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Sierra Leone

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

Se imponían restricciones al derecho a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación. Cientos de personas murieron y miles quedaron sin hogar a causa de una avalancha de lodo. Las condiciones de reclusión estaban muy por debajo de los niveles de exigencia internacionales. Se impedía la asistencia de niñas embarazadas a las escuelas.

Abdul Fatoma, de Campaign for Human Rights and Development International, fue detenido el 31 de enero en la capital, Freetown, después de haber participado en un debate radiofónico en el que criticó al gobierno y a la Comisión Anticorrupción por su falta de rendición de cuentas. Quedó en libertad con fianza el 1 de febrero, pero se le retiró el pasaporte durante 45 días.1

Tres profesionales de los periódicos Salone Times y New Age comparecieron ante un tribunal el 22 de septiembre para responder a varios cargos de difamación sediciosa en virtud de la Ley de Orden Público de 1965, tras publicar artículos en los que criticaban los planes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de aumentar los precios de los servicios de telecomunicaciones. La vista preliminar se aplazó dos veces, y al terminar el año no habían sido citados para comparecer ante el tribunal.

El 23 de marzo, las fuerzas de seguridad mataron a un adolescente de unos 16 años e hirieron de gravedad a dos estudiantes al abrir fuego contra una protesta estudiantil en la Universidad de Njala, en Bo, provincia del Sur. Los estudiantes protestaban por una huelga del profesorado que mantenía cerrada la universidad desde hacía varios meses. La policía afirmó que los estudiantes no habían obtenido autorización para protestar y que habían quemado neumáticos y bloqueado vías públicas. Siete estudiantes fueron arrestados, pero quedaron en libertad sin cargos tras permanecer detenidos durante dos días. La Junta Independiente de Denuncias contra la Policía puso en marcha una investigación sobre las acusaciones de uso de fuerza excesiva por parte de la policía.

El mismo día, la policía disparó gas lacrimógeno para dispersar a estudiantes que protestaban contra la huelga ante la residencia del presidente en Freetown. Se detuvo a 14 estudiantes, a los que se acusó de desórdenes públicos; el tribunal de primera instancia ordenó su puesta en libertad tras imponerles una multa. Otros dos estudiantes fueron detenidos ese día en el Palacio de Gobierno y acusados formalmente de conspiración y posesión de un arma ofensiva. Quedaron en libertad con fianza y su causa seguía abierta al terminar el año.

El 21 de septiembre, la policía impidió la celebración de una reunión pacífica de la Asociación de Propietarios y Usuarios de Tierras de Malen (MALOA) en la ciudad de Pujeheun. La reunión se había organizado para coincidir con una reunión entre miembros de MALOA y el Comité de Seguridad del Distrito con motivo del Día Internacional contra los Monocultivos de Árboles. La policía bloqueó la carretera e impidió a los participantes unirse a la reunión, aunque permitió que seis mujeres asistieran a ella.

En octubre, el Comité de Seguridad del Distrito denegó a MALOA la autorización para celebrar una reunión en Pujeheun alegando que la asociación no estaba registrada en la Jefatura. A pesar de que el grupo estaba inscrito en el Registro General en Freetown, el jefe supremo llevaba negándose a registrarlo desde 2013.

En febrero, la Red de Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos presentó en la oficina del fiscal general un anteproyecto de ley para proteger a los defensores y defensoras de los derechos humanos.

El 14 de agosto, una avalancha de lodo en la comunidad de Regent, en Freetown, causó la muerte de más de 400 personas y dejó a unas 3.000 sin hogar. La mayoría de las víctimas vivían en asentamientos informales. La magnitud del desastre se agravó debido a la deficiente planificación, el incumplimiento de las disposiciones legales pertinentes, o el hecho de que no se proporcionara una vivienda adecuada.2 Las autoridades brindaron apoyo inmediato y albergue temporal a las personas sobrevivientes, pero cerraron estos campamentos a mediados de noviembre. Se concedió a las familias dinero en efectivo y otras prestaciones para ayudar a su reubicación. Al terminar el año no se había abierto ninguna investigación pública sobre el incidente.

En agosto visitó Sierra Leona el relator especial de la ONU sobre derechos humanos y sustancias peligrosas, quien planteó su preocupación por el impacto en los derechos humanos de las sustancias y los residuos peligrosos, y exhortó al gobierno a adoptar y aplicar leyes y políticas relacionadas con la reducción de residuos y los requisitos de inspecciones laborales.

En octubre, las organizaciones de la sociedad civil reiteraron las peticiones al gobierno para que permitiera a las niñas embarazadas asistir a los centros escolares ordinarios y presentarse a los exámenes. Los programas de enseñanza a tiempo parcial para niñas embarazadas, disponibles tres días a la semana con un currículo reducido, terminaron en julio y estaba previsto que se reanudasen en enero de 2018. Muchas niñas que habían dado a luz no podían reincorporarse a la escuela por no poder afrontar gastos tales como el cuidado infantil, las tasas escolares u otros gastos asociados, como los uniformes.

Las prisiones seguían teniendo problemas de hacinamiento, debido en gran medida a los prolongados periodos de detención en espera de juicio, y distaban mucho de cumplir las normas internacionales. Las organizaciones de la sociedad civil plantearon su preocupación por la demora en el acceso a atención médica de las personas reclusas, lo inadecuado de los alimentos y los artículos básicos, las deficientes condiciones en los calabozos policiales, incluida su insalubridad, y los prolongados periodos de detención, que violaban los derechos constitucionales de las personas detenidas.

En noviembre, las organizaciones de la sociedad civil pidieron la despenalización de las infracciones leves, como la conversión fraudulenta (penalización de la deuda) y el vagabundeo, que se utilizaban de modo desproporcionado contra mujeres y comunidades marginadas. La penalización de estas infracciones leves también contribuía al hacinamiento en las prisiones. La legislación sobre estos delitos adolecía de una redacción imprecisa y permitía las detenciones arbitrarias.

En mayo, el Comité de Reglamentos de los Tribunales aprobó nuevas directrices sobre la libertad con fianza y la imposición de penas para reducir el uso de la detención en espera de juicio, unas directrices que pasaron a ser vinculantes para los tribunales.

Detención y reclusión arbitrarias

El 1 de junio, Mohamed Kamaraimba Manasary, líder del Partido Alianza Democrática, fue detenido tras denunciarse que estaba en posesión de un arma paralizante. Se presentaron en su contra cargos de posesión de un arma ofensiva y quedó en libertad bajo fianza el 7 de junio. El 21 de junio se retiraron los cargos y se formuló un nuevo cargo de posesión ilícita de armas pequeñas en virtud de la Ley de Armas y Municiones de 2012, que no abarcaba específicamente las armas paralizantes. Se revocó la libertad con fianza y Mohamed Kamaraimba Manasary estuvo detenido otra semana más antes de quedar en libertad el 28 de junio. Al terminar el año su juicio estaba en curso. Tanto Mohamed Kamaraimba Manasary como sus abogados afirmaron que la detención obedecía a motivos políticos.

Seguían imponiéndose condenas a muerte. En septiembre, seis agentes de policía fueron condenados a muerte por fusilamiento por conspiración y robo con agravantes.

El 10 de noviembre, el gobierno hizo público un documento como respuesta a las recomendaciones del Comité de Revisión Constitucional. En él, rechazaba más de 100 de las 134 recomendaciones del Comité, entre ellas la abolición de la pena de muerte y la adopción de disposiciones constitucionales para proteger los derechos económicos, sociales y culturales y la igualdad de derechos para las mujeres.3

  1. Sierra Leone: Anti-corruption activist’s detention an attempt to stifle freedom of expression (comunicado de prensa, 1 de febrero)
  2. Sierra Leona: Deficiencias en materia de vivienda y medio ambiente tras el terrible número de muertes causadas por las avalanchas de lodo (noticia, 18 de agosto)
  3. Sierra Leone: Government rejection of important constitutional review recommendations a missed opportunity to strengthen human rights protection (comunicado de prensa, 6 de diciembre)
República de Sierra Leona
Jefe del Estado y del gobierno: Ernest Bai Koroma