Libia

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024

Milicias, grupos armados y fuerzas de seguridad intensificaron la represión de la disidencia y los ataques contra la sociedad civil en todo el país. Miles de personas permanecían detenidas arbitrariamente y en condiciones que violaban la prohibición total de la tortura y otros malos tratos, y se arrestó a cientos de manifestantes, activistas, periodistas y otras personas sólo por ejercer pacíficamente sus derechos humanos. Milicias y grupos armados mataron e hirieron a civiles y destruyeron infraestructuras de carácter civil durante la intensificación de las hostilidades armadas. Los grupos armados obligaron a miles de personas a abandonar sus casas como represalia por su presunta afiliación política o para apropiarse de sus tierras, entre otras razones. En un contexto de impunidad generalizada y de continua financiación e integración en instituciones del Estado de milicias y grupos armados que cometían abusos, aumentaron las peticiones de rendición de cuentas tras la aterradora magnitud de la pérdida de vidas, destrucción y desplazamiento forzado provocados por la tormenta Daniel. La discriminación y la violencia contra mujeres y niñas continuaban siendo generalizadas. Las personas LGBTI siguieron siendo objeto de detención arbitraria, procesamiento injusto y otros abusos. Las minorías étnicas continuaron haciendo frente a discriminación y obstáculos a la hora de acceder a atención de la salud, educación y otros servicios. Las personas refugiadas y migrantes, incluidas las interceptadas en el mar por guardacostas libios respaldados por la Unión Europea y por grupos armados, eran sometidas a tortura y otros malos tratos, extorsión y trabajo forzoso; miles de ellas fueron expulsadas sin el debido proceso.

Información general

Continuó el estancamiento político en Libia, ya que las facciones rivales no lograban acordar un nuevo gobierno de unidad ni fijar una nueva fecha para la celebración de las largamente demoradas elecciones presidenciales y parlamentarias.

En junio, un informe filtrado por la Agencia de Control Administrativo señaló que en 2022 se habían cometido 80.000 infracciones administrativas y económicas en instituciones estatales controladas por el Gobierno de Unidad Nacional, radicado en Trípoli. En octubre, la Oficina de Auditoría de Libia publicó su informe anual, que reveló malversación generalizada de fondos públicos en 2022.

En agosto, el Banco Central de Libia anunció su reunificación tras 10 años de división. Esta medida fue precedida de luchas por su control y del cierre de yacimientos petrolíferos por actores asociados al grupo armado Fuerzas Armadas Árabes Libias.

En septiembre, la tormenta Daniel provocó en la ciudad de Derna la rotura de dos presas cuyo mantenimiento no se atendía desde hacía decenios, lo que se saldó con la muerte de alrededor de 4.540 personas y la desaparición de unas 8.500 y causó destrucción y desplazamiento generalizados.

También en septiembre, el Grupo de Expertos de la ONU sobre Libia informó de que los combatientes extranjeros y las empresas militares privadas seguían suponiendo una grave amenaza para la seguridad en el país y de que el embargo de armas, en vigor desde 2011, se estaba violando con impunidad.

Detención arbitraria, privación ilegítima de la libertad y juicios injustos

Las milicias, los grupos armados y las fuerzas de seguridad arrestaron y recluyeron arbitrariamente a miles de personas, incluidos niños y niñas, en unos casos, sólo por su afiliación política o tribal, real o supuesta, o sus opiniones y, en otros, tras juicios manifiestamente injustos, algunos de ellos ante tribunales militares, o sin fundamento legal para hacerlos.

Según el Ministerio de Justicia del Gobierno de Unidad Nacional, en octubre había más de 18.000 personas recluidas en 31 prisiones de todo el país; dos tercios de ellas, sin juicio. Miles más estaban recluidas en centros de detención controlados por milicias y grupos armados.

En mayo, Libia entregó a Túnez a 4 mujeres tunecinas y a sus 5 hijos, tras su reclusión arbitraria, sin cargos ni juicio, desde 2016, únicamente por ser familiares de combatientes muertos del grupo armado Estado Islámico.

Continuaron los ataques contra jueces, fiscales y abogados. Las milicias del Aparato de Disuasión para Combatir el Terrorismo y el Crimen Organizado continuaron manteniendo recluido arbitrariamente a Farouq Ben Saeed, fiscal militar originario de Trípoli secuestrado en junio.¹

Tortura y otros malos tratos

La tortura y otros malos tratos continuaban siendo sistémicos en las prisiones y otros centros de detención de todo el país. Se siguieron emitiendo en Internet y en la televisión “confesiones” realizadas ante la cámara tras haber sufrido tortura.

Al menos 15 personas murieron bajo custodia, entre denuncias de tortura física y negación deliberada de atención médica, en centros de todo el país, incluidos los controlados por el Aparato de Disuasión para Combatir el Terrorismo y el Crimen Organizado, la Agencia de Seguridad Interna (en Derna), la milicia del Aparato de Apoyo a la Estabilidad y el Departamento de Lucha contra la Migración Irregular del Ministerio del Interior. En agosto se halló el cadáver de Walid Al Tarhouni en la morgue del hospital Abu Salim de Trípoli. Según un informe forense, presentaba señales de tortura. Había sido secuestrado en julio por las milicias del Aparato de Apoyo a la Estabilidad.

A las personas detenidas se las recluía en condiciones que vulneraban la prohibición total de la tortura y otros malos tratos, tales como hacinamiento; falta de higiene, alimentos suficientes y acceso a la luz del sol, y negación de las visitas de familiares.

Libertad de asociación

En todo el país, milicias, grupos armados y fuerzas de seguridad siguieron constriñendo el espacio de la sociedad civil con medidas como detenciones arbitrarias, citaciones de interrogatorio y otras formas de hostigamiento a personal de ayuda humanitaria y de ONG libias y extranjeras.

Entre marzo y mayo, el Gobierno de Unidad Nacional dictó varios decretos que amenazaban con la disolución de las organizaciones que no cumplieran la represiva Ley N 19 de 2001 sobre ONG.

En abril, el Departamento de Investigación Penal, aliado de las Fuerzas Armadas Árabes Libias, arrestó arbitrariamente en la ciudad de Sirte a cinco miembros del partido Juntos por el Cambio, favorable a Saif al Islam Gadafi, y los mantuvo recluidos sin cargos ni juicio hasta octubre, cuando quedaron en libertad.

En mayo, en un contexto de aumento de los ataques difamatorios contra las ONG de derechos de las personas refugiadas y migrantes, la Agencia de Seguridad Interna de Trípoli arrestó a responsables de contratas con la ONG italiana Ara Pacis y emitió “confesiones” suyas, obtenidas mediante tortura, en las que “admitían” trabajar en favor del reasentamiento de personas subsaharianas en el sur de Libia. Las actividades de Ara Pacis en Libia se suspendieron indefinidamente.

Libertad de expresión y de reunión

Milicias y grupos armados arrestaron arbitrariamente, recluyeron y amenazaron a cientos de activistas, periodistas, manifestantes y otras personas, sólo por haber ejercido su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.

En febrero, la Agencia de Seguridad Interna de Bengasi arrestó a la cantante Ahlam al Yamani y a la creadora de contenidos Haneen al Abdali por “ofender las tradiciones de Libia”, acusándolas de haber violado la Ley N 5 de 2022 sobre Ciberdelitos. Quedaron en libertad en abril sin cargos ni juicio.

Durante el año, la Agencia de Seguridad Interna de Trípoli arrestó arbitrariamente al menos a un niño, 4 mujeres y 22 hombres sólo por ejercer sus derechos humanos y publicó “confesiones” forzadas suyas, junto con declaraciones sobre su implicación en actividades contrarias a los “valores libios” como “apostasía”, “homosexualidad”, proselitismo y feminismo. De estas personas, 18 quedaron detenidas en espera de juicio por cargos como “apostasía”, que se castigaba con la pena de muerte.

Entre mayo y septiembre, en las ciudades de Trípoli, Bengasi y Al Zauiya, milicias y grupos armados dispararon ilegítimamente al aire con munición real para dispersar protestas pacíficas contra su control del poder y el deterioro de la seguridad.

El 18 de septiembre, el grupo armado Tariq Ben Zeyad arrestó al menos a 9 manifestantes que se habían concentrado en la mezquita de Sahaba, en Derna, para pedir rendición de cuentas y dimisiones de políticos tras las catastróficas inundaciones. La mayoría quedaron en libertad en los 10 días posteriores, pero el organizador de la manifestación y otro activista permanecían detenidos al concluir el año.²

En octubre, unas investigaciones realizadas por European Investigative Collaborations revelaron que entidades empresariales de la alianza Intellexa habían vendido tecnología de vigilancia a las Fuerzas Armadas Árabes Libias en 2020.

Ataques ilegítimos

Durante enfrentamientos esporádicos y localizados, las milicias y los grupos armados violaron el derecho internacional humanitario con actos como ataques indiscriminados y destrucción de infraestructuras civiles y bienes privados.

En enero, el niño de 10 años Abdel Moez Masoud Oqab murió a consecuencia de la explosión de un artefacto no detonado del conflicto armado de 2019 en el distrito de Qasr Bin Ghashir de Trípoli.

En mayo, con el objetivo declarado de erradicar las redes delictivas, el Ministerio de la Defensa radicado en Trípoli realizó ataques aéreos contra objetivos de la ciudad de Al Zauiya y otras ubicaciones del oeste de Libia que hirieron a civiles y destruyeron infraestructuras de carácter civil, incluido un consultorio médico.

En agosto, en combates librados entre el Aparato de Disuasión para Combatir el Terrorismo y el Crimen Organizado y la Brigada 444 en barrios residenciales de Trípoli, incluidos Ain Zara, Firnaj y Al Tibbi, se emplearon armas explosivas con efecto en amplias superficies; murieron al menos 45 personas y resultaron heridas más de 164, entre ellas civiles.

Entre el 6 y el 8 de octubre, en un contexto de cierre de Internet impuesto por las Fuerzas Armadas Árabes Libias, tuvieron lugar en Bengasi enfrentamientos entre este grupo armado y combatientes leales al exministro de la Defensa Al Mahdi Al Barghathi, que se saldaron con 15 personas muertas y varias más heridas, entre ellas civiles. Asimismo, elementos afiliados al grupo armado tomaron como rehenes a 36 mujeres y 13 niños y niñas para obligar a Al Mahdi Al Barghathi y a su hijo a entregarse. Al concluir el año se ignoraba la suerte que habían corrido Al Mahdi Al Barghathi y 33 familiares y seguidores suyos tras su secuestro.

En septiembre y octubre, Tariq Ben Zeyad y otros grupos armados destruyeron viviendas civiles en evidente represalia por la afiliación política de sus propietarios, por ejemplo en Qasr Abu Hadi, en el sur de Sirte, y en Bengasi.

Impunidad

Altos mandos y jefes de milicias y grupos armados poderosos que habían cometido crímenes de derecho internacional y violaciones graves de derechos humanos en 2023 y en años anteriores gozaban de una impunidad casi total.

En marzo, la Misión Independiente de Investigación sobre Libia de la ONU concluyó que había motivos para creer que las fuerzas de seguridad del Estado y las milicias habían cometido una amplia variedad de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Pese a ello, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU puso fin al mandato de la Misión y adoptó una resolución centrada en el desarrollo de la capacidad, sin ningún componente de vigilancia ni de investigación.

En mayo, el primer ministro del Gobierno de Unidad Nacional firmó un decreto que integraba a miembros de milicias de Trípoli, la ciudad de Misrata y otras zonas del oeste del país en una nueva fuerza de seguridad, el Aparato Nacional de Fuerzas de Apoyo, sin ninguna verificación de antecedentes.

También en mayo, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional anunció cuatro nuevas órdenes de detención relacionadas con la situación en Libia, pero no nombró a los sospechosos.

En diciembre, la fiscalía de Trípoli concluyó la investigación sobre la rotura de las presas de Derna y remitió a 16 funcionarios de rango medio a la Sala de Acusación por negligencia y mala gestión, en un contexto de preocupación por la transparencia e independencia de la investigación y por que no se abordara la responsabilidad de funcionarios de alto rango y poderosos jefes de grupos armados.

Discriminación

Mujeres y niñas

Las mujeres sufrían discriminación en la ley y en la práctica, en cuestiones como el matrimonio, el divorcio, la herencia, el empleo, el derecho a transmitir la nacionalidad a sus hijos e hijas y el acceso a cargos políticos. Las mujeres políticas, activistas y concejalas municipales hacían frente a amenazas e insultos sexistas, incluso a través de Internet.

Desde abril, la Agencia de Seguridad Interna de Trípoli exigía a las mujeres que viajaran solas cumplimentar un formulario sobre los motivos para viajar al extranjero sin un “tutor” varón (mahram).

Las autoridades no protegían a las mujeres y las niñas de la violencia de los grupos armados, las milicias, sus familiares y otros actores no estatales; en algunos casos, las milicias impedían a las sobrevivientes presentar denuncias judiciales.

Personas LGBTI

Las relaciones homosexuales consentidas seguían estando tipificadas como delito. La Agencia de Seguridad Interna de Trípoli y otros grupos armados seguían arrestando a personas por su identidad de género u orientación sexual, real o supuesta, entre denuncias de tortura y otros malos tratos. En un informe publicado en mayo, la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y las niñas afirmó que funcionarios del Gobierno de Unidad Nacional le habían dicho que en Libia no había personas LGBTI.

En septiembre, la Agencia de Seguridad Interna de Bengasi confiscó en tiendas juguetes, ropa y otros artículos con los colores del arcoíris, sosteniendo que fomentaban la “homosexualidad”.

Minorías étnicas y pueblos indígenas

Las personas de las comunidades tubu y tuareg que carecían de documento nacional de identidad debido a las leyes y normas discriminatorias que regulaban la ciudadanía libia encontraban obstáculos para acceder a la educación y los servicios de salud.

En agosto, grupos armados afines a las Fuerzas Armadas Árabes Libias irrumpieron en el barrio “Empresa china” de Umm Al Aranib, robaron objetos personales y detuvieron arbitrariamente a hombres de etnia tubu, según activistas y figuras políticas locales. El ataque tuvo lugar en un contexto de aumento de la retórica racista y xenófoba contra la población tubu.

Personas internamente desplazadas

Según la Organización Internacional para las Migraciones, había más de 170.664 personas desplazadas internamente, entre ellas, 44.862 que habían perdido su vivienda a consecuencia de la tormenta Daniel y que, en su mayoría, se alojaban en casas de familiares o de alquiler particular en un contexto de necesidad de servicios básicos y apoyo especializado en traumas.

Desde marzo, Tariq Ben Zeyad desalojó de sus casas a miles de habitantes de Bengasi, incluido el centro histórico, sin ninguna indemnización, y hostigó a quienes protestaban.

Las personas desplazadas durante hostilidades armadas anteriores libradas en Bengasi, Derna y otras partes del este de Libia, así como en la localidad de Murzuk, en el sudoeste del país, no podían regresar a sus zonas de origen debido al peligro de sufrir persecución o represalias de los grupos armados.

En enero, las milicias obligaron a decenas de familias de personas de Tawergha desplazadas internamente desde el conflicto armado de 2011 a abandonar los asentamientos informales de los alrededores de Trípoli y la ciudad de Bani Walid donde estaban viviendo. Las Fuerzas Armadas Árabes Libias y grupos armados afines a ellas impidieron a cientos de personas de Tawergha desplazadas internamente regresar a siete campos para población internamente desplazada en Bengasi y sus alrededores que les habían dicho que evacuaran el 10 de septiembre, debido a la tormenta Daniel, tras llevar años viviendo en ellos. Se obligó a decenas de personas a regresar a la ciudad de Tawergha, a pesar de la falta de servicios y de oportunidades de empleo.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Las fuerzas de seguridad, los grupos armados, las milicias y actores no estatales cometían con impunidad y de manera sistemática y generalizada abusos y violaciones de derechos humanos contra las personas refugiadas y migrantes.

Según la Organización Internacional para las Migraciones, a fecha de 25 noviembre, 947 migrantes habían muerto y 1.256, desaparecido, en el mar cerca de la costa de Libia en 2023. Además, guardacostas respaldados por la Unión Europea, en el oeste de Libia, y las Fuerzas Navales Especiales Libias vinculadas a las Fuerzas Armadas Árabes Libias y el grupo armado Tariq Ben Zeyad, en el este, interceptaron y devolvieron a Libia a 15.057.

El 19 de agosto, Tariq Ben Zeyad interceptó en la zona de búsqueda y salvamento de Malta una embarcación que transportaba a 110 personas, principalmente libanesas y sirias. El barco había zarpado de Akkar (Líbano) rumbo a Italia y las desembarcó en Bengasi. Cinco de las personas que iban en él dijeron que habían sido recluidas arbitrariamente en una gran tienda de campaña en el puerto de Bengasi y que algunas, incluidos niños, habían sido sometidas a trabajo forzoso.

Desde finales de abril, agencias de seguridad de todo el país llevaron a cabo detenciones masivas, dirigidas contra miles de personas refugiadas y migrantes incluso si disponían de visados válidos o se habían registrado en ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados.

A fecha de septiembre de 2023, 3.913 personas extranjeras permanecían recluidas arbitrariamente en centros de detención del Departamento de Lucha contra la Migración Irregular, y miles más estaban bajo custodia del Aparato de Apoyo a la Estabilidad y otras milicias y grupos armados. Se hallaban recluidas en condiciones crueles e inhumanas y sufrían tortura y otros malos tratos, tales como violencia sexual, exigencia de rescates para obtener la libertad y negación de atención médica adecuada.

Desde julio, las autoridades tunecinas expulsaron a miles de personas refugiadas y migrantes a zonas despobladas de la frontera con Libia, dejándolas allí sin alimentos ni agua, lo que, según informes, provocó muertes (véase el apartado sobre Túnez).

Grupos afines a las Fuerzas Armadas Árabes Libias expulsaron a más de 22.000 personas refugiadas y migrantes a Chad, Egipto, Níger y Sudán sin darles la oportunidad de impugnar su deportación ni de solicitar protección internacional.

Pena de muerte

La legislación libia mantenía la pena de muerte por una amplia variedad de delitos. En julio, el fiscal Al Siddiq Al Sour anunció el establecimiento de un comité para estudiar la reanudación de las ejecuciones, suspendidas desde 2011.

Continuaron imponiéndose condenas a muerte tras juicios manifiestamente injustos, algunas por tribunales militares. En mayo, un tribunal de Misrata condenó a muerte a 23 hombres por su vinculación con el Estado Islámico, tras un juicio empañado por denuncias de tortura y desapariciones forzadas.

Derecho a un medioambiente saludable

Libia todavía no había ratificado el Acuerdo de París ni presentado estrategias de mitigación o adaptación; en cambio, anunció que para 2030 pensaba haber doblado la producción de combustibles fósiles. La deficiente preparación del país para las consecuencias del cambio climático quedó de manifiesto con la inmensa pérdida de vidas causada por la tormenta Daniel. Las autoridades del este de Libia dieron a la población de Derna instrucciones contradictorias sobre si evacuar la zona o respetar el toque de queda antes de la inundación. La Organización Meteorológica Mundial consideró que, con adecuados avisos y evacuaciones, se podrían haber evitado muertes. Según un estudio publicado por World Weather Attribution, este tipo de fenómenos extremos han pasado a ser 50 veces más probables y un 50% más intensos en comparación con un clima 1,2 °C más frío.