Japó

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2025.

Un hombre que llevaba más de 50 años condenado a muerte fue juzgado nuevamente y absuelto. Dos sentencias judiciales positivas supusieron un avance en el camino hacia la legalización del matrimonio homosexual. Un tribunal declaró inconstitucional una ley en aplicación de la cual se había esterilizado a la fuerza a miles de personas —incluidas personas con discapacidad o con enfermedades crónicas— y resolvió que se debía indemnizar a las víctimas. El apoyo de Japón a proyectos de gas natural licuado socavaba las iniciativas globales en favor de la supresión gradual de los combustibles fósiles.

Pena de muerte

El 26 de septiembre, el Tribunal de Distrito de Shizuoka absolvió, tras un nuevo juicio, a Iwao Hakamada, de 88 años de edad, que había sido condenado a muerte por asesinato en 1968. El presidente del tribunal concluyó que en el juicio inicial las autoridades encargadas de la instrucción habían falsificado pruebas. Hakamada había quedado en libertad provisional en 2014, tras pasar más de 45 años en espera de ejecución, gran parte de ellos en régimen de aislamiento. La absolución de Iwao Hakamada dio más fuerza a los llamamientos en favor de la abolición de la pena de muerte.¹

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

En marzo, el Tribunal Superior de Sapporo se convirtió en el primer alto tribunal del país que se pronunciaba sobre el matrimonio homosexual, al declarar inconstitucionales las disposiciones del Código Civil y de la Ley de Registro de Familias que no reconocían el matrimonio entre personas del mismo sexo.² En octubre, el Tribunal Superior de Tokio declaró inconstitucional la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo, porque violaba los artículos 14.1 y 24.2 de la Constitución, relativos a la discriminación y al derecho de cada persona a elegir cónyuge.³

En julio, el Tribunal Superior de Hiroshima autorizó a una demandante cambiar legalmente de género sin someterse a ninguna operación. Anteriormente, en 2023, el Tribunal Supremo había declarado inconstitucional una ley que exigía a las personas transgénero esterilizarse para poder cambiar de género en el registro de familias.

Derechos de las personas con discapacidad

En julio, el Tribunal Supremo declaró inconstitucional la antigua Ley de Protección de la Eugenesia, que establecía la esterilización forzada de personas con discapacidad o con enfermedades crónicas. La sentencia obligaba a indemnizar por daños y perjuicios a las víctimas de esterilización forzada. Más tarde, el gobierno pidió públicamente disculpas y accedió a pagar indemnizaciones de hasta 15 millones de yenes (101.311 dólares estadounidenses) a las víctimas y a sus cónyuges. Asimismo, se comprometió a indemnizar a otras víctimas que aún no se hubieran presentado, muchas de las cuales eran personas de edad avanzada.

El gobierno reconoció que, en aplicación de la ley, y hasta su abolición en 1996, se había sometido a esterilización forzada a 16.500 personas.

Derecho a un medioambiente saludable

Se calculaba que los proyectos de gas natural licuado (GNL) apoyados por el gobierno japonés en el extranjero representaban una cuarta parte de los cargamentos mundiales de ese gas, lo que reportaba beneficios extraordinarios a Japón pero socavaba las iniciativas globales que buscaban reducir la dependencia mundial con respecto a los combustibles fósiles.

El Banco de Japón para la Cooperación Internacional, de titularidad pública, emprendió una investigación interna en febrero para determinar si había violado sus propias directrices ambientales relativas a la financiación de proyectos de GNL en Filipinas. En abril hubo manifestaciones en al menos siete países, y 95 ONG internacionales firmaron una petición por el fin de la ayuda económica japonesa a proyectos de combustibles fósiles en el extranjero y de los daños que provocaban en el medioambiente y las comunidades afectadas.

Climate Action Tracker calificó de “muy insuficiente” la aportación económica de Japón a la lucha contra el cambio climático, dada la escasa cuantía de sus contribuciones en comparación con lo que en justicia le correspondía.

Rendición de cuentas de las empresas

En marzo se conocieron nuevas denuncias sobre abusos sexuales perpetrados por empleados de la agencia de talentos Johnny and Associates Entertainment. En 2023, la empresa había pedido disculpas por la explotación y los abusos de carácter sexual que habían sufrido jóvenes talentos a manos de su fundador, fallecido, y había creado un plan de indemnización. En mayo, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos publicó un informe final tras su visita a Japón en 2023, en el que, si bien reconocía las acciones emprendidas por la empresa, las consideraba inadecuadas para satisfacer las necesidades de las víctimas, incluidas las relacionadas con su salud mental. Hasta diciembre, de las 1.011 víctimas que habían presentado solicitudes, sólo 538 habían llegado a acuerdos de indemnización.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Permanecían en vigor draconianas leyes de inmigración que permitían recluir arbitrariamente y por tiempo indefinido a solicitantes de asilo y otras personas migrantes. La familia de Wishma Sandamali, ciudadana srilankesa fallecida en 2021 en un centro de detención para inmigrantes de Nagoya, continuaba tratando de obtener información y reparación en relación con su muerte. Al concluir el año seguía pendiente de resolución una demanda civil presentada en 2022 en la que reclamaba al gobierno 156 millones de yenes (1,04 millones de dólares estadounidenses) en concepto de daños y perjuicios alegando que a Wishma Sandamali se le había negado la atención médica bajo custodia.⁴