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Papua Nova Guinea

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Papua New Guinea

</head> <h1>Papúa Nueva Guinea</h1>
Estado Independiente de Papúa Nueva Guinea
Jefe del Estado:reina Isabel II, representada por Michael Ogio
Jefa del Gobierno:Peter Charles Paire O’Neill

El gobierno hizo poco por combatir la violencia contra las mujeres y la violencia relacionada con la brujería.

Siguieron recibiéndose noticias sobre uso innecesario y excesivo de la fuerza por parte de la policía y del ejército. Cientos de hombres continuaban recluidos en el centro de detención para inmigrantes de la isla de Manus, gestionado por Australia.

Violencia contra las mujeres y las niñas

La violencia sexual y de género siguió siendo generalizada. Las reformas jurídicas de los últimos años, como la revocación de la Ley de Brujería y la aprobación en 2013 de la Ley de Protección de la Familia, no se vieron acompañadas de medidas efectivas, como mejorar los servicios sociales, el acceso a la atención a la salud, los servicios de asesoramiento y los refugios para mujeres. La policía siguió careciendo de personal y recursos suficientes para gestionar las numerosas denuncias de violencia familiar, lo que impidió a las mujeres acceder a la justicia. La ausencia de instituciones del gobierno en zonas remotas afectó de forma desproporcionada al acceso de las mujeres de entornos rurales a servicios de salud y de otro tipo.

Siguieron denunciándose actos de violencia, en ocasiones letales, contra las mujeres y los niños acusados de brujería. En mayo, un grupo de hombres mató a machetazos a una mujer acusada de brujería. En octubre salió a la luz un vídeo con la tortura de cuatro mujeres por ser consideradas sospechosas de brujería. Aunque al concluir el año no había habido ningún estudio independiente al respecto, seguía preocupando la elevada incidencia de la violencia relacionada con la brujería.

La policía y algunos agentes no estatales siguieron intimidando y amenazando a los defensores de los derechos humanos que luchaban por la justicia en cuestiones como la violencia sexual y de género.

Uso excesivo de la fuerza

A lo largo del año se denunciaron muchos incidentes de uso excesivo de la fuerza por la policía. En enero, la policía de la capital, Port Moresby, disparó de forma indiscriminada en un mercado donde había estallado una discusión entre vendedores y funcionarios del ayuntamiento y mató a dos vendedores. Al terminar el año no se había efectuado ninguna detención.

En noviembre se acusó a dos agentes de policía de la muerte de un hombre en una celda policial en la provincia de Nueva Bretaña Oriental.

Otro agente fue suspendido mientras se investigaba la agresión sexual a una mujer en la celda policial donde estaba detenida por la muerte de su marido.

Según las noticias recibidas, en la provincia de Enga, la policía y soldados de la Fuerza de Defensa de Papúa Nueva Guinea, tras amenazar a punta de pistola a los propietarios de dos tiendas, dejaron que la gente robara artículos.

En diciembre, el director de la policía de Papúa Nueva Guinea afirmó que estudiaría las reglas de intervención de este cuerpo para garantizar un uso responsable de las armas de fuego por parte de los agentes.

Falta de rendición de cuentas

Pese a ciertos intentos de mejorar la rendición de cuentas en casos concretos, muchos abusos policiales, entre ellos casos de tortura —incluida violación— y detenciones ilegítimas, quedaron impunes. Particularmente vulnerables a los abusos policiales bajo custodia eran ciertos grupos marginados, como los de las personas que ejercían trabajos sexuales y las personas LGBTI.

Pena de muerte

La pena de muerte se mantenía por ley, aunque la última ejecución tuvo lugar en 1954. En mayo, tras la indignación internacional que provocó la reanudación de las condenas a muerte en Indonesia, el primer ministro anunció que el gobierno iba a revisar la decisión que había tomado en 2013 de reanudar las ejecuciones. Quedaban 13 presos condenados a muerte. En octubre, funcionarios de la Fiscalía General confirmaron que el gobierno estaba considerando otro planteamiento, y que más adelante habría una declaración oficial.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

A 30 de noviembre había 926 hombres adultos recluidos en el centro de detención para inmigrantes de la isla de Manus, gestionado por Australia. Pese a algunas mejoras en las condiciones del centro, seguía preocupando el carácter prolongado y arbitrario de las detenciones, así como la seguridad de las instalaciones, tras haber sufrido el centro un ataque en febrero de 2014. No había planes claros con respecto al reasentamiento de los internos a largo plazo. Quienes fueron trasladados al centro de Lorengau, de régimen más 'abierto', sufrieron ciertas restricciones de derechos humanos. Continuaban preocupando las devoluciones.

En enero, más de 700 detenidos se declararon en huelga de hambre durante dos semanas. Preocupó la forma en que los servicios de seguridad gestionaron estos hechos y sus consecuencias.1

En octubre los gobiernos de Australia y Papúa Nueva Guinea anunciaron que se iba a tomar por fin una decisión con respecto al reconocimiento o no de la condición de refugiado de los detenidos, y que aquellos que fueran reconocidos como refugiados serían reasentados en Papúa Nueva Guinea a finales de 2015. Aunque se permitió salir del centro de detención a unos 40 hombres, que fueron alojados en otros lugares de la isla de Manus, su libertad de circulación y su derecho al trabajo siguieron gravemente limitados. Al no haberse completado aún los procesos políticos y legislativos necesarios para crear un visado especial para refugiados, éstos recibían sólo visados temporales de un año de validez.

En marzo empezó el juicio contra los acusados del homicidio de Reza Berati, detenido de la isla de Manus, que murió violentamente en febrero de 2014. Permanecían en búsqueda otros tres sospechosos, dos de ellos ciudadanos de Nueva Zelanda y de Australia, respectivamente.

  1. Australian and PNG authorities must respect asylum-seekers’ right to protest (noticia, 19 de enero)
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