Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2025.
La vigilancia ejercida en el ámbito de la seguridad social provocó discriminación de grupos marginados. El Parlamento incorporó al Código Penal los crímenes de la competencia de la Corte Penal Internacional según el Estatuto de Roma. Organizaciones de la sociedad civil emprendieron acciones judiciales para detener las exportaciones de armas a Israel. El Tribunal Supremo resolvió que Dinamarca debía ayudar a que un menor danés y su madre retornaran al país desde un campo de detención de Siria.
Discriminación
En noviembre, Amnistía Internacional publicó un informe sobre vigilancia y discriminación en la seguridad social en el que examinaba las consecuencias del nuevo sistema automatizado y digital aplicado en ella1 y ponía de relieve posibles violaciones del derecho a la privacidad, a la igualdad y a la no discriminación, así como del derecho a la seguridad social. El paso a la digitalización y la introducción de algoritmos habían generado un sistema de vigilancia que provocaba discriminación directa contra grupos marginados, como las personas con discapacidad, las racializadas, las refugiadas y las migrantes.
Derecho a verdad, justicia y reparación
En junio, una comisión jurídica preparatoria presentó al ministro de Justicia un conjunto de recomendaciones sobre la incorporación de determinados crímenes de derecho internacional al Código Penal danés.
En diciembre, el Parlamento aprobó una nueva sección del Código Penal que preveía el enjuiciamiento ante los tribunales nacionales de los crímenes de agresión, genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y tortura, todos ellos contemplados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Estas reformas fueron acogidas con satisfacción por grupos de la sociedad civil que las consideraron una herramienta importante para combatir la impunidad y promover la protección de los derechos humanos.
En agosto, el Tribunal Supremo anuló sendas sentencias del Tribunal de Distrito y el Tribunal Superior según las cuales Dinamarca no tenía obligación de ayudar a la evacuación de un menor danés y su madre desde el campo de detención sirio de Al Roj. Determinó que no se había tenido suficientemente en cuenta el interés superior del menor, incluidas su especial vulnerabilidad y sus necesidades específicas. El retorno del menor y su madre a Dinamarca tuvo lugar en octubre. Era la primera vez que el Tribunal Supremo se pronunciaba sobre si las autoridades tenían la obligación de garantizar el retorno a Dinamarca de los niños y niñas de nacionalidad danesa que permanecían detenidos junto a sus madres fuera del país.
Transferencias irresponsables de armas
En marzo, organizaciones de la sociedad civil emprendieron acciones judiciales contra el Estado danés para intentar que pusiera fin a las exportaciones de armas a Israel. Consideraban que existía un peligro evidente de que sirvieran para cometer violaciones del derecho internacional humanitario contra la población civil palestina en Gaza y pedían al tribunal que evaluara si violaban las normas sobre el comercio de armas que Dinamarca se había comprometido a respetar. Estaba previsto que las vistas comenzaran en 2025.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
En mayo, el Parlamento de Kosovo aprobó un acuerdo con Dinamarca sobre el alquiler de 300 celdas de un complejo penitenciario kosovar para recluir a personas extranjeras condenadas por delitos en Dinamarca y cuya deportación estaba prevista al término de su condena. El plan suscitaba preocupación por los derechos humanos de estas personas.
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