Jordània

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2025.

Jordania intensificó las medidas represivas contra el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, deteniendo y procesando a miles de personas por criticar a las autoridades, expresar sentimientos favorables a Palestina o participar en protestas pacíficas. Centenares de personas fueron sometidas a detención administrativa, sin cargos ni acceso a las garantías del debido proceso. Se disolvieron partidos políticos. Las mujeres y las niñas continuaron sufriendo discriminación en la ley y en la práctica. Las condiciones de las personas refugiadas y solicitantes de asilo empeoraron debido, entre otras cosas, a recortes de fondos. Jordania seguía siendo vulnerable al cambio climático, que amenazaba sus recursos hídricos.

Información general

Jordania se sometió a su cuarto Examen Periódico Universal en enero. El gobierno sólo tomó nota de las recomendaciones de eliminar las disposiciones legales que penalizaban formas de expresión protegidas por el derecho internacional. Rechazó las relativas a derogar o modificar la Ley de Prevención del Delito de 1954, que las gobernaciones seguían utilizando para ordenar detenciones administrativas, sin cargos ni juicio. No se comprometió a reformar la Ley de Nacionalidad para conceder a las mujeres el derecho a transmitir la nacionalidad a sus descendientes, en pie de igualdad con los hombres. Rechazó las recomendaciones de abolir la pena de muerte y ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura.

En septiembre se celebraron por primera vez elecciones parlamentarias conforme a la ley electoral de 2022. Los partidos de la oposición obtuvieron alrededor de una quinta parte de los escaños. Las facciones tribales y favorables al gobierno siguieron dominando la asamblea.

Jordania continuó acogiendo a unos dos millones de personas refugiadas palestinas y a más de 750.000 de otros países, entre ellos Siria.

La tasa de desempleo se mantuvo en niveles elevados, especialmente entre las mujeres y la población joven.

Libertad de expresión

Las autoridades presentaron cargos contra cientos de personas en aplicación de la represiva Ley de Delitos Informáticos de 2023 por publicaciones en las redes sociales donde criticaban al gobierno en relación con medidas como firmar un acuerdo de paz con Israel, expresaban sentimientos favorables a Palestina o convocaban protestas pacíficas y huelgas públicas.¹

En junio, un tribunal penal declaró culpable a la periodista Hiba Abu Taha y la condenó a un año de prisión por utilizar las redes sociales para “difundir noticias falsas, insultar o difamar a una autoridad gubernamental o a un organismo oficial” y por “incitar al conflicto o a la sedición, o amenazar la paz social o incitar al odio o a la violencia”. Los cargos se debían a un artículo que había escrito y compartido en las redes sociales, en el que criticaba que Jordania hubiera interceptado misiles iraníes dirigidos contra Israel en abril. Según su abogado, el tribunal de apelación confirmó la sentencia y la condena el mismo día y sin celebrar una vista pública, lo que, en su opinión, indicaba que la decisión del juez ya estaba tomada. De las condenas impuestas en aplicación de la Ley de Delitos Informáticos de 2023 que Amnistía Internacional había documentado hasta ese momento, la pena de un año de prisión de Hiba Abu Taha era la más larga.

En julio, un tribunal penal declaró al abogado y activista Moutaz Awwad culpable de “provocar la sedición o el conflicto”, en aplicación del artículo 17 de la Ley de Delitos Informáticos de 2023, y le impuso una multa de 5.000 dinares jordanos (unos 7.000 dólares estadounidenses) por unas publicaciones en X, antes Twitter, en las que criticaba las políticas de los países árabes hacia Israel y expresaba sentimientos favorables a Palestina.

Ese mismo mes, las fuerzas de seguridad detuvieron al destacado periodista Ahmad Hassan al Zoubi en ejecución de la sentencia de un tribunal que, en julio de 2023, le había aplicado la anterior Ley de Delitos Informáticos, de 2015, para declararlo culpable de “provocar conflictos” y condenarlo a un año de prisión por criticar en Facebook la respuesta de las autoridades a unas huelgas del transporte.²

Las autoridades violaron sistemáticamente el derecho a un juicio justo de las personas detenidas por ejercer su derecho a la libertad de expresión; entre otras cosas, al no presentar una orden de detención, no informarles de los motivos de su citación ni de los cargos que se les imputaban, interrogarlas sin asistencia letrada y utilizar coacción psicológica y tácticas intimidatorias durante su interrogatorio o juicio.

En febrero, un fiscal del Tribunal de Seguridad del Estado (de carácter militar) acusó al activista político Ayman Sanduka de “incitación a oponerse al régimen político” en aplicación del artículo 149 del Código Penal. La acusación estaba relacionada con una carta abierta al rey que Ayman Sanduka había publicado en Facebook en octubre de 2023 y en la que criticaba las relaciones diplomáticas de Jordania con Israel. Al finalizar el año seguía sometido a juicio ante el Tribunal de Seguridad del Estado.³

Libertad de reunión pacífica

Entre octubre de 2023 y octubre de 2024, las autoridades detuvieron a miles de manifestantes y transeúntes a raíz de protestas convocadas en apoyo a la población palestina de Gaza frente a la embajada israelí en la capital, Ammán. Muchas de esas personas continuaban recluidas al finalizar el año.⁴

En marzo, las fuerzas de seguridad jordanas dispersaron violentamente manifestaciones pacíficas frente a la embajada israelí empleando gas lacrimógeno y porras y propinando palizas. Según participantes en las manifestaciones a favor de Palestina, se restringió el uso de pancartas con determinados lemas y la participación de menores de 18 años. Las autoridades también prohibieron que continuaran las protestas después de la medianoche.

Libertad de asociación

Las autoridades disolvieron 19 partidos políticos por “incumplimiento de las condiciones de inscripción en registro”. Según la Ley de Partidos Políticos de 2022, dichas condiciones incluían tener un mínimo de 1.000 miembros fundadores que no hubieran sido condenados nunca por delitos contra el “honor, la moral y la seguridad”.

En abril, el Tribunal Administrativo Supremo confirmó la decisión de disolver el Partido de la Asociación y la Salvación por “no haber celebrado una conferencia general que cumpliera las condiciones estipuladas en la Ley de Partidos Políticos de Jordania”. Un abogado miembro del partido informó a Amnistía Internacional de que su agrupación estaba sufriendo hostigamiento e intimidación por parte de las autoridades.

Detención arbitraria

Las gobernaciones locales continuaron aplicando la Ley de Prevención del Delito de 1954 para someter a detención administrativa a quienes consideraban “un peligro para el pueblo”, sin presentar cargos ni permitir impugnar la legalidad de la detención ante un órgano judicial competente. Entre las personas afectadas había activistas y mujeres en riesgo de ser víctimas de “delitos en nombre del honor”, que a menudo eran detenidas con el pretexto de protegerlas de posibles actos de violencia o represalias.

Por orden del gobernador de Ammán, se sometió a detención administrativa a decenas de personas en relación con protestas o declaraciones a favor de Palestina, incluso en casos en los que la fiscalía había ordenado su puesta en libertad.

Por ejemplo, en marzo, el activista Majd al Farraj fue detenido durante una protesta y estuvo sometido a detención administrativa durante 40 días. Asimismo, en abril, agentes de seguridad detuvieron al activista de Internet Samer al Qassem por publicar un vídeo en TikTok sobre personas refugiadas palestinas. Aunque la fiscalía lo dejó en libertad bajo fianza en mayo, el gobernador de Ammán solicitó su detención administrativa durante un mes más. En junio, un tribunal penal lo condenó a tres meses de prisión y al pago de una multa en virtud de la Ley de Delitos Informáticos de 2023 por “utilizar plataformas de redes sociales para provocar la sedición y amenazar la paz social”.

Miles de personas se enfrentaban a penas de prisión por deudas en virtud de la Ley de Ejecución, el principal instrumento legislativo utilizado para encarcelar por morosidad, en contravención del derecho internacional.

Derechos de las mujeres y de las niñas

Las mujeres y las niñas continuaron sufriendo discriminación en la ley y en la práctica, especialmente con respecto a las leyes sobre el estatuto personal y a la falta de protección frente a la violencia de género en el ámbito familiar. Las mujeres menores de 40 años necesitaban para casarse el consentimiento de un tutor masculino, normalmente su padre u otro pariente varón. Las mujeres jordanas seguían sin poder transmitir legalmente la nacionalidad a su cónyuge, hijos e hijas, en igualdad de condiciones con los hombres.

Las mujeres tenían un 40% más de probabilidades que los hombres de estar desempleadas debido a normas culturales y sociales que limitaban su acceso al mercado laboral, así como a barreras como las largas jornadas laborales y el acceso restringido a guarderías. Según el Índice Global de Brecha de Género del Foro Económico Mundial, la proporción de mujeres en los gobiernos locales disminuyó un 6,9% con respecto a 2023.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Según el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, la escasez de ayuda internacional, entre otros motivos, hizo que las personas refugiadas y solicitantes de asilo se enfrentaran a un deterioro de sus condiciones, incluidas graves limitaciones en el acceso a sus derechos económicos y sociales, incluido el derecho a la alimentación, el agua, la atención sanitaria, la vivienda, la educación y el trabajo. Los índices de pobreza entre las personas refugiadas registradas que vivían en campos de acogida aumentaron significativamente: se clasificó como pobres al 67%, frente al 45% de 2021. Según el ACNUR, aproximadamente el 40% de ellas se enfrentaban a graves niveles de vulnerabilidad climática y estaban especialmente expuestas a sufrir filtraciones de agua e inundaciones en los refugios debido a su deficiente calidad.

En abril, las autoridades jordanas detuvieron a los refugiados sirios Atiya Mohammad Abu Salem y Wael al Ashi durante la represión generalizada de las protestas en apoyo a Palestina. Posteriormente, el Ministerio del Interior dictó sendas órdenes de expulsión contra ellos.⁵ No fueron puestos a disposición judicial ni acusados de ningún delito.⁶ En mayo, las autoridades dejaron en libertad a Atiya Mohammad Abu Salem y, según informes, deportaron a Wael al Ashi a Emiratos Árabes Unidos, donde residía su familia.

Las personas refugiadas y solicitantes de asilo no sirias seguían sin estar autorizadas a trabajar a menos que renunciaran a su protección internacional o a la solicitud de asilo ante el ACNUR y optaran por la condición de migrantes laborales.

Derecho a un medioambiente saludable

Jordania seguía siendo uno de los países con mayor escasez de agua del mundo, ya que el suministro apenas cubría dos tercios de las necesidades de agua de la población. El notable descenso de las precipitaciones, agravado por el cambio climático, redujo aún más sus recursos hídricos.

Jordania no actualizó su contribución determinada a nivel nacional de 2021 con arreglo a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.