Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024

Las fuerzas de seguridad reprimieron manifestaciones pacíficas en la represa de Polihali y sus alrededores. El gobierno propuso una moción en la Asamblea Nacional para reinstaurar la legislación sobre ciberdelincuencia, que amenazaba con socavar el derecho a la libertad de expresión y con ampliar las atribuciones en materia de aplicación de la ley. Se vulneró el derecho a la privacidad. Hubo muertes sospechosas bajo custodia. Las mujeres siguieron sufriendo discriminación. Un toque de queda nocturno impuesto durante el mes de mayo amenazó los medios de subsistencia de la población.

Información general

En julio, en el 138 periodo de sesiones del Comité de Derechos Humanos de la ONU se expresó preocupación respecto a la creación de la Comisión de Derechos Humanos, el uso arbitrario de estados de excepción, y las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado y la impunidad de que gozaban.

Libertad de expresión y de reunión

El 23 de mayo, unos agentes de las Fuerzas de Defensa de Lesoto reprimieron protestas pacíficas de las comunidades afectadas por la construcción de la represa de Polihali, en el distrito de Mokhotlong. Las protestas, que tuvieron lugar durante la puesta en marcha de la segunda fase del Proyecto Hidráulico de las Tierras Altas de Lesoto, se oponían a la insuficiencia y la demora de las indemnizaciones, la falta de consulta sobre la construcción y otras cuestiones relacionadas.

También en mayo, el gobierno presentó una moción en la Asamblea Nacional para reinstaurar el proyecto de ley sobre delitos informáticos y ciberseguridad de 2022. Hubo organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación que intentaron que se retirara ese proyecto de ley, en espera de nuevas consultas. Según alegaron miembros de la sociedad civil, si se aprobaba tal como estaba, el proyecto de ley podría reducir tanto los espacios cívicos y políticos como la libertad de los medios de comunicación, y algunas de sus disposiciones podrían ampliar las atribuciones en materia de aplicación de la ley y acotar el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información.

Derecho a la privacidad

En mayo, mientras el primer ministro se encontraba en el extranjero, un ministro de su gobierno firmó órdenes que autorizaban a los agentes del Servicio de Seguridad Nacional a confiscar y retener teléfonos móviles y otras fuentes de información pertenecientes a Machesetsa Mofomobe y Moeketsi Shale, políticos de la oposición. El Servicio de Seguridad Nacional acusó a ambos de estar implicados en el homicidio del locutor de radio Ralikonelo Joki. Posteriormente, el Tribunal Superior declaró inconstitucional el artículo 26 de la Ley de Seguridad Nacional, que permitía este tipo de órdenes ejecutivas.

Derechos de las personas detenidas

El 20 de mayo se notificó la muerte de Ntabejane Kanono, exsoldado, en la Prisión de Máxima Seguridad de Maseru. Los informes preliminares de la autopsia sugirieron que podría haber muerto envenenado. Ntabejane Kanono había sido condenado por fraude por la Corte Marcial después de que, junto con otros soldados, demandara al comandante en jefe del ejército y exigiera una indemnización por la presunta detención ilegal y tortura a la que todos ellos habían sido sometidos en 2015; tras esa demanda, el ejército los acusó de amotinarse.

El 29 de julio, Mahloko Mohlori, de 60 años, murió bajo custodia policial en la comisaría de Thaba-Tseka tras haber sido detenido por una infracción de tráfico. El informe de la autopsia ordenada por el gobierno señaló el veneno como posible causa de la muerte, mientras que el informe del médico de familia confirmó que la causa de la muerte había sido un fallo respiratorio.

Tortura y otros malos tratos

En diciembre, unos guardias penitenciarios agredieron brutalmente al menos a 10 detenidos (9 de los cuales eran soldados) en la Prisión de Máxima Seguridad de Maseru. Uno de ellos, el civil Tlotliso Bereng, sufrió graves lesiones medulares durante la agresión y fue trasladado a Sudáfrica para recibir tratamiento médico.

Derechos de las mujeres

El Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó que la aplicación del derecho consuetudinario consentía la discriminación contra las mujeres, especialmente en cuanto a la herencia de bienes, el matrimonio, la nacionalidad y el acceso a la tierra y a ocupar cargos de mando.

Derecho al trabajo

Entre el 16 y el 26 de mayo, el director general de la Policía impuso en todo el país un toque de queda entre las 22.00 y las 4.00 para contener los delitos violentos. La medida vino motivada por el homicidio de Ralikonelo Joki (véase, supra, “Derecho a la privacidad”). El Colegio de Abogados y representantes empresariales criticaron el toque de queda por su efecto adverso sobre las actividades comerciales vespertinas, incluidos los clubes nocturnos, los restaurantes, los bares, la venta callejera y la venta ambulante, que ya habían sufrido el impacto económico de la COVID-19.