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Kazakhstan

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Kazakhstan

</head> <h1>Kazajistán</h1>
República de Kazajistán
Jefe del Estado:Nursultán Nazarbáyev
Jefe del gobierno:Karim Masimov

Seguía sin ponerse freno en general a la impunidad por torturas y otros malos tratos, y aún no se había abierto ninguna investigación independiente y exhaustiva sobre las denuncias de tortura tras la represión de las protestas de Janaozen en 2011. Continuó la restricción de la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.

Información general

A comienzos de año entraron en vigor nuevas disposiciones del Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y el Código de Infracciones Administrativas. En abril se celebraron inesperadamente elecciones presidenciales anticipadas, en las que el presidente Nazarbáyev fue reelegido para un quinto mandato al obtener el 97,7 % de los votos. Los observadores electorales de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa informaron de que los comicios habían carecido de una “oposición creíble”.

La caída de los precios del petróleo causó una recesión económica y la moneda nacional se devaluó en agosto.

Tortura y otros malos tratos

El nuevo Código Penal y el nuevo Código de Procedimiento Penal incluían reformas positivas. Entre otros cambios, las denuncias de tortura debían ser registradas automáticamente e investigadas como delitos por un organismo diferente a aquel al que pertenecieran los funcionarios acusados de abusos, evitando así la investigación interna previa que había desembocado en la desestimación de la mayoría de las denuncias. Además, se abolieron las normas sobre prescripción para los casos de tortura, y las personas acusadas o condenadas por este delito quedaron excluidas de posibles amnistías. La pena máxima para la tortura se elevó a 12 años de prisión. Sin embargo, según algunos abogados, las denuncias de tortura y otros malos tratos, a pesar de que se registraban como delitos, seguían sin ser investigadas debidamente. En mayo, Iskander Tugelbaev recibió una paliza en prisión y estuvo tres días en coma, lo que, según su abogado, lo dejó incapacitado para hablar y caminar sin ayuda. Al final del año seguía sin saber si el caso iba a ser enjuiciado.

Del 1 de enero al 30 de noviembre se registraron 119 denuncias de tortura y se cerraron 465 casos. Once casos llegaron a los tribunales y cinco hombres fueron declarados culpables de tortura, aunque sólo uno fue condenado a prisión. Estas cifras no reflejaban la verdadera dimensión del problema, pues muchas víctimas no denunciaron por miedo.

Aunque las comisiones públicas de supervisión y el mecanismo nacional de prevención tenían derecho a visitar las prisiones y la mayoría de los centros de detención, su capacidad y sus recursos eran limitados, y sufrieron restricciones burocráticas. El mecanismo nacional de prevención sólo podía realizar visitas no anunciadas con la autorización del defensor del Pueblo.

Libertad de expresión

Los medios de comunicación seguían actuando en un entorno restrictivo, en el que se cerraron por la fuerza algunos medios o se les impidió funcionar por motivos administrativos o porque se los acusaba de ser una amenaza para la seguridad nacional. Los periodistas continuaron siendo objeto de intimidación y hostigamiento. Los medios de comunicación independientes tenían dificultades para obtener ingresos por publicidad, pues las empresas temían represalias de las autoridades si contrataban anuncios en estas publicaciones.

En febrero se desestimó un recurso contra el cierre del diarioAdam Bol, clausurado por motivos de seguridad nacional en diciembre de 2014 tras publicar una entrevista con un miembro de la oposición residente en Ucrania. Posteriormente, las autoridades de la ciudad de Almaty trataron de cerrar Adam, la publicación que sustituyó al diario, por motivos administrativos. En septiembre entró en vigor una prohibición de tres meses basada en que Adam había sido inscrita legalmente para publicar en ruso y en kazajo pero sólo publicaba en ruso. En octubre, un tribunal ordenó su cierre a petición de la Fiscalía General, sobre la base de que seguía publicando ilegalmente contenidos en su página de Facebook.

En virtud de las enmiendas a la Ley de Comunicaciones aprobadas en 2014, la Fiscalía General tenía facultades para obligar a los proveedores de Internet a bloquear el acceso a contenidos en línea sin orden judicial si dichos contenidos eran considerados “extremistas” y una amenaza para la seguridad. Estas facultades se emplearon para bloquear el acceso de forma intermitente o permanente a servicios de noticias radicados en Kazajistán y a artículos concretos de sitios internacionales de noticias.

El Código Penal mantenía las sanciones penales por difamación y por delitos de definición ambigua relativos a incitar a la “discordia”, social y de otro tipo. Al menos cuatro personas se enfrentaron a una investigación criminal por incitar a la discordia nacional en relación con sus publicaciones en las redes sociales.

Se propuso la Ley de Protección de la Infancia frente a la Información Perjudicial para su Salud y Desarrollo, que incluía sanciones administrativas por hacer “propaganda de orientaciones sexuales no tradicionales” entre menores de edad.1 Aunque el Consejo Constitucional la rechazó en mayo por razones técnicas, se esperaba que fuera revisada y devuelta al Parlamento.

Libertad de asociación

El Código Penal y el Código de Infracciones Administrativas tipificaban como delito participar o inducir a participar en una organización no inscrita legalmente. Los “líderes” de asociaciones constituían una categoría diferenciada de infractores para quienes se preveían penas más duras; la definición de “líder” era muy amplia y podía incluir a cualquier miembro activo de una ONG o de otra asociación cívica. En la práctica se negó la inscripción legal de muchas ONG por infracciones de carácter leve.

En diciembre se promulgaron las reformas legales aprobadas por Parlamento en octubre, que afectaban al acceso de las ONG a la financiación. Dichas modificaciones preveían la creación de un “operador” central para administrar y repartir todas las subvenciones estatales y no estatales a las ONG —incluidos los fondos extranjeros— destinadas a proyectos y actividades que cumplan una ambigua lista de requisitos aprobada por el gobierno. No facilitar información precisa a la base de datos centralizada del operador podía desembocar en la imposición de multas o en la prohibición temporal de actividades. A los activistas de la sociedad civil les preocupaba que esta nueva ley limitaría el acceso de las ONG a la financiación extranjera y restringiría sus actividades.

Libertad de reunión

La libertad de reunión pacífica seguía estando muy restringida. Había que obtener permiso de las autoridades locales para realizar cualquier tipo de protesta callejera, permiso que a menudo se denegaba o se concedía para celebrar el acto en un lugar alejado del centro. Se introdujeron penas de hasta 75 días de detención administrativa por infracciones de las normas sobre la celebración de reuniones; la “promoción” de una protesta, incluso a través de las redes sociales, estaba penalizada en la práctica.

Las autoridades emplearon la detención “preventiva” para impedir que se llevasen a cabo protestas pacíficas. En enero, varios periodistas fueron detenidos cuando se dirigían a una protesta de apoyo aAdam Bol en Almaty y liberados poco después, tras ser conducidos a comisarías de policía locales para que “estuvieran informados de la ley”.

El relator especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, que visitó Kazajistán en enero y agosto, pidió a las autoridades que permitieran una investigación internacional sobre el uso de medios letales contra manifestantes en Janaozen en 2011, y sobre las denuncias de tortura y otros malos tratos de las personas detenidas tras las protestas. También expresó preocupación por la posibilidad de que la tipificación de la “incitación a la discordia” como delito en el Código Penal se utilizara para penalizar las actividades de partidos políticos y sindicatos.

  1. Acción Urgente. Kazajistán: Debe retirarse la legislación contra la propaganda LGBTI (EUR 57/1298/2015)
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