Fiyi

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2025.

El gobierno apoyó la propuesta de incorporar el delito de ecocidio al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. El planteamiento de la policía con respecto al control de protestas pacíficas siguió siendo restrictivo. Las autoridades no investigaron denuncias de tortura contra un alto mando militar fiyiano al que las Fuerzas de Defensa de Australia nombraron subcomandante de brigada. Los niveles de violencia contra las mujeres siguieron siendo elevados, y las personas LGBTI corrían riesgo de sufrir violencia.

Información general

En agosto, el fiscal general inauguró el mecanismo nacional de aplicación, presentación de informes y seguimiento (NMIRF, por sus siglas en inglés), encargado de ayudar a Fiyi a presentar informes ante los órganos de derechos humanos de la ONU.

Derecho a un medioambiente saludable

En septiembre, junto con Samoa y Vanuatu, Fiyi propuso reformar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) para que reconociera el delito internacional de ecocidio. De ser adoptada, esta propuesta permitiría a la CPI procesar a responsables de daños ambientales graves.

Libertad de reunión pacífica

Continuaban en vigor las disposiciones de la Ley de Orden Público que establecían la necesidad de pedir autorización para convocar reuniones en vías o parques públicos, y la policía siguió adoptando un planteamiento excesivamente restrictivo en relación con las protestas.¹ En mayo, en una vigilia celebrada en la sede del Centro de Crisis para Mujeres de Fiyi en protesta por la situación de los derechos humanos en Gaza y Papúa (Indonesia), la policía intimidó a las personas que asistían, llegando a fotografiarlas y grabarlas en vídeo. En julio, la policía prohibió portar banderas israelíes y palestinas a quienes acudieron a una concentración por la justicia y la “descolonización” de Nueva Caledonia y Papúa.

Tortura y otros malos tratos

En febrero, la Fuerza de Defensa de Australia nombró subcomandante de una brigada al coronel fiyiano Ben Naliva. Sin embargo, fue destituido en abril, tras difundir los medios de comunicación australianos denuncias de que había cometido actos de tortura en Fiyi. El gobierno fiyiano no había investigado los informes que lo identificaban como responsable de torturas a opositores del gobierno tras el golpe de Estado de 2006, ni los motivos de preocupación documentados en su momento por el relator especial de la ONU sobre la tortura con respecto a su participación en la agresión perpetrada contra un empresario fiyiano en 2011.

Violencia por motivos de género

Las personas LGBTI sufrieron diversas formas de violencia. Los grupos de derechos humanos criticaron a la policía por no investigar de manera adecuada el asesinato, cometido en abril, de la trabajadora sexual transgénero Setariki Ravato, de 19 años de edad y conocida como “Esther”, que murió pocas semanas después de haber sido secuestrada y agredida. Pese a las graves lesiones que presentaba, la policía afirmó inicialmente que su muerte se había debido a una enfermedad previa. Al concluir el año, las investigaciones policiales continuaban. Lynda Tabuya, ministra de la Mujer, la Infancia y la Protección Social, fue destituida a finales de diciembre tras filtrarse un vídeo íntimo suyo. La publicación en Internet de dicho material podía constituir violencia de género facilitada por la tecnología.

Derechos de las personas migrantes

Seis ciudadanos surcoreanos acusados de infligir malos tratos y otros abusos a migrantes que trabajaban en la empresa Grace Road impugnaron los procedimientos para su deportación a Corea del Sur, iniciados en 2023. La dirección de la empresa, que había fundado su propia iglesia y poseía restaurantes y otras empresas en Fiyi, se enfrentaba a cargos de explotación y maltrato físico de su personal y sus simpatizantes tanto en Fiyi como en Corea del Sur.