Finlàndia

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2025.

Los recortes en la seguridad social y en sanidad afectaron desproporcionadamente a los grupos marginados. Hubo reformas legislativas que debilitaron las garantías de protección de las políticas de inmigración y de asilo. La policía hizo uso de fuerza innecesaria para dispersar una protesta por el clima. Seis ONG llevaron al gobierno ante los tribunales por su inacción en materia climática. Un nuevo plan de acción contra el racismo no incluía medidas legislativas contra el discurso y los delitos de odio. Se aprobó nueva legislación que penalizaba el matrimonio forzado y la mutilación genital femenina.

Derechos económicos y sociales

El gobierno continuó imponiendo medidas de austeridad en forma de recortes en los sistemas de seguridad social y sanidad. Estas medidas afectaban desproporcionadamente a las personas desempleadas o con capacidad limitada para trabajar debido a problemas de salud, a las familias monoparentales y a las personas con discapacidad, de edad avanzada o jóvenes. Los considerables recortes de la seguridad social ponían en peligro el derecho a un nivel de vida adecuado de quienes percibían ya ingresos bajos e incrementaban la necesidad de recurrir a las ayudas sociales como último recurso. Los recortes en sanidad redujeron la accesibilidad y la asequibilidad de los servicios públicos de salud para quienes dependían de ellos.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Durante el año, el gobierno introdujo varias reformas legislativas que retiraban garantías de protección existentes en las políticas de migración y asilo. Entre ellas figuraban cambios para que la protección internacional fuera temporal; impedir que quienes solicitaran asilo pidieran el permiso de residencia por motivos distintos al asilo, como trabajar o estudiar; ampliar el uso de la detención de migrantes, y endurecer los requisitos de obtención de la reagrupación familiar y la nacionalidad. Las modificaciones se introdujeron apresuradamente y sin evaluación alguna de su impacto combinado en los derechos de las personas solicitantes de asilo, refugiadas y migrantes.

El gobierno mantuvo cerrados todos los pasos fronterizos con Rusia alegando actuar en respuesta al presunto intento de ese país de “instrumentalizar” a las personas migrantes y solicitantes de asilo. Continuó la construcción de una valla en la frontera oriental para impedir la entrada en Finlandia de migrantes en situación de “migración instrumentalizada”.

En julio, el Parlamento adoptó una ley de emergencia que permitía al gobierno limitar la recepción de solicitudes de asilo en la frontera, otorgar a la guardia de fronteras más competencias para impedir la entrada —incluso mediante el uso de la fuerza— y negar toda posibilidad real de recurso.

Libertad de reunión pacífica

En junio y septiembre, en la capital, Helsinki, la policía disolvió protestas climáticas pacíficas que perturbaban el tráfico y arrestó a decenas de participantes en ellas por no acatar la orden de dispersarse. En junio, la policía usó fuerza física innecesaria contra personas que se manifestaban pacíficamente contra el cambio climático y dispersó un bloqueo de carreteras en Helsinki.

También en junio, la policía dispersó una acampada pacífica de protesta organizada en el campus de la Universidad de Helsinki para expresar solidaridad con el pueblo palestino, tras decidir la administración universitaria prohibirla.

La policía no siempre reconocía la función de las personas que realizan labores de observación independiente en las protestas ni asumía su responsabilidad de proteger y facilitar su trabajo.

La policía era incoherente en su interpretación de cuáles eran las obligaciones derivadas de la Ley de Reuniones Públicas que incumbían a quienes organizaran una manifestación, así que los requisitos variaban de una región a otra.

Derecho a un medioambiente saludable

En agosto, Amnistía Internacional y otras cinco ONG presentaron un recurso ante el Tribunal Administrativo Supremo en relación con la falta de acción climática adecuada del gobierno por considerar que ponía en peligro el objetivo de cero emisiones netas de Finlandia para 2035.¹

El gobierno redujo significativamente su financiación climática a países de bajos ingresos.

Discriminación

En marzo, 33 ONG, entre ellas Amnistía Internacional, criticaron al gobierno por la adopción de numerosas medidas, incluidas en sus políticas migratorias, sociales y de salud, que agravaban el racismo y la discriminación estructurales. El plan de acción del gobierno para luchar contra el racismo y promover la igualdad, publicado en septiembre, no incluía medidas legislativas para combatir el racismo ni el discurso y los crímenes de odio.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

Estaba pendiente en el Comité Jurídico del Parlamento una iniciativa ciudadana nacional que proponía prohibir las “terapias de conversión”.

Violencia sexual y de género

En noviembre, el Parlamento aprobó sendos proyectos de ley que penalizaban el matrimonio forzado y la mutilación genital femenina de las niñas menores de 18 años.

En diciembre, aprobó legislación para prohibir la mediación en los casos de violencia de género en la pareja y de violencia sexual, con el propósito de garantizar la imposición en ellos de las sanciones penales pertinentes.

Derechos de los pueblos indígenas

Al terminar el año, estaba pendiente en el Comité de Derecho Constitucional del Parlamento un proyecto legislativo para reformar la Ley sobre el Parlamento del Pueblo Sami y reforzar la protección de los derechos de este pueblo indígena.