Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2025.

Las demandas estratégicas contra la participación pública ponían en peligro la libertad de los medios de comunicación. El acceso al aborto seguía restringido. Se tipificó como delito el femicidio. Las víctimas de violación en tiempo de guerra encontraban obstáculos para reclamar sus derechos. La población romaní seguía sufriendo discriminación en materia de vivienda y educación.

Libertad de expresión

Las demandas estratégicas contra la participación pública seguían representando un grave peligro para la libertad de prensa. Según un estudio de la Asociación de Periodistas de Croacia, el 40% de los más de 1.300 pleitos entablados por altos cargos públicos, entre otros demandantes, contra medios de comunicación y periodistas en los ocho años precedentes contenían elementos propios de una de tales demandas.

La difamación seguía siendo delito pese a los reiterados llamamientos a su despenalización y se utilizaba para emprender acciones judiciales contra periodistas tanto por la vía civil como por la penal. La organización de derechos humanos Article 19 advirtió de que esta práctica “asfixiaba el periodismo”.

En marzo, el Parlamento aprobó tipificar como delito la “revelación no autorizada de información de investigaciones penales en curso”. Aunque en la legislación se indicaba expresamente que no era aplicable a periodistas ni a las revelaciones “de interés público”, las organizaciones de medios de comunicación sostuvieron que incumplía las normas internacionales sobre libertad de expresión.

En septiembre, la ONG Respuesta Rápida para la Libertad de Prensa calificó de “alarmante” la situación de la libertad de prensa.

Derechos sexuales y reproductivos

Las personas embarazadas continuaban encontrando barreras para acceder a servicios de aborto, debido a la negativa generalizada del personal y los centros médicos a prestarlos por motivos de conciencia. El acceso a ellos era nulo sobre todo en las zonas rurales y económicamente deprimidas.

Violencia contra mujeres y niñas

En marzo, el Parlamento aprobó la tipificación del femicidio como delito y el aumento de la penas por violación, entre otras medidas dirigidas a fortalecer los derechos de las víctimas.

Grupos de la sociedad civil señalaron que, a pesar de los cambios legislativos, los fallos condenatorios por femicidio eran excepcionales y pidieron al gobierno que reforzara los programas de educación y prevención.

Las autoridades registraron 17 casos de femicidio en 2024. Los delitos de violencia de género en el ámbito familiar aumentaron un 9% con respecto a 2023. La defensora del Pueblo para la Igualdad de Género afirmó que la excesiva duración de las actuaciones penales y la levedad de las penas hacían que muchas mujeres se abstuvieran de denunciar la violencia.

Un ginecólogo del hospital de Osijek continuó trabajando durante seis meses a pesar de haber sido condenado en primera instancia por violar a una paciente, lo que causó la indignación pública. Finalmente fue apartado de su puesto en septiembre. La defensora del Pueblo instó al gobierno a adoptar cambios legislativos con carácter urgente para que las personas acusadas o condenadas por ciertos delitos, entre ellos la violación, no pudieran trabajar en un centro de salud.

Derecho a la privacidad

La defensora del Pueblo pidió a las autoridades que se aseguraran de que la Ley del Registro Central de la Población, pendiente de la aprobación del Parlamento, incluía salvaguardias firmes en materia de protección de datos y contra la discriminación.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

En septiembre, el Tribunal Administrativo de la capital, Zagreb, mantuvo la detención de Vladislav Arinichev, activista ruso contra la guerra que había solicitado asilo en Croacia. Las autoridades habían rechazado su solicitud en julio, después de que la Agencia Estatal de Inteligencia lo calificara de amenaza para la seguridad nacional a raíz de sus críticas públicas sobre las condiciones en un centro de acogida de solicitantes de asilo. Finalmente quedó en libertad en octubre, tras haber pasado 106 días bajo custodia.

Derecho a verdad, justicia y reparación

La mayoría de las víctimas de violencia sexual en tiempo de guerra seguían sin estar acogidas a un régimen especial que les garantizaba ciertas prestaciones y ayudas sociales, debido a obstáculos en el proceso de solicitud, incluidos onerosos requisitos de documentación. Según organizaciones de derechos civiles, menos del 15% de las que cumplían los criterios establecidos presentaban la solicitud.

En agosto, la ONG Iniciativa Juvenil por los Derechos Humanos pidió a las autoridades de Bosnia y Herzegovina, Croacia y Serbia que trabajaran en colaboración para garantizar acceso a justicia y reparación a las víctimas de una masacre de población refugiada que las fuerzas aéreas croatas habían perpetrado en 1995 cerca de la localidad bosnia de Petrovac, donde mataron a 14 personas refugiadas serbias.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió a Croacia que reforzara la cooperación con países vecinos para localizar y juzgar a los presuntos autores de crímenes de derecho internacional humanitario y garantizar reparación plena a las víctimas y sus familias por las violaciones de derechos humanos sufridas.

En febrero, Croacia firmó la Convención de Liubliana-La Haya de Cooperación Internacional en la Investigación y el Enjuiciamiento del Crimen de Genocidio, los Crímenes de Lesa Humanidad, los Crímenes de Guerra y otros Crímenes Internacionales, de 2023.

Discriminación

Personas LGBTI

Se seguía exigiendo un diagnóstico de salud mental o una evaluación psicológica para obtener el reconocimiento legal de la identidad de género. La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa instó a las autoridades a eliminar tales requisitos, afirmando que perpetuaban la “patologización de las personas trans”.

Romaníes

La comunidad romaní seguía viviendo en asentamientos informales y barrios segregados sin infraestructura adecuada y con limitaciones de acceso a servicios básicos.

Los niños y niñas romaníes tenían bajas tasas de matriculación en educación preescolar y solían estar en aulas segregadas por motivos étnicos o en programas de educación especial, lo que daba lugar a altos índices de abandono escolar.

En julio, el Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió a Croacia que intensificara sus esfuerzos para abordar la segregación de facto de las personas romaníes y garantizara el acceso no discriminatorio a servicios básicos, educación y una vivienda adecuada.

Derecho a un medioambiente saludable

En junio, el gobierno anunció que más del 75% de la capacidad total de producción de electricidad procedería ya de fuentes renovables en 2030 y que el Plan Nacional de Energía y Clima reformado sería más ambicioso.