Bangladesh

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2025.

La draconiana Ley de Ciberseguridad —que no se ajustaba al derecho y las normas internacionales— siguió sofocando la libertad de expresión. Las protestas estudiantiles fueron reprimidas violentamente por la policía, las fuerzas armadas y los grupos afines al anterior partido gobernante, la Liga Awami. La violencia, que produjo cientos de muertes y dejó a miles de personas heridas, desencadenó presiones nacionales e internacionales en favor de reformas. El nuevo gobierno provisional empezó a abordar la cuestión de las desapariciones forzadas, pero las familias de las personas desaparecidas seguían a la espera de verdad y justicia. La población rohinyá refugiada siguió soportando nefastas condiciones de vida en los campos, sin acceso a servicios esenciales. Tanto las minorías religiosas como los pueblos indígenas se enfrentaron a actos de violencia. El personal del sector de la confección siguió sufriendo intimidación, acoso y represión de sus derechos a la libertad de asociación y de reunión pacífica.

Información general

Tras semanas de protestas estudiantiles, la primera ministra Sheij Hasina dimitió el 5 de agosto y huyó a India. El 8 de agosto se constituyó un gobierno provisional formado por asesores. Posteriormente, se informó de incidentes de alteración del orden público y de actos de violencia contra personas vinculadas a la Liga Awami y comunidades minoritarias, incluidos pueblos indígenas. El gobierno provisional remitió una invitación a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para que investigara las violaciones de derechos humanos ocurridas entre el 1 de julio y el 15 de agosto.

En agosto, repentinas inundaciones y fuertes monzones provocaron lo que las autoridades calificaron como “la peor catástrofe climática ocurrida en la historia reciente”. Las inundaciones provocadas por el cambio climático afectaron a casi seis millones de personas y obligaron a desplazarse al menos a medio millón.

Libertad de expresión

Ante el aumento de la presión interna e internacional, en 2023 el gobierno había sustituido la Ley de Seguridad Digital por la Ley de Ciberseguridad, igualmente draconiana. Sin embargo, aunque había sido revocada, los medios de comunicación informaron de que todavía en el mes de abril se seguían presentando demandas en aplicación de la Ley de Seguridad Digital. En febrero, el Tribunal Cibernético de Rangpur inició investigaciones contra un redactor de un periódico local y dos personas más que, posteriormente, fueron formalmente acusados y encarcelados en aplicación de dicha ley.

La Ley de Ciberseguridad recibió críticas por reproducir disposiciones problemáticas de la Ley de Seguridad Digital. En concreto, retenía 58 disposiciones de un total de 62 —28 de ellas al pie de la letra—, y permitía restringir la libertad de expresión, la libertad individual y la privacidad.¹ En febrero, en aplicación de la Ley de Ciberseguridad, se presentaron cargos contra el bloguero exiliado en Francia Pinaki Battacharya y otras seis personas por manipular imágenes de la entonces primera ministra Sheij Hasina y publicarlas en las redes sociales. De igual forma, en junio se presentaron cargos en virtud de la Ley de Ciberseguridad contra 11 personas por publicar “comentarios despectivos” sobre la entonces primera ministra Hasina en redes sociales. El 24 de diciembre, el gobierno provisional aprobó la Normativa de Ciberseguridad, que sustituyó a la Ley de Ciberseguridad y fue criticada por la sociedad civil debido a sus disposiciones vagas, excesivamente amplias y represivas, que podían utilizarse para reprimir la libertad de expresión.

El 13 de agosto quedó en libertad bajo fianza Selim Khan, bloguero ateo de 19 años que había sido detenido el 4 de noviembre de 2023 y recluido en virtud de la Ley de Ciberseguridad por expresar opiniones críticas sobre el islam en un grupo privado de Facebook. Denegada en varias ocasiones, la libertad provisional se le había concedido ya el 13 de marzo. Al concluir el año, su caso seguía abierto.

El 14 de agosto, la periodista Rozina Islam fue declarada inocente del robo de documentación confidencial. Había sido detenida en mayo de 2021 en aplicación de la Ley de Secretos Oficiales y del Código Penal, y puesta en libertad bajo fianza una semana después. Las autoridades no presentaron ninguna prueba que corroborara las acusaciones en su contra.

El 18 de julio, durante las protestas que tuvieron lugar por todo el país entre julio y septiembre, las autoridades impusieron un apagón de Internet de seis días de duración. Hubo informes de restricciones constantes. El gobierno afirmó que la finalidad del apagón era combatir la difusión de información errónea. Sin embargo, los grupos de la sociedad civil se mostraron preocupados porque esta medida obstaculizaba la supervisión de los derechos humanos y limitaba la capacidad de la población para rebatir la información errónea.²

Libertad de reunión pacífica

En junio se restableció un sistema de cupos que asignaba el 30% de los empleos públicos a descendientes de veteranos de la guerra de independencia. A principios de julio, el alumnado universitario salió a la calle para protestar y reivindicar igualdad de oportunidades laborales en función del mérito. Preocupaba que los cupos favorecieran a personas afines al partido gobernante. Las protestas se produjeron en una situación de elevados índices de desempleo, incluso entre la población con titulación universitaria.

El 15 de julio, la policía hizo uso ilícito de la fuerza para dispersar violentamente a personas que se manifestaban pacíficamente. Al parecer, miembros de la Liga Chatra de Bangladesh —grupo afiliado a la Liga Awami— agredieron a manifestantes con el apoyo de las fuerzas de seguridad, utilizando porras, palos y armas de fuego. Se recibieron denuncias de estudiantes que afirmaban haber sufrido agresiones a manos de miembros de la Liga Chatra y de las fuerzas de seguridad cuando trataban de conseguir atención hospitalaria.

El 16 de julio, agentes de policía dispararon deliberada e ilegítimamente contra el líder estudiantil Abu Sayed apuntándole directamente al pecho desde el otro lado de la calle en circunstancias en las que Sayed no constituía ninguna amenaza. Abu Sayed fue declarado muerto al llegar al hospital. La suya fue una de las seis muertes registradas el 16 de julio.

En solidaridad con las manifestaciones estudiantiles, estallaron protestas en todo el país exigiendo a la ex primera ministra Sheij Hasina una disculpa por la violencia. Algunas de ellas se tornaron violentas y, según los informes, se produjeron daños en instalaciones públicas, como estaciones de ferrocarril y carreteras. El 19 de julio a medianoche se decretó el toque de queda nacional. Se desplegaron las fuerzas armadas y las autoridades ordenaron ‶disparar sin previo aviso″.

Amnistía Internacional documentó el empleo reiterado de fuerza ilícita por las autoridades, con armas que incluían fusiles de asalto cargados con munición letal. Las autoridades dispararon gas lacrimógeno en espacios cerrados y utilizaron balas de goma y escopetas cargadas con perdigones. Se emplearon armas letales y menos letales contra estudiantes inermes, lo que violaba las obligaciones de Bangladesh en virtud del derecho y las normas internacionales.

Según informaron los medios de comunicación, entre el 17 y el 29 de julio se arrestó y detuvo a 10.000 manifestantes, entre quienes figuraban líderes estudiantiles, responsables de coordinación de las protestas, transeúntes y personas que proporcionaban comida y agua a manifestantes. Los líderes estudiantiles Arif Sohel, Rony Sheikh y Sabir Rahman fueron detenidos en julio. Sus familias y representantes legales comunicaron que se les había impedido acceder a ellos mientras estaban detenidos, con lo que se había violado su derecho al debido proceso. Rony quedó en libertad bajo fianza el 2 de agosto; Arif, el 3 de agosto; y Sabir, a finales de julio. La mayoría de las detenciones de estudiantes se llevaron a cabo en aplicación de partes iniciales de denuncia colectivos, en los que no se identificaba a cada persona.

Según el grupo local de la sociedad civil Sociedad de Apoyo a los Derechos Humanos, entre el 16 de julio y el 9 de septiembre se contabilizaron al menos 875 muertes, de las que el 52% como mínimo fueron de estudiantes. Sólo el 4 de agosto, los medios de comunicación informaron de un mínimo de 111 muertes.

Las protestas organizadas a partir de principios de agosto exigían la dimisión de la primera ministra, Sheij Hasina, y culminaron en la “Larga Marcha a Dacca” convocada el 5 de agosto. Ese mismo día, Sheij Hasina huyó a India y dimitió tras 15 años en el poder.

Derechos de las mujeres y de las niñas

Las mujeres y las niñas, que desempeñaron un papel fundamental en el movimiento de protesta estudiantil, sufrieron el uso ilícito de la fuerza por parte de la policía y denunciaron agresiones de grupos afiliados a la Liga Awami. Las mujeres que hablaron con Amnistía Internacional contaron que les habían dado patadas en los pechos, el estómago y la cabeza durante esos ataques. Los informes de los medios de comunicación sugerían que se había agredido a mujeres y niñas para disuadirlas de protestar.

Las periodistas afirmaron que su cobertura informativa de las protestas las había convertido en blanco de la policía, de grupos afiliados a la Liga Awami e incluso de los propios manifestantes.

El 27 de julio, Nusrat Tabbasum, lideresa estudiantil que desempeñó un papel clave en la coordinación de las protestas, fue arbitrariamente arrestada y detenida junto con otras personas, también coordinadoras. El gobierno afirmó que las había puesto bajo custodia “por su seguridad”. Nusrat Tabbasum quedó en libertad el 1 de agosto junto con otras cinco personas, tras haber mantenido las seis una huelga de hambre de 32 horas. Todas ellas afirmaron haber sido coaccionadas bajo custodia policial para que declararan el cese de las manifestaciones.

Desapariciones forzadas

Según la organización bangladeshí de derechos humanos Odhikar, entre enero y junio se denunciaron 10 casos de desaparición forzada.

Tras la dimisión de Sheij Hasina salieron en libertad de un centro de detención secreto tres personas que desde hacía años permanecían en paradero desconocido. Se trataba de Michael Chakma, activista de los derechos indígenas sometido a desaparición forzada en 2019; Abdullahil Aman Azmi, hijo del líder del partido Jamaat e Islami y general de brigada jubilado sometido a desaparición forzada en 2016; y Ahmad Bin Quasem, letrado del Tribunal Supremo, también sometido a desaparición forzada en 2016.

El 27 de agosto, el gobierno provisional creó una comisión de investigación de cinco miembros para investigar las denuncias sobre desapariciones forzadas ocurridas entre el 6 de enero de 2009 y agosto de 2024. El 14 de diciembre, la Comisión publicó un informe provisional en el que se detallaban los marcos legales y los patrones observados en incidentes de desaparición en Bangladesh.

El 29 de agosto, el gobierno provisional dio un paso positivo al adherirse a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Sin embargo, al ser Bangladesh un país dualista —en el que el derecho internacional se considera independiente de la legislación nacional—, no se había promulgado ninguna ley para hacer plenamente efectiva la Convención en el sistema legislativo nacional.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Bangladesh acogió a casi un millón de personas refugiadas de etnia rohinyá que huían de la violencia y la persecución en Myanmar. Las condiciones de vida en los campos siguieron siendo nefastas, sobre todo con el aumento de la afluencia de personas refugiadas debido a la violencia que se vivía en Myanmar. La población refugiada de los campos sufría inseguridad alimentaria, falta de vivienda y de servicios esenciales, como atención sanitaria, y no podía registrarse con el ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. Se impidió entrar en Bangladesh a muchas personas refugiadas, que fueron devueltas sin el debido procedimiento —es decir, rechazadas de manera ilícita por la guardia de fronteras—, violando así el principio de no devolución (non-refoulement).

La población refugiada fue también víctima de inundaciones y corrimientos de tierra en los campos durante las fuertes lluvias del monzón. Un gran incendio que se propagó por los campos en enero hizo arder al menos 800 refugios, lo que afectó al alojamiento de casi 7.000 personas refugiadas. Según el ACNUR, las autoridades y las agencias humanitarias les proporcionaron refugios provisionales de emergencia, alimentos y ayuda médica y psicológica.

Libertad de religión o de creencias

Las autoridades no protegieron a las comunidades minoritarias de la violencia, la discriminación y el hostigamiento. El 5 y el 6 de agosto se produjo una oleada de agresiones contra las comunidades hindú y ahmadí. Se atacaron viviendas, lugares de culto y negocios pertenecientes a esas minorías religiosas, y al menos una persona hindú fue víctima de homicidio.

Derechos de los pueblos indígenas

En abril y mayo, en el marco de una operación militar que se estaba llevando a cabo en Chittagong Hill Tracts (sureste de Bangladesh), más de un centenar de personas indígenas bawm fueron arbitrariamente detenidas por cargos tales como sedición en virtud de la draconiana Ley de Poderes Especiales.³ Al concluir el año, permanecían en detención.

El 20 de septiembre estalló la violencia entre los colonos bengalíes y la población indígena jumma de los distritos de Khagrachari y Rangamati, en Chittagong Hill Tracts. Esta violencia se saldó con al menos tres personas muertas y 15 heridas, además de, como mínimo, 50 viviendas y negocios incendiados.

Derechos laborales

Los trabajadores y trabajadoras del sector de la confección se enfrentaron a medidas constantes de represión y de mano dura contra sus derechos a la libertad de asociación, reunión y protesta pacífica.

Haciendo uso ilícito de la fuerza, las autoridades mataron al menos a nueve personas que trabajaban en la confección, junto con otros trabajadores y trabajadoras —algunos de ellos, menores de edad— durante las protestas que se extendieron por todo el país en julio y agosto. A lo largo de ese tiempo, muchas fábricas textiles cerraron durante largos periodos, dejando al personal sin salario y obligándolo en muchos casos a protestar para exigir sus salarios atrasados.

Los trabajadores y trabajadoras sufrieron acusaciones arbitrarias y uso ilícito de la fuerza, lo que hizo temer su posible detención o reclusión. El 30 de septiembre, un trabajador de la confección murió por disparos de la policía y al menos 41 trabajadores y trabajadoras sufrieron lesiones cuando las protestas —en principio pacíficas— que reivindicaban mejoras salariales se tornaron violentas.

Al menos 40.000 personas empleadas en el sector de la confección siguieron expuestas a ser arrestadas y detenidas, tras haberse presentado cargos en su contra durante las protestas salariales que habían tenido lugar entre septiembre y noviembre de 2023. Aunque el 24 de septiembre el gobierno provisional anunció que iba a retirar esos cargos, al concluir el año la mayoría no se habían retirado formalmente.

El 11 de septiembre, la Asociación de Fabricantes y Exportadores de Ropa de Bangladesh prometió suprimir una base de datos de trabajadores y trabajadoras. Anteriormente había negado que dicha base de datos se utilizara para confeccionar ‶listas negras″ e impedir el empleo de personas asociadas a sindicatos o a protestas.