Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2025.

La policía intensificó el uso de fuerza excesiva e innecesaria para reprimir protestas, especialmente las celebradas por miembros y simpatizantes de la oposición, lo que dio lugar a la muerte de al menos 277 personas. Se menoscababan gravemente los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica y se sometía a periodistas a intimidación, hostigamiento, amenazas y ataques. Al menos 20 civiles murieron a manos de grupos armados y de una milicia gubernamental en el conflicto que tenía lugar en la provincia de Cabo Delgado. La policía no protegía a la población de secuestros cometidos por delincuentes.

Información general

El 9 de octubre se celebraron elecciones generales. Las denuncias de fraude electoral formuladas por miembros de la oposición y observadores independientes dieron lugar a protestas en gran escala. En la capital, Maputo, unos hombres armados no identificados mataron 19 de octubre a Paulo Guambe, dirigente del Partido Optimista para el Desarrollo de Mozambique (PODEMOS), y a Elvino Dias, abogado del candidato presidencial independiente respaldado por PODEMOS Venâncio Mondlane. El 21 de octubre, en respuesta a los homicidios, Venâncio Mondlane convocó 25 días de protestas pacíficas en todo el país. El 23 de diciembre, el Tribunal Constitucional confirmó la victoria en las elecciones del candidato presidencial Daniel Chapo y su partido, Frente de Liberación de Mozambique (FRELIMO), resultados que daban continuidad a casi 50 años de gobierno del FRELIMO.

El gobierno no tomó medidas adecuadas para proteger la producción agrícola frente a los efectos de la prolongada sequía causada por el fenómeno El Niño. La falta de lluvias afectaba a aproximadamente 1,8 millones de personas, sobre todo a mujeres de las regiones del sur y el centro. En el distrito de Vanduzi, provincia de Manica, la inseguridad alimentaria aumentó.

El ciclón Chido causó 94 muertes y obligó a desplazarse o afectó de otro modo a 622.000 personas en el norte del país.

Uso excesivo e innecesario de la fuerza

Los controvertidos resultados electorales desencadenaron protestas a las que la policía respondió con violencia y con el uso de munición real y gas lacrimógeno. Al menos 277 personas murieron, entre ellas dos niños y dos transeúntes, y un mínimo de 600 habían resultado heridas hasta el 29 de diciembre. Las autoridades no tomaron medidas para poner a los presuntos autores de estos hechos a disposición de la justicia.

El 10 de octubre, dos observadores electorales de partidos de la oposición resultaron heridos por disparos de la policía —uno en el barrio de George Dimitrov, en la ciudad de Maputo; y otro en el barrio de Bandua, en el distrito de Buzi, provincia de Sofala— tras haber intentado entrar en centros de votación para impedir presuntos fraudes electorales. El 16 de octubre, un manifestante resultó herido por disparos de la policía en la ciudad de Nampula durante una concentración celebrada por PODEMOS para dar la bienvenida a Venâncio Mondlane. El 21 de octubre, la policía utilizó helicópteros para disparar gas lacrimógeno contra la población en el barrio de Maxaquene, epicentro de las protestas en la ciudad de Maputo. El impacto de algunos botes de gas lacrimógeno alcanzó a personas que estaban en sus casas, entre las que había niños y niñas. El 24 de octubre, dos hombres y una mujer murieron por disparos en las ciudades de Nampula, Chimoio y Tete, respectivamente; la mujer recibió un disparo en la cabeza cuando estaba en el interior de su casa. Ese mismo día, decenas de manifestantes fueron ingresados en hospitales con heridas de bala en estas ciudades y en Maputo. Una semana más tarde, dos manifestantes murieron por disparos efectuados por la policía en mercados de la ciudad de Nampula; una de esas personas estaba en un café. Ese mismo día, tres manifestantes murieron en el distrito de Mecanhelas, provincia de Niassa, al disparar la policía munición real.

El 1 de noviembre, un hombre murió por disparos de la policía después de que, junto con otros manifestantes, causara daños en unas oficinas del partido FRELIMO ubicadas en el distrito de Mecubúri, provincia de Nampula. El 4 de noviembre, la policía mató al menos a cuatro personas, entre ellas dos niños, en los barrios de Magoanine y Hulene, en Maputo. Ese mismo día, en la ciudad de Matola, un hombre murió al recibir el impacto de una bala disparada por la policía en el barrio de Mahlampsene, y helicópteros policiales dispararon gas lacrimógeno en el barrio de Patrice Lumumba; ese mismo día, dos manifestantes murieron y otras 23 personas resultaron heridas, ocho de ellas de gravedad, por disparos de la policía en el distrito de Meconta, provincia de Nampula. El 13 de noviembre, la policía mató a tiros a siete manifestantes y causó lesiones a decenas de personas en el barrio de Namicopo, en la ciudad de Nampula, cuando marchaban en dirección al mercado de Waresta. El 26 de noviembre, un vehículo del ejército atropelló a una mujer durante una protesta en la ciudad de Maputo. Un mes más tarde, un bloguero murió por disparos de la policía cuando filmaba a agentes policiales disparando gas lacrimógeno contra manifestantes en Ressano Garcia, provincia de Maputo. Entre el 23 y el 25 de diciembre, la policía mató a 88 manifestantes en el país.

El 25 de diciembre, las fuerzas de seguridad mataron al menos a 35 personas que se habían fugado de una prisión de máxima seguridad en Maputo.

Libertad de reunión pacífica

La policía intensificó la represión del derecho a la libertad de reunión pacífica.

El 4 de junio, decenas de agentes de la Unidad de Intervención Rápida (policía antidisturbios) fuertemente armados dispersaron a unos 200 ex agentes del Servicio Nacional de Seguridad Popular, la mayoría personas de edad avanzada, que acampaban ante las oficinas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la ciudad de Maputo. Estas personas reclamaban una indemnización que afirmaban se les debía en virtud de un acuerdo de paz de 1992. Unos agentes de policía atacaron a dos periodistas que filmaban los hechos y les confiscaron la cámara.

Tras la convocatoria por Venâncio Mondlane de 25 días de protestas pacíficas el 21 de octubre (véase, supra, “Información general”), la policía reprimió la mayoría de las protestas haciendo uso de fuerza excesiva e innecesaria en las ciudades de Maputo, Matola, Chimoio, Tete y Nampula, en los distritos de Moamba y Mecanhelas y en otros lugares. El día que se convocaron las protestas, la policía reprimió un acto al que asistía Venâncio Mondlane en la avenida Joaquim Chissano de la ciudad de Maputo. Tres días después, también en Maputo, la policía disparó gas lacrimógeno contra estudiantes que protestaban en la avenida Mao Tse Tung y los obligó a retirarse. La policía interrumpió una protesta que tenía lugar a unos kilómetros de la oficina del presidente situada en la avenida Julius Nyerere; y otra en el distrito de Moamba, cerca de la ciudad de Ressano Garcia, en la frontera con Sudáfrica. El 7 y el 13 de noviembre, la policía usó gas lacrimógeno para impedir una marcha de manifestantes entre Matola y Maputo, así como en la ciudad de Nampula. Entre el 5 y el 25 de diciembre, la policía reprimió más de 10 protestas en las ciudades de Maputo, Matola y Nampula.

Detención y reclusión arbitrarias

La policía seguía utilizando la detención y reclusión arbitrarias. Antes y después de las elecciones, cientos de personas fueron detenidas por su apoyo o afiliación a PODEMOS, y miles más fueron detenidas por secundar protestas entre el 21 de octubre y el 29 de diciembre. Muchas de ellas continuaban bajo custodia al terminar el año.

El 9 de febrero, el activista de la sociedad civil Joaquim Pachoneia fue detenido en la ciudad de Nampula por incitar a la violencia e “insultar” al presidente y a las fuerzas policiales; quedó en libertad bajo fianza el 12 del mismo mes. El 3 de septiembre, tres personas fueron detenidas en el distrito de Dondo, provincia de Sofala, por atacar presuntamente a miembros del partido opositor Movimiento Democrático de Mozambique. El 15 de septiembre, un miembro de PODEMOS fue detenido en la ciudad de Tete, acusado de dañar la bandera del FRELIMO. Durante la concentración de PODEMOS del 16 de octubre (véase, supra, “Uso excesivo e innecesario de la fuerza”), el músico David Calisto Bandeira fue detenido y acusado de incitar a la violencia por sus canciones en favor de ese partido político; quedó en libertad unas horas después por falta de pruebas.

Libertad de expresión

El derecho a la libertad de expresión fue objeto de graves restricciones, especialmente durante el periodo electoral. El gobierno cortó en repetidas ocasiones el acceso a Internet y, después del 21 de octubre, bloqueó de forma intermitente los sitios de redes sociales. La policía sometió a intimidación, amenazas y violencia a periodistas y otras personas.

El 27 de agosto, unos agentes de la Unidad de Intervención Rápida detuvieron en la provincia septentrional de Cabo Delgado a un observador electoral de la ONG nacional Centro de Integridad Pública —a pesar de que portaba las credenciales adecuadas expedidas por la Comisión Nacional Electoral—, después de que fotografiara carteles en una escuela local. La ley prohibía que las escuelas exhibieran carteles. El observador fue acusado de ser miembro de “los terroristas” activos en Cabo Delgado, pero quedó en libertad unas horas más tarde tras la intervención de su familia.

El 21 de octubre, la policía disparó gas lacrimógeno contra periodistas que entrevistaban a Venâncio Mondlane en la avenida Joaquim Chissano de la ciudad de Maputo; Gaspar Chirindza, de Soico TV, recibió el impacto de un bote de gas lacrimógeno en una pierna.

El 25 de octubre, Nuno Gemuce Alberto, periodista de la radio comunitaria de Gilé, fue agredido por la policía tras informar de la violencia policial ejercida contra manifestantes en el distrito de Gilé, provincia de Zambezia.

Violaciones del derecho internacional humanitario

Al menos 20 civiles murieron en la provincia de Cabo Delgado en ataques de grupos armados y de una milicia local gubernamental conocida como Naparama. Grupos armados saqueaban sistemáticamente suministros de almacenes pertenecientes a ONG y al Programa Mundial de Alimentos. Médicos Sin Fronteras informó de que había tenido que reubicar personal y suspender sus actividades locales debido a los ataques. La violencia dio lugar al desplazamiento interno de más de 700.000 personas.

El 28 de enero, un hombre fue decapitado por grupos armados en el distrito de Metuge cuando regresaba a su casa desde Pulo, una zona agrícola. Aumentaron los ataques de este tipo de grupos en el distrito de Chiúre. El 15 de febrero, grupos armados mataron a un civil y quemaron dos iglesias en las localidades de Muerota y Kitivahola; al día siguiente, acabaron con la vida de otro residente y quemaron una iglesia, 24 casas y una escuela en la localidad de Nkiura. Entre el 26 y el 27 de febrero, mataron al menos a ocho personas e incendiaron un hospital y una escuela en la localidad de Mmala. El 10 de mayo, atacaron el distrito de Macomia y destruyeron casas e infraestructuras públicas. El 11 de diciembre, mataron a dos civiles en la localidad de Miangelewa, distrito de Muidumbe, y saquearon sus suministros.

El 8 de marzo, Naparama mató en el distrito de Chiúre a tres civiles a los que consideraba “terroristas”; estas personas habían llevado a cabo un programa educativo sobre registro electoral para la población local.

Derecho a la vida y a la seguridad de la persona

Las autoridades no tomaron medidas adecuadas para garantizar la liberación en condiciones de seguridad de al menos 12 empresarios de origen asiático o familiares suyos secuestrados por delincuentes para pedir rescate. Tampoco tomaron las medidas necesarias para impedir este tipo de delitos.

Entre la víctimas figuraban Saif Arif y Ali Mamade, secuestrados en marzo y mayo, respectivamente, y puestos en libertad después; y Aboo Gafar, secuestrado en junio y cuyo paradero seguía sin conocerse. Los tres secuestros se llevaron a cabo en la ciudad de Maputo.