Pakistan

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2025.

Las autoridades se sirvieron de la legislación relativa al delito de difamación, la sedición, el discurso de odio y el “ciberterrorismo” para silenciar la disidencia, al tiempo que aumentaban los ataques a la seguridad relacionados con el integrismo. Las inundaciones y las olas de calor provocadas por el cambio climático —con temperaturas que alcanzaron los 50 °C en algunas zonas— siguieron causando sufrimiento. Aunque la inflación descendió, a las personas con salarios bajos y que trabajaban a jornal se les negó el derecho a sindicarse, así como el acceso a un entorno de trabajo seguro y a una remuneración justa.

Información general

Las elecciones generales del 8 de febrero llevaron al poder a la Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz. Los partidos de oposición impugnaron los resultados y el periodo electoral estuvo marcado por una intensa violencia, sobre todo en las provincias de Baluchistán y Jyber Pajtunjwa. Pese a las fuertes restricciones, hubo protestas en todo el país a lo largo del año. Aumentaron los ataques de grupos armados, como el Movimiento de los Talibanes de Pakistán y el Ejército de Liberación de Baluchistán. La inflación, que en diciembre de 2023 era del 29,66%, disminuyó significativamente hasta el 4,1% registrado en diciembre de 2024. En septiembre, Pakistán obtuvo del Fondo Monetario Internacional un préstamo adicional de 7.000 millones a desembolsar en 37 meses. El Banco Mundial comunicó la previsión de que la tasa de pobreza se mantendría en el 40%. Los fenómenos meteorológicos extremos provocaron víctimas y pérdidas materiales relacionadas con la lluvia y el calor. En febrero murieron al menos 45 personas, entre ellas 27 menores, a causa de las intensas lluvias y nevadas. En abril, al menos 143 personas perdieron la vida debido a los rayos y otros incidentes relacionados con las tormentas. Las fuertes lluvias e inundaciones de julio y agosto causaron más de 350 muertes.

Libertad de expresión

Las autoridades utilizaron la legislación y la tecnología digital para restringir la libertad de expresión. La Ley de Difamación de Punyab de 2024, aprobada en mayo pese a una fuerte oposición y aplicable en esa provincia de 127 millones de habitantes, debilitó aún más las protecciones a la libertad de expresión.

En el distrito de Gwadar, importantes redes de telefonía móvil estuvieron inoperativas más de 10 días durante el Encuentro Nacional Baluchi, en julio y agosto; en octubre y noviembre se interrumpió su funcionamiento dos y cuatro días, respectivamente, con ocasión de las protestas organizadas por el partido político Movimiento por la Justicia de Pakistán (Pakistan Tehreek-e-Insaf, PTI).

Entre julio y octubre se redujo la velocidad de conexión a Internet hasta en un 40%, coincidiendo con una operación de actualización del sistema nacional de monitorización de la web que ampliaba la capacidad de bloquear contenidos digitales.¹ A partir del 17 de febrero se bloqueó el acceso a la red social X. Durante el periodo electoral se impusieron restricciones de corta duración a varias redes sociales, en particular coincidiendo con los “mítines virtuales” organizados por el PTI en enero.

Periodistas

Varios grupos de periodistas expresaron su profunda preocupación ante la inacción de las autoridades para salvaguardar su seguridad e investigar las agresiones de forma efectiva. Durante el año murieron al menos siete periodistas en ataques selectivos. Las autoridades citaron a un mínimo de 32 periodistas en virtud de la Ley de Prevención de Delitos Electrónicos (PECA, por sus siglas en inglés) por presunta “propaganda” contra la judicatura. En febrero fueron detenidas al menos dos personas en relación con estas acusaciones, entre ellas el periodista Asad Toor, que quedó en libertad bajo fianza tres semanas después de su detención. En julio, 10 trabajadores del PTI, entre ellos el coordinador internacional de prensa, Ahmed Waqas Janjua, y el secretario de información, Raoof Hassan, fueron detenidos por acusaciones de “propaganda antiestatal” en virtud de la PECA. Al finalizar el año seguían en libertad bajo fianza. En noviembre fue detenido el periodista Mattiullah Jan por su información crítica con la gestión gubernamental de las protestas. Se presentaron contra él cargos de terrorismo y narcotráfico.

Detención y reclusión arbitrarias

Durante el año se recluyó a civiles bajo custodia militar. De las 105 personas participantes en las protestas del 9 de mayo de 2023 que fueron juzgadas ante tribunales militares, 20 quedaron en libertad en marzo y 85 fueron condenadas a penas de entre dos y 10 años de prisión en juicios secretos celebrados en diciembre. Había al menos 1.058 manifestantes bajo custodia en espera de juicio ante tribunales civiles, incluidos Yasmin Rashid y Shah Mehmood Qureshi, dirigentes del PTI.

El ex primer ministro Imran Khan permanecía sometido a detención arbitraria en espera de nuevos juicios. Amnistía Internacional constató violaciones de sus derechos a la libertad y a un juicio justo.²

Ali Wazir, exdiputado y líder del Movimiento Pastún Tahafuz (PTM, por sus siglas en inglés), fue detenido en agosto en la capital, Islamabad, acusado de “maltratar” a agentes de policía. En los meses siguientes fue detenido de nuevo en varias ocasiones en virtud de la Ordenanza de Mantenimiento del Orden Público (MPO, por sus siglas en inglés), pese a haber quedado en libertad bajo fianza en causas anteriores.

En junio se invocó la MPO para detener arbitrariamente antes y durante la celebración musulmana del Eid al Adha a 36 miembros de la comunidad ahmadí mientras practicaban sus ritos religiosos.³ En octubre se recurrió a esa misma ordenanza para detener y encarcelar a más de un centenar de miembros del PTM antes de la Asamblea Nacional Pastún (Pashtun Jirga Qaumi).

Libertad de reunión pacífica

Las autoridades reprimieron las protestas y reuniones mediante legislación restrictiva, la imposición de restricciones arbitrarias y el uso ilícito de la fuerza. En septiembre se promulgó sin consulta alguna la Ley de Reunión Pacífica y Orden Público de 2024, que otorgaba a las autoridades amplios poderes para restringir o prohibir las reuniones en Islamabad. En octubre se aprobó una ley similar en la zona de Jammu y Cachemira administrada por Pakistán.

Se impusieron restricciones generales discrecionales a las protestas y reuniones públicas mediante la aplicación del artículo 144 del Código de Procedimiento Penal, que hacía recaer en el activismo y las organizaciones políticas la responsabilidad de obtener la autorización administrativa necesaria para celebrar las protestas. En octubre, el gobierno de la provincia de Punyab facultó a los departamentos de Distritos y de Interior para prohibir durante un máximo de 30 y 90 días, respectivamente, las concentraciones en los distritos de esa provincia.

En enero se suspendió a 44 empleados públicos de la provincia de Baluchistán por asistir a una sentada en repulsa por la muerte de Balaach Mola Bakhsh. El 8 de marzo, en Islamabad se utilizó alambre de espinos para bloquear el lugar por donde iba a transcurrir la protesta anual del Día de la Mujer, la marcha Aurat. En abril, la policía detuvo en Lahore a decenas de agricultores que protestaban contra la gestión gubernamental de la crisis del trigo.

Las protestas del PTI fueron objeto de reiterados ataques y restricciones. Se denegaron al partido las autorizaciones para celebrar mítines, y a lo largo del año se detuvo a miles de sus miembros y dirigentes antes y después de diversas protestas.

Intimidación y hostigamiento a manifestantes

En enero se sometió a detención y reclusión arbitraria a activistas baluchis que participaban en una protesta pacífica contra las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales. La protesta, que se extendió durante un mes, estaba organizada y encabezada por mujeres baluchis.

En septiembre, el gobierno incluyó a 137 personas en el Cuarto Anexo de la Ley Antiterrorista de 1997 (ATA, por sus siglas en inglés), lo que restringió severamente su derecho a la libertad individual, de circulación y de expresión. Entre ellas había miembros del PTM y del Comité Yakjehti Baluchi (BYC, por sus siglas en inglés). Amparándose en esa misma ley, en octubre el gobierno declaró “organización proscrita” al PTM en vísperas de su reunión principal, la Asamblea Nacional Pastún. Se impusieron restricciones arbitrarias, especialmente la prohibición de viajar al extranjero, a las lideresas del BYC Sammi Deen y Mahrang Baloch.

Uso excesivo e innecesario de la fuerza

El uso de fuerza letal en manifestaciones pacíficas provocó varias muertes. En febrero, dos trabajadores del Movimiento Democrático Nacional murieron y 15 resultaron heridos, entre ellos el dirigente del partido, Mohsin Dawar, cuando la policía abrió fuego contra una protesta frente a un colegio electoral de Miramshah. En mayo, tres personas murieron y casi un centenar resultaron heridas al disparar la policía contra participantes en la Larga Marcha de Cachemira, en la región de Jammu y Cachemira administrada por Pakistán. En julio, tres personas murieron por disparos de las fuerzas de seguridad durante el Encuentro Nacional Baluchi, y en una concentración por la paz celebrada en Bannu una persona murió y varias más resultaron heridas por el mismo motivo. En noviembre, 12 personas murieron en una protesta del PTI celebrada en Islamabad, al parecer tras utilizarse munición letal contra quienes se manifestaban.

Desapariciones forzadas

Se seguía sometiendo a desaparición forzada a periodistas, activistas, estudiantes y humoristas, así como a figuras de la oposición política y sus familiares. En junio, la Comisión de Investigación sobre Desapariciones Forzadas ya había recibido 197 denuncias de desaparición. La asociación Defence of Human Rights registró 2.332 casos de desaparición forzada durante el año.

Varias personas registradas como desaparecidas durante días reaparecieron sin que nadie diera explicaciones ni rindiera cuentas. Ahmad Farhad, periodista y poeta cachemir que criticaba abiertamente las desapariciones, fue sometido a desaparición forzada durante dos semanas en mayo. A su regreso se enfrentó a cargos penales. El cómico Aun Ali Khosa desapareció de su casa en Lahore durante tres días en agosto, después de que se hiciera viral un vídeo en el que satirizaba el costo de la vida en Pakistán. En julio, Faizan Usman, de 17 años, desapareció de su casa en Islamabad durante dos meses.

En febrero, varias personas desconocidas mataron a tiros en la ciudad de Nasirabad al activista Hidayat Lohar, que había sido sometido a desaparición forzada durante dos años en 2017. La policía abrió a regañadientes, por orden de los tribunales, un expediente para investigar su muerte. En octubre fueron ejecutados extrajudicialmente tres estudiantes en dos incidentes distintos. La policía acabó con la vida de Sajan Malokani y Sarmad Bhayo en Rahim Yar Khan, provincia de Punyab; Vaneesh Kumar fue víctima de homicidio en Hyderabad, provincia de Sind.

Libertad de religión y de creencias

Se perpetraron varios ataques contra lugares de culto y de enterramiento de la comunidad ahmadí. En enero, la policía y la administración local de Daska y Bharoke destruyeron lápidas en cementerios ahmadíes. En junio fueron profanadas 17 tumbas de la comunidad ahmadí en el distrito de Bahawalpur. El 17 de ese mismo mes, día del Eid, una multitud violenta atacó el lugar de culto ahmadí de la ciudad de Kotli. En septiembre, agentes de policía de Okara destruyeron minaretes e inscripciones islámicas en un lugar de culto ahmadí. En octubre, la policía de Gujranwala destruyó dos lugares de culto ahmadíes.

Las autoridades paquistaníes no protegieron a las minorías religiosas, no frenaron los incidentes de violencia relativos a acusaciones de blasfemia ni garantizaron que se rindieran cuentas por los homicidios relacionados con la blasfemia. La mayoría de las personas sospechosas de estar involucradas en los disturbios de Jaranwala del 16 de agosto de 2023 contra la comunidad cristiana seguían en libertad. Al menos el 40% de las personas sobrevivientes no había recibido ninguna indemnización del Estado al finalizar el año.⁴

Pena de muerte

Se impuso la pena de muerte obligatoria a un mínimo de siete personas y se condenó a cadena perpetua por blasfemia a otras cinco.

Por lo que se refiere a los disturbios de Jaranwala, mientras que los dos hermanos acusados de blasfemia por los alborotadores fueron absueltos, se condenó a muerte a un hombre cristiano presuntamente por compartir un vídeo blasfemo en TikTok que, según se dijo, incitaba a los disturbios.

Homicidios ilícitos

Hubo seis homicidios de ahmadíes en ataques selectivos por motivos de fe. En mayo, una multitud atacó a una familia cristiana en Sargodha acusándola de quemar el Corán; Nazir Masih, de 70 años, que resultó herido en el ataque, murió posteriormente a causa de las lesiones sufridas. En junio, un grupo de personas mataron a un turista local en el distrito de Swat después de sacarlo de la comisaría, donde estaba bajo custodia policial.

Ejecuciones extrajudiciales

En septiembre, varios agentes de policía mataron bajo custodia a dos hombres acusados por separado de blasfemia. El 12 de septiembre, un agente de policía de Quetta mató bajo custodia a un hombre sospechoso de blasfemia. El 19 de septiembre, un médico acusado de blasfemia murió violentamente durante un falso “enfrentamiento” en Umerkot; después, una multitud arrebató violentamente su cadáver a la familia y lo quemó.

Derechos de las mujeres y de las niñas

Hubo ataques de integristas contra las escuelas femeninas, sobre todo en Jyber Pajtunjwa y Baluchistán, donde sólo en mayo se produjeron cuatro. Estos ataques repercutieron en los índices de alfabetización de las niñas en Pakistán, en cuyas escuelas había cuatro millones menos de niñas que de niños. Durante las elecciones generales, en el distrito de Kohistán se emitió una fetua que prohibía a las mujeres candidatas hacer campaña electoral. La Comisión Electoral la rechazó.

Los homicidios "en nombre del honor” continuaban siendo endémicos, pese a la existencia de legislación para abordarlos. Entre enero y noviembre se registraron un total de 531, de los que 101 se denunciaron en la provincia de Sind entre enero y junio. En el primer semestre, la ONG Sahil, dedicada a los derechos de la infancia, denunció 1.630 casos de maltrato infantil (el 59% de ellos cometidos contra niñas). Las niñas de minorías religiosas eran sometidas a conversiones y matrimonios forzados, sobre todo en Sind y Punyab.

Derecho a un medioambiente saludable

El gobierno no garantizó el acceso a una atención sanitaria, alimentación y vivienda adecuadas tras las inundaciones y las olas de calor. En junio, las olas de calor provocaron la muerte de al menos 45 personas en Karachi, según cifras oficiales, aunque las organizaciones de ayuda afirmaron que la cifra era significativamente mayor. Los frecuentes cortes de electricidad, a menudo durante más de 10 horas al día, así como las temperaturas sofocantes en los asentamientos urbanos e informales, contribuyeron al elevado número de víctimas mortales.

Las lluvias estivales obligaron a desplazarse a más de 141.601 personas en la provincia de Sind. El gobierno no proporcionó ayuda humanitaria adecuada, lo cual afectó de forma desproporcionada a las mujeres, las personas con discapacidad, los niños y niñas y las personas de edad avanzada.⁵

En octubre, el derecho a un medioambiente limpio y saludable se consagró como derecho fundamental en la Constitución. La contaminación en las principales urbes de la provincia de Punyab, como Lahore y Multan, alcanzó niveles sin precedentes, que multiplicaron por más de 100 el valor de referencia para las partículas en suspensión PM2.5 establecido por la OMS en sus Directrices mundiales sobre la calidad del aire. Como consecuencia, entre el 15 de octubre y el 14 de noviembre se registraron 1,93 millones de casos de enfermedades respiratorias. UNICEF advirtió de que la contaminación atmosférica había puesto en peligro la salud de 11 millones de niños y niñas en Punyab.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

El “Plan de Repatriación de Extranjeros Ilegales” seguía adelante y las deportaciones de personas refugiadas no registradas continuaron. Por otro lado, en marzo el gobierno anunció planes para deportar a la población refugiada registrada que fuera titular de la Tarjeta de Nacionalidad Afgana. Un total de 315.100 personas refugiadas afganas fueron devueltas ilegítimamente a Afganistán. Las personas refugiadas afganas seguían sufriendo hostigamiento; al menos 10.566 fueron detenidas durante el año. Aunque las autoridades prorrogaron hasta el 30 de junio de 2025 la validez de las tarjetas de prueba de registro emitidas por el ACNUR a las personas refugiadas afganas, no tomaron medidas concretas para proporcionarles protección.

Derechos económicos, sociales y culturales

El salario mínimo aumentó (hasta los 133 dólares estadounidenses mensuales), pero seguía muy por debajo del salario mínimo vital (374 dólares estadounidenses mensuales). La habitualidad del trabajo informal, infrarremunerado y sin contrato seguía suponiendo dificultades para muchas personas trabajadoras. Sindicalistas y personal asalariado se enfrentaron al acoso “antisindical” de sus empleadores y del Estado, especialmente en el sector de la confección. La descentralización desde 2010 de la administración de la legislación laboral seguía socavando el derecho a la libertad de asociación de los trabajadores y trabajadoras de las Zonas Económicas Especiales, contra quienes los empleadores tomaban represalias por formar sindicatos o afiliarse a ellos.

A los trabajadores de los servicios de saneamiento, en su mayoría pertenecientes a minorías cristianas, se les negaba un entorno de trabajo seguro. Varios fallecieron durante la limpieza de alcantarillas y fosas sépticas.