Nigèria

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2025.

Se detuvo, acusó formalmente y recluyó arbitrariamente a periodistas y personas críticas con las autoridades. Las fuerzas de seguridad detuvieron e infligieron malos tratos a manifestantes y usaron fuerza excesiva para reprimir las protestas, lo que causó varias víctimas mortales entre quienes participaban en ellas. Cientos de personas fueron asesinadas en episodios de violencia colectiva. Seguía negándose apoyo y justicia a niñas víctimas de secuestros de Boko Haram. Un tribunal de Reino Unido dio luz verde para que comunidades del estado de Rivers exigieran responsabilidades a Shell por devastación ambiental.

Información general

Las inundaciones registradas en 33 estados causaron la muerte de más de 300 personas y el desplazamiento de decenas de miles. En el estado de Kogi se inundaron más de 61.000 hectáreas de tierras. En el estado de Borno, las inundaciones impidieron el acceso de ayuda humanitaria para 27.000 personas. También en el estado de Borno, entre mediados de mayo y junio, se registró que 1.618 niños y niñas sufrían malnutrición debido a los elevados precios de los alimentos básicos y a que no tenían acceso a servicios adecuados de saneamiento. A mediados de octubre se registraron más de 14.000 casos sospechosos de cólera que causaron 378 muertes.

Libertad de expresión

El 23 de julio, la Cámara de Representantes debatió el Proyecto de Ley contra la Subversión, cuyo objetivo era imponer sanciones rigurosas a quienes, entre la población nigeriana, no recitaran el himno nacional aprobado poco antes o criticaran a personalidades políticas o dirigentes comunitarios. El proyecto de ley fue aprobado en primera lectura y pasó a la segunda, pero, ante la indignación pública generada, el presidente de la Cámara lo retiró el 14 de agosto.

Las autoridades seguían deteniendo y recluyendo arbitrariamente a periodistas y otras personas que expresaban opiniones discrepantes. El 15 de marzo, el periodista Segun Olatunji, del medio informativo digital The First News, fue secuestrado en su domicilio por miembros de las fuerzas armadas nigerianas. La causa de la operación fue un artículo del periodista en el que acusaba de nepotismo a un funcionario de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Nigeria. La presión pública obligó a los responsables de la Agencia a reconocer que Segun Olatunji estaba bajo su custodia y a ponerlo en libertad el 28 de marzo.

El 1 de mayo, Daniel Ojukwu, periodista de la Fundación para el Periodismo de Investigación, fue secuestrado y recluido por la policía. Los hechos se produjeron después de que el periodista informara de que Adejoke Orelope-Adefulire, principal asistente especial del presidente sobre objetivos de desarrollo sostenible, había ingresado 147 millones de nairas (106.154 dólares estadounidenses) en la cuenta bancaria de un restaurante. El pago procedía de dinero público destinado a la construcción de escuelas. Daniel Ojukwu quedó en libertad 10 días más tarde, después de estallaran protestas públicas. El 14 de agosto, Fisayo Soyombo, redactor jefe de la Fundación para el Periodismo de Investigación, fue detenido por la misma información. Quedó en libertad provisional bajo fianza ese mismo día.

El 29 de agosto, la policía detuvo al periodista Muktar Dahiru por una publicación en Facebook que se consideró “insultante” para con el gobernador del estado de Kano, Abba Yusuf. El periodista fue acusado de conspiración para delinquir, difamación e insulto intencional.

El 29 de mayo, un tribunal superior federal del Territorio de la Capital Federal de Abuya decretó el ingreso en prisión de Chioma Okoli tras presentarse contra ella cargos de difamación en virtud de la Ley de Ciberdelincuencia. Chioma Okoli había publicado en Facebook que un concentrado de tomate producido por Erisco Foods Ltd. contenía una cantidad nociva de azúcar. Quedó en libertad bajo fianza el 31 de mayo, con rigurosas condiciones. Al terminar el año su juicio estaba en curso.

El 27 de mayo, Precious Eze Chukwunonso, editor del medio informativo digital News Platform, fue detenido por la policía y estuvo recluido durante 18 días. Había escrito un artículo en el que afirmaba que un empresario local se había visto involucrado en un enfrentamiento con una vecina en un conjunto residencial de Lagos durante el cual se habían efectuado disparos. El periodista se enfrentaba a cargos penales de “conducta susceptible de causar alteración de la paz, provocar alteración de la paz mediante publicación ofensiva y conspiración para cometer un delito grave”.

Detención y reclusión arbitrarias

El 8 de agosto, la policía irrumpió en la sede del Congreso Sindical Nigeriano. El 19 de agosto, el Departamento de Servicios del Estado convocó a Joe Ajaero, presidente del Congreso Sindical Nigeriano, para proceder a su interrogatorio por presunta conspiración criminal, financiación del terrorismo, delito grave de traición, subversión y ciberdelincuencia. El 9 de septiembre, Joe Ajaero fue detenido por agentes del Departamento de Servicios del Estado en el aeropuerto Nnamdi Azikwe de Abuya, Territorio de la Capital Federal.

Libertad de reunión pacífica

El gobierno impuso restricciones ilícitas a los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación. Tras las protestas convocadas al amparo de la etiqueta #EndBadGovernance que tuvieron lugar del 1 al 10 de agosto, más de 1.000 personas fueron detenidas en todo el país y al menos 24 manifestantes murieron en episodios de represión violenta a manos de las fuerzas de seguridad en las ciudades de Kano y Maiduguri y en los estados de Jigawa, Katsina, Níger y Kaduna.¹

El 2 de septiembre, las autoridades encausaron a 12 manifestantes de #EndBadGovernance: Adeyemi Abiodun Abayomi, Musa Abdullahi, Michael Tobiloba Adaramoye, Bashir Bello, Angel Love Innocent, Nuradeen Khamis, Buhari Lawal, Lucky Ehis Obiyan, Mosiu Sadiq, Opaluwa Eleojo Simeon, Suleiman Yakubu y Abdulsalam Zubairu. Estas personas comparecieron ante un tribunal superior federal en el Territorio de la Capital Federal de Abuya por los cargos falsos de delito grave y traición, conspirar para desestabilizar Nigeria, incitar al motín y hacer la guerra contra el Estado nigeriano, entre otros.

El 1 de noviembre, tras ser detenidos y sufrir malos tratos, 114 manifestantes de #EndBadGovernance fueron encausados en grupos en un tribunal superior federal del Territorio de la Capital Federal de Abuya. La mayoría de las personas encausadas en uno de los grupos eran menores de edad, y cuatro de ellas se desmayaron en el tribunal, después de haber pasado más de dos meses recluidas en condiciones terribles. En el estado de Katsina, 12 menores de 16 años también fueron sometidos a un juicio sin garantías, acusados de participar en las protestas de #EndBadGovernance. Muchos habían sido detenidos por el mero hecho de estar en la calle durante las protestas.²

Derecho a verdad, justicia y reparación

El 10 de julio, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO) falló en la causa Obianuju Catherine Udeh and 2 Others v. Federal Republic of Nigeria que las autoridades nigerianas habían violado los derechos de manifestantes de #EndSARS. Entre los derechos vulnerados se contaban el derecho a la seguridad de la persona y a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación, así como el derecho a no sufrir tortura y otros malos tratos, el deber del Estado de investigar y el derecho a un recurso efectivo. Sin embargo, el Tribunal no exigió responsabilidades a las autoridades nigerianas por el homicidio de 12 manifestantes en los incidentes ocurridos en octubre de 2020 en el peaje de Lekki y en el distrito de Alausa, estado de Lagos.

Homicidios y ataques ilícitos

En un informe publicado en octubre, Amnistía Internacional documentó al menos 555 muertes a causa de violencia colectiva en 363 incidentes registrados entre enero de 2012 y agosto de 2023. Muchas de las víctimas habían sido torturadas hasta la muerte o asesinadas después de ser acusadas de robo, brujería y blasfemia, entre otras cosas. El número escaso de incidentes de este tipo investigados y enjuiciados demostraba que las autoridades no protegían a la gente contra la violencia.³

Entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, hombres armados atacaron comunidades de las zonas de gobierno local de Barkin Ladi, Bokkos y Mangu, en el estado de Plateau, y mataron a 1.333 personas, 260 de ellas niños y niñas.

En marzo, la explosión de una bomba en Kawori, zona de gobierno local de Konduga, estado de Borno, causó la muerte de 16 personas y heridas a decenas más.

En abril, los enfrentamientos entre agricultores y ganaderos que tuvieron lugar en la zona de gobierno local de Omala, estado de Kogi, se saldaron con la muerte de 21 personas. En junio, ocho personas resultaron heridas en un ataque efectuado por ganaderos en las zonas de gobierno local de Birninkudu, Dutse y Kiyawa, en el estado de Jigawa.

El 24 de diciembre, hombres armados mataron al menos a 15 personas —la mayoría mujeres, niños y niñas— en un ataque contra la comunidad de Gidan Ado, en la zona de gobierno local de Riyom de Ganawuri, estado de Plateau; los cadáveres quedaron esparcidos en viviendas, patios y granjas.

Violaciones del derecho internacional humanitario

El 30 de septiembre, la Fuerza Aérea de Nigeria llevó a cabo ataques aéreos contra la localidad de Jika da Kolo en el distrito de Yadin Kidandan, estado de Kaduna, que causaron la muerte de 23 de sus habitantes, incluidos niños y niñas. Entre las víctimas había fieles de una mezquita y personas que hacían sus compras en un mercado.

El 25 de diciembre, ataques aéreos militares mataron al menos a 10 personas en las comunidades de Gidan Sama y Rumtuwa, en la zona de gobierno local de Silame, estado de Sokoto.

Derechos de las mujeres y de las niñas

Las autoridades no tomaron medidas efectivas para impedir los ataques contra niñas y escuelas. Un decenio después del secuestro de 276 niñas en una escuela de Chibok, estado de Borno, por combatientes de Boko Haram, 82 de ellas continuaban cautivas. De las niñas liberadas, 20 se veían obligadas a vivir con combatientes de Boko Haram “arrepentidos” con los que las habían obligado a casarse cuando estaban cautivas. Varias niñas habían sido secuestradas en ataques posteriores.⁴

Amnistía Internacional informó en junio de que se negaban la justicia y el apoyo para la reintegración a niñas vinculadas o consideradas vinculadas a Boko Haram que habían sobrevivido a años de abusos de este grupo y de las fuerzas nigerianas.⁵

El 24 de agosto, un proyecto de ley para derogar la Ley de Prohibición de la Violencia contra las Personas, de 2015, concebida para reducir la violencia de género en Nigeria, pasó a su segunda lectura en el Senado.

Derechos económicos, sociales y culturales

Una tasa de inflación del 33,4% —con un aumento del 9,32% respecto a julio de 2023— y el elevado costo de bienes y servicios causaron un descenso del nivel de vida de la población. El 5 de septiembre, el gobierno aumentó el precio de la gasolina de 617 nairas (0,37 dólares estadounidenses) a 817 nairas (0,50 dólares) por litro sin adoptar medidas compensatorias para proteger los ingresos. El 9 de septiembre, agentes del Departamento de Servicios del Estado irrumpieron de forma ilícita en la oficina de la organización de derechos humanos Proyecto de Derechos Socioeconómicos y Rendición de Cuentas, tras haber pedido ésta al presidente la anulación del aumento de los precios en un plazo de 24 horas.

Entre el 18 y el 22 de diciembre, 67 personas —la mayoría de ellas al borde de la inanición— murieron en estampidas cuando intentaban conseguir alimentos en actos benéficos para la distribución de arroz: el 18 de diciembre, 35 niños y niñas murieron en la ciudad de Ibadan, estado de Oyo; el 21 de diciembre, 22 personas murieron en la ciudad de Okija, zona de gobierno local de Ihiala, estado de Anambra, y, también el 21 de diciembre, 10 personas murieron en el Territorio de la Capital Federal de Abuya.

Derecho a un medioambiente saludable

El 11 de octubre, el Tribunal de Apelación de Reino Unido falló que la demanda presentada en 2015 por las comunidades de Bille y Ogale, estado de Rivers, contra Shell Petroleum Development Company debía proceder a la fase de juicio, decisión que probablemente daría lugar a la revelación de importantes documentos internos de Shell. Este fallo revocaba uno anterior dictado en marzo por el Tribunal Superior de Reino Unido que negaba justicia a las dos comunidades que habían presentado la demanda para que Shell rindiera cuentas por decenios de devastación ambiental causada por los vertidos de petróleo.

La respuesta de Nigeria al cambio climático seguía siendo inadecuada debido a sus deficientes políticas climáticas y a las insuficientes opciones de energías renovables.