Canadà

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2025.

Persistían el racismo y la discriminación sistémicos contra la población negra y racializada. Las personas de dos espíritus, lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer, que se cuestionaban la identidad de género, intersexuales, asexuales y de otros grupos sexuales y de género (2SLGBTQQIA+, por sus siglas en inglés) sufrían discriminación y violencia. Se criminalizó a personas indígenas defensoras de la tierra por proteger su territorio ancestral; continuaba la violencia contra las mujeres indígenas y se seguía desconociendo la suerte que habían corrido niños y niñas indígenas. Se violaban los derechos de las personas solicitantes de asilo y migrantes. Canadá no cumplía los objetivos en materia de emisiones.

Discriminación

Entre el 29 de agosto y el 27 de septiembre, la policía mató a nueve personas indígenas en distintos incidentes que tuvieron lugar en todo Canadá, lo que evidenció la existencia de racismo y discriminación sistémicos en las instituciones policiales.

En septiembre, el Tribunal de Apelación de Saskatchewan examinó la viabilidad de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra una ley discriminatoria relativa al uso de nombres y pronombres que afectaba negativamente al estudiantado transgénero y de género diverso. El tribunal estudiaba si una ley podía ser declarada inconstitucional aun cuando se hubiera invocado la cláusula derogatoria, que impedía a los tribunales anular legislación que contraviniera las disposiciones de la Carta de Derechos y Libertades de Canadá.

Varias organizaciones expresaron su decepción por la propuesta del Programa de Prestaciones por Invalidez de Canadá, anunciada en junio, y pidieron al gobierno federal que abordara con urgencia la crisis de pobreza relacionada con la discapacidad.

En noviembre, el Tribunal Supremo de Canadá examinó un recurso de inconstitucionalidad de la legislación que penalizaba el trabajo sexual y las actividades conexas.

Ese mismo mes, el Tribunal Federal examinó una solicitud de autorización de una demanda colectiva interpuesta contra el gobierno por empleados y exempleados de los servicios públicos federales por el racismo practicado contra las personas negras al contratar personal.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

Aumentaron las políticas contra las personas 2SLGBTQQIA+. En enero, Alberta adoptó medidas que limitaban el acceso del estudiantado a la asistencia sanitaria para la afirmación de género y obstaculizaban el debate en torno a la identidad de género, la diversidad sexual y la educación sexual integral en los centros educativos.¹

Violencia por motivos de género

Las mujeres racializadas, negras e indígenas y las personas 2SLGBTQQIA+ eran objeto de amenazas, violencia e insultos racistas por Internet en un grado desproporcionado.²

Varias organizaciones pidieron al gobierno y las alcaldías de Ontario que elevaran la violencia de género en la pareja a la categoría de epidemia, de conformidad con el proyecto de Ley 173 sobre la epidemia de violencia de género en la pareja, de 2024.

El femicidio de las mujeres negras seguía sin estar suficientemente documentado debido a la falta de datos desglosados.

Derechos de los pueblos indígenas

Cuatro personas defensoras de la tierra wet’suwet’en y de otros grupos indígenas fueron enjuiciadas penalmente y declaradas culpables de desacato al tribunal por proteger el territorio wet’suwet’en frente a la construcción de un gasoducto; entre ellas figuraba el jefe de rama Dsta’hyl, del clan Likhts’amisyu de la nación Wet’suwet’en, que cumplió una pena de 60 días de arresto domiciliario.³

La primera nación Asubpeeschoseewagong Netum Anishnabek (Grassy Narrows) compareció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y explicó en detalle los problemas de salud y los daños ambientales ocasionados por el mercurio que se había vertido en los ríos Inglés y Wabigoon 50 años antes y la actitud constante de Canadá de no evitar un mayor envenenamiento de la población ni proporcionar reparación adecuada.

Seguían sin aplicarse la mayoría de los 94 llamamientos a la acción enunciados en el informe de 2015 de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.

Canadá no realizó progresos reales en la aplicación de las 231 peticiones de justicia señaladas en la investigación nacional sobre las mujeres y niñas indígenas desaparecidas y asesinadas.

En agosto, las Madres Mohawk (Kanien'kehá:ka Kahnistensera), que exigían que se efectuaran excavaciones arqueológicas en el terreno del antiguo Hospital Real Victoria de Montreal por la sospecha de la presencia de tumbas de niños y niñas indígenas, perdieron el caso que habían llevado al Tribunal de Apelación de Quebec. Este último anuló una decisión de un tribunal de primera instancia que obligaba a la Universidad McGill a respetar un acuerdo sobre excavaciones arqueológicas en dicho terreno.

El informe final de la interlocutora especial independiente sobre Menores Desaparecidos y Tumbas y Lugares de Enterramiento sin Identificar reconocía que los internados indios eran “instituciones coloniales de genocidio” y pedía al gobierno que llevara a cabo una investigación independiente dirigida por personas indígenas.

Canadá negoció un acuerdo de libre comercio con Ecuador sin consultar a los pueblos indígenas. En junio, el Comité Permanente sobre Comercio Internacional de la Cámara de los Comunes recomendó que no progresara ningún acuerdo comercial sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas afectados.⁴

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

El Programa de Trabajadores Extranjeros Temporales seguía vinculando a las personas trabajadoras migrantes con una única entidad empleadora que controlaba su situación migratoria y sus condiciones laborales y de vida. Esto las exponía a sufrir explotación laboral y otros abusos contra los derechos humanos, como robo de salarios; horarios de trabajo excesivos; maltrato verbal, físico, sexual y psicológico, y discriminación racial. Las personas migrantes contratadas con arreglo a este programa, que en su mayoría eran racializadas, no tenían acceso a recursos efectivos ni adecuados.

El Tribunal de Apelación de Quebec confirmó la decisión de otorgar a las familias solicitantes de asilo acceso a los servicios de atención educativa infantil subvencionados. El gobierno de Quebec apeló esa decisión y el Tribunal Supremo admitió el recurso de apelación en octubre. El Tribunal de Apelación denegó la petición de suspensión presentada por Quebec, por lo que las familias conservaron el acceso a los servicios de atención infantil subvencionados, en espera de la decisión del Tribunal Supremo.

Persistía la preocupación por la complejidad de los procesos de solicitud de permisos de residencia temporales para las personas sudanesas y gazatíes y se dudaba de la eficacia del programa.

Libertad de reunión pacífica

En julio, el Tribunal Superior de Ontario no hizo valer el derecho de reunión pacífica al conceder un mandamiento judicial solicitado por la Universidad de Toronto contra una acampada propalestina de carácter pacífico.⁵ Otros campamentos similares instalados en universidades de todo el país fueron desmantelados por la policía o fuerzas de seguridad privadas sin resolución judicial, y al menos uno se levantó tras alcanzarse un acuerdo con la universidad.

Transferencias irresponsables de armas

Canadá siguió exportando armas y equipo militar a distintos países, pese a la ausencia de rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado y al riesgo sustancial de que se utilizaran para cometer violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Se exportaron armas a Arabia Saudí por valor de 6,4 millones de dólares estadounidenses, lo que suponía el 42% del total de las exportaciones militares a países distintos de Estados Unidos. La concesión de nuevas licencias de exportación de material militar a Israel se suspendió en enero, según informes, aunque no se dio aviso oficial a las entidades exportadoras y al menos 180 licencias siguieron activas.

Derecho a un medioambiente saludable

Según los datos del gobierno, Canadá ocupaba el undécimo puesto entre los países mayores emisores de gases de efecto invernadero del mundo. En lugar de aplicar políticas para reducir las emisiones, el gobierno ofrecía una bonificación fiscal a las empresas del sector de los combustibles fósiles para proyectos de captura, utilización y almacenamiento de carbono. Según el comisario de Medioambiente y Desarrollo Sostenible, Canadá se encaminaba a incumplir su objetivo de reducir sus emisiones entre un 40 y un 45% antes de 2030. No se llegó a aprobar un marco regulatorio para restringir las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del sector del petróleo y el gas. Canadá asignaba al sector de los combustibles fósiles más financiación per cápita que prácticamente cualquier otro país del G20. El gobierno siguió otorgando permisos para la construcción de infraestructuras de petróleo y gas, incluso en territorios indígenas no cedidos.

Se promulgó la Ley sobre Racismo Ambiental, que exigía la elaboración de una estrategia nacional para abordar los daños causados por este tipo de discriminación.

Se seguía criminalizando el activismo climático; en Montreal se detuvo a tres activistas por protestar de forma pacífica contra la inacción gubernamental frente al cambio climático.⁶