Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó el uso de la tortura por parte del Estado. Hubo denuncias de uso ilegal de la fuerza, detenciones arbitrarias y criminalización de la protesta social tras las elecciones generales. Las comunidades indígenas y campesinas se veían afectadas por los desalojos forzosos y la exposición a sustancias tóxicas. La justicia rechazó las demandas de reconocimiento de nombre de seis personas transgénero. Los abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes y los embarazos forzados de niñas seguían siendo motivo de gran preocupación, y lo mismo sucedía con la violencia contra las mujeres.
Información general
Paraguay y Brasil empezaron a revisar el Tratado de Itaipú, firmado hacía 50 años. Las negociaciones sobre la venta de la energía producida en las centrales hidroeléctricas situadas sobre el río Paraná no contemplaban mecanismos de participación ciudadana.
En abril, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado había dado cumplimiento a la sentencia dictada en el caso Ríos Ávalos y otro vs. Paraguay en relación con la vulneración de la independencia judicial derivada de la destitución de dos jueces de la Corte Suprema de Justicia en 2003.
Libertad de expresión y de reunión
Continuaron las restricciones a la libertad de expresión y de reunión. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura denunció detenciones arbitrarias, el uso ilegítimo de la fuerza y el empleo de tortura contra participantes en las protestas poselectorales de mayo. En junio falleció Rigoberto Luis Duarte Ríos, manifestante de 22 años que había recibido un disparo en la cabeza.
En febrero fue asesinado Alexander Álvarez Ramírez, productor y presentador de un programa de radio emitido en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Se consideraba que su muerte guardaba relación con su trabajo como locutor, pero al concluir el año no se había hecho pública información alguna sobre la investigación.
Tortura y otros malos tratos
Persistía la impunidad por la tortura y otros malos tratos. En mayo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado por la detención arbitraria y la tortura a las que se había sometido a Jorge Luis López Sosa en 2000. La Corte ordenó la adopción de medidas de compensación económica y la implementación de un programa de formación en materia de prohibición, prevención e investigación de actos de tortura.
Miguel Ángel Correa, víctima de detención arbitraria y tortura en el marco de la masacre de Curuguaty —desalojo forzoso que había tenido lugar en 2012 y había provocado la muerte de 17 personas, entre ellas 6 policías, en un tiroteo—, presentó una comunicación al Comité de la ONU contra la Tortura en la que denunciaba al Estado paraguayo por la pasividad de la Fiscalía a la hora de presentar cargos contra los presuntos autores.
La Fiscalía no notificó ningún avance en la identificación de los responsables de la tortura y los malos tratos infligidos a 35 personas en la base naval de Ciudad del Este en 2020.
Derechos económicos, sociales y culturales
Persistían las quejas y las actuaciones judiciales por parte de pacientes, especialmente de oncología, debido a la insuficiencia de recursos del sistema sanitario público.
No se registraron avances en la constitución de una comisión —pese a que había sido establecida por ley— destinada a analizar los medios legales disponibles para la restitución de más de 8 millones de hectáreas de tierras destinadas a la reforma agraria y adjudicadas ilegalmente durante el régimen militar a sus partidarios. La reforma garantizaba a miles de personas el derecho a un nivel de vida adecuado, incluido el acceso a la alimentación.
Continuaron produciéndose desalojos forzosos de comunidades indígenas y campesinas. La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay denunció que la comunidad indígena Avá Guaraní 15 de Enero, situada en el departamento de Caaguazú, había sido desalojada, y 20 familias, con 41 niños y niñas de corta edad, habían quedado sin hogar y vivían junto a la carretera, expuestas a otras violaciones de derechos humanos.
En junio se aprobó una ley que autorizaba la transferencia de las tierras de Marina Kue a la población campesina que las ocupaba y llevaba decenios reclamando sus títulos de propiedad. Pese a la restitución, que tuvo lugar 11 años después de la masacre de Curuguaty de 2012, las familias de las víctimas seguían esperando justicia (véase, supra, “Tortura y otros malos tratos”).
Derechos de los pueblos indígenas
El Plan Nacional de Pueblos Indígenas seguía careciendo de fondos suficientes, lo que dificultaba su aplicación.
La comunidad indígena Tekoha Sauce del Pueblo Avá Guaraní Paranaense seguía esperando que se le restituyera su territorio ancestral, que la empresa de energía hidroeléctrica Itaipú Binacional había usurpado, vulnerando sus derechos como pueblo indígena. La empresa apeló una decisión judicial que rechazaba la orden de desalojo para sacar a la comunidad de otra zona de sus tierras ancestrales.
En julio, varios grupos armados no estatales invadieron el territorio Tekoha Guasu Yvy Pyte —considerado sagrado por el pueblo indígena Paĩ Tavyterã— y se asentaron en él mediante la fuerza. En enero, la dirigencia de esa comunidad indígena había denunciado talas ilegales y amenazas de muerte.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)
Persistían con impunidad la discriminación y una profusa apología del odio contra la población LGBTI. La justicia rechazó cinco demandas presentadas por personas transgénero que exigían el reconocimiento jurídico de sus nombres conforme a su identidad de género. En septiembre, un tribunal de apelación anuló la primera decisión que reconocía el cambio de identidad de Mariana Sepúlveda, mujer transgénero que había reclamado judicialmente ese reconocimiento en 2016.
La investigación penal sobre las agresiones físicas infligidas en 2019 a manifestantes LGBTI durante una marcha celebrada en la ciudad de Hernandarias seguía sin avanzar. La Corte Suprema de Justicia no había resuelto una acción de inconstitucionalidad presentada por Amnistía Internacional y la organización Diversxs Alto Paraná en 2019 contra la prohibición de la marcha.
Derechos de la infancia
Se seguían vulnerando los derechos de la infancia. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social registró 8.900 alumbramientos de adolescentes de entre 15 y 19 años, de las que 593 eran indígenas, y 326 casos de alumbramientos de niñas de entre 10 y 14 años, de las que 85 eran indígenas.
Derechos de las mujeres
El Ministerio de la Mujer registró 45 feminicidios y 42 intentos de feminicidio en 2023. En algunos casos, las víctimas habían denunciado previamente a sus agresores, y se habían tomado medidas judiciales de protección.
El Congreso debatió un proyecto de ley para eliminar la adopción de la perspectiva de género en las políticas públicas, incluida la de educación.1
En septiembre, el Senado aprobó un proyecto de ley que declaraba la emergencia social ante la violencia ejercida contra mujeres, niñas y adolescentes, y que establecía una serie de medidas en el ámbito educativo, la comunicación institucional y la formación del funcionariado del Estado, orientadas a promover cambios en los patrones socioculturales que sustentaban la desigualdad de género. Las medidas tenían una vigencia de cinco años, pero el proyecto de ley no incluía asignaciones presupuestarias para financiarlas.
Derecho a un medioambiente saludable
Un relator especial de la ONU señaló que las comunidades campesinas y los pueblos indígenas se enfrentaban a un nivel alarmante de exposición a sustancias tóxicas debido al uso sin control de productos agroquímicos, e identificó barreras importantes para el acceso a la justicia ambiental.
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