Armènia

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2025.

El gobierno tuvo dificultades para integrar a más de 100.000 personas refugiadas de Nagorno Karabaj. Se restringió en varias ocasiones la libertad de expresión y de reunión pacífica, y se amenazó y hostigó a periodistas y a defensores y defensoras de los derechos ambientales. Se introdujeron enmiendas a la legislación sobre violencia de género en el ámbito familiar que reforzaron la protección de las personas sobrevivientes. Persistió la discriminación contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales.

Información general

Las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz con Azerbaiyán continuaron en una tensa situación de seguridad, marcadas por enfrentamientos en torno a la región de azerbaiyana de Nagorno Karabaj y a lo largo de la frontera entre los dos países. Las tensiones también seguían siendo considerables en lo relativo a cuestiones clave, como los corredores territoriales y la condición jurídica de Nagorno Karabaj.

El gobierno continuó estrechando lazos con la Unión Europea y Estados Unidos, y, al mismo tiempo, anunció planes de abandonar la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva, liderada por Rusia.

Las tensiones posconflicto con Azerbaiyán continuaron agravando la agitación política en el país. En abril y mayo, a raíz de que un acuerdo de demarcación de fronteras con Azerbaiyán dejara a cuatro pueblos de la región de Tavush en el lado azerbaiyano de la frontera, estallaron protestas multitudinarias en las que se bloquearon carreteras pidiendo la dimisión del primer ministro, Nikol Pashinyan, y criticando su gestión del conflicto de 2022 con Azerbaiyán y el cambio de alianzas políticas de su gobierno.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

El gobierno continuó teniendo dificultades para integrar a más de 100.000 personas refugiadas que habían huido de Nagorno Karabaj después de que Azerbaiyán tomara el control de la región en septiembre de 2023. Para muchas de ellas seguía siendo particularmente difícil cubrir sus necesidades de vivienda, empleo y educación. Siguió sin hacerse efectivo su derecho a un retorno seguro y digno.

Libertad de reunión pacífica

En varias ocasiones la policía hizo un uso ilícito de la fuerza contra manifestantes durante las protestas de abril y mayo en las que se pedía la dimisión del primer ministro.

El 12 de junio hubo enfrentamientos entre policía y manifestantes en el centro de la capital, Ereván, durante unas protestas contra el acuerdo sobre la demarcación de fronteras. Alrededor de 101 personas resultaron heridas, 17 de ellas agentes de policía, y, según informes, hubo 98 personas detenidas. Al menos 15 personas fueron acusadas posteriormente de vandalismo y alteración del orden público. Tras una investigación sobre la proporcionalidad y la legalidad de la respuesta policial, no se formuló cargo alguno contra ningún agente encargado de hacer cumplir la ley.¹

Libertad de expresión

Las protestas de abril y mayo fueron acompañadas por informes de aumento de la presión y el hostigamiento contra periodistas, con insultos y amenazas. El Comité Armenio para la Protección de la Libertad de Expresión informó de que 14 periodistas y miembros de personal de prensa habían sufrido lesiones mientras cubrían las protestas, en ataques selectivos y también aplastados por la multitud. Hubo periodistas a quienes tiraron al suelo a empujones, y también denuncias de golpes y lesiones a manos de la policía.

El 22 de marzo, las autoridades detuvieron por vandalismo a los presentadores de pódcast y activistas de la oposición política Vazgen Sagatelyan y Narek Samsonyan y los mantuvieron dos meses en prisión preventiva. Ambos fueron acusados de emplear lenguaje obsceno contra el primer ministro, Nikol Pashinyan, y otras figuras del partido gobernante en el medio de comunicación AntiFake. Su juicio comenzó el 23 de septiembre. En caso de ser declarados culpables, se enfrentaban a penas de hasta cinco años de prisión.

Derecho a un medioambiente saludable

Se concedió permiso a la mina de oro de Amulsar para reanudar su actividad en enero sin abordar plenamente los motivos de preocupación ambientales relativos a la contaminación del agua y la tierra, que habían desatado protestas en años anteriores. Se presentaron demandas contra defensores y defensoras de los derechos ambientales para silenciarlos, y también sufrieron campañas difamatorias en medios de comunicación, en las que se afirmaba, entre otras cosas, que su activismo suponía una amenaza para la seguridad nacional. Estos ataques se produjeron tras una declaración conjunta de diciembre de 2023 en la que expresaban preocupación por los impactos medioambientales del controvertido proyecto minero de Amulsar.

Violencia sexual y de género

El 12 de abril, el Parlamento aprobó enmiendas a la legislación sobre violencia de género en el ámbito familiar que reforzaban los mecanismos de protección para sobrevivientes y eliminaban el anterior énfasis en la “restauración de la armonía familiar”, que podía ejercer presión sobre las víctimas para que continuaran en relaciones abusivas. Las enmiendas ampliaron la definición de violencia de género en el ámbito familiar para que incluyera el abuso sexual y el maltrato físico, psicológico y económico. También introdujeron nuevos delitos, como la intervención médica forzada, la restricción de acceso a atención de la salud, las “pruebas de virginidad” y el acoso.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

Continuaron la estigmatización y la discriminación de las personas LGBTI. En junio, personal de la Defensoría del Pueblo denunció amenazas, hostigamiento e insultos, en particular, por su trabajo con personas LGBTI.