Països Baixos

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2025.

El nuevo gobierno anunció propuestas que discriminaban a las personas refugiadas y solicitantes de asilo. Persistía el uso de criterios raciales en los organismos encargados de hacer cumplir la ley y en los procesos de detección del fraude en las prestaciones sociales. Se aplicaron medidas de vigilancia ilícita contra participantes en manifestaciones pacíficas. La nueva ley sobre delitos sexuales incluía una definición de la violación basada en el consentimiento. Se debilitaron las políticas climáticas.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

En abril, un grupo de organizaciones de la sociedad civil entabló acciones judiciales contra el gobierno por sellar e implementar un acuerdo de 2016 por el que los Estados miembros de la Unión Europea (UE) tratarían de externalizar a Turquía la protección de personas refugiadas, a pesar de las predecibles violaciones de derechos humanos.¹

El nuevo gobierno anunció propuestas para restringir la situación procesal de las personas solicitantes de asilo, entre ellas limitar la asistencia letrada gratuita y eliminar el derecho a recurrir las decisiones judiciales sobre sus solicitudes de asilo.

En Aruba, país constituyente del Reino de los Países Bajos, las personas venezolanas solicitantes de asilo, niños y niñas incluidos, carecían de acceso a procedimientos de asilo justos y efectivos.²

Discriminación

El uso de criterios raciales en los organismos encargados de hacer cumplir la ley y en la detección del fraude en las prestaciones sociales seguía siendo un problema estructural y que afectaba a todo el gobierno.³ La protección contra el uso de modelos de riesgo discriminatorios en el sistema de prestaciones sociales seguía siendo inadecuada.⁴

Violencia por motivos de género

En julio entró en vigor la Ley sobre Delitos Sexuales, que establecía una definición jurídica de la violación basada en el consentimiento, con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos.⁵

En octubre, la secretaria de Estado de Justicia y Seguridad anunció un proyecto de ley que penalizaba la violencia psicológica en el contexto de la violencia de género en el ámbito familiar.⁶

Libertad de reunión pacífica

Durante el año, la policía empleó —sin adecuada regulación, salvaguardias ni rendición de cuentas— drones y automóviles con cámaras de videovigilancia y tecnología de reconocimiento facial como herramientas de vigilancia contra participantes en manifestaciones pacíficas.⁷

En febrero, la ministra de Justicia, la policía y la Fiscalía respondieron a las protestas agrícolas, los bloqueos de carreteras del grupo Rebelión contra la Extinción y las manifestaciones en solidaridad con Palestina afirmando “que eso no [eran] protestas” y anunciando medidas más drásticas y rápidas contra quienes hacían activismo. En mayo, la mayoría del Parlamento votó a favor de prohibir la consigna “Desde el río hasta el mar”. En agosto, el nuevo ministro de Justicia declaró que quería estudiar restricciones del derecho de manifestación.

Transferencias irresponsables de armas

El 12 de febrero, un tribunal de apelación ordenó a Países Bajos detener la exportación y el tránsito de componentes del avión de combate F-35 a Israel, concluyendo que existía un “riesgo claro” de que se usaran para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional humanitario.

Derecho a la vivienda

En abril, el relator especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada señaló que éste no estaba garantizado en la legislación nacional, y expresó preocupación por la grave crisis de la vivienda, el sinhogarismo y, en particular, el trato dispensado a las personas no ciudadanas sin hogar.

Derecho a un medioambiente saludable

El nuevo gobierno debilitó las políticas climáticas, lo que ponía en peligro el objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% para 2030. El gobierno aplazó los planes de eliminación gradual de sus ayudas a los combustibles fósiles.