Bahrain

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2025.

Bahréin continuó reprimiendo el derecho a la libertad de expresión y de asociación por medios como la detención arbitraria y la prohibición de viajar. No se respetaba plenamente el derecho a la libertad de reunión pacífica: sobre la base de pruebas inverosímiles, incluidas “confesiones” hechas por niños, se enjuició colectivamente y sin garantías tanto a personas que se habían manifestado pacíficamente como a quienes lo habían hecho de manera violenta.

Información general

Bahréin puso en libertad a 2.586 personas presas —entre ellas más de 750 que habían sido encarceladas por motivos políticos, según grupos de oposición chiíes—, en aplicación de tres indultos reales concedidos el 8 de abril, el 15 de junio y el 4 de septiembre. El 8 de abril se indultó a Naji Fateel, defensor de los derechos humanos y preso de conciencia. Sin embargo, otras personas destacadas también por su labor de defensa de los derechos humanos, como Abdulhadi Al Khawaja y Abduljalil Al Singace, continuaron recluidas arbitrariamente.

Libertad de expresión

Bahréin siguió llevando a cabo detenciones y enjuiciamientos de personas críticas con el gobierno. El 5 de mayo, las autoridades iniciaron una causa penal contra el activista de derechos humanos Ali al Hajee por protestar pacíficamente contra la prohibición arbitraria de viajar que pesaba sobre él desde su excarcelación en 2023.¹ Había quedado en libertad tras cumplir una condena de 10 años que se le había impuesto por su participación en protestas pacíficas. Fue absuelto el 29 de mayo, y en agosto le levantaron la prohibición de viajar.

Las autoridades continuaron la investigación penal iniciada en noviembre de 2023 contra Jasim Hussein al Abbas por un artículo que había escrito en un blog sobre la conversión de Bahréin al islam. Las autoridades le impusieron arbitrariamente la prohibición de viajar durante todo el año bajo la acusación de “difundir información histórica errónea”. A pesar de sus reiteradas solicitudes, no le revelaron qué organismo gubernamental le había impuesto la prohibición ni cómo podía recurrirla.

El 25 de marzo, las autoridades detuvieron a Ebrahim Sharif, dirigente del partido de oposición ilegalizado Waad, debido a unas publicaciones en las redes sociales en las que criticaba al gobierno por invertir los ingresos nacionales en la empresa McLaren Automotive en lugar de dedicarlos a viviendas públicas. Quedó en libertad el 28 de marzo, pero las autoridades no cerraron formalmente la investigación penal contra él, lo que las facultaba para presentar cargos en el futuro. Era la segunda vez en menos de un año que lo detenían por expresar sus opiniones políticas en Internet.

El 30 de julio, el Ministerio del Interior y la Fiscalía detuvieron a Hasan al Hayeki, Jamsheer Fairouz, Husain Id, Sayed Mohamed al Alawi y Saleh Sahwan por organizar una concentración la noche del 16 de julio en la que se corearon consignas como “¡Exigimos la libertad de los presos!”. Hasan al Hayeki fue puesto en libertad el 3 de septiembre; los demás, el 22 de septiembre.

Privación arbitraria de la nacionalidad

El 10 de julio, el Tribunal de Casación destituyó a Mohamed Rafeeq al Husaini, representante del primer distrito electoral de la gobernación de Al Muharraq, como miembro del Consejo de Representantes —cámara del Parlamento de Bahréin conformada por elección—, por poseer la nacionalidad paquistaní además de la bahreiní. A pesar de que Pakistán no le reconocía la nacionalidad y de que llevaba decenios viviendo en Bahréin, en agosto, el Tribunal de Casación le retiró la nacionalidad bahreiní y las autoridades ejecutivas lo deportaron a Pakistán. El gobierno venía actuando contra él desde el 30 de abril, cuando había pedido la excarcelación de Ali Salman, el líder del partido de oposición ilegalizado Al Wefaq, que cumplía cadena perpetua por sus actividades políticas y a quien Amnistía Internacional consideraba preso de conciencia.

Libertad de reunión pacífica

Las autoridades continuaron deteniendo, sometiendo a juicios injustos y encarcelando a manifestantes que protestaban pacíficamente y a transeúntes. El 25 de marzo, un tribunal declaró culpables a siete acusados a quienes se juzgaba por haber participado en una protesta a favor de Palestina en la localidad de Sanabis el 2 de noviembre de 2023. Los condenó a prisión sin pruebas verosímiles de que hubieran cometido algún delito reconocido internacionalmente (véase infra).

A pesar de los indultos y excarcelaciones a gran escala, Bahréin siguió manteniendo recluidos arbitrariamente a 10 líderes de las protestas multitudinarias de 2011 contra el gobierno. Eran activistas y presos de conciencia que habían sido declarados culpables ante un tribunal militar de cargos como “establecer grupos de terror para derrocar el régimen y cambiar la Constitución” y cuyas sentencias y condenas habían sido confirmadas en apelación en septiembre de 2012.

Juicios injustos

En las causas penales continuaba violándose a menudo el derecho a un juicio justo. En los casos de presunto uso de la violencia contra la policía durante manifestaciones callejeras, era habitual juzgar a las personas acusadas en grupos, lo que daba lugar a sentencias colectivas y menoscababa el derecho a la determinación de la responsabilidad penal individual.

En febrero y marzo, por ejemplo, un tribunal juzgó juntos a tres adultos y tres niños acusados de participar en una manifestación a favor de Palestina, celebrada en la localidad de Karzakkan el 17 de noviembre de 2023, en la que hubo personas que cometieron actos violentos contra la policía y otras que se manifestaron de forma pacífica. Asimismo, en el caso de los siete acusados juzgados en relación con la manifestación a favor de Palestina celebrada en Sanabis el 2 de noviembre de 2023, las únicas pruebas utilizadas para condenarlos fueron las declaraciones de funcionarios del Ministerio del Interior y la afirmación de que cinco de ellos habían “confesado” durante el interrogatorio. Cuatro de las cinco “confesiones” eran de niños, entre ellos dos de 15 años.

Derechos de las personas detenidas

Las autoridades respondieron a prolongadas sentadas de protesta iniciadas en marzo en la prisión de Yaw restringiendo a los reclusos las llamadas telefónicas y las visitas y cortándoles la electricidad, lo que supuso dejarlos sin aire acondicionado en verano, con temperaturas de entre 44 y 46 °C.

Como en años anteriores, se negó sistemáticamente a los presos y a sus familias el acceso a sus historiales médicos.

Derecho a un medioambiente saludable

En noviembre, durante la COP29, el ministro responsable del petróleo de Bahréin anunció el compromiso del país de reducir las emisiones en un 30% para el año 2035 y alcanzar el objetivo de cero emisiones netas en 2060. Sin embargo, en febrero, Bahréin había solicitado un préstamo de 500 millones de dólares para ampliar la producción de petróleo y gas con 400 nuevos pozos petrolíferos y 30 de gas.