

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2025.
La policía respondió a las protestas públicas con fuerza excesiva e innecesaria. Hubo ataques contra periodistas. Se siguió reprimiendo la libertad de expresión con leyes problemáticas. En Papúa continuaron los homicidios ilícitos, la tortura y la impunidad. Los proyectos de infraestructuras que afectaban a pueblos indígenas no contaron con su consentimiento libre, previo e informado. La política energética y el plan del gobierno sobre las cero emisiones netas de carbono fueron motivo de preocupación. Se reveló en investigaciones que el gobierno importaba y desplegaba software espía y tecnología de vigilancia intrusivos.
Información general
En febrero fue elegido nuevo presidente Prabowo Subianto, a quien se había acusado de ser responsable de violaciones de derechos humanos cometidas a finales de la década de 1990, incluida la desaparición forzada de activistas. Hubo dudas generalizadas sobre la independencia del proceso electoral, incluidas críticas al expresidente Joko Widodo por hacer campaña en favor de su hijo Gibran Rakabuming Raka, que no cumplía los requisitos oficiales para la candidatura, confirmados posteriormente por una sentencia del Tribunal Constitucional.
Libertad de reunión
Las fuerzas de seguridad emplearon fuerza excesiva e innecesaria contra manifestantes.
El 20 de mayo, el Foro Popular del Agua, evento que reunía a una red mundial de personas y organizaciones que defendían el agua como derecho humano, se vio interrumpido violentamente por miembros de un grupo paramilitar local que exigía su cancelación. Imágenes de vídeo mostraban al grupo destruir pancartas y vallas publicitarias del evento, así como agredir físicamente a quienes participaban en él. Además, los atacantes acusaron al foro de distraer la atención del Décimo Foro Mundial del Agua, organizado en la misma fecha por el gobierno en Nusa Dua, Bali.1 Las autoridades no sólo no impidieron el ataque, sino que al finalizar el año seguían sin identificar a sus autores.
Entre el 22 y el 26 de agosto, miles de manifestantes salieron a la calle en provincias de todo el país para protestar por los intentos de la Cámara de Representantes de reformar la ley electoral en contra de una sentencia del Tribunal Constitucional. La reforma habría supuesto elevar de nuevo los requisitos para que los partidos políticos presentaran candidaturas locales. También habría hecho posible que se presentara a las elecciones regionales el hijo del expresidente Joko Widodo, que no tenía la edad mínima requerida para ser candidato. Ante la reacción adversa, el Parlamento retiró el proyecto de ley.
Las fuerzas de seguridad respondieron a las manifestaciones, conocidas como las protestas de la alerta de emergencia (#PeringatanDarurat), con un uso excesivo e innecesario de la fuerza y con detenciones arbitrarias. Al menos 344 personas fueron detenidas, 152 sufrieron lesiones físicas y 17 se vieron afectadas por el gas lacrimógeno. Al menos una persona fue sometida a desaparición forzada durante un corto periodo, y otras 65 sufrieron múltiples abusos, entre ellos detención arbitraria y en régimen de incomunicación.2 La mayoría de las personas detenidas quedaron posteriormente en libertad. Se acusó a 14 hombres en virtud del Código Penal por expresiones de odio y por violencia contra la propiedad. En un vídeo verificado por Amnistía Internacional grabado en Bandung, provincia de Java Occidental, se veía a agentes de policía persiguiendo a personas desarmadas que protestaban, golpeándolas con porras y pisoteándolas. El 26 de agosto, en Semarang (provincia de Java Central), al menos 15 estudiantes de universidad requirieron hospitalización tras el uso por la policía de gas lacrimógeno para dispersar las protestas. También niños y niñas se vieron expuestos al gas lacrimógeno utilizado en zonas de viviendas.3
Defensores y defensoras de los derechos humanos
A lo largo del año se tuvo noticia de al menos 123 casos de violencia física, ataques digitales, amenazas y otros tipos de represalias contra 288 defensores y defensoras de los derechos humanos. Este tipo de activistas carecían de protección jurídica adecuada y eran vulnerables a las amenazas y la intimidación. Se llevó ante la justicia a muy pocos responsables de los ataques y, de ellos, sólo un reducido número fueron condenados en los tribunales.
El 17 de julio, en Manokwari, provincia de Papúa Occidental, una persona no identificada disparó e hirió a Yan Christian Warinussy, veterano abogado y activista de derechos humanos de Papúa. El ataque se produjo después de que el abogado asistiera en el tribunal anticorrupción de Manokwari a un juicio por corrupción en el que estaban implicados auditores estatales locales. Al finalizar el año no se había dado a conocer ningún avance de la investigación policial.4
Libertad de expresión
En enero entró en vigor la Segunda Enmienda a la Ley sobre Información y Transacciones Electrónicas, que incluía varios cambios que la sociedad civil consideraba insuficientes. Preocupaba que la Enmienda mantuviera las sanciones penales por difamación que se habían utilizado sistemáticamente para reprimir tanto a defensores y defensoras de los derechos humanos como a figuras de la oposición desde la promulgación inicial de la Ley en 2016.
El 8 de enero, el Tribunal de Distrito de Yakarta Oriental absolvió de cargos penales de difamación al defensor de los derechos humanos Haris Azhar y a la defensora Fatia Maulidiyanti, que en virtud de la Ley sobre Información y Transacciones Electrónicas habían sido acusados de “difundir información falsa” en un vídeo de YouTube donde se denunciaba que un ministro y varios miembros de las fuerzas armadas estaban implicados en la industria minera en la provincia de Papúa.
En marzo, una sentencia del Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales tres artículos del Código Penal y su reglamento relativos a la difamación.
Periodistas
El periodismo siguió enfrentándose a la violencia y la intimidación. Según informes, durante las protestas del movimiento en torno a la etiqueta #PeringatanDarurat (“alerta de emergencia”), al menos 11 periodistas fueron atacados en la capital, Yakarta, por agentes encargados de hacer cumplir la ley. Los incidentes incluyeron actos de intimidación y amenazas de muerte, así como violencia psicológica y física, con resultado de lesiones graves. Tres miembros del Instituto de Prensa Estudiantil de Semarang, en la provincia de Java Central, sufrieron problemas respiratorios y perdieron el conocimiento debido a la exposición al gas lacrimógeno que utilizó la policía para dispersar una manifestación.
El 22 de agosto, miembros de las fuerzas de seguridad presuntamente golpearon y amenazaron con matar a un periodista del medio de comunicación Tempo que cubría una manifestación en el complejo del Parlamento. Al parecer, tres policías golpearon e intimidaron al periodista en una comisaría cercana y lo obligaron a borrar el vídeo que había grabado.5 Tempo presentó una denuncia formal ante la policía. Al finalizar el año, no se había comunicado ningún avance con respecto al caso.
Tortura y otros malos tratos
Amnistía Internacional documentó al menos 40 casos de tortura y otros malos tratos con al menos 59 víctimas a lo largo del año. En enero, al parecer un agente de policía torturó a cuatro hombres residentes en la localidad de Amasing, en la provincia de Molucas Septentrionales. Según relataron los hombres, se dirigían al pueblo de Labuha cuando un agente de policía les dio el alto, los golpeó y los pisoteó, y ordenó a otras personas que se sumaran a la agresión. La policía negó su implicación y no aceptó revelar el nombre del agente acusado.6
En marzo se difundió un vídeo de 16 segundos que mostraba cómo torturaban a un hombre papú en un barril lleno de agua.7 Según informes, las imágenes formaban parte de la tortura a la que se había sometido a tres hombres indígenas papúes el mes anterior. Una fuente fidedigna descubrió que el incidente había tenido lugar en la regencia de Puncak, en la provincia de Papúa Central, y afirmó que los autores eran miembros del batallón Yonif 300 Raider Braja Wijaya, de la provincia de Java Occidental, enviados a Papúa para controlar la frontera. Tras negar inicialmente su implicación, las fuerzas armadas de Java Occidental señalaron como sospechosos a 13 agentes y afirmaron que la víctima que aparecía en el vídeo era uno de los separatistas armados papúes que habían intentado huir de un arresto. El hombre del vídeo murió posteriormente y los otros dos papúes fueron hospitalizados. Al finalizar el año no se había llevado a los responsables ante los tribunales.
Homicidios ilícitos
En Papúa continuaron con impunidad los homicidios ilícitos de civiles en el contexto del conflicto entre las fuerzas armadas indonesias y los grupos separatistas armados.
En mayo, en sus Observaciones finales, el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por los homicidios extrajudiciales de indígenas papúes.
En agosto, agentes de la comisaría de Nabire, en Papúa, detuvieron a Yeremias Magai y Ken Boga como sospechosos de asesinar a un guardia de seguridad. Durante el interrogatorio, al parecer les vendaron los ojos y los golpearon con los puños y también con herramientas pesadas, incluido un martillo. Yeremias Magai murió a causa de las heridas. Ken Boga y la familia del fallecido mantuvieron que ambos eran inocentes y afirmaron que con el interrogatorio habían intentado forzar una confesión. El equipo legal de las familias de las víctimas denunció el caso ante la Comisión de Derechos Humanos de Indonesia para que se investigara.
En agosto, miembros de un grupo armado mataron a un piloto de helicóptero neozelandés, Glen Malcolm Conning, al aterrizar en Papúa. El piloto transportaba trabajadores sanitarios de una empresa privada. Amnistía Internacional pidió que se llevara a cabo una investigación completa.8 En septiembre, Philip Mark Mehrtens, también neozelandés y piloto de una avioneta comercial, fue liberado tras pasar más de 19 meses retenido por el Ejército de Liberación Nacional de Papúa Occidental, grupo independentista de la región de Papúa.
Derechos económicos, sociales y culturales
La ejecución de los Proyectos Estratégicos Nacionales —considerados de excepcional impacto sobre el crecimiento económico de Indonesia— siguió adelante sin que se realizaran consultas suficientes, con antelación, a las comunidades afectadas. En muchos casos, los proyectos carecían del consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas afectados.
En marzo, las personas residentes en Sukaraja, Bukit Raya, Pemaluan y Bumi Harapan —en su mayoría indígenas balik— recibieron una notificación en la que la Autoridad de la Capital Nusantara les exigía demoler sus propiedades en el plazo de una semana. Las autoridades, que argumentaban que las viviendas violaban el plan de ordenamiento urbano de la nueva capital indonesia propuesta, enviaron una invitación de consulta a las comunidades afectadas apenas 24 horas antes de la reunión. Posteriormente revocaron la orden de demolición ante las objeciones de las personas residentes, a quienes, no obstante, se les exigió que se trasladaran a cambio de una indemnización insuficiente. Al finalizar el año seguían bajo la amenaza de desalojo inminente.
La población residente afectada por Rempang Eco City, un proyecto industrial integrado de 17.000 hectáreas en las islas Riau, sufrió problemas similares. En septiembre, un año después de que el personal de seguridad se enfrentara violentamente a quienes protestaban contra el proyecto, varios hombres vestidos de civil intimidaron y agredieron de nuevo a residentes que vigilaban una carretera en el pueblo de Sungai Bulu. Tres personas resultaron heridas al recibir el impacto de una tabla de madera y un casco. También resultaron dañados carteles de oposición al proyecto.
Derecho a un medioambiente saludable
En septiembre, el gobierno finalizó dos importantes documentos políticos: el Proyecto de Normativa Gubernamental relativa a la Política Energética Nacional y el Proyecto de Ley de Energías Nuevas y Renovables. Ambos se consideraban cruciales para dar forma a la política energética del país. Mientras que el Ministerio de Energía y Recursos Minerales y la Comisión VII del Parlamento llegaron a un acuerdo sobre la Normativa Gubernamental relativa a la Política Energética Nacional, al finalizar el año continuaba debatiéndose en el Parlamento el Proyecto de Ley de Energías Nuevas y Renovables.
Las organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación por los dos proyectos de ley, al considerar que seguían siendo inadecuados para efectuar la transición hacia las cero emisiones netas de carbono. En el Proyecto de Normativa Gubernamental relativa a la Política Energética Nacional, el gobierno rebajó los objetivos para la combinación de energías renovables, que ajustó del 23% a una horquilla del 17 al 19% para 2025, y del 26% a una nueva horquilla del 19 al 21% para 2030. El Proyecto de Ley de Energías Nuevas y Renovables seguía permitiendo el desarrollo de combustibles fósiles, siempre que fuera acompañado de tecnología de captura y almacenamiento del carbono. Además, ninguno de los documentos incluía consideraciones de impacto social, lo que hacía temer que se acapararían más tierras para proyectos energéticos y la injusticia para las comunidades se prolongaría.
Vigilancia selectiva ilícita
En mayo, Amnistía Internacional publicó un informe de investigación en el que se detallaba la venta y utilización en gran escala de software espía y tecnologías de vigilancia altamente intrusivos desde 2017 hasta al menos 2023. Hubo numerosos casos de importación o despliegue de software espía por parte de empresas y organismos estatales, entre ellos la Policía Nacional y la Agencia Nacional Cibernética y Criptográfica. Los equipos procedían de Israel, Grecia, Singapur y Malasia.9
La Ley de Protección de Datos Personales, promulgada en 2022, entró oficialmente en vigor el 17 de octubre. Sin embargo, las autoridades no habían redactado su reglamento de aplicación en su totalidad, en especial en lo relativo a la creación de un organismo dedicado a la protección de datos, tal y como ordenaba la ley.
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