Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2025.

Hubo denuncias creíbles de tortura y otros malos tratos en prisiones. El uso indebido de legislación con decenios de antigüedad socavó la libertad de reunión. El acceso al aborto no estaba plenamente garantizado. Decenas de personas resultaron heridas durante ataques a migrantes en la ciudad de Oporto. Una ola de calor excepcional e incendios forestales causaron cinco muertes. El acceso a una vivienda asequible seguía siendo insuficiente.

Tortura y otros malos tratos

En julio, a raíz de visitas realizadas a 17 prisiones en 2023, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Oficina del Defensor del Pueblo informó de que había encontrado casos de malos tratos en casi la mitad de los centros visitados y expresó su preocupación ante la falta de medidas de las autoridades para investigar las denuncias verosímiles de malos tratos y ponerlas en conocimiento de la fiscalía. Asimismo señaló las degradantes condiciones soportadas por decenas de migrantes durante su detención en el aeropuerto de Lisboa, la capital, como tener que dormir en salas de interrogatorio y zonas de embarque internacional, en algunos casos hasta seis noches.

Uso excesivo e innecesario de la fuerza

En octubre, en Cova da Moura, barrio de la localidad de Amadora, un agente de policía mató de un disparo a Odair Moniz, chef de 43 años de ascendencia africana, en circunstancias poco claras. El homicidio desencadenó varios días de disturbios y protestas contra la violencia policial en varios barrios de Lisboa. Se abrió una investigación.

Libertad de reunión pacífica

Las autoridades continuaron obstaculizando la organización de manifestaciones pacíficas, al aplicar legislación con decenios de antigüedad para imponer cargas y responsabilidades a quienes organizaban reuniones pacíficas, así como disposiciones imprecisas para penalizar actos que supuestamente alteraban “el orden y la tranquilidad públicos”.

En enero, el entonces ministro de Administración Interna ordenó abrir una investigación tras denunciarse que la policía había sometido a registros abusivos a dos activistas del clima arrestadas tras una protesta y había mantenido esposadas durante más de 10 horas a todas las personas que quedaron detenidas.

En febrero, durante una manifestación ultraderechista, la policía disolvió, al parecer sin previo aviso y usando fuerza excesiva, una contramanifestación pacífica. La Inspección General de Administración Interna abrió una investigación sobre varios casos de contramanifestantes que habían necesitado atención médica, incluso por fractura de costillas, debido al uso policial de porras.

En julio se impusieron condenas condicionales de 18 meses de prisión a ocho activistas del clima que habían cortado brevemente el tráfico durante una protesta pacífica.

Violencia por motivos de género

En febrero, la Procuraduría General de la República informó de que la violencia de género en el ámbito familiar había causado la muerte de 22 personas en 2023, entre ellas 17 mujeres y dos menores. El 72% de los homicidios habían sido cometidos por la pareja o expareja de la víctima.

Derechos sexuales y reproductivos

El acceso a servicios de aborto no estaba garantizado en todo el país debido a que las autoridades no regulaban adecuadamente la negativa del personal médico a practicar abortos por motivos de conciencia.

Discriminación

La Procuraduría General de la República informó en octubre de que, entre 2020 y el primer semestre de 2024, las investigaciones sobre 895 delitos de odio sólo habían dado lugar a 17 procesamientos, mientras que 761 de los casos se habían archivado. No se habían recopilado datos desglosados sobre estos delitos de odio.

El umbral para el enjuiciamiento por motivos de odio continuó muy alto durante todo el año. En octubre, la policía excluyó la motivación racial en tres ataques cometidos por seis hombres contra nacionales de Argelia y Marruecos en la ciudad de Oporto.

Tras una visita al país, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa señaló en junio que Portugal debía mejorar las condiciones de vivienda de la población romaní y reforzar las medidas destinadas a combatir los delitos de odio.

Derecho a un medioambiente saludable

Según un estudio científico sobre las muertes asociadas a olas de calor, revisado por pares y publicado en mayo, Portugal había sido uno de los 20 países más afectados del mundo en los 30 años anteriores, con 650 muertes anuales entre 2010 y 2019. Otro estudio demostraba que la ola de calor que golpeó Portugal en julio no habría ocurrido sin el cambio climático inducido por la actividad humana. En septiembre, como consecuencia de incendios forestales que arrasaron el norte del país, murieron cinco personas y centenares más resultaron heridas.

En octubre, el gobierno aprobó medidas para mitigar el cambio climático aumentando el consumo de energías renovables al 51% para 2030, lo que superaba el objetivo general del 42,5% fijado por la Unión Europea.

Derecho a la vivienda

En mayo y septiembre, el gobierno revocó medidas adoptadas en aplicación del programa “Más Viviendas” para abordar la escasez de vivienda asequible. Se temía que la eliminación de disposiciones como la congelación de los alquileres y la regulación de los alquileres de corta duración agravara el problema. Según cálculos del Instituto Nacional de Estadística publicados en marzo, casi el 13% de la población total vivía en condiciones de hacinamiento, y en el caso de las personas en riesgo de pobreza la proporción se elevaba al 27,7%.

Datos publicados en junio por la Inspección General de Finanzas indicaban que en el 60% de los alquileres no había seguridad jurídica de la tenencia.