Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2025.

Centenares de personas fueron sometidas a detención arbitraria durante una operación policial. Se mantuvo en reclusión también arbitraria a personalidades de la oposición. Las ONG denunciaron la falta de datos públicos sobre violencia de género y la impunidad de los incidentes de violencia sexual. Las autoridades concedieron un permiso de prospección petrolífera en un parque natural protegido. El Ministerio de Medioambiente suspendió las actividades de una empresa de reciclaje de plomo en Vindoulou debido a los riesgos para la salud y ordenó su desmantelamiento. La falta de avances en los proyectos sanitarios menoscababa el derecho a la salud. Las autoridades reubicaron por la fuerza a la población residente en el pueblo de Mpili para dar vía libre a la extracción de potasa.

Información general

En septiembre, los partidos de oposición solicitaron al presidente Sassou Nguesso que abriera un diálogo político nacional antes de las elecciones presidenciales de 2026.

Ese mismo mes, el Fondo Monetario Internacional aprobó un préstamo de 43 millones de dólares estadounidenses en apoyo de la economía congoleña, pero solicitó un mayor esfuerzo para mejorar la transparencia de las finanzas públicas y del sector de los hidrocarburos, así como la continuación de la lucha contra la corrupción. En marzo, la Fiscalía Federal de Estados Unidos denunció que se habían utilizado “fondos malversados de las arcas del Estado” para comprar un apartamento de lujo en el edificio Trump International Hotel and Tower, destinado a la hija de Sassou Nguesso.

Hubo numerosos cortes de electricidad en el país, que dejaban a menudo distritos de la capital, Brazzaville, y de Pointe-Noire a oscuras.

Detención arbitraria

En mayo, las autoridades de Brazzaville pusieron en marcha la Operación Coup de Poing (“Relámpago”, en francés) para luchar contra la delincuencia. En junio, la fiscalía anunció en un comunicado público la detención de 580 personas, 247 de las cuales fueron liberadas posteriormente. La ONG congoleña Centro de Acciones para el Desarrollo calificó las detenciones de arbitrarias, criticó la falta de acceso a asistencia letrada y denunció malos tratos contra las personas detenidas.

André Okombi Salissa y Jean-Marie Michel Mokoko permanecieron en prisión. Ambos habían sido candidatos en las elecciones presidenciales de 2016 y condenados en 2019 y 2018, respectivamente, a 20 años de prisión por “atentar contra la seguridad del Estado” y “tenencia ilícita de armas y municiones de guerra”. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria declaró que su detención era arbitraria.

Derechos de las mujeres y de las niñas

Un informe presentado por varias ONG en el periodo de sesiones de enero del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU puso de relieve que, pese a los avances logrados con la Ley Mouebara de 2022 para combatir la violencia contra las mujeres, persistían barreras significativas, sobre todo para que las víctimas accedieran a la justicia. Las ONG destacaron la falta de estadísticas públicas oficiales consolidadas sobre violencia de género desglosadas por género, edad o tipo de violencia, e indicaron que el número de encausamientos por violencia de género seguía siendo muy bajo. Según los datos recopilados por Acciones de Solidaridad Internacional en Brazzaville y Pointe-Noire entre 2020 y 2022, de las 332 víctimas de violencia de género cuyos casos supervisó la organización, sólo 130 habían interpuesto denuncias ante la policía o la gendarmería. De estas denuncias, a los tribunales llegaron 46, que dieron lugar a tan sólo 7 condenas (2%). Además, 60 casos (18%) se resolvieron mediante acuerdos extrajudiciales. La misma organización también denunció la falta de formación del personal judicial y hospitalario para tratar a las víctimas, en particular a niños y niñas.

Derecho a un medioambiente saludable

En enero, decenas de organizaciones congoleñas e internacionales denunciaron la concesión por parte de las autoridades estatales de un permiso de prospección petrolífera a China Oil Natural Gas Overseas Holding United en el Parque Nacional de Conkouati-Douli. El trato se cerró pese al acuerdo por valor de 50 millones de dólares estadounidenses para la protección forestal alcanzado poco tiempo atrás con donantes internacionales. El parque, famoso por su gran biodiversidad y sus comunidades de pesca tradicional, estaba protegido por un decreto de 1999 que prohibía la extracción de petróleo.

En junio, el Ministerio de Medioambiente ordenó suspender las operaciones de la empresa de reciclaje Metssa Congo en Vindoulou, departamento de Pointe-Noire, debido a posibles riesgos para la salud de las poblaciones circundantes y para el medioambiente.¹ El Ministerio inició en agosto una “investigación técnica” sobre la contaminación atmosférica causada por la empresa, que incluyó análisis de sangre a personal y residentes. En diciembre, tras la investigación técnica, la empresa comenzó a desmantelar sus instalaciones y las autoridades anunciaron que tenían intención de establecer una comisión encargada de identificar a las víctimas y facilitar las indemnizaciones.

La empresa, que fabricaba lingotes de plomo, no había efectuado ninguna evaluación de impacto ambiental antes de iniciar sus actividades en 2013, lo cual violaba la legislación congoleña. En los análisis de sangre realizados por iniciativa de la población residente aparecieron niveles de plomo muy superiores a los límites recomendados por la OMS.²

Derecho a la salud

El 24 de abril, la coalición congoleña Publica lo que Pagas presentó un informe en el que revelaba que apenas se había completado un 2% de los 55 proyectos sanitarios que había supervisado entre 2020 y 2022, que sumaban un total de 160.000 millones de francos CFA (unos 268 millones de dólares estadounidenses). En el informe se hacía hincapié en que el 51% de estos proyectos ni siquiera habían comenzado. Sólo el 17% de las mujeres embarazadas con casos leves de malaria habían recibido tratamiento gratuito y únicamente el 6% de las que habían precisado una cesárea habían sido intervenidas sin costo, a pesar de que la gratuidad de esta operación se había aprobado por decreto presidencial en 2021.

Desalojos forzosos

En julio, un grupo de habitantes de Mpili, departamento de Kouilou, denunció su traslado involuntario para dejar vía libre a la extracción de potasa por parte de la empresa china Luyuan des Mines Congo. Se reubicó a la población residente en parcelas más pequeñas, donde las viviendas carecían de suministro eléctrico. Quienes tenían terrenos mayores dedicados a la agricultura y la explotación forestal perdieron el acceso a su medio de subsistencia. Las autoridades alegaron que la expropiación y el reasentamiento se habían llevado a cabo en consulta con la población residente en Mpili y de conformidad con la legislación nacional. Sin embargo, la Comisión de Justicia y Paz congoleña expresó su preocupación ante la posibilidad de que tales hechos pudieran equivaler a desalojos forzosos.

1. Republic of Congo: Suspension of Metssa Congo’s activities must be followed by urgent investigation, 19 de junio ↑
2. Republic of Congo: Authorities failing to ensure respect of human rights by big industry, 4 de junio ↑