraba entre las seis jurisdicciones nacionales con mayores costos de energía, pese a presentar los ingresos per cápita más bajos, lo que, a su vez, afectaba de forma desproporcionada a las personas electrodependientes. Además, según un informe del Centro de Periodismo Investigativo, sólo el 6% de quienes tenían necesidades de ese tipo recibían subsidios para cubrir el consumo de electricidad de los aparatos que les permitían vivir.

En agosto, durante la tormenta tropical Ernesto, más de medio millón de personas se vieron privadas de electricidad, lo que tuvo efectos psicológicos graves. La Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción registró 23.000 llamadas en la línea de asistencia telefónica Primera Ayuda Sicosocial entre el 9 y el 22 de agosto, de las cuales 7.300 (más del 30%) procedían de personas afectadas emocionalmente por la falta de electricidad en su domicilio.

Libertad de expresión

Las organizaciones propalestinas y las personas que se manifestaban en favor de su causa denunciaron que el gobierno había tratado de intimidarlas mediante el despliegue de efectivos policiales durante protestas.