Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024.
El derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica estuvo sometido a severas restricciones, especialmente durante el periodo electoral. Los miembros de la oposición, o las personas vinculadas con ella, eran las más afectadas por la represión en gran escala de la disidencia, que incluía detenciones arbitrarias y enjuiciamientos. Entraron en vigor nuevas disposiciones legales que imponían restricciones adicionales y castigaban severamente a activistas y personas críticas. Unos agentes del Estado vestidos de civil secuestraron y torturaron a activistas políticos y mataron a un hombre. Al menos un activista murió a manos de simpatizantes del partido gobernante, según informes. Las autoridades tomaron medidas para controlar la propagación de un brote de cólera que causó al menos un centenar de muertes y afectó a miles de personas. Se negaba a las mujeres y las niñas su derecho a la salud sexual y reproductiva. Se promulgó una nueva ley que suponía un cierto avance en lo relativo a abordar la necesidad de protección de los niños y niñas.
Información general
El presidente Emmerson Mnangagwa fue elegido para un segundo mandato en los comicios generales que se celebraron el 22 y 23 de agosto, y en los que el electorado también votó para elegir a parlamentarios y representantes municipales.
Represión de la disidencia
Continuaron las amenazas contra el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica, especialmente durante el periodo de las elecciones generales. Los blancos principales de la represión eran los miembros de la Coalición de Ciudadanos por el Cambio (CCC), principal partido opositor.
Cuando faltaba poco más de un mes para la jornada electoral, el presidente sancionó con su firma la Ley de Enmienda del Código Penal (Codificación y Reforma) de 2022. Esta ley no cumplía los requisitos de legalidad, proporcionalidad y necesidad en lo relativo a la imposición por las autoridades de sanciones tales como la pérdida de la ciudadanía y la pena de muerte por el mero hecho de ejercer pacíficamente los derechos humanos. Además, aumentaba el riesgo de detención arbitraria de quienes expresaran opiniones disidentes y contenía disposiciones excesivamente amplias que penalizaban la participación en reuniones.
Los estudiantes Benjamin Watadza, Emmanuel Chitima, Comfort Mpofu, Lionel Madamombe, Gamuchirai Chaburumunda y Darlington Chigwena, de la Universidad de Zimbabue, fueron detenidos en diferentes fechas entre el 17 de mayo y el 8 de junio por llevar a cabo una protesta pacífica en la capital, Harare. Se manifestaban contra la reclusión prolongada y otras formas de persecución de políticos de la oposición, como Job Sikhala (véase, infra, “Detenciones arbitrarias y juicios injustos”). Los universitarios fueron acusados de alteración del orden público en virtud del artículo 41 de la Ley de Enmienda del Código Penal (Codificación y Reforma) y quedaron en libertad en distintas fechas entre el 5 y el 24 de julio.
El 23 de agosto, agentes de las fuerzas de seguridad detuvieron arbitrariamente a unos 40 miembros del personal de las organizaciones de la sociedad civil Centro de Recursos Electorales y Red de Apoyo Electoral de Zimbabue. Las detenciones estaban relacionadas con la publicación de un informe del Foro de ONG de Derechos Humanos de Zimbabue en el que se detallaban las irregularidades electorales que la organización había observado ese mismo día. Después de las detenciones, la policía se incautó de los teléfonos móviles de los detenidos, a quienes obligó a permanecer tumbados boca abajo durante 3 horas. Todos ellos estuvieron recluidos en régimen de incomunicación durante 2 días en la comisaría central de policía de Harare, donde se les negó el acceso a abogados y familiares, en contravención de lo dispuesto en la Constitución y en las normas internacionales de imparcialidad procesal. El 25 de agosto fueron acusados formalmente de infringir el artículo 66 de la Ley Electoral, leído conjuntamente con la Ley del Código Penal (Codificación y Reforma), y quedaron en libertad previo pago de una fianza de 200 dólares estadounidenses cada uno. Las autoridades sostuvieron que los detenidos habían intentado hacer públicos los resultados electorales antes del anuncio oficial de la Comisión Electoral de Zimbabue.
Durante el periodo electoral y después de él se produjo una serie de secuestros de activistas de la CCC a manos de presuntos agentes del Estado. El 26 de agosto, unos agentes vestidos de civil interrumpieron una conferencia de prensa de la CCC e intentaron detener al portavoz del partido, Promise Mkwananzi. Tras la operación se sucedieron varios secuestros —también obra de presuntos agentes del Estado—, entre ellos los del miembro del consejo municipal Womberaiishe Nhende y su amigo Sonele Mukhuhlani, que fueron torturados y después abandonados a las afueras de Harare el 2 de septiembre. El 23 de octubre, James Chidhakwa fue secuestrado y torturado y le inyectaron una sustancia desconocida; Takudzwa Ngadziore fue secuestrado el 1 de noviembre; y Tapfumanei Masaya fue secuestrado el 11 de noviembre y su cuerpo sin vida apareció abandonado en Cleveland, Harare, el 13 de noviembre.
Detenciones arbitrarias y juicios injustos
Existía impunidad con respecto a la detención arbitraria y el enjuiciamiento de defensores y defensoras de los derechos humanos, miembros y simpatizantes de la oposición política, activistas, periodistas y otras personas que expresaban opiniones disidentes. Las autoridades usaron indebidamente el sistema de justicia para silenciar la disidencia pacífica.
El 5 de abril, Fadzayi Mahere, parlamentaria de la CCC y exportavoz del partido, fue declarada culpable —en virtud del artículo 31 de la Ley del Código Penal (Codificación y Reforma)— de publicar o comunicar afirmaciones falsas perjudiciales para el Estado y multada con 500 dólares estadounidenses tras haber difundido en enero de 2021 un vídeo en las redes sociales en el que aparecía una mujer forcejeando con un agente de policía mientras en un brazo sostenía a un bebé inmóvil. El 11 de diciembre, Fadzayi Mahere se entregó a la policía y permaneció 7 días detenida antes de ser puesta en libertad bajo fianza por un juez de Harare.
El 28 de abril, Jacob Ngarivhume, líder del partido opositor Transformar Zimbabue, fue declarado culpable y condenado a 48 meses de prisión, 12 de ellos condicionales. El político había sido detenido en julio de 2020 por dirigir y organizar protestas contra la corrupción ese mismo mes. Fue acusado de incitar a la violencia pública mediante el uso de su cuenta de Twitter (posteriormente X) para convocar unas protestas en todo el país que finalmente fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad. El 11 de diciembre de 2023 fue absuelto en apelación después de pasar 8 meses en prisión.
El 3 de mayo, casi un año después de su detención en junio de 2022, un tribunal de primera instancia declaró culpable a Job Sikhala, exparlamentario de la CCC por la circunscripción de Zengeza Oeste, de cargos de “obstrucción de la justicia” y le impuso una multa de 600 dólares estadounidenses. Job Sikhala fue absuelto en apelación el 28 de noviembre, pero continuó en la prisión de máxima seguridad de Chikurubi, en Harare, en espera de otro juicio distinto por cargos de incitación a cometer violencia y alteración del orden público. Los cargos estaban relacionados con un discurso pronunciado en el velatorio de Moreblessing Ali, secuestrada en 2022 presuntamente por un simpatizante del partido gobernante, Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF), y cuyo cuerpo sin vida había aparecido 3 semanas después.
El 15 de agosto, 40 activistas de la CCC fueron detenidos tras un desfile de la campaña electoral en Machipisa, en Highfields, un barrio de Harare. Fueron acusados de infringir disposiciones de la Ley de Mantenimiento de la Paz y el Orden y quedaron en libertad bajo fianza el 24 de agosto.
El 4 de septiembre, las autoridades detuvieron a Doug Coltart y Tapiwa Muchineripi, de Abogados por los Derechos Humanos de Zimbabue, por informar a la policía de que sus clientes Womberaiishe Nhende y Sonele Mukhuhlani estaban mal de salud y bajo supervisión médica tras haber sido secuestrados y torturados por agentes del Estado (véase, supra, “Represión de la disidencia”). Se presentaron cargos de “obstrucción de la justicia” contra los abogados, a los que el Tribunal de Primera Instancia de Harare puso en libertad bajo fianza el 5 de septiembre y ordenó que se presentaran semanalmente en la Comisaría Central de Policía de Harare.
Homicidios y ataques ilegítimos
Tinashe Chitsunge, activista de la CCC, murió presuntamente apedreado por activistas de ZANU-PF en Glen View Sur, Harare, el 3 de agosto. Se creía que había sido agredido cuando intentaba huir de una turba de ZANU-PF que atacaba a activistas de la oposición que asistían a una concentración.
Vutisani Mushiyi, activista de la CCC, ingresó en el hospital de Chiredzi tras haber sido agredido en la localidad de Chiredzi Sur el 4 de agosto por presuntos simpatizantes de ZANU-PF. Vutisani Mushiyi afirmó que lo habían agredido como represalia por negarse a renunciar a su cargo de presidente del Programa de Regadío de Chilonga en Chiredzi Sur después de que un candidato al Parlamento por ZANU-PF intentara obligarlo a hacerlo.
Derecho a la salud
El país se vio afectado por un brote de cólera, cuyo principal origen era la severa carencia de agua apta para el consumo. Hasta finales de septiembre se tenía constancia de casi 7.000 presuntos nuevos casos, y el 9 de octubre el número de víctimas mortales había llegado a 100. Zimbabue hacía frente a brotes recurrentes de cólera agravados por la pobreza y las inadecuadas infraestructuras.
En la ciudad de Chitungwiza, la escasez de agua apta para el consumo obligaba a la población residente a comprar agua embotellada. Activistas locales instaron al gobierno a intervenir e hicieron hincapié en la carga excesiva que se imponía a las autoridades locales para garantizar la mejora del acceso a agua y asumir el elevado costo de las sustancias químicas necesarias para el tratamiento del agua. Ante el aumento del número de casos de cólera, los problemas de gestión de aguas residuales y la ineficacia de la recogida de residuos plantearon desafíos adicionales y aumentaron el temor de que la crisis se intensificara al acercarse la estación de lluvias.
El compromiso contraído por el presidente Mnangagwa en julio, durante la campaña electoral, de implementar un programa nacional de perforaciones para garantizar el aumento del acceso a agua apta para el consumo seguía sin cumplirse en gran medida debido a la persistencia histórica de la falta de inversión y a las desigualdades económicas.
Derechos de las mujeres y de las niñas
El gobierno no tomó medidas para prevenir ni responder plenamente a las necesidades de tratamiento de quienes padecían fístula obstétrica. En concreto, no elaboró un marco normativo adecuado ni garantizó financiación suficiente para la salud materna, a pesar de las peticiones de organizaciones de la sociedad civil en ese sentido, y pese a que el problema se había planteado en el Parlamento como asunto de importancia nacional.
Persistían las lagunas en el marco jurídico en relación con el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes. El Parlamento seguía sin introducir las reformas necesarias en la Ley de Salud Pública para permitir que el personal sanitario prestara servicios de salud sexual y reproductiva a adolescentes sin el consentimiento de sus progenitores. Además, el costo de los servicios de atención de la salud esenciales resultaba prohibitivo para muchas mujeres y niñas, y no se impartía educación sexual integral en las escuelas.
El embarazo de adolescentes seguía siendo una realidad muy extendida, con 108 nacimientos vivos por cada 1.000 mujeres y niñas de entre 15 y 19 años. El compromiso del gobierno de reducir esa cifra a 100 por cada 1.000 mujeres en 2022 siguió sin hacerse realidad en 2023. La mortalidad materna seguía siendo alta, con 462 muertes por cada 100.000 nacimientos vivos, según las estadísticas más recientes del Fondo de Población de la ONU.
El matrimonio infantil era una práctica habitual. Se calculaba que el 33% de las mujeres de entre 20 y 24 años se habían casado cuando aún no habían cumplido los 18.
Los resultados de las elecciones de agosto no trajeron consigo ninguna mejora significativa en la escasa representación de las mujeres en puestos de toma de decisiones. Sólo 6 de los 26 miembros del gabinete designados en septiembre eran mujeres. De las 70 mujeres que se presentaron a las elecciones para cubrir escaños de la Asamblea Nacional, sólo 22 resultaron elegidas, frente a 637 hombres.
Derechos de la infancia
El 19 de julio se promulgó la Ley núm. 8 de 2023 de Enmienda de la Ley de la Infancia. Entre sus aspectos positivos figuraba el hecho de no contener disposiciones que se refirieran a las personas menores de 18 años como “jóvenes”, término que se sustituyó por el de “niños y niñas”, de conformidad con la Constitución.