Mali

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2025.

Las autoridades incrementaron el uso de la detención arbitraria y las desapariciones forzadas para reprimir el derecho a la libertad de expresión. Se violó sistemáticamente el derecho a la libertad de asociación. El gobierno y las fuerzas armadas mataron a cientos de civiles. La impunidad por crímenes de derecho internacional era generalizada. Más de 1.600 escuelas permanecieron cerradas debido al conflicto armado. Una nueva legislación violaba los derechos de las personas LGBTI.

Información general

Malí, Níger y Burkina Faso abandonaron la Comunidad Económica de Estados del África Occidental en enero y formaron una confederación en julio. En marzo, el gobierno militar amplió el periodo de transición política iniciado tras el golpe de Estado militar de 2020.

El acuerdo de paz de 2015 entre el gobierno y los grupos separatistas del norte fracasó y continuaron los combates en la zona septentrional. Los grupos armados islamistas siguieron atacando posiciones militares y comunidades locales, mientras que hubo personal militar extranjero ruso que luchó junto a las fuerzas gubernamentales. Según cifras de la ONU, hasta el 31 de julio se contaban casi 331.000 personas internamente desplazadas. La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios indicó que el 32% de la población necesitaba ayuda humanitaria.

El Comité Interministerial de Gestión de Crisis y Catástrofes declaró que 264.646 personas se habían visto afectadas por inundaciones, las cuales habían causado al menos 177 muertes hasta octubre.

Detención y reclusión arbitrarias

Con frecuencia se sometía a detención y reclusión arbitrarias a personas que ejercían su derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica.

En marzo fue detenido Alpha Yaya Sangaré, teniente coronel de la Gendarmería Nacional, tras publicarse un libro en el que se acusaba al ejército de cometer violaciones de derechos humanos contra civiles. Las acusaciones contra él no se dieron a conocer. También en marzo fue detenido el economista Étienne Fakaba Sissoko en relación con un libro en el que denunciaba el uso de “propaganda” por parte del gobierno.¹ En mayo, el economista fue declarado culpable de difamación, de dañar la reputación del Estado y de distribuir noticias falsas, y fue condenado a tres años de prisión (uno con suspensión de la pena) y a una multa. En noviembre perdió el recurso contra su sentencia condenatoria.

El 27 de mayo, Boubacar Karamoko Traoré, de 80 años, fue detenido en la Oficina del Primer Ministro y acusado de “atentar contra la integridad del Estado, desacato al tribunal y difusión de declaraciones engañosas susceptibles de perturbar el orden público”. Karamoko Traoré era presidente interino del comité estratégico del Movimiento 5 de Junio-Agrupación de Fuerzas Patrióticas, que había desempeñado un papel clave en las protestas postelectorales de 2020. También había firmado un memorando para condenar las tácticas de liderazgo de mano dura de las fuerzas armadas desde 2020 y la decisión de retrasar las elecciones. Traoré fue condenado a un año de prisión, que se redujo a tres meses en apelación en septiembre.

El 20 de junio, la gendarmería detuvo a 11 personas durante una reunión de carácter político en Bamako, la capital, en la residencia del vicepresidente de la Alianza para la Democracia en Malí-Partido Africano para la Solidaridad y la Justicia. El 24 de junio, tras ser presentadas ante un juez de instrucción para una audiencia sumaria, se ordenó el ingreso en prisión de 10 de dichas personas. El 5 de julio se detuvo también a Mohamed Aly Bathily en relación con la reunión. Junto con las 10 personas anteriores, éste fue acusado de “alteración del orden público y conspiración contra el Estado”. El 9 de septiembre, el juez de instrucción ordenó la puesta en libertad provisional de todos ellos. No obstante, la Fiscalía recurrió la orden y los 11 permanecieron recluidos en la prisión de Dioila hasta su puesta en libertad en diciembre.

El 12 de julio, unos hombres armados no identificados obligaron a Youssouf Daba Diawara, excoordinador de la posteriormente disuelta Coordinación de Movimientos, Asociaciones y Simpatizantes (CMAS), del imán Mahmoud Dicko, a salir de su automóvil y lo condujeron a la brigada de investigación judicial de la gendarmería. El 15 de julio, un juez lo acusó de “oponerse a la autoridad legítima” por haber participado en una protesta no autorizada en junio. El 3 de octubre lo pusieron en libertad provisional.²

Desapariciones forzadas

Se desconocieron durante largos periodos la suerte y el paradero de varias personas detenidas por la Agencia Nacional de Seguridad del Estado (servicios de inteligencia).

En marzo, tras pasar tres meses recluido en un lugar desconocido, Hamadoun Dicko, miembro del grupo de la sociedad civil Tabital Pulaaku Malí, recuperó la libertad. También en marzo, se detuvo sin cargos a una veintena de dirigentes de la posteriormente disuelta Asociación de Estudiantes y Alumnado de Malí (AEEM, por sus siglas en francés), a los que se retuvo en un lugar desconocido hasta finales de junio. El ciberactivista Yeri Bocoum fue sometido a desaparición forzada en junio durante casi un mes, tras haber cubierto las protestas organizadas por Sinergia de Acción para Malí. En agosto, el exdiputado Idrissa Sankaré fue secuestrado y permaneció detenido 24 días.

Libertad de asociación

El gobierno disolvió varias asociaciones de la sociedad civil, entre ellas el Observatorio para las Elecciones y la Buena Gobernanza, Kaoural Renouveau, CMAS, AEEM y Sinergia de Acción para Malí. Entre el 10 de abril y el 10 de julio, el gobierno suspendió todas las actividades de los partidos políticos. También en abril, las autoridades prohibieron a los medios de comunicación dar cobertura a las actividades de partidos políticos y “asociaciones políticas”.

Homicidios ilícitos

Las partes en conflicto acabaron ilícitamente con la vida de cientos de civiles; algunas muertes podrían constituir crímenes de derecho internacional.

Grupos armados

El 3 de enero, unos cazadores dozos secuestraron a 24 lugareños de Boura, en la región de Sikasso. Días después aparecieron los cadáveres de 17 de los secuestrados, según la organización local Tabital Pulaaku. El 6 de enero, unos cazadores dozos mataron a 13 personas en el pueblo de Kalala-Peul, en el centro-sur de Malí, cerca de Segú.

En mayo, presuntos miembros del Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (GSIM, por sus siglas en francés) mataron, en la carretera que unía los pueblos de Goundam y Diré, en la región de Tombuctú, a nueve jóvenes que participaban en un programa de reclutamiento del ejército. Ese mismo mes, presuntos miembros del GSIM mataron a 19 personas internamente desplazadas en sus fincas agrícolas de Diallassagou, en la región de Moptí, según fuentes locales y medios de comunicación. Según fuentes gubernamentales, en julio mataron a unas 23 personas en los pueblos de Djiguibombo y Sokorokanda, en la región de Moptí, y destruyeron varias propiedades, incluido un centro de salud. Además, atacaron el pueblo de Dembo, también en Moptí, donde asesinaron a 20 pequeños terratenientes.

Fuerzas gubernamentales

El 17 de marzo, dos ataques del ejército con drones causaron la muerte de al menos 13 civiles, entre ellos siete menores de edad, e hirieron a más de 12 personas en Amasrakad, en la región de Gao.³ Una semana después, otro ataque con drones alcanzó un recinto en el pueblo de Douna, en la región de Moptí; 14 personas murieron, entre ellas 11 menores, y nueve más resultaron heridas.

El 21 de octubre, unos ataques con drones mataron a ocho civiles, entre ellos seis menores, en Inadiatafane, en la región de Tombuctú.⁴

Derecho a verdad, justicia y reparación

El 26 de junio, la Corte Penal Internacional declaró a Al Hassan Ag Abdoul Aziz culpable de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra; no obstante, lo absolvió de los crímenes de guerra y de lesa humanidad de violación, esclavitud sexual y matrimonio forzado, así como del crimen de guerra de atacar bienes protegidos.⁵ En noviembre lo condenó a 10 años de prisión.

No hubo avances en las investigaciones de las jurisdicciones nacionales sobre los crímenes de guerra cometidos en la región de Moptí, entre otros en los pueblos de Moura en 2022, Ogossagou en 2019 y 2020, y Sobane-Da en 2019.

Derecho a la educación

En enero, el Clúster Global de Educación, grupo de ONG humanitarias, reveló que durante 2023 se habían cerrado sin fecha de reapertura 1.657 escuelas debido a la inseguridad o a la crisis humanitaria, hecho que afectaba a 497.100 estudiantes y 9.942 docentes.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

En diciembre entró en vigor un nuevo Código Penal que tipificaba como delito la conducta sexual consentida entre personas del mismo sexo y la castigaba con una pena de dos años de prisión y una multa.