Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2025.

Aunque continuaba siendo uno de los países más vulnerables al cambio climático, Maldivas siguió dependiendo en gran medida de los combustibles fósiles. Las comunidades marginadas se vieron afectadas de manera desproporcionada por la crisis climática. Siguieron restringiéndose la libertad de prensa y el derecho a la libertad de reunión pacífica.

Información general

El Congreso Nacional del Pueblo ganó las elecciones parlamentarias en abril.

Libertad de expresión

Permanecía en vigor la Ley sobre Pruebas, que permitía a la judicatura obligar a periodistas a revelar sus fuentes en cuestiones relacionados con el “terrorismo” y la “seguridad nacional”. En mayo, Maldivas descendió seis posiciones en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada por Reporteros sin Fronteras, con lo que quedó en el puesto número 106 de 180 países.

Libertad de reunión pacífica

Aumentaron las restricciones ilegítimas a la libertad de reunión pacífica. En febrero, el director general de la Policía anunció la prohibición de todo acto de protesta en las zonas circundantes a instituciones gubernamentales, tales como el Parlamento, la Presidencia del Gobierno y el Tribunal Supremo.

En febrero, el Tribunal Superior resolvió que el despido de Aishath Rasheed, empleada del Servicio de Policía de Maldivas, había sido improcedente. Aishath Rasheed había sido despedida en agosto de 2017, tras haber participado en una manifestación para conmemorar el tercer aniversario de la desaparición forzada del periodista Ahmed Rilwan, de Minivan News. El tribunal ordenó que fuera readmitida e indemnizada.

En agosto, los medios de comunicación informaron de la detención y reclusión ilícita de dos mujeres —Shazra Ibrahim y Aishath Shadhiya— por haber protestado en las proximidades de embajadas, oficinas de la ONU y residencias de embajadores. Ambas mujeres, que pedían el boicot de los productos israelíes, fueron puestas bajo custodia y, posteriormente, el 5 de septiembre, quedaron en libertad condicional.

Derechos de las mujeres y de las niñas

Las mujeres seguían estando infrarrepresentadas en la vida pública. En las elecciones de abril, sólo tres mujeres fueron elegidas como diputadas de un total de 93 escaños parlamentarios. Persistía la violencia de género, con bajos índices de investigación, procesamiento y juicio en los casos de violencia contra mujeres y niñas. En julio, el Comité de Derechos Humanos de la ONU manifestó su preocupación por que la mutilación genital femenina y la violencia de género en el ámbito familiar no estuvieran tipificadas como delitos específicos.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

Seguían estando penalizadas las relaciones sexuales consentidas entre personas adultas del mismo sexo, así como las relaciones sexuales prematrimoniales y extramaritales.

Libertad de religión o de creencias

En julio, el Comité de Derechos Humanos de la ONU instó a Maldivas a reformar las disposiciones constitucionales que establecían la prevalencia de la sharia (ley islámica), y lograr así la armonización con los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de derechos humanos. Algunos grupos religiosos y políticos siguieron esgrimiendo argumentos religiosos para abogar por la restricción de los derechos humanos y del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. La Red para la Democracia en Maldivas seguía sin poder operar tras haber sido clausurada en 2019 debido a las presiones de grupos religiosos.

Derechos económicos, sociales y culturales

El Fondo Monetario Internacional resaltó el elevado costo de la vida, las importaciones y la energía en el país. En marzo, el experto independiente de la ONU sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo visitó el país y observó que, para quienes vivían en islas remotas, el acceso a la vivienda y a agua potable seguía siendo difícil. En julio, el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó preocupación por la elevada prevalencia de los abortos peligrosos, por el estigma que pesaba sobre la atención reproductiva y por las barreras geográficas a los servicios de salud.

Derecho a verdad, justicia y reparación

En mayo se disolvió la Comisión Presidencial sobre Muertes y Desapariciones sin haber publicado las conclusiones de sus investigaciones ni haber hecho llegar información a las familias de las personas sometidas a desaparición forzada.

Derecho a un medioambiente saludable

Tras su visita a Maldivas, el relator especial de la ONU sobre el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible resaltó los retrasos que se estaban experimentando en la transición a energías limpias y la fuerte dependencia existente con respecto a los combustibles fósiles subvencionados por el Estado. Asimismo, recalcó el impacto desproporcionado de la crisis climática sobre las comunidades marginadas, que tenían acceso limitado a medidas de adaptación. El experto independiente de la ONU sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo describió cómo las prácticas de urbanización rápida y desarrollo no sostenible seguían exacerbando la degradación ambiental.