Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024
Las autoridades intensificaron su campaña para reprimir toda forma de crítica pública y disidencia pacífica. Periodistas y activistas que criticaban al gobierno se enfrentaban a detención arbitraria, enjuiciamiento por cargos infundados y juicio injusto. Las condiciones de reclusión de algunas personas dedicadas al activismo eran equiparables a tortura u otros malos tratos. Quienes se manifestaban pacíficamente afrontaban duras restricciones. Hubo iniciativas legislativas, destinadas a apoyar tradiciones culturales y regular las ONG, que restringían indebidamente los derechos a la libertad de expresión y asociación, y amenazaban con ahogar a una sociedad civil antes vibrante. Las mujeres y niñas con discapacidad corrían mayor riesgo de sufrir violencia sexual y carecían de acceso efectivo a la justicia.
Información general
En enero, los presidentes de Kirguistán y Uzbekistán firmaron un acuerdo de demarcación de fronteras que incluía una polémica disposición sobre la gestión conjunta del embalse de agua dulce de Kempir Abad (Andiyán) en el sur del país. Las manifestaciones pacíficas en contra de la cesión del control de este recurso vital habían dado lugar a arrestos en 2022.
En octubre se promulgó una controvertida ley que facultaba al presidente para invalidar decisiones del Tribunal Constitucional si eran contrarias a “los valores morales y la conciencia social del pueblo”.
Libertad de expresión
Las autoridades intensificaron su campaña para reprimir la libertad de expresión y la disidencia. Kirguistán descendió 50 puestos en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2023 realizada por Reporteros sin Fronteras, pasando a ocupar el puesto 122 de una lista de 180 países.
En mayo se abrió a consulta pública una versión reformada del restrictivo anteproyecto de ley de medios de comunicación de 2022 tras su revisión especializada e independiente por la OSCE y la relatora especial de la ONU sobre la libertad de expresión. Aunque reformado, el nuevo anteproyecto conservaba las cláusulas problemáticas que otorgaban al gobierno un control indebido sobre la regulación de los medios de comunicación, ampliaban los requisitos de inscripción en registro para incluir a los medios digitales y prohibían la difusión de “materiales perjudiciales para la salud y la moralidad de la población”. Al final del año seguía pendiente de aprobación.
Las autoridades continuaron utilizando la Ley de Protección frente a la Información Falsa para imponer más restricciones a los medios de comunicación.1
En septiembre, el Ministerio de Cultura bloqueó el sitio web de la independiente Fundación Pública Kloop Medios de Comunicación a raíz de las quejas del Comité de Estado para la Seguridad Nacional por un artículo sobre un político de la oposición que contenía acusaciones “falsas” de que había sido torturado. Kloop también se enfrentó a actuaciones judiciales dirigidas a suspender su actividad después de que la fiscalía de Bishkek —la capital— sostuviera que la Fundación no estaba inscrita en registro como empresa mediática y que sus publicaciones contenían “duras críticas” a las políticas del gobierno y “eran perjudiciales” para la salud y el bienestar públicos.
Juicios injustos
Veintisiete personas se enfrentaban a enjuiciamientos de motivación política sólo por ejercer sus derechos humanos. Habían sido arrestadas por expresar pacíficamente su preocupación por la cesión del control del embalse de agua dulce de Kempir Abad (Andiyán) en 2022 (véase, supra, “Información general”) y detenidas por cargos falsos de organizar disturbios multitudinarios. Sin embargo, en enero, el Ministerio del Interior clasificó el caso como “secreto”, lo que limitó el acceso de las personas enjuiciadas a los materiales del proceso. En abril, éstas fueron acusadas arbitrariamente de intentar derrocar al gobierno con violencia, lo que comportaba una pena máxima de 15 años de prisión. Las actuaciones judiciales comenzaron en julio y seguían abiertas al final del año.
Tortura y otros malos tratos
En el caso Kempir Abad (véase supra), 16 de las personas procesadas pasaron a estar bajo arresto domiciliario, mientras que 11 permanecieron bajo custodia en condiciones que podían constituir tortura y otros malos tratos en un centro de detención preventiva de Bishkek. Rita Karasartova, sometida a arresto domiciliario desde junio, dijo que había pasado 8 meses encerrada en una celda pequeña y sin ventilación junto a 9 mujeres durante 23 horas al día. No había recibido la asistencia médica que necesitaba al empeorar su estado de salud ni le habían permitido recibir visitas o tener conversaciones telefónicas con su familia.
Libertad de reunión pacífica
Se amplió hasta el 31 de diciembre la prohibición general de las manifestaciones, impuesta en 2022 por los tribunales en todo el centro de Bishkek excepto un pequeño parque.2 En septiembre y octubre, los tribunales impusieron análogas prohibiciones generales de las protestas en lugares públicos céntricos del distrito de Chon-Alai, en la región de Osh. Las concentraciones organizadas por el Estado seguían estando exentas.
En enero, la policía de Bishkek detuvo a 27 simpatizantes de las personas procesadas en el caso Kempir Abad durante una concentración en el parque designado al efecto. También detuvo a periodistas que cubrían la marcha pacífica por el parque; la mayoría quedaron en libertad sin cargos después de varias horas. Se impusieron multas a activistas por infringir las normas sobre protestas pacíficas.
Libertad de asociación
En octubre, a pesar de las críticas generalizadas de la sociedad civil, representantes del gobierno y especialistas internacionales, el Parlamento aprobó en primera lectura varios proyectos innecesariamente restrictivos para reformar la legislación existente sobre ONG que obligaban a todas las organizaciones que recibían fondos del extranjero a registrarse como “representantes extranjeros”. Con arreglo a la legislación reformada, las autoridades podrían suspender las actividades de una ONG durante seis meses sin una resolución judicial y cerrar la organización por completo si no se había registrado también como “representante extranjero”.3 Las penas podían llegar a los 10 años de prisión.
Discriminación
Mujeres y niñas
En julio, el Tribunal Constitucional resolvió que las personas adultas podían decidir formar su nombre intermedio —exigido para uso oficial— con su matronímico (apellido de la madre) en lugar de su patronímico (apellido del padre) en una causa iniciada por la artista y activista feminista Altyn Kapalova, cuya acción fue condenada públicamente por altos cargos públicos, entre ellos el presidente. Al parecer, esta decisión llevó al Parlamento a aprobar una ley que facultaba al presidente para invalidar sentencias del Tribunal Constitucional (véase, supra, “Información general”).
En octubre, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU expresó profunda preocupación ante la persistencia de los altos índices de violencia basada en el género y, en concreto, la violencia sexual y los malos tratos generalizados a niños y niñas con discapacidad. Además, señaló que la definición de violación se circunscribía al uso de la fuerza y no incluía la violación conyugal, y que sólo era aplicable a víctimas femeninas en “situación de indefensión”.
Mujeres y niñas con discapacidad experimentaron discriminación interseccional, por su discapacidad y su género. La legislación obligaba a las víctimas de violencia sexual a someterse a una evaluación psicológica para determinar si eran capaces de dar un testimonio creíble.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)
En junio, el Parlamento aprobó un proyecto de ley sobre la protección infantil frente a información nociva que prohibía, en términos muy generales, la difusión de información que negara los “valores familiares”, fomentara la “falta de respeto a los progenitores” y promoviera las “relaciones sexuales no tradicionales”.
Asimismo, prohibía la promoción del “matrimonio entre personas del mismo sexo” (véase, supra, “Libertad de expresión”). La relatora especial de la ONU sobre la libertad de expresión advirtió de que tales prohibiciones darían lugar a discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género.
Derecho a un medioambiente saludable
En octubre, el Comité de los Derechos del Niño expresó su profunda preocupación por el gran número de niños y niñas expuestos a niveles peligrosos de contaminación del aire en zonas urbanas. La calidad del aire en Kirguistán multiplicaba por ocho el valor de referencia establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para las partículas en suspensión (PM2.5). La falta de regulación del desarrollo urbanístico, la destrucción de zonas verdes, la fuerte dependencia del carbón y los residuos para calefacción, y el aumento de las emisiones de los automóviles contribuyeron a que Bishkek se clasificara entre las ciudades más contaminadas del mundo, sobre todo en invierno. Según la OMS, el 32% de los fallecimientos por ictus y cardiopatía isquémica se debían a la contaminación del aire.
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