Angola

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2025.

Se detuvo y se recluyó a activistas de la sociedad civil y periodistas por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. En algunos casos, se les negó atención médica necesaria mientras estaban bajo custodia. No se investigaron la muerte de una mujer a manos de las fuerzas de seguridad ni las lesiones causadas a otra. Seguían sin conocerse la suerte y el paradero de dos miembros del movimiento Unidad Nacional para la Total Revolución de Angola. Las mujeres y los niños y niñas de las provincias del sudoeste eran las personas más vulnerables a la inseguridad alimentaria, que, según las previsiones, afectaría al 5% de la población total.

Derechos de las personas detenidas

Hubo personas presas a las que se negó la debida atención médica. La salud de al menos dos activistas, encarcelados desde septiembre de 2023 en relación con su intervención en apoyo de protestas pacíficas, se deterioró. En febrero, Adolfo Campos fue ingresado en el hospital de la prisión para recibir tratamiento urgente. Las autoridades penitenciarias no atendieron las recomendaciones de los médicos ni la petición de traslado a una instalación externa para someterse a cirugía que formularon sus abogados. En junio, Gildo das Ruas se quejó de fiebre y dolor corporal, pero las autoridades penitenciarias no permitieron que lo visitara un médico hasta el 1 de agosto, cuando se le diagnosticó una desviación de columna que le impedía estar de pie durante más de 30 minutos y se le prescribió una silla de ruedas y una prótesis lumbar. Sus abogados entregaron en la prisión una silla de ruedas el 15 de agosto, pero las autoridades penitenciarias se la retuvieron durante al menos cuatro días.¹

Libertad de reunión pacífica

La Policía Nacional de Angola (PNA) reprimió al menos siete protestas contra la detención continuada de activistas, entre ellos Adolfo Campos y Gildo das Ruas (véase supra), contra el elevado costo de la vida, contra la negación de los derechos laborales y contra la posibilidad de que el presidente Lourenço cumpliera un tercer mandato en el cargo, entre otras cosas.

El 22 de junio, la PNA impidió la celebración de una manifestación pacífica del movimiento Unidad Nacional para la Total Revolución de Angola (UNTRA) en la capital, Luanda. Se detuvo al menos a 11 manifestantes, uno de los cuales fue golpeado y gravemente herido por los agentes que lo detuvieron. Todos ellos quedaron en libertad sin cargos siete horas más tarde.

El 31 de agosto, la PNA impidió la celebración de una manifestación contra la nueva legislación sobre vandalismo y seguridad nacional; al menos siete manifestantes, entre los que había activistas y un periodista, fueron detenidos en el cementerio de Santa Ana, en Luanda, llevados al Comando Provincial de Luanda y puestos en libertad sin cargos 10 horas después.

La PNA reprimió otra protesta de UNTRA el 21 de septiembre, aduciendo que no estaba autorizada, extremo que los organizadores negaron. Al menos siete personas que se manifestaban fueron detenidas, entre ellas organizadores que se habían resistido a la orden policial de dispersarse. La policía les confiscó las pancartas, los folletos y los teléfonos. Las siete quedaron en libertad sin cargos ese mismo día.

Detención y reclusión arbitrarias

La PNA seguía practicando detenciones arbitrarias, especialmente de activistas implicados en protestas.

El 4 de enero, la PNA detuvo a la activista de los derechos humanos Laurinda Gouveia, a su esposo y a la hija de ambos, de dos años de edad, en una protesta pacífica celebrada en Luanda para pedir la liberación de activistas y de la influencer en redes sociales Neth Nehara, que cumplía una pena de dos años de prisión por criticar al presidente en TikTok. Laurinda Gouveia y su familia quedaron en libertad al día siguiente después de que ella y su esposo comparecieran en un juicio sumario ante el Tribunal Provincial de Luanda, que retiró todos los cargos por insuficiencia de pruebas.

El 16 de marzo, Laurinda Gouveia fue detenida de nuevo junto con Elisabeth Campos y Marinela Pascoal cuando se disponían a participar en una protesta contra la violencia policial y el elevado costo de la vida, organizada por Mujeres por los Derechos Cívicos y Políticos. Quedaron en libertad esa misma noche después de que su abogado presentara una queja.

El 20 de marzo, agentes de la PNA detuvieron a tres personas en las ciudades de Bengo y Huambo por participar en una huelga general convocada por el Centro General de Sindicatos Independientes y Libres de Angola para reclamar un aumento del salario mínimo nacional y mejoras de las condiciones de vida.

Florindo Chivucute, director ejecutivo de la organización de la sociedad civil Amigos de Angola, fue detenido el 27 de agosto por desobediencia a órdenes policiales tras filmar a policías de tráfico y agentes del Servicio de Investigación Criminal (SIC) y de la Dirección de Investigación de Infracciones Penales (DIIP) mientras lo agredían. Pasó una noche esposado en la comisaría de policía núm. 4 de Luanda, antes de recibir una condena condicional de dos meses.

Libertad de expresión

El 6 de junio, el periodista de TV Nzinga Guilherme Fortuna no pudo informar sobre el despido masivo de personal empleado de la Zona Económica Especial Luanda-Bengo porque unos agentes de la comisaría de policía núm. 4 lo agredieron y destruyeron su cámara y su equipo de grabación.

Homicidios ilícitos

No se anunció investigación alguna sobre la muerte el 23 de agosto de Elzira dos Prazeres Manuel Zonga y las lesiones sufridas por Esperança José Manuel a causa de disparos efectuados por agentes de la PNA que intentaban detener un enfrentamiento violento entre grupos rivales en el barrio de Rangel, en Luanda. Estas dos mujeres no habían participado en la violencia. Un agente de policía también resultó herido de gravedad durante el enfrentamiento.

Desapariciones forzadas

Según Deutsche Welle News y el secretario general de UNTRA, Leonardo Marcos, dos miembros de este movimiento fueron víctimas de desaparición forzada el 11 de marzo. Al parecer fueron detenidos por agentes del SIC y de la DIIP al salir de los estudios de Radio Iglesias en Luanda, donde habían sido entrevistados en relación con una protesta que tenían previsto celebrar el 23 de marzo contra el elevado costo de la vida y la persistencia de la detención de presos “políticos”. Al terminar el año seguía sin conocerse su suerte y paradero.

Derecho a la alimentación

La población de las provincias de Cunene, Huila y Namibie hacía frente a una sequía severa causada por el prolongado impacto de El Niño. La producción agrícola se vio amenazada. Se preveía que la inseguridad alimentaria afectara durante el año a aproximadamente el 5% de la población de Angola, especialmente mujeres, niñas y niños. Se esperaba que los recortes de las subvenciones a los combustibles que el gobierno tenía previsto aplicar agravaran la situación ante la falta de medidas de protección suficientes. Aunque las autoridades locales de la comuna de Cahama, en la provincia de Cunene, construyeron presas para mejorar el acceso al agua y distribuyeron semillas resistentes para abordar el déficit de producción agrícola, las disposiciones eran insuficientes. En consecuencia, cientos de personas seguían migrando de la provincia de Cunene a Namibia.