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El Salvador

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2025.

La pobreza iba en aumento, y el gobierno recortó el gasto en salud y educación. Siguieron registrándose detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos como consecuencia del estado de excepción. El sistema judicial presentaba deficiencias graves. Persistía el hacinamiento en las prisiones y la tasa de encarcelamiento figuraba entre las más elevadas del mundo. Las condiciones de reclusión eran inhumanas; hubo denuncias de tortura y otros malos tratos, pero el gobierno no tomó medidas para abordar la situación. Se deterioraron la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a la información, y quienes ejercían el periodismo se exponían a sufrir hostigamiento y violencia. Las fuerzas de seguridad restringían la libertad de circulación de quienes se manifestaban contra los recortes presupuestarios, y se despidió a personal del sector público por participar en las protestas. Bajo el estado de excepción, los defensores y defensoras de los derechos humanos corrían un peligro mayor de sufrir agresiones y hostigamiento.

Información general

Continuaba vigente el estado de excepción declarado en marzo de 2022. Los mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos siguieron expresando su preocupación por las violaciones de derechos humanos cometidas durante ese periodo, documentadas por diversas organizaciones locales e internacionales.1

En febrero, Nayib Bukele fue reelegido presidente tras una interpretación polémica de la Constitución por parte de la Corte Suprema de Justicia que le permitió postularse nuevamente, pese a la prohibición de reelección inmediata.

La reforma constitucional, que se había llevado a cabo hacía poco tiempo, suscitaba preocupación porque restringía la participación ciudadana en el proceso de reforma, y reducía el espacio de debate y análisis sobre los temas de interés público. La concentración de poder en el partido gobernante y la ausencia de contrapesos institucionales permitieron que esa reforma se aprobara sin celebrar consultas con la sociedad civil, lo que agravó la crisis de derechos humanos y debilitó aún más el Estado de derecho.2

Derechos económicos, sociales y culturales

La Asamblea Legislativa aprobó la propuesta presupuestaria del gobierno para 2025, que primaba el gasto en seguridad y defensa, mientras que sectores clave tales como la salud y la educación sufrían recortes importantes, lo que perjudicaba el acceso de la población a estos derechos y, por consiguiente, profundizaba las desigualdades sociales. Según un informe de 2024 del Banco Mundial, la pobreza extrema había aumentado en el país entre 2019 y 2023. Ese último año, la cifra de personas que vivían en situación de pobreza había superado los 1,9 millones de personas —55.097 más que en 2022— y el índice de pobreza había ascendido al 30,3 frente al 26,8% registrado en 2019.

Detenciones arbitrarias y juicios injustos

Desde el comienzo del estado de excepción en 2022 hasta el final de 2024 se habían registrado 83.900 detenciones, según las autoridades. La mayoría de las personas recluidas habían sido acusadas de “agrupaciones ilícitas” y otros delitos relacionados con las pandillas. Según las organizaciones locales de derechos humanos, un tercio de las personas que habían sido privadas de libertad bajo el estado de excepción no pertenecían a pandillas ni tenían antecedentes penales de ningún tipo, lo que reflejaba la aplicación indiscriminada de tales medidas a toda la población.

Un informe especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que el estado de excepción había dado lugar a detenciones arbitrarias masivas y violaciones sistemáticas de derechos humanos, como la falta de supervisión judicial efectiva de ese tipo de detenciones y la imposición de la reclusión en espera de juicio sin pruebas suficientes. La Comisión también expresó su preocupación por las audiencias judiciales masivas y las restricciones sobre el derecho a la defensa, que menoscababan gravemente el debido proceso y las garantías procesales básicas.

Las organizaciones de la sociedad civil siguieron denunciando la ineficacia del sistema judicial, especialmente el hecho de que la Corte Suprema de Justicia no tramitara las peticiones de hábeas corpus, lo que aumentaba la vulnerabilidad de las personas detenidas. Un estudio de la Fundación para el Debido Proceso publicado en mayo determinó que, entre marzo de 2022 y marzo de 2023, la Sala de lo Constitucional había admitido sólo el 1,6% de las peticiones de hábeas corpus presentadas en el contexto del estado de excepción y sólo el 0,4% de los casos se había resuelto favorablemente. Según las conclusiones del estudio, las demoras excesivas y las formalidades innecesarias en la tramitación de esas peticiones equivalían en la práctica a negación de la justicia y consolidaban aún más la indefensión de las personas detenidas.

Condiciones de reclusión inhumanas

El sistema penitenciario seguía enfrentándose a niveles críticos de hacinamiento y presentaba un índice de ocupación del 350%, según las ONG locales, lo que hacía de El Salvador uno de los países con tasas de encarcelamiento más elevadas del mundo. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las condiciones de reclusión eran inhumanas; hubo denuncias de tortura y otros malos tratos, falta de acceso a servicios médicos y uso excesivo de la fuerza por parte de la guardia penitenciaria.

A las reclusas se les seguía negando la atención específica que requerían, como servicios de salud reproductiva y protección frente a la violencia de género ejercida por la guardia penitenciaria.

Según informes de las organizaciones salvadoreñas, desde marzo de 2022 —cuando se había declarado el estado de excepción— hasta el 15 de diciembre de 2024 se habían registrado más de 300 muertes bajo custodia del Estado; se atribuían a actos de tortura y otros malos tratos, así como a una atención médica insuficiente.

Las organizaciones de derechos humanos denunciaron la inacción del Estado para abordar eficazmente tales condiciones de reclusión, y pidieron que se llevara a cabo un examen urgente de las condiciones sanitarias de las prisiones y se adoptaran medidas inmediatas para garantizar el acceso a la atención médica. Pese a las reiteradas peticiones de intervención, la respuesta del gobierno fue insuficiente y las denuncias de muerte bajo custodia continuaron durante el año. Los movimientos locales de víctimas de violaciones de derechos humanos expresaron su profunda preocupación al respecto, lo que llevó a los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos a aumentar su escrutinio sobre el trato inhumano que recibían las personas privadas de libertad.

Los mecanismos de derechos humanos de la ONU señalaron la falta de transparencia del Estado en las investigaciones y en la presentación de informes sobre casos concretos de presuntos malos tratos y negligencia médica, y pidieron al gobierno salvadoreño más información respecto a esos abusos y las precarias condiciones de reclusión.

Libertad de expresión, de asociación y de reunión

El prolongado estado de excepción siguió menoscabando la libertad de expresión. Los ataques contra periodistas y medios de comunicación aumentaron en 2024 un 66% respecto a 2023, según la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).

Quienes ejercían el periodismo eran con frecuencia objeto de ataques en las redes sociales y de vigilancia digital. Las periodistas corrían especial peligro y sufrían no sólo hostigamiento, sino también violencia y acoso sexual en el espacio digital, también según APES.

La Sociedad Interamericana de Prensa y el Comité para la Protección de los Periodistas alertaron sobre la intensificación de la represión contra la prensa independiente. El 20 de noviembre de 2022, el medio de comunicación digital El Faro había presentado una demanda ante un tribunal federal de Estados Unidos contra NSO Group, la empresa israelí creadora del programa espía Pegasus, por la vigilancia de más de 20 periodistas que trabajaban en él. En julio de 2024, varias empresas tecnológicas —como Google, Microsoft y LinkedIn— apoyaron la apelación de El Faro mediante la entrega al tribunal de escritos de amicus curiae en favor del caso.

En el marco de la celebración de los comicios, la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos denunció condiciones de desigualdad y dificultades. Esta situación era consecuencia de una serie de reformas jurídicas y restricciones de las libertades fundamentales impuestas por el estado de excepción, que habían generado un clima de autocensura contrario a la participación política abierta.3

Las autoridades restringían drásticamente el acceso de la ciudadanía a la información precisa y oportuna y obstaculizaban también el acceso a la información pública en poder del Estado.

En octubre, los medios de comunicación informaron de que las fuerzas de seguridad habían impuesto restricciones a la libertad de circulación de las personas que participaban en manifestaciones, limitando su derecho de reunión pacífica y de expresión durante las protestas que celebraron los sectores de la educación y la salud públicas contra la propuesta de recortes presupuestarios para 2025. Las organizaciones locales documentaron numerosos despidos de personal del sector público, principalmente de personas que habían organizado las protestas y participado en ellas. En los sectores de la educación y la salud, en concreto, se despidió al menos a 66 manifestantes. Los sindicatos denunciaron que esas medidas eran represalias por la participación en protestas. Al concluir el año, los medios de comunicación locales habían informado del despido de más de 3.000 personas empleadas del sector público; se creía que muchas de ellas habían estado involucradas en las manifestaciones. El gobierno justificó esos despidos en el marco de una política general de recorte presupuestario que afectaba a diversas instituciones gubernamentales.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

La situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos empeoró significativamente durante el prolongado estado de excepción. Un colectivo de organizaciones locales de derechos humanos denunció que, en 2023, los ataques contra personas defensoras de estos derechos habían aumentado un 24,2% con respecto a 2022. Estos actos, en su mayoría perpetrados por agentes del Estado, se habían dirigido contra defensoras, periodistas y organizaciones que defendían la libertad de expresión, los derechos de las mujeres y la protección ambiental. También habían sufrido abusos quienes defendían los derechos de las personas LGBTI y los pueblos indígenas.

El hostigamiento al que se sometía a los defensores y defensoras de los derechos humanos incluía vigilancia policial, amenazas y detenciones arbitrarias. Las organizaciones de derechos humanos denunciaron el uso de agentes encubiertos y campañas de difamación en redes sociales contra quienes defendían a las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas durante el estado de excepción.

El gobierno seguía intentando silenciar las voces críticas mediante la criminalización y represión de los defensores y defensoras de los derechos humanos, especialmente quienes pedían justicia para las personas detenidas de forma arbitraria y quienes defendían los derechos ambientales y relacionados con la tierra y el territorio.

Derechos sexuales y reproductivos

El aborto siguió estando prohibido en todas las circunstancias. En enero, la última mujer declarada culpable de homicidio agravado tras una emergencia obstétrica e integrante de la campaña internacional “Las 17 y más” recuperó la libertad tras cumplir ocho de los 30 años de pena de cárcel que le habían impuesto. Según la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador, siete mujeres se enfrentaban a procesos judiciales relacionados con emergencias obstétricas, pero, al concluir el año, ninguna había sido encarcelada.

El 20 de diciembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado en el caso Beatriz y otros vs. El Salvador. La demandante era una madre joven salvadoreña cuya salud se había visto en grave peligro por un embarazo en el que el feto presentaba una anomalía incompatible con la vida. En contra de su voluntad expresa, las autoridades salvadoreñas le habían negado la interrupción oportuna del embarazo en 2013.4

  1. El Salvador: La institucionalización de la violación de derechos humanos tras dos años del régimen de excepción, 27 de marzo
  2. El Salvador: Constitución “a la carta” podría profundizar la crisis de derechos humanos en los próximos años, 3 de mayo
  3. El Salvador: Crisis de derechos humanos podría profundizarse durante el segundo mandato de Bukele, 6 de febrero
  4. El Salvador: Corte IDH avanza justicia reproductiva con fallo en favor de Beatriz y su familia, 23 de diciembre